Chile – Corrupción de los alcaldes en Maipú y Cerro Navia.
Esta es buena.
Aqui se coludieron la Derecha y la
Concertación para cometer delitos. Están metidos los Alcaldes de Maipú, Vittori
y Cerro Navia, Plaza, coludidos con Concejales de RN, DC, PPD Y PS, es decir
toda la gama de la miseria humana. Hay hasta un testaferro que es Presidente
del PS de Maipú.
En resumen ¡¡UNA VERGUENZA!!
Claudio Armijo.
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Las evidencias contra los alcaldes Vittori (DC) y
Plaza (RN) por millonarios negocios irregulares en Maipú y Cerro Navia
CIPER CHILE.
Dos
empresarios son protagonistas clave en la trama de corrupción que entrelaza a
los alcaldes y concejales de Maipú y Cerro Navia. Lorenzo Pérez y Pedro Acevedo
compiten en las mismas licitaciones y en conjunto han obtenido contratos por
$5.697 millones en ambos municipios. Acevedo le confirmó a CIPER que le pagó
una Ford Explorer al alcalde Vittori. Pérez es acusado de ser testaferro del
concejal Marcelo Torres, mano derecha del alcalde Luis Plaza. La investigación
que partió por un reportaje de CIPER sobre el negocio de la basura, se amplió
develando una extensa red de cohecho y lavado de activos.
El
19 de octubre de 2013 el alcalde de Maipú, Christian Vittori (DC),
acudió a una automotora de la que salió con una camioneta Ford Explorer que
quedó a nombre de su esposa, Pamela Riquelme Loyola. Pero no la
pagó él. Tampoco su cónyuge. El vehículo fue cancelado por el empresario Pedro
Acevedo Saavedra, administrador de un complejo deportivo ubicado en la
misma comuna que dirige Vittori y representante de la Inmobiliaria Don
Óscar. Los registros revisados por CIPER indican que en la inmobiliaria
tiene participación la Sociedad de Inversiones Don Óscar y que
esa entidad se ha adjudicado licitaciones de la Municipalidad de Maipú y de la
Corporación Municipal de Educación de la misma comuna por un monto total de
$1.333 millones.
El
pago de la camioneta se concretó a través de transferencias efectuadas desde
una cuenta del Banco Santander que pertenece a la empresa. Acevedo reconoció a
CIPER que concurrió ese día con Vittori a la automotora y que él hizo el pago.
También dijo que se trató de una operación totalmente legal y que cuenta con
una justificación para haber hecho de esa manera la compra, pero que no podía
mencionarla por instrucción de su abogado, quien le recomendó no hablar con la
prensa hasta después de declarar en la Fiscalía.
Allanamiento
de la PDI en Municipalidad de Maipú
El
Consejo de Defensa del Estado (CDE) no esperó las explicaciones de Acevedo y lo
incluyó, junto al alcalde Vittori, en una nómina de 13 querellados a los que
acusa de lavado de activos, malversación, cohecho agravado y soborno. En la
querella, difundida este jueves 7 por The Clinic, también figuran el alcalde de Cerro Navia, Luis
Plaza (RN); la administradora municipal y el director jurídico de esa
misma comuna; cuatro concejales de Maipú; tres empresarios que se han adjudicado
millonarias licitaciones en Cerro Navia o Maipú, y un técnico mecánico que,
según las acusaciones del CDE, sería testaferro de Vittori en la compraventa de
numerosos vehículos (vea la querella).
Ante
la gravedad de las acusaciones acumuladas en la investigación de la Fiscalía y
las que contiene la nueva querella presentada por el CDE, el alcalde de Maipú
Christian Vittori decidió el sábado 9 de mayo congelar su militancia en la
Democracia Cristiana, lo que solo trascendió este viernes 15. La noticia fue
entregada por el diario La Segunda del mismo día. En esa
publicación se informa que el PPD pedirá que concurran al Tribunal Supremo de
ese partido los concejales por Maipú y militantes de esa colectividad Carol
Bortnick yCarlos Jara, también acusados en el mismo proceso.
