Chile - Campaña del Terror del Subsecretario de Pesca Súnico: eliminar Ley Longueira “sería volver a la era de las cavernas”

Posted by Correo Semanal on viernes, junio 05, 2015


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La nueva Ley de Pesca ha llegado a constituirse como el símbolo de la corrupción político-empresarial en Chile, y de cómo el poder ejecutivo y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, al entregar excluyentes y monopólicos derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías chilenas a siete clanes, con fuertes vínculos familiares y financieros con la casta política gobernante. Las palabras del Subsecretario Súnico están orientadas a defender los intereses de estas siete familias.

Santiago de Chile, 2 de Junio del 2015. (Ecocéanos News)– El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), aseguró al diario La Segunda que eliminar la cuestionada Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA),conocida popularmente como Ley Longueira de privatización pesquera, “sería como volver a la era de las cavernas en el sector”, por cuanto implicaría que no habría protección a los recursos pesqueros del país, “y todos extraerían todo”.Esta apocalíptica declaración del Subsecretario Súnico se se une a su anterior afirmación de febrero pasado, en Corral, Valdivia, durante el Congreso Nacional de Pescadores Artesanales, organizado por el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp ) y la Federación de Pescadores de Corral (Fepacor).Allí Súnico señaló sin ambigüedad que la ley Longueira había consolidado derechos: “derechos que son licencias transables, bancarizables, indemnizables. Es así. No hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dió. Se perdió y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover esos derechos tiene un costo. Los cálculos preliminares de ese costo son superiores al costo de la reforma educacional y a la reforma tributaria completa” (1).
Fuentes de la pesca artesanal recuerdan a Súnico durante el 2012 como un activo lobbysta en los pasillos del Congreso a favor de la ley Longueira y contra la eliminación de la pesca de arrastre, junto a los dirigentes sindicales de las empresas pesqueras de Asipes (2).
Posteriormente Súnico, en su estrategia de involucrar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin de blindar a la cuestionada Ley de Pesca de la creciente exigencia de su revisión y eliminación por parte de las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios y ciudadanos organizados, a las que se han sumado recientemente 6 diputados y senadores, sostuvo que “el gobierno planteó en su programa mejorar esta ley. Para ello, hacia fines de julio la FAO realizará una evaluación integral de la legislación para entregar sus recomendaciones ocho meses después, las que podrían traducirse en proyectos a debatir en el Congreso”.
Vox populi: La ley Longueira es hija del dinero empresarial y la corrupción parlamentaria
“La nueva Ley de Pesca ha llegado a constituirse como el símbolo de la corrupción político-empresarial en Chile, y de cómo el poder ejecutivo y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, al entregar excluyentes y monopólicos derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías chilenas a siete clanes, con fuertes vínculos familiares y financieros con la casta política gobernante. Estos clanes son además los principales responsables de la grave crisis que afecta a 16 de las 33 pesquerías nacionales, debido a los crecientes procesos de colapso y sobreexplotación industrial”, señaló el Centro Ecocéanos.
La organización ciudadana indicó que los parlamentarios de la Alianza por Chile y de la Concertación,fuera de todo control público, lograron en el Congreso Nacional durante el 2012, la estratégica eliminación del Estado como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías del país, transfiriendo dicha capacidad exclusivamente al mercado. Para ello, impusieron a través de la ley Longueira un sistema de licencias y cuotas individuales de pesca, de carácter transable y “susceptibles de todo negocio jurídico, como la venta, compra, arriendo, hipoteca e incluso poder ser heredadas. Estos derechos tienen una vigencia de 20 años, renovable de manera sucesiva e indefinida.
Además, la nueva Ley de Pesca excluyó de los derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros a los pueblos originarios (Mapuches, Kaweskar y Rapa Nui), y al 90 por ciento de los pescadores artesanales propiamente tales, los que tienen sólo su fuerza de trabajo para vender, ya que los derechos de propiedad y uso de cuotas de pesca, sólo los pueden ejercer los propietarios o “armadores” de embarcaciones industriales y artesanales.
La ley de la Pesca Nostra
A la luz de las investigaciones relacionados con el financiamiento ilegal de la política y la existencia de delitos tributarios conexos, vinculados hasta ahora al Grupo Penta y las empresas Soquimich, Aguas Andinas, Alsacia y Corpbanca, se ha sumado el proceso que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad por orden del 4º Juzgado de Garantía de Santiago Oriente, donde se han ido confirmando las denuncias de cohecho y soborno de parte de los clanes pesqueros industriales hacia los partidos políticos y sus operadores, diputados y senadores relacionados con el trámite parlamentario de esta cuestionada Ley .
En ella se han registrado pagos ilegales al entorno político y familiar de Pablo Longueira, ex ministro de economía y principal operador político vinculado a la nueva ley de pesca, de parte de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (ASIPES), Corpesca S.A. y Pesquera El Golfo . Esta última empresa es propiedad del Grupo Yaconi-Santa Cruz, hoy convertido en Pesquera Blumar al haberse fusionado con el Grupo Sarquis.
En la actualidad, existen al menos seis personas del entorno del ex-ministro de economía Pablo Longueira, los que han sido denunciados por el Servicio de Impuestos Internos de haber recibido pagos de la empresa minera SQM, a la cual emitieron boletas las empresas Corpesca S.A. , El Golfo y la ASIPES, asociación que agrupa a la pesqueras Blumar Seafoods, Alimentos Marinos , Food Corp, Landes, Camanchaca, Bío-Bío, Bahía Coronel, Alimentos Mar Profundo, Congelados Pacífico y Cannex.
En esta situación de corrupción empresarial destaca Corpesca S.A, propiedad de la familia Angelini, la que ha sido denunciada por la entrega de $ 25 millones a la ex- diputada Marta Isasi. Por su parte el ex-senador Nelson Avila, ha hecho público una denuncia del depósitos de 500 millones de pesos de Corpesca S.A. para “gastos reservados” a los miembros de la Comisión de Pesca del Senado, en la época que se tramitaba el proyecto de nueva ley de pesca.
Últimamente, otras empresas de la familia Angelini, como Copec S.A, y Celulos Arauco y Constitución S.A., aparecen entregando 209 millones de pesos al operador y recaudador de dinero de la Concertación, Giorgio Martelli en el período 2012-2013.
La familia Angelini es el principal beneficiado de la ley que privatizó los peces del mar chileno, a través de sus compañías pesqueras Corpesca S.A. y Orizon, firma en la cual comparte propiedad con la familia Lecaros-Mendez y South Pacific Korp. De esta forma, ya controla cerca del 90% de las cuotas de pesca de la zona norte del país, el 51,2 % de las cuotas pesqueras totales otorgadas el 2015, y el 25 % de las cuotas globales de las pesquerías pelágicas chilenas, todo lo cual le permite ser la segunda productora mundial de harina de pescado.
Históricamente, la familia Angelini y Yaconi-Santa Cruz,han sido unos de los financistas mas importante del Partido Demócrata Cristiano, eje de la actual coalición gobernante. Todo esto confirma lo que es vox populi en la sociedad chilena: Que la nueva LGPA, es hija de los dineros ilegales empresariales y de la corrupción parlamentaria, al haber sido impuesta por diputados y senadores que no eran independientes de los intereses del “cartel” que domina la pesca del país sudamericano.
Referencia
1. http://www.ecoceanos.cl/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=1156:sub-de-pesca-para-cambiar-ley-longueira-y-devolver-peces-a-chilenos-hay-que-cambiar-la-constitucion-e-indemnizar-a-industriales&Itemid=560