Ecuador - Correa contra los movimientos sociales
Temor a la sociedad organizada
El gobierno de Rafael Correa ha dado
un paso más, arriesgado y polémico, en su enfrentamiento con los movimientos
sociales. Lo que está en disputa es el proyecto de país, una suerte de desarrollismo
anclado en la minería, el petróleo y grandes hidroeléctricas encubierto bajo el
mantra del “buen vivir”.
Raúl Zibechi, desde Quito
Brecha, Montevideo, 19-12-2014
“Expulsar a la Conaie de su edificio
es un acto injusto y políticamente insensato”, puede leerse en la carta abierta
que el sociólogo portugués Boaventura dos Santos envió al presidente Rafael
Correa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es el
más importante movimiento social del país y uno de los más destacados de
América Latina. Ocupa su sede en la esquina de las avenidas 6 de Diciembre y
Granados desde 1991, cuando el presidente Rodrigo Borja firmó un convenio de
comodato con la organización.
“Tendrán que desalojarnos”, dijo la
veterana dirigente quichua Blanca Chancoso. “Este es un derecho histórico de
los pueblos indígenas.” La Conaie ha protagonizado varios levantamientos, desde
junio de 1990, paralizando el país para colocar la cuestión india en el centro
de las agendas de los sucesivos gobiernos. La confederación, que agrupa a más
de 5 mil comunidades de la sierra, la selva y la costa, jugó un papel destacado
en la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad, en
enero de 2000, defenestrados en medio de manifestaciones masivas.
En abril de 2005 una movilización
juvenil urbana, conocida como “los forajidos”, pero apoyada también por la
Conaie, forzó la renuncia del coronel retirado Lucio Gutiérrez, quien había llegado
al gobierno dos años antes. En Ecuador el protagonismo indígena y popular ha
jugado un papel destacado en la deslegitimación del modelo neoliberal, abriendo
paso a gobiernos progresistas y a una nueva Constitución (2008). Desde 2007
gobierna Rafael Correa, quien domina ampliamente al parlamento y cuenta con un
poder judicial afín.
Temor a los movimientos
Las relaciones entre Correa y los
movimientos sociales nunca fueron buenas. Desde que asumió su gobierno tuvo
palabras muy duras hacia la Conaie, pero también hacia los ecologistas y más
recientemente hacia los sindicatos. En marzo de 2009 el gobierno retiró la
personería jurídica de la Ong Acción Ecológica, que existe desde hace más de 20
años, por haber “incumplido los fines para los que fue creada”. Una dura carta
de Eduardo Galeano y la extensa solidaridad internacional convencieron al
presidente de dejar la medida sin efecto.
Debe recordarse que hay casi 200
dirigentes y militantes indígenas acusados de desórdenes e incluso de
terrorismo por hacer lo mismo que siempre hicieron los movimientos bajo el
modelo neoliberal (bloquear carreteras, interrumpir mercados, realizar marchas
y manifestaciones), un tipo de activismo del cual se beneficiaron quienes ahora
ocupan el Ejecutivo. De modo que la animadversión mutua no es nueva, pero se
agudizó en los últimos años.
La Conaie argumenta que el comodato
de su edificio está vigente hasta 2021, pero el gobierno pretende desalojarlos
el 6 de enero de 2015. En un comunicado del 15 de diciembre, la organización denuncia
el carácter “colonialista” de la medida, ya que la sede fue entregada por el
Estado como parte de la reparación histórica que les corresponde.
La actitud de Correa contrasta
incluso con las relaciones que mantuvieron los movimientos sociales con algunos
gobiernos durante el período neoliberal. El socialdemócrata Borja reaccionó
negociando tras el levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990, promoviendo
la entrega de tierras a las comunidades, además de impulsar la alfabetización y
la educación bilingüe.
En las últimas semanas el
distanciamiento se convirtió en una mezcla de represión y acoso. El gobierno
decidió poner fin a la Iniciativa Yasuní Itt, por la que se había suspendido la
explotación petrolera en el parque nacional que lleva ese nombre, como
compromiso del país contra el calentamiento global. Los ingresos no percibidos
por Ecuador, se planteaba, serían compensados con aportes internacionales. El
15 de agosto de 2013 el gobierno decidió suspender la iniciativa, con lo que se
puso en marcha un amplio movimiento que recogió 700 mil firmas para convocar un
plebiscito, opción rechazada por el Consejo Nacional Electoral.
En noviembre la Conaie decidió
secundar las protestas del Frente Unitario de Trabajadores (Fut) contra la
reforma laboral que impulsa el gobierno y contra la intención de Correa de
establecer la reelección presidencial inmediata en una reforma constitucional.
El 4 de diciembre la cancillería negó la entrada a Ecuador a un grupo de
parlamentarios alemanes que planeaban visitar diversos proyectos en el país y,
particularmente, el Parque Nacional Yasuní.
¿Escalada o crisis?
En junio pasado Ecuador entregó a
Goldman Sachs la mitad de sus reservas de oro para avalar un crédito de 400
millones de dólares. De ese modo regresó al financiamiento externo, sin ningún
riesgo para el prestamista, precisamente por la prenda en oro. El gobierno está
necesitado de fondos, precisa 700 millones de dólares para saldar obligaciones
en el extranjero y otros mil millones que quiere invertir en hidroeléctricas.
Según el economista Óscar Ugarteche,
“los cambios en la economía internacional están afectando a las economías
latinoamericanas que se pensaban más allá de las restricciones externas” (Alai,
9-VI-14). Por el momento uno de los países más afectados sería Ecuador, pero en
el paquete ingresan también Argentina, Venezuela y más recientemente Brasil. La
caída de los precios del petróleo es un problema agudo para los tres primeros.
Hasta la prenda del oro, casi el
único prestamista de Ecuador era China, que puso algunas condiciones, entre
ellas la explotación del petróleo del Yasuní. Pero los problemas no quedan ahí.
“Mientras el fondo de contingencia del Brics no se firme y se arme su
observatorio económico para seguir y respaldar a las economías emergentes, es
poco probable que haya otro actor que no sea el mismo Fondo Monetario
Internacional el que dé estos avales”, sostiene Ugarteche. En suma, que las
dificultades recién comienzan.
En este escenario poco propicio, todo
indica que el gobierno quiere cerrar el frente interno. Las preguntas de De
Souza, quien ha mostrado su apoyo a los gobiernos progresistas, parecen
entonces pertinentes. “¿Por qué desperdiciamos de manera tan desatinada una
oportunidad única de transformar a Ecuador en una sociedad más justa,
intercultural y plurinacional? ¿Cómo es posible dejar de ver que una
oportunidad como esta no volverá en muchas décadas?”, escribe en su carta. Y
agrega: “¿Cómo es posible transformar tan fácilmente adversarios con quienes
deberíamos debatir en enemigos que se quiere abatir? ¿Cómo es posible que el
código genético racista de la izquierda latinoamericana nos atropelle cuando
menos lo imaginamos?”.
La socióloga Natalia Sierra sostiene
que “el gobierno ha configurado como enemigos de su proyecto a los pueblos y
comunidades indígenas-campesinas y a los colectivos ecologistas” (Plan V,
domingo 14). Es posible, como apunta, que los movimientos sociales hayan
empezado a convertirse en “obstáculos” para los proyectos modernizadores y
desarrollistas de los gobiernos progresistas. Esto permitiría entender las
razones por las que enfilan sus baterías contra ellos, con mayor ardor aún que
contra las derechas. Parecen no percibir que, al hacerlo, no hacen más que
destruir las bases sociales que les permitieron ser gobierno.
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