EL MOSTRADOR  2 de marzo de 2015

Cientista Político y Sociólogo

En las próximas semanas el Gobierno deberá proponer un camino para establecer una nueva Constitución y así cumplir con su propuesta programática. No enfrentar esta cuestión so pretexto de la situación creada por los diversos casos que han puesto de relieve el problema de la relación entre política y dinero, significaría dejar de cumplir una de las promesas más emblemáticas del programa de Gobierno, aquella que marca el carácter profundamente transformador de éste y la que mejor resuelve el problema actual de legitimidad del sistema político.

En efecto, los poderes mediáticos, la oposición y sectores minoritarios de Gobierno han manifestado la inconveniencia de plantear el debate constitucional, priorizando reformas particulares al sistema político. Dudamos que una estrategia que evite la cuestión constitucional tenga alguna viabilidad política, porque afectaría irremisiblemente la credibilidad de la Presidenta. Pero, además, se perdería la gran oportunidad de restablecer la legitimidad del sistema político hoy en crisis.

De este modo, el compromiso programático en materia constitucional y el contexto político-social son dos condiciones que convierten el debate constitucional en un imperativo.

Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo más apropiado para posibilitar este compromiso? Políticamente, resulta inviable establecer una comisión bicameral en el Congreso Nacional, pues no solo ello no corresponde a las facultades presidenciales sino que ella carecería de toda legitimidad ciudadana. Esto nos deja con dos opciones: establecer una comisión presidencial que, en un plazo relativamente limitado, proponga al país los aspectos esenciales de una Carta Magna o, bien, enviar al Congreso un proyecto de ley para permitir la posibilidad de convocar a un plebiscito y dirimir este tan importante tema en las urnas. A nuestro juicio, la segunda alternativa es la mejor de las opciones.

Resulta inviable establecer una comisión bicameral en el Congreso Nacional, pues no solo ello no corresponde a las facultades presidenciales sino que ella carecería de toda legitimidad ciudadana. Esto nos deja con dos opciones: establecer una comisión presidencial que, en un plazo relativamente limitado, proponga al país los aspectos esenciales de una Carta Magna o, bien, enviar al Congreso un proyecto de ley para permitir la posibilidad de convocar a un plebiscito y dirimir este tan importante tema en las urnas. A nuestro juicio, la segunda alternativa es la mejor de las opciones.

Varios constitucionalistas han sugerido el establecimiento de una Comisión presidencial para definir los contornos de lo que será una nueva Constitución. Pablo Ruiz-Tagle explicitó una propuesta así en el taller constitucional organizado por la Secretaría General de la Presidencia en enero pasado. La idea es que la Presidenta establezca por decreto, tal cual se establecieron las Comisiones Rettig y Valech, una institución de alto nivel para estudiar y sugerir una nueva Constitución.

El problema con esta propuesta es que dicha Comisión tendría serios problemas de legitimidad, desde quiénes serán los convocados a ella, cuál será el mandato que deberán responder y cómo se expresará la voz de la ciudadanía. Si la sospecha es parte central del reclamo ciudadano actual respecto del sistema político, entonces el gran cuestionamiento frente a una Comisión de esta naturaleza precisamente versará respecto de la composición y mandato que tendría esta fórmula. Por otro lado, el destino del Informe de la Comisión será incierto, por cuanto si es vinculante, los problemas señalados adquieren definitiva relevancia y, si no lo es, deja abierto un rol preponderante del Parlamento, cuya legitimidad en esta materia es hoy cuestionada. Por último un mecanismo como éste desconoce que los procesos constituyentes no son una cuestión de expertos y juristas, sino de expresión de la voluntad popular a la que aquéllos deben subordinarse, especialmente cuando estamos frente a una Constitución de legitimidad cuestionada por provenir de la imposición de una dictadura, por muchas correcciones que se le hayan hecho.

La segunda fórmula, postulada ya por varios movimientos y actores políticos, es mucho más simple e implica un acto de devolución de soberanía a la sociedad. La idea es que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley permitiendo que la Presidenta pueda convocar a Plebiscito específicamente sobre la materialización de una nueva Constitución. El plebiscito deberá consultar a la ciudadanía sobre tres escenarios: mantener la institucionalidad actual, aprobar una nueva Constitución por la vía exclusiva del Congreso, o establecer una Asamblea Constituyente que en un plazo prudente defina una Nueva Constitución.

Las ventajas de esta fórmula son varias. Primero, la Presidenta cumpliría con el mandato establecido en su programa, de buscar una fórmula institucional, democrática y participativa. Porque es difícil algo más democrático y participativo que preguntarle a la ciudadanía el camino que quiere seguir para aprobar una nueva Constitución y algo más institucional que dejar que sea el Congreso el que apruebe un mecanismo de plebiscito.

Además, esta alternativa permitiría a los diferentes actores poder defender sus opciones políticas para concretar un cambio institucional. Se colocarían en el debate social tres opciones que hoy dividen a nuestra sociedad: mantener el mecanismo vigente de reformas, realizar una transformación desde el Congreso, o convocar a una Asamblea Constituyente. La mera socialización de estas opciones abriría espacios de debate público sobre cuál es el mejor mecanismo para garantizar un proceso de construcción de un consenso social sobre la Carga Magna. Por supuesto, en el proyecto de ley de plebiscito quedarían claramente especificados los detalles de cada opción, en el caso de que sea la aprobada por la ciudadanía.

A lo anterior debemos agregar que esta opción se transformaría en una circunstancia histórica, ya que por primera vez desde el establecimiento de la República sería la ciudadanía la que tendría que definir el marco desde el cual se discutiría el establecimiento de las reglas del juego democrático.

Finalmente, desde el punto de vista del apoyo político necesario para aprobar una norma como la indicada, se requieren exactamente los votos que permitieron aprobar el cambio al sistema binominal. En otras palabras, se necesitaría de todo el bloque de la Nueva Mayoría, los independientes de izquierda y algunos legisladores de centroderecha.

En un contexto marcado por la desconfianza política y una fuerte crisis de legitimidad de las instituciones de representación, la opción de convocar a un plebiscito para definir una nueva Constitución abriría una oportunidad única para debatir democráticamente un tema fundamental a la vida republicana del país y permitiría restablecer un espacio de encuentro entre la ciudadanía y la política, como lo fue el Plebiscito de 1988. Preguntarle a la ciudadanía qué camino quiere tomar sería la opción más institucional, democrática y participativa. Si la dictadura llamó a un plebiscito para ver si continuaba o se terminaba, parece obvio que el mejor mecanismo para resolver si queremos mantener su Constitución sea también el llamado a todos los chilenos y chilenas a pronunciarse sobre ello.

A nuestro juicio, este proceso constituyente, que se inicia con la propuesta de un plebiscito, tiene un tiempo de deliberación suficiente para que, si se aprueba, pueda realizarse dicho plebiscito al mismo tiempo que las próximas elecciones previstas para el año que viene.