El empate inmoral es cosa de vida o muerte para la mantención de la república plutocrática. Si nos remontamos al período parlamentario (1891-1925), los empates entre las castas que se disputaban el poder constituían la base del sistema político: Federico Errázuriz Echaurren empató con Vicente Reyes en la elección presidencial de 1896, que sólo se logró dirimir por la compra de dos electores de provincia, además del voto de los familiares de Federico Errázuriz, que conformaban una verdadera bancada parlamentaria –como hoy los Walker Prieto–; en 1920, el empate se repitió entre Arturo Alessandri y Luis Barros Borgoño, que fue resuelto por un llamado “tribunal de honor” –hay personas que se sorprenden, hoy, en pleno siglo XXI, por el hecho de que los cargos serían propiedad de las personas y no de la soberanía popular, como es el caso reciente del señor Sebastián Dávalos, que renuncia cuando él lo decide y, aún más grave, el de los senadores Von Baer, Moreira y el del diputado Silva, que se niegan a renunciar a sabiendas de que su actuar limita con el delito–.

En una plutocracia, como la actual en Chile, la soberanía popular es sólo una broma, una forma de engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que ellos son los verdaderos detentadores del poder, cuando la realidad nos demuestra que los únicos propietarios del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de la prensa –hablada, escrita y televisiva– son los dueños del Grupo Penta, los Luksic, los Matte, los Paulmann, los Piñera, los Ponce Lerou… que reparten su dinero, ganado por el esfuerzo de los trabajadores, entre algunos venales diputados, senadores y otros conspicuos funcionarios, entre los que se cuentan, por desgracia, algunos periodistas que, por lógica empresarial, están supeditados a la voluntad de los dueños de los medios de comunicación de masas –sin embargo, algunos siguen creyendo que en Chile hay libertad de prensa–.

Gracias al asunto Dávalos, los pillines de la UDI están pasando inadvertidos, pues es sabido que un escándalo borra al otro, que, al parecer, se estaría confirmando la estrategia de Jovino Novoa, en el sentido de que los chilenos serían bastante tarados y que, con el solo paso del tiempo, el gran escándalo Penta-UDI-Cruzat-Soquimich sería tan anecdótico como el cuento del “florero” del Presidente Ricardo Lagos o los sobresueldos.

Por mucho que la opinión pública –si en realidad existe– presione, lo más probable es que los reyes del “caraderrajismo”, domiciliado en la UDI, no renuncien jamás a sus cargos, pretextando “errores involuntarios”; de seguro, ni siquiera tendrán que hacer visitas a los tribunales de justicia, pues es sabido que a ese lugar sólo concurren los rotos y los pobres de solemnidad; incluso, los Délano, los Lavín, los Cruzat y demás secuaces no pisarán nunca la cárcel y sólo tendrán penas de multas, a pagar a Impuestos Internos, en cómodas cuotas mensuales, si no se las conmutan por breves cursos de “ética empresarial”.

El tema no es sólo el famoso empate moral, ni siquiera que la UDI logre, a raíz del caso Dávalos, que el Gobierno ordene al SII que se abstenga de presentar otras querellas –no olvidar que el director de ese Servicio depende, exclusivamente, del Presidente de la República–, ya que el poder judicial no puede actuar si no existe una querella presentada por el SII, mucho más grave es el grado de putrefacción de nuestras castas políticas, movidas por una codicia sin límites y un amor exacerbado al dinero, lo que, normalmente, según nos demuestra la historia, termina por destruir la democracia y, al final, llevar al poder a un demagogo o a un millonario, como Sebastián Piñera Echenique, quien ante los graves delitos de sus colegas empresarios de Penta ha logrado mantener un cómplice silencio.