LAVADO DE DINERO, COHECHO Y SOBORNO
La
acción judicial del CDE fue ingresada el 29 de abril pasado al 9º Juzgado de
Garantía, donde se adjuntó al proceso que se inició en 2011 por denuncias de
irregularidades en las licitaciones de la basura en Maipú. En los últimos
cuatro años la indagatoria de la Fiscalía, que ha incluido interceptaciones
telefónicas y seguimientos de los sospechosos, fue ampliándose hasta detectar
millonarias irregularidades no sólo en licitaciones de Maipú, sino también en
la comuna de Cerro Navia. El hilo que conecta ambos municipios es Marcelo
Torres Ferrari (RN), quien se desempeña como concejal en Maipú y que
hasta enero de 2014 trabajó como administrador municipal en Cerro Navia.
Actualmente, Torres dirige la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
esta última comuna.
Concejal
Marcelo Torres
La
investigación de CIPER acreditó que en Cerro Navia se han realizado al menos
ocho licitaciones entre 2010 y 2014, que suman más de $4.364 millones,
las que favorecieron a diversas empresas controladas por Lorenzo Pérez
Villegas, sindicado por el CDE como “testaferro” del concejal Torres.
Además, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna adjudicó un
contrato por $319 millones a una empresa de Gerardo Escalona Barros,
amigo de Marcelo Torres y socio, hasta inicios de este año, de Lorenzo Pérez.
Dentro
de las operaciones que investiga la Fiscalía y que pudieron servir para ocultar
ingresos defraudados a las arcas públicas, se cuenta la compra de departamentos
por parte del concejal Marcelo Torres y de vehículos en el caso del alcalde
Christian Vittori a través de terceras personas. En esta última arista
indagatoria se enmarca la investigación de la compra de la camioneta Ford
Explorer adquirida por el empresario Pedro Acevedo y registrada a nombre de la
esposa de Vittori. Acevedo administra el Complejo Deportivo Don Óscar. Ubicado
en Pajaritos con Américo Vespucio (comuna de Maipú), el recinto cuenta con 13
canchas de futbolito de pasto sintético, cafetería, casino, zona de quinchos y
juegos infantiles.
La Sociedad
de Inversiones Don Óscar ha sido beneficiada con 12
licitaciones en Maipú (ocho de la municipalidad y cuatro de la Corporación
Municipal de Educación), todas relacionadas con producción de eventos,
banquetería y reparación de infraestructura. En total ha recibido $1.333
millones de las arcas de Maipú. El más grande de estos contratos es el
que le adjudicó la mantención y mejoramiento de infraestructuras deportivas y
recreacionales, por 988,6 UF mensuales durante 49 meses, equivalentes a un
total de $1.093 millones. El decreto que le entregó esta licitación es del 17
de abril de 2012 (vea el documento). También obtuvo una licitación en Cerro Navia
para un programa comunitario de las juntas de vecinos, por $2,5 millones.
La
Ford Explorer fue el único vehículo requisado por la Fiscalía en los
allanamientos efectuados a 23 domicilios en la madrugada del pasado jueves 16
de abril. Entre los inmuebles registrados se cuentan los domicilios de los
alcaldes Vittori y Plaza, además de oficinas municipales y de empresas que han
participado en licitaciones. El operativo desplegado por la Brigada de Lavado
de Activos (Brilac) de la PDI, marcó el resurgimiento de este proceso judicial,
que parecía inactivo y prácticamente muerto desde fines de 2013, y que volvió
convertido en una de las investigaciones más amplias contra una red de
corrupción municipal que involucraría a políticos de todos los sectores.
FAJOS DE $20 MIL
La
trama que ha ido desmadejando la fiscal Tania Mora y que inicialmente estuvo en
manos del fiscal Ricardo Encina, tuvo sus primeros hitos en febrero de 2010 y
en enero de 2011, con dos reportajes de CIPER. El primero referido a los contratos suscritos por 22 comunas que
quedaron amarradas a KDM hasta el 2027 y
el segundo a las irregularidades en la licitación de la
recolección de residuos en Maipú.
