Chile - La cocina de Javiera
El Mostrador. 13 de noviembre de 2014
La cocina de Javiera
Veámoslo.
Hace días –en el Chile Day en Londres– Solari, el dueño de Falabella, expresó su preocupación por los cambios laborales. De inmediato –con una velocidad de reflejos que no le hemos visto en otras causas– Arenas se comprometió a “monitorear” la reforma laboral y a asegurar que sería de consenso con los grandes empresarios.
De inmediato, el diario La Tercera expresaba su alegría señalando que “es valorable que el Ministerio de Hacienda esté ponderando los negativos efectos que tendría la prohibición total del reemplazo en la huelga” y que “no se observa la conveniencia de suprimir una normativa que ha hecho una contribución sustantiva al sostenido proceso de incremento de los índices reales de remuneraciones en las últimas décadas” (La Tercera, 24.10.2014).
¿Por qué tanto preocupación de esos grandes empresarios por reformas que mejoren la posición de los trabajadores y tanta alegría en La Tercera?
Puro interés público, como diríamos. Como dato curioso nada más, y que nada que tiene que ver con sus preocupaciones públicas, Falabella ha sido recientemente condenada por prácticas antisindicales por discriminar a los trabajadores sindicalizados (RIT S.45-2014 del 2 Juzgado del Trabajo), y Copesa acaba de anunciar un masivo despido de trabajadores.
Entonces parece que todo fue muy sencillo. Los grandes empresarios pautearon a Alberto. Alberto pauteó a Javiera. Y La Tercera celebra.
Una joyita mayor. Se eliminará el reemplazo de trabajadores en huelga, pero al mismo tiempo se permitirá la sustitución de los mismos con otros trabajadores de la empresa. Lo del reemplazo no resiste análisis y no representa un avance que deba ser celebrado más que como lo que es: un mínimo que desde hace décadas vienen exigiéndole a Chile tanto desde la OIT como desde la propia Naciones Unidas (Comité de Derechos Económicos y Sociales).
¿Resultado? Joyas como las que siguen:
Primero, se anunció que no se eliminará “la extensión unilateral de beneficios por parte del empleador” prevista en el artículo 346 del Código del Trabajo. Herramienta fundamental del Plan Laboral para consagrar el “ninguneo” al actor sindical, consiste en que todos los beneficios pactados con los sindicatos se extienden a los trabajadores “no sindicalizados” con la sola y única voluntad del empleador.
Norma legal que los empresarios defienden con uñas y dientes apelando a la libertad de contratación. Absurdo argumento que el Gobierno de la Nueva Mayoría parece estar por comprar en su totalidad: la extensión no es un pacto ni un acuerdo, sino la imposición “unilateral” de los beneficios del contrato, que el trabajador no puede rechazar. Aquí no hay nada de libertad para el trabajador, solo imposición del empleador.
Se protegería así, en el proyecto del Gobierno, una herramienta básica del Plan Laboral que busca generar esta duda fatal en los trabajadores: ¿para qué sindicalizarme si en cualquier caso el empleador extiende todos los beneficios obtenidos por el sindicato al resto de los trabajadores?
Segundo, una joyita mayor. Se eliminará el reemplazo de trabajadores en huelga, pero al mismo tiempo se permitirá la sustitución de los mismos con otros trabajadores de la empresa.
Lo del reemplazo no resiste análisis y no representa un avance que deba ser celebrado más que como lo que es: un mínimo que desde hace décadas vienen exigiéndole a Chile tanto desde la OIT como desde la propia Naciones Unidad (Comité de Derechos Económicos y Sociales).
Pero el proyecto de Javiera trae una sorpresa de aquellas. Se legalizará el reemplazo interno de trabajadores, de manera tal que lo que el empleador no puede hacer afuera –contratar trabajadores reemplazantes– lo podrá lograr cambiando de lugar trabajadores al interior de la empresa.
Todo un absurdo: se cambiarían los rompehuelgas externos por internos. De hecho, se trata exactamente de lo mismo: reemplazo del huelguista.
Quizás en la cocina de Javiera faltó revisar lo que se ha dicho en el derecho comparado desde hace décadas sobre su propuesta: “La sustitución interna, en el supuesto que ahora y aquí nos ocupa, constituye el ejercicio abusivo de un derecho que en principio corresponde al empresario” , “desde el momento en que su potestad de dirección se maneja con fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico y en una situación conflictiva, no como medida objetivamente necesaria para la buena marcha de la empresa sino para desactivar la presión producida por el paro en el trabajo” (TC español 123/1992).
O quizás leer la propia jurisprudencia de un servicio bajo su mando. Ya que su proyecto contradice lo dicho por la Dirección del Trabajo, también desde hace décadas, que considera como reemplazo de trabajadores en huelga lo que la ministra anhela: la sustitución interna.
“Debe entenderse que estamos frente a personal de reemplazo de las funciones o puestos de trabajo de los huelguistas, en las siguientes circunstancias: trabajadores de la misma empresa a quien el empleador, haciendo uso de la facultad que le entrega el artículo 12 del Código del Trabajo, hubiera cambiado de funciones con el objeto de suplir las de los trabajadores involucrados en la huelga” (Dictamen Nº 3403/059 del 2006).
¿Cómo es posible que algo que por años ha sido considerado reemplazo en la huelga por la propia Dirección del Trabajo, el proyecto del Gobierno pretenda “legalizarlo” y permitirlo como herramienta contra los propios trabajadores? ¿Tendrá claro el Gobierno que con la sustitución interna que quiere legalizar va a promover el mismo efecto que con la contratación externa de trabajadores: que la huelga no valga nada?
Dicho en pocas palabras, se les pondrá a las empresas en bandeja el “vaciar” de contenido la huelga de los trabajadores –la “receta de Javiera” la llamaremos-: unos días antes de empezar la huelga deberán contratar directamente a los trabajadores que, días después, empezada la huelga, “sustituirán” interna y legalmente a los trabajadores en huelga.
No es difícil imaginar la emoción del mismísimo José Piñera al leer ese nuevo hijo que se regala.
Y por si fuera poco, para que la CPC y La Tercera queden completamente satisfechos, se ha anunciado que –por si le quedará alguna duda de la defensa del Plan Laboral– no habrá cambios en el nivel de la negociación colectiva.
Dicho de otro modo, en la reforma del Gobierno no hay espacio para el 70% de los trabajadores chilenos que laboran en empresas donde no se pueden formar sindicatos –porque no hay 8 trabajadores–, cuya única esperanza es que sus condiciones de trabajo fueran negociadas en el nivel de rama o sector de producción. Seguiremos siendo, entonces, el país que da vergüenza en materia de derechos colectivos en la propia OCDE: mientras el 60% promedio negocia colectivamente en los países que la integran, en Chile sólo el 8%.
La dudas que este proyecto genera son obvias: ¿era esta la reforma laboral que se les había ofrecido a los trabajadores chilenos? ¿Debemos conformarnos con que la sociedad más igualitaria de la Nueva Mayoría no incluye el trabajo? ¿Para este capitalismo sin equilibrios era la mayoría parlamentaria para Bachelet?
Algo ya sabemos al menos. En la cocina de las reformas laborales no hay nada dulce para los trabajadores. Solo sabores amargos.
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