Perú - “Soy pobre y analfabeta, pero lucharé por nuestras montañas”
En el norte de Perú, Máxima Acuña
defiende su tierra ante la mayor productora de oro de Sudamérica
Sara Cuentas Ramírez, desde
Lima
El País, Madrid, 7-4-2015
En Tragadero Grande, a 4.100 metros
sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco,
Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz.
"Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son
nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las
destruya", dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva
resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte
de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.
El proyecto Conga está administrado
por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont
Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) y
Corporación Financiera Internacional (5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro
lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán
cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y
cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.
Máxima afirma que la minera no trae
nada bueno a su tierra. "Si entran aquí no quedará ni montañas ni
laguna". En 2011 ella denunció a Yanacocha ante la fiscalía de Celendín
porque quiso arrebatarles por la fuerza su predio Tragadero Grande. "Desde
ese año, vivimos intranquilos, como secuestrados entre las montañas, porque la
minera nos acosa y controla nuestras entradas y salidas".
El rol policial en el conflicto
Desde que se inició el litigio,
Máxima denunció en reiteradas ocasiones ser víctima de agresión policial. Pese
haber pedido garantías para ella y su familia, la policía sólo brinda
protección a la minera. "Hasta estos momentos la policía y el personal de
la minera siguen atacándonos con abusos y atropellos y destrucción de mi
propiedad". Explicó que en una oportunidad una de sus hijas terminó
inconsciente debido a los golpes de agentes de la División de Operaciones
Especiales (Dinoes).
El Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Idehpucp), en un informe
publicado en noviembre del 2013, señala que la Dirección de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional (Diroes) afirma tener 22 convenios con
empresas extractivas, uno de ellos con el Proyecto Conga, los cuales se dan
mediante un Plan de Operaciones, donde la Diroes a través de la Dinoes, dispone
su personal, armamento y equipamiento operativo para cubrir las necesidades de
seguridad de las empresas, las cuales, a su vez, otorgan un beneficio a la
policía y al Estado Peruano.
A inicios del 2015 la Minera
Yanacocha reanudó las intervenciones policiales. "El 20 de enero, policías
y seguridad privada, contratados por la minera, volvieron a hostigarnos e
intimidarnos. El 3 de febrero, 200 hombres de la DINOES, personal de seguridad,
ingenieros y obreros destruyeron la casa que estábamos construyendo. Y el 5 de
febrero colocaron unos cercos al lado de mi terreno y una caseta para
vigilarnos a mí y a mi familia."
La minera se remite a una hoja
informativa en la que asegura que en 1996 compró varios terrenos a la Comunidad
de Sorochuco, entre ellos el de Tragadero Grande. "La propiedad de
Yanacocha sobre los predios en cuestión está acreditada por los documentos de
transferencia que son legalmente válidos, que han sido debidamente inscritos, y
por varias actuaciones fiscales y documentos que obran en el proceso
judicial". Además, sostiene que "la venta de los terrenos se realizó
con la aprobación de la Asamblea de la Comunidad Campesina de Sorochuco, y los
documentos de venta fueron firmados por los representantes de la comunidad y
por miembros que actuaron como testigos, incluyendo al señor Samuel Chaupe
Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña".
Pero Máxima aclara: "En 1996 la
minera fue comprando a cada familia sus predios. Nuestros vecinos nos
preguntaban por qué no vendíamos. 'Esta es nuestra tierra y aquí nos
quedaremos', les dijimos". Ella compró el predio a la Comunidad de
Sorochuco en 1994. "Tengo el certificado de posesión donde se reconoce que
soy propietaria y comunera. Nos dedicamos a la agricultura y al pastoreo,
cultivamos papas y ocas, no hacemos daño a nadie".
En 2011 Máxima pasó de ser
denunciante a denunciada. "Yanacocha nos demandó por usurpación agravada.
Ordenaron que nos desalojaran, incluso que fuéramos a la cárcel y que pagáramos
una reparación a la minera". Para entonces, su historia ya era conocida
entre las organizaciones de derechos humanos y se había convertido en símbolo
de la lucha contra el proyecto Conga. La ONG Grufides asumió la defensa legal y
finalmente, en diciembre de 2014 y en segunda instancia, la corte de Cajamarca
la declaró inocente del delito de usurpación agravada.
Sin embargo, la minera sostiene que
la sentencia a favor de Máxima es en el ámbito penal y no la reconoce como
dueña. La opción que queda ahora es ir a un juicio civil para esclarecer el
tema de la propiedad de este terreno de 23 hectáreas. De momento, la defensa de
Máxima ha denunciado a Yanacocha por usurpación agravada y ha presentado un
recurso de habeas corpus para impedir lo que consideran hostigamiento.
Máxima ya no está sola, su
sufrimiento ha despertado la solidaridad de diversas organizaciones y personas,
y es una figura internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron al Estado Peruano
garantizar la vida e integridad de Máxima Acuña y su familia.
La Asociación de Mujeres en Defensa
de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres
(ULAM), red regional de mujeres de origen rural e indígena afectadas por
prácticas y políticas mineras, presentaron una denuncia ante el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ante la Presidencia del Consejo de
Ministros solicitando su intervención ante esta grave violación de los derechos
humanos.
Melissa Wong Oviedo, representante de
ULAM sostiene: "En América Latina es creciente la violencia psicológica,
física y ambiental contra las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes
por parte de las industrias extractivas. Son despojadas de su territorio, son
víctimas de la trata y abusadas sexualmente. La industria extractiva les afecta
más que a los hombres, porque se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de agua,
son las garantes de la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias y
pierden su trabajo al ver sus tierras improductivas. Además, como el caso de
Máxima, se exponen a la intimidación y abusos de trabajadores mineros y son
criminalizadas por sus gobiernos, por denunciar y protestar".
Máxima sostiene que el Presidente
Ollanta Humala les ha traicionado: "En su campaña electoral nos prometió
proteger el medio ambiente y el agua. Ahora no dice nada y calla ante los
intereses de la empresa minera. Le pido que se pronuncie y deje de defraudar a
la población".
Insiste que no se dejará sobornar por
la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda
lo que suceda continuará con su causa. "Nuestra lucha no sólo es por mi
familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las
personas y para proteger a la laguna". Sostiene que en Cajamarca hay
poblaciones donde la mayoría tiene cáncer porque tienen plomo en la sangre y
nadie dice, ni hace nada. "Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y
me van a desaparecer. Pero en el campo he nacido y en la tierra moriré".
"A las hermanas y hermanos de
todo el mundo les pido que sigan apoyando nuestra causa, porque su solidaridad
nos protege, nos da ánimo y aliento". Máxima pide ayuda internacional para
que se haga justicia: "No es posible que una empresa abuse y hostigue a
una familia que no tiene más sustento para vivir que el alimento que le dan la
tierra y el agua".
El 6 de marzo, la Red Latinoamericana
de Mujeres ULAM, otorgó a Máxima el premio Defensora del Año 2014. Lina Solano
Ortiz, presidenta de esta organización, sostuvo: "Ella es símbolo de las
luchas de las mujeres en Latinoamérica, más aún, cuando se encuentran en
situación de riesgo". Máxima Acuña fue seleccionada para este premio a
través de una votación mundial vía internet, entre siete mujeres seleccionadas
para obtener este reconocimiento.
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