El
tercer campanazo tuvo lugar en noviembre de 2011. En esos días la esposa del
concejal Torres, Paula Díaz, denunció al edil por violencia intrafamiliar. En
una entrevista concedida a CIPER, Paula Díaz declaró que su marido se coludía con
otros cuatro concejales de Maipú para favorecer a la empresa KDM, a quienes les
entregaba remesas en efectivo que recibía de la compañía. Esos concejales eran Christian
Vittori, quien en las elecciones municipales de 2012 se convirtió en
alcalde cuando ya estaba en curso esta investigación;Carlos Richter (RN),
quien en la misma campaña perdió su puesto en el concejo; Carlos Jara (PPD)
y Carol Bortnick (PPD), que siguen siendo concejales.
En
abril de 2012 un nuevo reportaje de CIPER difundió una grabación de audio en la que
aparece el concejal Torres, el dirigente ambientalista Eduardo Medina y
dos ejecutivos de KDM, Fernando León y José Miguel
Gutiérrez. En esa reunión acordaron una estrategia para provocar el cierre
del relleno sanitario de la empresa Proactiva, emplazado en Maipú, a objeto de
despejar el camino a KDM en una licitación que aseguraba a la empresa ganadora
un ingreso de $10.325 millones, en un contrato por cinco años. De ahí que el 10
de abril de 2013 el Consejo de Defensa del Estado interpuso la primera querella
en este proceso, dirigida contra dos de los partícipes en el diálogo que fue
grabado: Torres y Gutiérrez. En octubre del mismo año, el CDE amplió la
querella, incorporando a otro concejal por Maipú: Antonio Neme(UDI),
acusado de recibir aportes ilegales de la empresa Proactiva.
De
izq. a der.: Carlos Jara (PPD), Carol Bortnick (PPD), Christian Vittori (DC),
Marcelo Torres (RN) y Carlos Richter (RN).
Desde
fines de 2013 el proceso pareció entrar en estado de hibernación y no se
conocieron avances casi por un año y medio. La razón: la investigación incluyó
el delito de “lavado de activos”, por lo que se desarrolló bajo reserva total.
Esa calma previa amplificó el efecto de los allanamientos del 16 de abril, los
que provocaron un verdadero terremoto político al incluir la casa de Christian
Vittori, alcalde de la comuna más poblada del país, presidente de la Asociación
Chilena de Municipalidades y presidente de la directiva regional metropolitana
poniente de la DC.
Trece
días después el CDE presentó su ampliación de querella. En el escrito se
sostiene que la investigación de la Fiscalía ya confirmó “de modo preciso y
contundente” que los concejales Vittori, Richter, Jara y Bornick recibieron
pagos en efectivo de parte de su colega Torres, como compensación por favorecer
a KDM en las licitaciones de la basura en Maipú.
Entre
los antecedentes probatorios citados por el CDE se cuentan las declaraciones de
la esposa de Torres, quien reiteró ante la Fiscalía que en su casa se
efectuaron reuniones de concejales para buscar resquicios a objeto de
beneficiar a KDM. Paula Díaz ratificó ante los fiscales que su domicilio fue
visitado por el gerente de KDM, José Miguel Gutiérrez, quien se
presentaba en la conserjería de su condominio con un nombre falso, para
entregar bolsos, cajas o sobres, con fajos de billetes de $20 mil. A su vez,
los conserjes del condominio reconocieron a Gutiérrez, mediante fotografías,
como la persona que visitaba a Torres entre 2006 y 2010 bajo el nombre de
“Jesús Garay”.
DE MAIPÚ A CERRO NAVIA
La
esposa del concejal Marcelo Torres, al declarar ante el Ministerio Público,
sostuvo que desde 2010 su marido participaba en licitaciones irregulares en
Cerro Navia. Por esa razón, la investigación de la Fiscalía saltó desde Maipú a
esa comuna. Ante los fiscales, Paula Díaz dijo que el dinero que recibía Torres
por estas actuaciones ilícitas lo compartía con el alcalde de Cerro Navia, Luis
Plaza, el director jurídico de esa comuna, Óscar Lantadilla, y
los concejalesJorge Durán, René Solano y Magaly
Acevedo.
