Al cumplirse 6 meses de gobierno de la Nueva Mayoría, parece un momento propicio para realizar balances y evaluaciones sobre la gestión gubernamental.

Tras el vértigo de los primeros cien días, plagados de anuncios y declaraciones rimbombantes (en la retina quedará lo de la retroexcavadora que no fue), hoy transversalmente se percibe un momento de tensa calma y creciente cuestionamiento, dado fundamentalmente por tres factores: una errática agenda gubernamental agudizada por las tensiones internas de la NM; un reagrupamiento de la oposición de derecha, severamente derrotada en la última elección; y el rechazo que actores sociales como la CONFECH o las bases del Colegio de Profesores, han mostrado ante las iniciativas oficialistas. Esto ha llevado incluso a algunos dirigentes de la NM a sugerir la posibilidad de un ajuste de gabinete para reforzar áreas que han funcionado deficitariamente.

A nuestro juicio el problema radica en que se empieza a hacer carne una crisis de las expectativas abiertas con la asunción de Bachelet. Estas se sustentaban en la promesa de apertura de un nuevo ciclo de reformas sociales y políticas, que darían respuesta a las demandas ciudadanas por transformaciones estructurales, que se venían expresando en diversos frentes desde el año 2006 a lo menos. También se creía que las fuerzas políticas que llegaron a reforzar a la vieja Concertación (PC, RD, MAS, IC), le imprimirían una nueva energía y presionarían por mayores avances en materia social.

Nada de esto ha ocurrido.

Primero, y en esto hay que ser muy claros, el programa de gobierno enunciaba algunos cambios importantes, pero sin comprometer en varios casos plazos concretos o medidas precisas. Es un documento lleno de lagunas y prolífico en sus expresiones de deseos y consignas. Este marco conceptual (el programa), era lo suficientemente ambiguo como para ser suscrito y respaldado por actores políticos tan disímiles como los que hoy conforman el conglomerado oficialista. Es decir, es un documento útil para hacer campaña, pero poco funcional a la hora de diseñar una agenda de gobierno y medidas legislativas. Esto lo hace fácil presa de la manipulación, la interpretación interesada, lo que conduce a equívocos y malos entendidos. El gobierno se ha pasado seis meses tratando de explicar lo que quiere hacer, explicando y re-explicando sus dichos, desdiciéndose frente a la cuña desafortunada o borrado alguna iniciativa preliminar que no cuenta con piso político. Esto genera un cuadro de incertidumbre, al cual la derecha y los medios interesados han sabido sacar partido para mostrar las inconsistencias programáticas del bacheletismo.

Por otro lado, las llamadas reformas estructurales han ido “bajando la puntería”, y se han ido ajustando paulatinamente “a la medida de lo posible”. La reforma tributaria, sin mediar necesidad, salió a buscar en los salones y cocinas del gran empresariado la anuencia de los poderes fácticos. La presidenta desestimó recientemente la asamblea constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución. Por su parte en educación, tras anunciar el 21 de mayo la reforma más importante de los últimos 50 años, esta se ha enredado en proyectos de ley específicos, sin una hoja de ruta clara, ni un diseño integral que apunte a cambios profundos. En estricto rigor, lo que tenemos son 3 proyectos de ley, pero no una reforma que aborde cambios en el currículum, la formación inicial docente, la institucionalidad y el financiamiento del sistema de educación superior, el aseguramiento de la calidad, entre otros temas sobre los cuales hace años existe consenso entre los actores incumbentes sobre la necesidad de abordarlos.

Por último, a estas alturas surgen legítimas dudas sobre la real vocación transformadora de las fuerzas del arco progresista de la NM. Es un dato que estas han sido incapaces de contrarrestar a los sectores conservadores de la coalición, pero también se les ha visto obsecuentes con los tibios enunciados provenientes de La Moneda. A ratos parecen más interesados en demostrar que son capaces de maniobrar como bisagras con el movimiento social, dada su presencia en organizaciones sindicales y gremiales, que de impulsar reformas en el plano laboral o educacional. Se aprecia que gastan tiempo tratando de desacreditar (sin éxito por cierto) el rol del movimiento estudiantil y a la vez guardan silencio (para resguardar los equilibrios al interior de la NM) frente al actuar de Walker, Armanet, Aylwin y compañía. Claramente fuerzas políticas como RD y el PC deben definir si sus tesis de “colaboracionismo crítico” o “un pie en el gobierno y el otro en la calle” se sustentan a estas alturas del partido o requieren hacer una nueva lectura.

En síntesis, a seis meses seguimos gobernados por titulares. Los mismos que venimos escuchando desde la larga campaña presidencial. Los tiempos políticos empiezan a agotarse y de no haber un giro radical en el actuar gubernamental, asistiremos a un nuevo fracaso político de Bachelet, tal cual ocurrió con su mentado “gobierno ciudadano” en su período anterior.