“Siempre he creído en una AFP estatal”, señalaba la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, en una entrevista en junio pasado, reflotando un antiguo anhelo que en su anterior gobierno no se concretó principalmente por la oposición del entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

Hoy el escenario es distinto y la creación de una AFP estatal forma parte del programa de la candidatura de Bachelet, a quien la CEP sitúa como la carta ganadora, a tres puntos de ganar en primera vuelta.

Pero, en opinión de diversos sectores, una AFP estatal no resuelve nada y sólo consolida un modelo que entrega pensiones miserables.

Así lo explica el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, quien asegura que “la AFP Estatal por sí sola no genera cambios, y podría dar una falsa sensación de alivio en un país donde la pensión promedio es de $183.804 y en donde el 60% de los primeros aportantes se jubilará con menos de $150 mil al mes. Un país donde, como calcula la OECD en sus simulaciones oficiales, la tasa de reemplazo bruta y sin quiebres en la carrera llega al 34% para las mujeres y al 44,9% para los hombres –porcentaje del sueldo con el que se jubilan las personas–, simulando un escenario sin lagunas. Estos resultados, no se revierten con una AFP Estatal, pues ella no cambia la lógica de un sistema donde la cuenta individual es el pilar central, situación que ocurre en muy pocas partes del mundo y que en Chile se impuso en 1980 y posteriormente se profundizó. Una medida como esta, rascaría donde no pica”.

En la misma línea, el senador Eugenio Tuma (PPD), que preside la Comisión Especial para el estudio de reformas al sistema de administración de fondos de pensiones, señala que “luego de 30 años de asegurar que tendríamos un buen sistema de previsión,  lo único que no hace este régimen es dar pensiones dignas. Lo que sí hace es fortalecer el mercado de capitales,  lograr que grandes grupos económicos tengan recursos a bajo costo, y lograr capital para dar créditos masivos a las mismas familias de los trabajadores a las cuales les rentan un 5% anual”.

Según detalla el parlamentario, “todos los meses les sacan a los cotizantes 15% por las comisiones. No es cierto que sea 0,1%, porque los porcentajes están calculados sobre la renta bruta. Eso es para engañar a los trabajadores. Por eso la mayoría no se interesa en cambiarse de AFP, porque ve que es poco significativo el cambio, que es marginal. Pero no lo es. Esto es un escándalo que no puede seguir tolerándose. Ni tampoco con AFP estatal, si lo que quieren los trabajadores son pensiones dignas y que no se abuse con su propia plata”.

Durán da cifras. “Para Nicolás Barr y Peter Diamond, premio nobel de economía, las cuentas individuales en los sistemas de pensiones –caso chileno– no constituyen un verdadero sistema de pensiones por sí mismo en la lógica de la seguridad social. Nuestro país tiene un sistema de ahorro forzoso, cuyo objetivo no es proveer pensiones dignas, sino financiar a las grandes empresas. Por dar un ejemplo, el 18,3% de las acciones de Cencosud es de las AFPs, pero esos fondos son los dineros de todos los trabajadores de Chile. Gracias a la acumulación de fondos que proveen las cuentas individuales de pensiones, los principales favorecidos han sido las grandes empresas: 20 corporaciones en Chile –10 bancos y 10 empresas– hoy tienen cerca de US$45 mil millones, equivalente al PIB de Honduras y Bolivia juntos”.

Además, asegura el economista, “posterior a la crisis financiera de 2008, quedó demostrado que las pensiones no pueden quedar al vaivén de las reglas del juego de la economía financiera: basta ver los casos más mediáticos, como La Polar y SQM, y sus efectos negativos sobre los fondos de pensiones. La introducción de un nuevo actor, no cambia por lo tanto esta lógica y consolida más bien el cableado vis-à-vis que existe con el alto empresariado, cuestión que es central en el ciclo de acumulación chileno y en el crecimiento de la desigualdad”.

En su opinión, los fondos de pensiones, “que son de los trabajadores, constituyen un aspecto nuclear de la libre concentración de ingresos en Chile. ¿Una AFP estatal, soluciona ello?, no. Es más, en términos concretos, la AFP estatal tampoco asegura menores comisiones para los cotizantes: en las dos últimas licitaciones para adjudicarse a los nuevos entrantes al sistema, las AFPs han realizado ofertones con menores tasas de comisión. Plan Vital incluso presentó una oferta donde bajaban en un 50%, ¡y seguían ganando! Sin embargo, tras perder la licitación, las administradoras no tuvieron problema en continuar con sus valores originales. En la última oportunidad, Plan Vital pasó de haber ofrecido un 0,85% a su ya conocido 2,36%. Es decir, ya en el pasado inmediato, la entrada de un nuevo actor al sistema, AFP Modelo, no generó disminución en las comisiones. Lo único rescatable de la entrada de un operador estatal, es que el lucro que se obtiene por administrar los Fondos de Pensiones, ahora irá a las arcas fiscales y no al bolsillo de un privado”.