Marcelo
Torres no fue el unico que trabajó para la Municipalidad de Cerro Navia
mientras al mismo tiempo integraba el concejo municipal de Maipú. La misma
dualidad de funciones ostentaron los entonces concejales de Maipú Christian
Vittori y Carlos Richter. Tanto Vittori como Richter fueron contratados por
Cerro Navia a honorarios, cuando la administración municipal estaba en manos de
Torres.
CIPER
solicitó a la Municipalidad de Cerro Navia los informes elaborados por Vittori
y Richter producto del trabajo que supuestamente desarrollaron, pero los
documentos no fueron proporcionados por orden del director jurídico comunal,
Óscar Lantadilla, quien también se encuentra querellado por el CDE. Tampoco nos
entregaron copia de los contratos firmados por ambos concejales.
Luis
Plaza (RN), alcalde de Cerro Navia
CIPER
sólo tuvo a la vista un contrato suscrito por Christian Vittori para trabajar
en la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) de Cerro Navia desde enero a
agosto de 2011, por un millón de pesos mensual, en el que se le encargó la “sistematización
y evaluación de los procesos de participación que se han establecido en el Plan
de Desarrollo Comunal, a través de técnicas de autodiagnóstico, integrando la
experiencia de presupuestos participativos”. Adjunto a ese contrato se
encontraban las certificaciones mensuales de que el trabajo efectivamente se
hizo, firmadas por tres funcionarios de la Dideco, entre ellos el entonces
director de ese departamento,Alberto Lastra Fuentes.
Precisamente,
fue Lastra Fuentes quien se presentó en la Fiscalía y declaró que esos trabajos
jamás se hicieron. Lastra sostuvo que fue presionado por la entonces directora
de la Secretaría de Planificación Comunal, Marcela Morales (hoy
administradora municipal de Cerro Navia), para que se contratara a Vittori y a
Richter por orden de Marcelo Torres y del alcalde Luis Plaza. Por lo mismo,
según declaró Lastra, se confeccionaban informes falsos de estos trabajos y él,
como director de Dideco, los visaba para el pago. En su declaración, también
apuntó a la responsabilidad del director jurídico de la municipalidad, Óscar
Lantadilla, por haber asesorado la confección de los contratos ficticios.
Lo
mismo habría ocurrido con los trabajos supuestamente efectuados por el concejal
Carlos Richter para Cerro Navia. En las oficinas de la municipalidad CIPER sólo
tuvo a la vista un contrato del año 2013 en que se encargó a Richter “cumplir
labores de apoyo de la Dideco”, con un sueldo de $500 mil mensual, y que
tenía adjuntas dos certificaciones, ambas firmadas por Lastra.
Carlos
Richter respondió las consultas de CIPER y sostuvo que efectivamente trabajó
para la Municipalidad de Cerro Navia. El ex concejal exhibió copia de los
contratos que suscribió con el municipio en 2011, 2013 y 2014 (vea los documentos) en los que se le encomendó “elaborar planes de
desarrollo territorial en conjunto con equipos multidisciplinarios y comunidad
que permitan la construcción de un modelo de planificación territorial que
contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna”.
Según explicó, se contactaba con las organizaciones sociales de la comuna para
verificar que cumplían con los requisitos para postular a beneficios estatales.
Sin embargo, no tiene informes que den cuenta de sus labores.
Richter
trabaja ahora para la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro
Navia, la que es dirigida por su ex colega del concejo municipal de Maipú,
Marcelo Torres Ferrari. En la corporación Richter se desempeña en la Dirección
de Salud como encargado de logística.
CIPER
contactó al testigo Alberto Lastra, quien ya no trabaja en la municipalidad de
Cerro Navia, pero éste declinó hacer declaraciones. Sin embargo, su testimonio
ante la Fiscalía fue citado en la querella del CDE. El mismo escrito del CDE
indica que Richter trabajó para Cerro Navia entre 2011 y 2014, percibiendo un
monto total de $17,2 millones. En el caso de Vittori, se señala que se
desempeñó para Cerro Navia entre 2010 y 2011, con un ingreso global de $14,7
millones. Para el CDE, estos pagos no son más que una “sustracción de caudales
públicos”, debido a que, según la versión de Lastra, no se habrían realizado
los trabajos. Por lo mismo, acusa al alcalde Luis Plaza y al ex administrador
municipal Marcelo Torres de tener responsabilidad en el ilícito por haber
consentido esta sustracción.
