Chile - ContraConstitución Pinochetista versus Asamblea Constituyente Democrática y Participativa
RICARDO
KLAPP SANTA CRUZ
En Chile hemos tenido diez textos constitucionales entre
1811 y 1980; las más importantes: La Constitución de 1833 y La Constitución de 1925. Actualmente nos rige la ContraConstitución de 1980.
Tras el golpe de
Estado anticonstitucional de 1973; el régimen (militar civil) destruyó el
ordenamiento institucional, asumió
facultades ejecutivas, legislativas y constituyentes, dicto bandos y leyes,
para la reconstrucción del sistema oligárquico anterior del gobierno de Pedro
Aguirre Cerda, que en 1938 industrializó el país.
El gobierno de
Salvador Allende (1970-1973), nacionalizó la gran minería del cobre, profundizó
la reforma agraria, se nacionalizó sectores de la banca, además se creo el área
de propiedad social.
La dictadura creo un
modelo exportador de recursos primarios e importador de textiles y productos electrónicos.
Privatizó la energía, medios de comunicación, transporte, las pensiones, la
educación y la salud entre otros, para desproletarizar la dignidad de los
trabajadores.
El objetivo
de la dictadura fue destruir, asesinar los partidos de izquierda y sus
direcciones nacionales e intermedias, fueron detenidos desaparecidos o
ejecutados más de un millar de militantes socialistas, más de mil comunistas y
alrededor de mil miristas.
Solo
después del genocidio pudieron imponer una “contraconstitución”, al servicio del gran
empresariado, un Estado subsidiado y represivo, un traje a medida del modelo
económico neoliberal.
El 5 de octubre de 1989 se realizó el plebiscito que dio
por resultado el triunfo del NO, pero por negociaciones
privadas no se cambió la contraconstitución del 80.
Chile
necesita una constitución democrática, participativa, consensuada por el pueblo,
a través una Asamblea Constituyente, con plebiscito y elección de delegados que
represente la soberanía nacional.
Actualmente existe una gran crisis de legitimidad que
apunta al parlamento y al ejecutivo, a través del conocimiento de graves casos
de corrupción que envuelven a: Soquimich y Penta, entre otros consorcios; ¿pueden
ellos, (la elite política e empresarial), nombrar a dedo y construir una nueva Constitución?.
La presidenta Bachelet se ha pronunciado por una nueva
constitución, sosteniendo que el proceso se dará a conocer el septiembre, pero
ya algunos de sus ministros descartan una Asamblea Constituyente representativa
del pueblo.
Se necesita promover y unir, sin sectarismos y sin
personalismos, a todos los que queremos Asamblea Constituyente, que no solo sea
reflexiones de académicos y constitucionalista. Hay que construir fuerza social
en las ciudades y comunas, en las organizaciones sociales, sindicales,
culturales, de derechos humanos, estudiantiles, para desarrollar una mayoría
nacional y tener una constitución para todos.
No debemos temerle a la discusión en las comunas, es un
problema de correlación y acumulación de fuerzas, ya que sólo el protagonismo
popular, es garantía de cambio y transformación social.
Desde ya en septiembre; en Puente Alto, las
organizaciones y personas nos congregaremos para discutir y luchar por una
Asamblea Constituyente, - estén o no estén -, los iluminados, los abilletados, los
jutres o los patrones.
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