México - Reforma energética: despojo y retroceso
Editorial de LA JORNADA
Reforma energética: despojo y
retroceso
El reinicio de las discusiones
legislativas sobre las leyes secundarias en materia energética
–particularmente, las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica–, que
tendrá lugar la semana entrante, marca el último tramo de un proceso que podría
derivar en la apertura de un margen de discrecionalidad para el despojo de
tierras a favor de trasnacionales y la consecuente ampliación de un poder
fáctico indeseable que contaría con el control de buena parte del territorio.
En días recientes, diversas organizaciones
campesinas, sindicales y de la sociedad civil se han expresado en sentido
contrario a las leyes referidas y las han calificado de violatorias de la
Constitución. El descontento no es gratuito, si se toma en cuenta que al amparo
de semejante legislación infinidad de comunidades, pueblos y rancherías
quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje
propios de las trasnacionales petroleras y las reservas ecológicas podrían ser
eliminadas en aras de un supuesto interés social y
orden público, que en realidad obedecerá, una vez consumada la
desnacionalización de la industria de hidrocarburos, a los intereses privados.
Esa perspectiva equivaldría, en caso
de consolidarse, a una nueva vuelta de tuerca para sectores de la población que
de por sí enfrentan el embate regular de grandes corporaciones mineras,
energéticas, turísticas y de la industria de la construcción. Desde una
perspectiva más general, la aprobación de las referidas leyes supeditaría
prácticamente cualquier actividad económica que se desarrolle en el territorio
a las necesidades del ramo energético y de las empresas correspondientes. Los
órdenes de gobierno municipal y estatal, e incluso el federal, perderían
potestades en materia de ordenamiento territorial, desarrollo de
infraestructura y política industrial, toda vez que los planes y proyectos
correspondientes estarían subordinados, en última instancia, a las decisiones
de la Secretaría de Energía.
En suma, la eventual luz verde
legislativa a la reglamentación secundaria propuesta por el Ejecutivo y
modificada por las bancadas del PRI y el PAN daría pie a una regresión
histórica en la que el país quedaría en manos de grandes trasnacionales y en el
que las empresas del ramo energético podrían recuperar el poder omnímodo que
les fue retirado mediante la expropiación petrolera de 1938. Si bajo el marco
legal aún vigente el Estado ha cometido –a instancias de Pemex– con excesiva
frecuencia abusos y atropellos contra campesinos y pescadores, cabe imaginar lo
que harían consorcios sin ningún compromiso con el país e interesados
únicamente en la obtención de la máxima y más rápida ganancia.
Por desgracia, el actual equilibrio
de fuerzas en las instancias legislativas y la orientación ideológica de la
mayoría de los legisladores hacen poco probable que se dé una sorpresa en el
Senado de la República, y es previsible que la legislación referida sea
aprobada en los términos descritos. Con ello no sólo se abre una perspectiva
desoladora para el país, su economía y su soberanía: se profundiza también la
fractura, de por sí alarmante, entre el México formal y el real y se porfía en
la tendencia de ejercer el poder mediante decisiones revestidas de legalidad,
pero carentes de legitimidad y contrarias al interés público y el bienestar
nacional.
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