AMIGOS EN LAS LICITACIONES
Lorenzo Pérez Villegas es
un ingeniero eléctrico que ha constituido varias sociedades. Una de ellas es Multiservicios
Ingeniería y Construcción(MIC), la que fue creada el 28 de enero de
2010. Con apenas tres meses de existencia se adjudicó por trato directo las
obras de recuperación de 19 establecimientos educacionales municipales de Cerro
Navia afectados por el terremoto de febrero de ese año. El decreto lo firmó el
26 de abril de 2010 el entonces administrador municipal de la comuna, Marcelo
Torres, quien pudo hacer la adjudicación por trato directo, sin licitación,
amparado en la normativa extraordinaria dictada por la situación de emergencia
que vivía el país (vea el documento). El contrato significó un desembolso municipal de
$423,4 millones.
Esa
sería la primera de una lista de ocho licitaciones de Cerro Navia adjudicadas a
empresas de Lorenzo Pérez en los más variados rubros, desde construcción hasta
arriendo de vehículos, pasando por mantención de multicanchas y creación de
áreas verdes. En total, estas licitaciones le significaron a las empresas de
Pérez Villegas recibir más de $4.364 millones entre 2010 y 2014.
Municipalidad
de Cerro Navia
El
10 de mayo de 2010, apenas dos semanas después de haber sido contratada para la
recuperación de los colegios municipales, la misma empresa MIC de Lorenzo Pérez
se adjudicó la licitación del Servicio de Arriendo de Vehículos Municipales. El
pago ascendió a 579 UF mensuales por 48 meses, lo que equivale a unos $630
millones. El contrato obligaba a MIC a poner a disposición del municipio un
total de 20 autos, dos camionetas y una van. Los autos proporcionados por MIC
fueron modelo Chevrolet Spark, uno de los más pequeños del mercado. El servicio
generó críticas debido a que el costo de estos vehículos -unos $4 millones por
unidad-, se paga con el 13% del dinero invertido por la municipalidad, por lo
que no habría sido un negocio rentable para la comuna.
La
reciente querella del CDE indica que el servicio de los vehículos no fue
prestado en la forma convenida y que sólo se contaba con un número reducido de
ellos. El Departamento de Operaciones de la Municipalidad asegura que el
servicio se prestó conforme a lo pactado y que puede demostrarlo porque
conserva las bitácoras, a las que CIPER tuvo acceso, de cada vehículo y
conductor.
Los
autos fueron vendidos por MIC en agosto de 2012, a la mitad del plazo convenido
en el contrato. Los compró Marianela Martínez Arriagada, quien pagó
$63 millones en efectivo por todas las unidades. CIPER constató que Marianela
Martínez es la madre de la esposa de Lorenzo Pérez y le pidió una entrevista,
pero ella rehusó concederla. Según el CDE, la mujer no tiene la capacidad
económica para haber adquirido los vehículos, por lo que sugiere que se trató
de una compraventa simulada.
La
empresa MIC también se adjudicó en enero de 2011 la licitación de la
construcción del Centro Cultural de Cerro Navia, por un monto de $1.089
millones. Al concurso se presentaron cinco empresas y cuatro de ellas fueron
declaradas “fuera de bases”, por lo que sólo MIC siguió en carrera. En la
sesión del concejo municipal realizada el 19 de enero de 2011 se aprobó por
unanimidad adjudicarle el contrato por recomendación de Marcelo Torres, quien
oficiaba como administrador municipal (vea el acta de esa sesión).
La
empresa pidió una ampliación de 45 días para entregar la obra y uno de los
responsables de la construcción, quien pidió la reserva de su identidad, señaló
a CIPER que a poco andar quedó en evidencia que no contaba con capital
suficiente, por lo que se vio obligada a “bicicletear” los pagos a los
proveedores con los recursos que recibía de otras licitaciones.
