Chile - Ante la prisión preventiva de Camilo Díaz García, estudiante de Historia de la Universidad de Chile.
Sergio Grez Toso *
En las últimas semanas, el
Estado de Chile ha radicalizado la persecución a los protagonistas de las
luchas sociales. Es así como nuestro estudiante, Camilo Díaz García, se ha
convertido en una víctima más de esta criminalización sistemática e injusta que
pende sobre todo aquel que pretenda oponerse a las políticas que tienden a
profundizar el actual modelo socioeconómico imperante en nuestro país.
Camilo Díaz García fue apresado el día 8 de mayo de
2014, en el contexto de la primera Marcha Nacional por la Educación, convocada
por diversas organizaciones estudiantiles. Esta pretendía poner nuevamente en
la calle la demanda por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Frente
a la política ambigua del actual gobierno de la Nueva Mayoría, Camilo fue
trasladado a la 33 Comisaría de Ñuñoa, lugar donde su mochila fue rociada con
parafina –según consta en la declaración propio estudiante y testigos –, la que
junto a tres fotografías de una bomba molotov sobre una mesa, fueron levantadas
como únicas pruebas para llevar adelante el juicio en su contra, realizado al
día siguiente. En dicho juicio, no fue presentada la prueba de carbono que le
habrían realizado a sus manos, en la misma Comisaría, lo que comprobaría si Camilo Díaz
García, efectivamente, manipuló un artefacto incendiario. Ante la falta de
pruebas, el estudiante fue dejado en libertad con 90 días de reclusión nocturna
domiciliaría; mas el día 22 de mayo, Camilo fue apresado nuevamente e
incorporado al centro penitenciario Santiago Uno, por haber sido desestimado el
juicio anterior, sin haber presentado nuevas pruebas que lo incriminen.
Cabe preguntarnos entonces, si es posible creer en
un gobierno que se jacta de escuchar las demandas sociales, entre otras, las
relacionadas con una educación digna para el pueblo, pero que, durante la misma
semana es capaz de detener y apresar sin fundamento ni prueba jurídica alguna,
a Bryan Seguel y Camilo Díaz, ambos, estudiantes
de nuestra Casa de Estudios.
Sin duda, esto no es más que la evidencia de una
cínica política cuya cara más siniestra la hemos palpado ante
la criminalización de la movilización mapuche. En esta ocasión ha alcanzado a aquellos
que están por una resolución verdaderamente democrática y popular de la demanda
estudiantil.
Frente a esta preocupante e injusta situación que
aqueja a nuestro alumno, es que debe imperar la solidaridad y la movilización
de todos nuestros recursos para que se imponga la verdad y la justicia. Así, Camilo Díaz García podrá gozar
de su libertad a la brevedad.
*Sergio Grez Toso, Académico del Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile
Santiago, 26 de mayo de 2014
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