Llamó la atención la declaración pública del directorio de SalmónChile que acompañó dicha elección. En ella se destacaba la unanimidad y rapidez con que el gremio había consensuado que este ingeniero civil demócrata cristiano fuese su representante político durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y no es para menos, ya que esta billonaria industria exportadora se encuentra ad portas de una nueva crisis sanitaria y financiera, donde nuevamente intentará transferir sus costos a "Mamá Estado", al medio ambiente y a los contribuyentes chilenos.

Para ello los grandes conglomerados salmoneros locales y las compañías transnacionales han recurrido a Sandoval, un hábil operador político que por más de dos décadas ha promovido e implementado dentro del Estado diversas políticas de privatización y transferencia de recursos y recursos naturales de los sectores minero, de obras sanitarias, pesca y acuicultura, entre otros, al empresariado nacional y multinacional.

A partir del 1 de febrero Sandoval reemplazó como presidente de SalmónChile A.G. a la militante demócrata cristiana María Eugenia Wagner, la cual entre varios cargos estatales había sido subsecretaria de Hacienda, y en la actualidad ejerce como directora de la AFP Cuprum.

Esta situación evidencia el papel clave que han jugado un pequeño y transversal grupo de militantes de partidos políticos, quienes desde la ocupación serial de diversos cargos en el aparato público, a partir de la década del 90, vienen operando fuera de todo control público en ministerios, parlamento y organismos internacionales, representando la captura del Estado chileno y la subordinación del interés público a los dictados de las cúpulas empresariales y compañías transnacionales.

ENTRE EL LOBBY, LAS PRIVATIZACIONES Y LOS RESCATES FINANCIEROS

Como Subsecretario de Pesca, Sandoval Precht jugó el 2001 un papel clave en el gobierno de Ricardo Lagos, al impulsar la primera fase de la privatización del patrimonio pesquero del país, proceso que culminó el 2012 con la imposición de la cuestionada Ley Longueira, la cual entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad mayoritaria de las cuotas individuales transferibles de pesca (CITs) a las 7 familias que controlan este estratégico sector de la economía nacional.

Entre 2008 y 2010 fue designado por el primer gobierno de Michele Bachelet como secretario ejecutivo de la autodenominada mesa del salmón y del cluster de acuicultura. Desde allí impulsó el millonario rescate de la industria salmonera, afectada por la introducción en aguas chilenas del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés).

Este ha sido el mayor desastre sanitario, productivo y social en la historia del archipiélago de Chiloé, consecuencia directa de las malas prácticas y bajos estándares que caracterizaron a la primera fase de expansión de este monocultivo industrial en aguas de la región de Los Lagos. Tuvo un costo de 5 mil millones de dólares, provocando la caída del 60% de la producción de salmón Atlántico y el despido de 26.000 trabajadores regionales, principalmente mujeres de las plantas procesadoras.

Una de las primeras medidas que adoptó de manera express la mesa del salmón dirigida por Sandoval Precht, fue beneficiar a esta irresponsable industria con la entrega de un crédito de 450 millones de dólares a través del sistema bancario. Lo sui generis de este salvataje financiero, fue que terminó siendo avalado en un 60% por los contribuyentes chilenos, a pesar que las exportaciones salmoneras durante el 2008 alcanzaban los 2.400 millones de dólares.

El 2009, la mesa dirigida por Sandoval Precht comenzó a operar junto a José Viera-Gallo para modificar el estatuto jurídico de las concesiones de acuicultura. Estas dejaron de ser bienes comunes de uso público -que el Estado entregaba de manera temporal, revocable y gratuita a las empresas salmoneras para fines productivos-, para ser convertidas, a un mes de finalizar el gobierno de Bachelet, en bienes privados que podían ser hipotecados por sus titulares frente a la banca acreedora.

Logrado lo anterior, Sandoval se concentró en agilizar el traslado masivo de concesiones de acuicultura hacia prístinas áreas costeras del sur de Chile. Con ello creaba las condiciones para dejar expedito el camino de la actual ocupación de nuevos territorios costeros en las regiones de Aysén y Magallanes mediantes las denominadas Agrupaciones de Concesiones de Acuicultura (ACS) o "barrios salmoneros", así como para el despojo de ríos y lagos cordilleranos en las regiones del Bío-Bío, Araucanía y Los Ríos.