Otro
contrato importante adjudicado en Cerro Navia a Lorenzo Pérez –a través de una
licitación- fue la del “servicio de mantención con mejoramiento de
infraestructuras deportivas y recreacionales”. El contrato favoreció a la
empresaInfraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile (IDR), controlada
por Lorenzo Pérez Villegas, con un pago de 960 UF mensuales por 50 meses,
equivalentes a $1.085 millones. Lo curioso es que esta es
prácticamente la misma licitación que se adjudicó Inversiones Don Óscar en
Maipú sólo tres meses antes, por un total de $1.093 millones. Más
curioso aún es que en ambas licitaciones sólo se presentaron IDR e Inversiones
Don Óscar, la primera se quedó con el contrato de Cerro Navia y la segunda, con
el de Maipú.
Otra
coincidencia se produjo en la licitación convocada por Cerro Navia para proveer
el “servicio de habilitación con mantenimiento de circuitos deportivos y
recreativos”, a la que se presentaron sólo dos empresas, ambas de personas
cercanas al concejal Marcelo Torres. Este proceso también se lo adjudicó la
empresa IDR de Lorenzo Pérez, la que obtuvo $689,7 millones. La
única empresa que compitió con IDR, y cuya oferta fue rechazada, fue la Sociedad
de Servicios y Constructora de Proyectos (GEB Chile), propiedad deGerardo
Escalona Barros, quien es amigo de Marcelo Torres y socio, hasta febrero de
este año, de Lorenzo Pérez. En junio del 2014 Escalona y Pérez constituyeron la
Sociedad Gastronómica Santa Gabriela Limitada y en febrero de 2015 el segundo
se retiró de ella.
Gerardo
Escalona, a través de su empresa GEB Chile, se adjudicó la propuesta privada
convocada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia para
la “habilitación e implementación de infraestructura deportiva y recreacional en
escuelas públicas”, por $319 millones. El contrato se firmó el
2 de noviembre de 2011 (vea el documento). Sólo cinco días más tarde, el 7 de noviembre,
Escalona visitó a Torres en su casa. Quedó registro de su presencia en el hogar
del administrador municipal de la comuna que acababa de adjudicarle la
licitación, porque ese día se produjo la agresión intrafamiliar denunciada por
la esposa de Torres y hubo un procedimiento policial en el domicilio.
En
su testimonio, Paula Díaz dijo que Escalona era amigo de la familia porque era
apoderado en el mismo curso de los hijos de su cuñado, Gonzalo Torres Ferrari
(RN), concejal por Colina y actual jefe de gabinete del alcalde de Cerro Navia,
Luis Plaza. También sostuvo que su marido había puesto dinero en la empresa de
Escalona. En sintonía con esta declaración, el CDE acusa que Escalona es
“testaferro” de Marcelo Torres. Lo mismo dice respecto de Lorenzo Pérez, con
quien “se relaciona a través de empresas de fachada”, según se lee en la
reciente querella.
MANIOBRAS PARA OCULTAR ACTIVOS
La
investigación de la Fiscalía, citada en el escrito del CDE, indica que Torres
habría usado terceras personas para ocultar el dinero defraudado. Las escuchas
telefónicas practicadas durante la indagatoria permitieron establecer que la
actual administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales Aliste,
adquirió tres departamentos a pesar de que no tendría los medios económicos
para hacerlo y el CDE sospecha que los inmuebles son en realidad de propiedad
de Marcelo Torres.
En
los registro del Conservador de Bienes de Santiago, CIPER encontró las
inscripciones de dos departamentos a nombre de Marcela Morales, los que fueron
adquiridos en 2013. Ambos se ubican en el edificio de avenida Independencia
801. Uno lo adquirió en mayo y está ubicado en el noveno piso. El segundo lo
compró en octubre y está en el décimo. Pagó 1.599 UF, equivalentes a $36
millones, por cada uno de los inmuebles. Además, en su querella el CDE acusa a
Marcela Morales de simular un préstamo de $13 millones para Torres.