Al respecto, el ex presidente de la DC, Ricardo Hormazábal, señala que “una AFP del Estado puede quitarles a las AFP su mayor riqueza: los trabajadores afiliados. Si logra que se traslade un número relevante de los 10 millones, el sistema de AFP como negocio se cae por sí solo”.

Según el presidente de Acusa AFP, “hay experiencias negativas” en instituciones estatales que compiten con el mundo privado: “Como que BancoEstado empezó a cobrarles a sus clientes hasta las cuentas de ahorro. Y si la AFP estatal va a entrar a la misma lógica de poder y de manejo de los fondos como las AFP privadas, no sirve mucho”. Pero –asegura– “en la campaña anterior, Bachelet ofreció mejorar la comisión, pero sin cambiar el sistema. En cambio, ahora ella declaró en marzo de este año que, junto a los tres ejes principales de su programa, hay que entrar al tema de las pensiones, lo que es una señal clave, ya que es primera vez que toma de manera categórica el problema”.

Consolidando el sistema

Este miércoles a mediodía una serie de organizaciones sociales y de defensa del consumidor convocan a una “marcha fúnebre”, desde Alameda con Ahumada, bajo el eslogan “No Más AFP”.

La movilización obedece, entre otros ejes, a que el sistema entrega bajísimas pensiones y a que “han pasado 32 años y las autoridades han contemplado de la estratósfera, siendo cómplices de este letal robo”. Según el Presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, Ernesto Medina, una AFP Estatal “sólo implica perpetuar el sistema privado de pensiones”. La campaña ya ha reunido más de 200 mil firmas, que fueron entregadas en mayo pasado a la comisión del Senado que lidera Tuma. Tras las elecciones, planean entregar otras cien mil firmas al presidente electo.

En el mundo sindical la llegada de una AFP Estatal provoca rechazo y en algunos sectores incluso se lee como “una señal de consolidación del modelo”.

El primer vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Jorge Consales, considera que “la AFP estatal no soluciona el fracaso del sistema (…) No es ninguna solución, agrava más el problema de posibles pensiones de remuneraciones bajas y medias. Lo que hacen las AFP es captar recursos para seguir fortaleciendo el mercado de capitales. En esa línea, una AFP estatal debería cumplir esas mismas premisas: capitalización individual, especulación financiera, inversiones especulativas. Puede tener algún puntaje en las condiciones, pero no soluciona el  problema de fondo, que genera un negocio para sus dueños y grandes empresas, versus pésimas pensiones para los trabajadores”.

El vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz,  concuerda con Consales y asegura que “se debe crear un sistema de reparto y un sistema inspirado en los principios de la OIT, de protección social. Lo que queremos es libre elección: elegir si vas al sistema público de reparto o de capitalización individual. Hoy la única opción de los trabajadores es irse a una AFP, lo que, además de asegurar el negocio a los privados, es inconstitucional contra la libertad de los individuos”.

Al respecto, Eugenio Tuma señala que “en su momento tendrán que evaluar qué es lo importante, si mejorar las pensiones o maquillar el falso sistema previsional que constituye una fuente de ingresos baratos para los que dan créditos caros a los trabajadores. Entonces el corazón no es si ponemos AFP estatal o ponemos más competencia. Hay que consignar como un derecho la previsión y  crear un sistema distinto a las AFP, para que los trabajadores puedan elegir. Hoy los hemos encajonado y no les damos derecho a elegir nada”.

La apuesta de Bachelet, según explica Gonzalo Durán, “muestra una continuidad con lo existente, aquí no hay propuestas de transformación profunda. Si la imposición del DL 3.500, que norma el sistema de AFPs, en 1980 fue un terremoto grado 10 para la seguridad social, lo que hoy vemos no alcanza a ser un sismo grado 1. Es decir, no se mueve la estructura. Es una señal para el empresariado, para esas 20 corporaciones que hoy poseen US$ 45 mil millones de los ahorros forzados de los trabajadores, una señal de que dicha dinámica no será derribada”.