CHILE 2014: ¿DEL DÉJÀ VU HACIA LA TORMENTA PERFECTA?

Con posterioridad al 2010 se han venido repitiendo como un "déjà vu" los factores y prácticas que llevaron a la industria salmonera a la megacrisis del 2007: un explosivo aumento de los volúmenes de producción con altas densidades de peces en el agua, lo cual incluso provocó entre el 2011 y 2012 la caída de los precios internacionales del salmón de cultivo; malas prácticas sanitarias asociadas a altas mortalidades; ocultamiento o distorsión de información sanitaria y ambiental entregada por las compañías a los servicios del Estado; infestaciones masivas del ecto-parásito piojo de mar (Caligus rogercresseyi) en la zona norte de la región de Aysén, la cual concentra el 50% de la biomasa total de esta industria; crónicas apariciones de brotes de virus ISA, la última de las cuales ocurrió a fines de enero en el centro del archipiélago de Chiloé; y altas mortalidades asociadas a cuadros de piscirickettsiosis (SRS).

Además, el 2012 se registró un aumento del 25% en el empleo de antibióticos por tonelada de salmón producido en Chile con respecto al año anterior. Este es un indicador clave que deja en evidencia la mala situación sanitaria que continúa caracterizando a esta industria exportadora. Consecuencia de lo anterior, se ha extendido la duración de los ciclos de cultivo de salmónidos asociados a la cosecha de peces de menor peso.

De manera paralela aumentó el factor de conversión de alimento, sumado al incremento de los precios del alimento, factor que representa el 60% de los costos fijos de esta industria. El incremento del valor de la harina y del aceite de pescado, base de las dietas industriales para salmónidos en cautiverio, se ha debido al colapso de las pesquerías pelágicas chilenas, especialmente jurel, a causa de la sobreexplotación industrial.

Este complicado escenario ha significado un aumento de hasta un 30% de los costos de producción de esta industria, los cuales no alcanzan a ser cubiertos por la situación internacional de precios. Ello ha significado la pérdida de la competitividad de la industria salmonera basada en Chile, superando sus producciones en 1,3 dólares a los de su competencia noruega.

Haciendo más crítica la situación de corto plazo, se suma a lo anterior la falta de liquidez de algunas de las compañías de capitales nacionales y el cierre del crédito por parte del sistema bancario a las empresas salmoneras, debido a su condición de sujetos de “alto riesgo" financiero. Esto podría significar la quiebra de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector, al tener que enfrentar una posible dilatación de las cadenas de pago.

Fuentes de la industria anticipan un turbulento 2014-2015, período en el que vence el 25% de la renegociada deuda de 1.800 millones de dólares con la banca acreedora. Anticipándose a un posible tsunami salmonero, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha aumentado su fiscalización a partir de mediados de enero, con un incremento de las solicitudes de entrega de información por parte de las compañías.

Esta situación está atrayendo a los predadores corporativos, lo cual hace comprensible lo declarado por Jorge Awad, presidente de la asociación de bancos, quien señaló que el sistema bancario está apostando a la "llegada de nuevos dueños" en el sector salmonero chileno, o que existan ofertas internacionales lideradas por "nuevos propietarios globales".

¿QUIÉNES PAGARÁN LOS COSTOS DE LA NUEVA CRISIS SALMONERA?

El monocultivo industrial de salmónidos en Chile ha tenido tres crisis durante los últimos seis años. La del virus ISA en la región de Los Lagos entre el 2007 y 2010; la caída de los precios internacionales debido a la sobreproducción nacional entre el 2012-2013; y la actual alza de los costos de producción y caída de su competitividad internacional.

Es por ello que la carta que intenta jugar SalmónChile con Felipe Sandoval a la cabeza, apunta a continuar utilizando al Estado, parlamento y partidos políticos, para nuevas transferencias masivas de fondos públicos y bienes nacionales hacia esta insustentable industria que actualmente orienta un 98% de sus producciones a la exportación.