Respecto
de Lorenzo Pérez, el CDE también lo involucra en supuestas
maniobras de Torres para ocultar dinero de origen ilícito: mediante dos de sus
empresas -Inversiones e Inmobiliaria Puertas Verdes y MIC-
realizó “inversiones consistentes en abonos de activos por un valor superior a
$500 millones” a través de dos corredoras de bolsa. Estas inversiones,
puntualizó el CDE, se realizaron en las mismas fechas en que se desarrollaban
las licitaciones del servicio de arriendo de vehículos para Cerro Navia y de la
recolección y disposición de la basura en Maipú.
En
relación al alcalde Christian Vittori, dentro de las operaciones comerciales
que podrían haber ocultado ingresos ilegales se cuenta la compra de la
camioneta Ford Explorer ya mencionada. Además, se investiga la adquisición y
posterior venta de varios vehículos que son usados por Vittori y su esposa pero
que están a nombre del técnico mecánico Francisco Chandía Fuentealba.
La Fiscalía también detectó movimientos en las cuentas de la esposa de Vittori,
Pamela Riquelme, y de su suegro, Luis Riquelme, durante su campaña a alcalde de
2012.
Parcela
de Carlos Richter en Lonquén
Finalmente,
la Fiscalía puso sus ojos sobre una parcela en un exclusivo condominio de
Lonquén que fue adquirida por el ex concejal Carlos Richter. Fueron
escuchas telefónicas las que permitieron detectar en 2012 los pagos para
concretar esta compra. El CDE estima que esta es una operación para lavar
activos, pues sostiene que ese año el único ingreso de Richter era el de
concejal, correspondiente a unos $400 mil mensuales. No obstante, Richter a esa
fecha también estaba contratado a honorarios por la Municipalidad de Cerro
Navia, donde le cancelaban $500 mil al mes.
El
ex concejal Richter dijo a CIPER que fue su esposa, Marcela Valdés, la que
adquirió la parcela de Lonquén en 2011 y que habría pagado $60 millones. Por
problemas con la inscripción de la propiedad, señaló, sólo se pudo concretar el
traspaso a nombre de su cónyuge en 2014.
En
relación a los ingresos con los que se pudo materializar la compra, en
diciembre de 2010 la mujer de Richter había vendido un terreno en Curacaví por
$3.700 UF (unos $79,3 millones). Además, el ex concejal vendió en septiembre de
2011 la casa que habitaba con su familia en Segunda Transversal Nº 4054, en
Maipú. Curiosamente, el comprador de la propiedad fueFrancisco Patricio
Chandía, el mismo técnico mecánico que figura como dueño de los vehículos
que usan Vittori y su esposa. Según una versión publicada por La
Segunda, Chandía acaba de ser elegido presidente comunal del Partido
Socialista.
De
acuerdo con los registros del Conservador de Bienes Raíces, Chandía adquirió en
un remate el inmueble que pertenecía a Richter, pagando $33,2 millones. Dos
meses después lo vendió en $52,5 millones. Richter señaló a CIPER que mantiene
una antigua relación con Chandía. También dijo que producto de una deuda que no
pudo pagarle, Chandía le remató la casa para cobrarse. El ex concejal asegura
que su esposa logró convencer a Chandía de resolver la deuda por otros medios y
de volver a vender la casa, para que el dinero de esta nueva compraventa
quedara para la familia de Richter. Por eso, la segunda venta por $52,5
millones, según la versión del ex concejal, la habría gestionado su cónyuge.
Sobre la relación entre Chandía y Vittori, prefirió no hacer comentarios.
CIPER
solicitó entrevistas con los alcaldes Christian Vittori y Luis Plaza. El
contacto con el primero se hizo mediante la unidad de comunicaciones de la
Municipalidad de Maipú, pero nunca respondió. El segundo indicó que no hablará
del tema con la prensa mientras la investigación se desarrolle bajo reserva. La
administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, y el director
jurídico de la misma comuna, Óscar Lantadilla, señalaron que no se referirán a
las acusaciones en su contra hasta después de declarar en la Fiscalía. Tampoco
aceptó responder las consultas de CIPER, el empresario Lorenzo Pérez Villegas.
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