En lo inmediato, dicha estrategia busca debilitar las actuales regulaciones sanitarias post-crisis del virus ISA, las cuales al empresariado salmonero les parecen "excesivas", estimando que incluso algunas de ellas " ya no son necesarias". En dicha línea argumentativa son las declaraciones del saliente subsecretario de Pesca Pablo Galilea, quien ha declarado que se encuentra trabajando junto a SalmónChile y Acotruch para "sacar los lomos de toro de una sobrerregulación que a lo mejor respondió a la crisis del ISA, pero que hoy podríamos evitar".

De manera complementaria, el Estado y los regulados del sistema acuícola, representados por las asociaciones empresariales, se encuentran negociando bilateralmente y fuera del control público, la cantidad de biomasa que será admisible en cada centro de cultivo. Por su parte el Consejo Nacional de Acuicultura (CNA) y SalmónChile están agilizando la reubicación ("relocalización") de concesiones salmoneras contaminadas hacia nuevas y prístina áreas costeras del sur de Chile.

Este poco transparente y atípico proceso burocrático realizado como traje a la medida de los grandes empresarios salmoneros, ha sido denunciado públicamente por organizaciones ciudadanas, comunidades costeras, pescadores artesanales y pueblos indígenas, por no cumplir con las exigencias del actual sistema de evaluación ambiental y no haber consultado de forma obligatoria a los pueblos originarios, tal como lo obliga el Convenio 169 de la OIT/Naciones Unidas ratificado el 2009 por el Estado chileno.

¿VOLVERÁ LA DOCTORA BACHELET A SALVAR A UNA ENFERMA INDUSTRIA SALMONERA?


A partir del 11 de marzo, el segundo gobierno de Michelle Bachelet recibirá una actividad pesquera privatizada y con una aguda crisis ambiental, productiva y social en la cual aproximadamente el 70% de las pesquerías administradas se encuentran colapsadas o sobreexplotadas. Por su parte, la industria salmonera se encuentra ad portas de una nueva crisis sanitaria y financiera.

Ante la nueva fase política que se inicia en el país impulsada por los cambios sociales y culturales ocurridos en la sociedad chilena, no es aceptable que continúe, fuera de todo control público, la imposición de un antidemocrático modelo de homogenización productiva y concentración económica, basado en pesquerías nacionales privatizadas y una excluyente y destructiva expansión de los monocultivos acuícolas industriales. A ello se une la implementación de mecanismos de subsidios y salvataje gubernamental, junto a la externalización de los altos costos de la industria hacia el Estado, al medio ambiente y los contribuyentes nacionales.

POR UNA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA Y SUSTENTABLE EN NUESTRO MAR Y BORDE COSTERO

En estos últimos cuatro años la nueva "salmonicultura chilena 2.0" ha demostrado ser tan sólo propaganda y relaciones públicas corporativas, con la que se intenta ocultar ante la opinión pública y consumidores internacionales, los daños sanitarios, ambientales y sociales provenientes de la nueva fase de expansión productiva-exportadora que se concentran en las regiones habitadas por los pueblos originarios y las áreas patagónicas del extremo sur del país.

Dicha situación coloca nuevamente en el debate público las preguntas que desde hace dos décadas realizan la ciudadanía organizada, las comunidades costeras y pueblos originarios: ¿Es sustentable la industria salmonera en Chile?, ¿Contribuye a la construcción de una gobernabilidad democrática, justa y participativa en nuestro mar y áreas costeras?, ¿esta industria internacional respeta la legislación nacional y los acuerdos internacionales de protección de la biodiversidad acuática y los derechos de género, laborales y de los pueblos originarios?

Frente a las evidentes situaciones de destrucción sanitaria, ambiental, social y cultural producida durante más de dos décadas de expansión de este hidronegocio transnacional en nuestras costas, no han existido responsables políticos ni menos legales, por lo que se ha generado una situación parecida a la impunidad.

Muy por el contrario, muchos de los altos funcionarios que tuvieron responsabilidad en la fiscalización de los regulados del sistema pesquero y acuicultor, así como de la defensa de los bienes nacionales de uso público y los recursos naturales de la nación, han finalizado como asesores, funcionarios,lobbistas y miembros de los directorios de las grandes compañías, como es el caso de Felipe Sandoval Precht, actual presidente de la patronal SalmónChile.

Juan Carlos Cárdenas N.

Médico Veterinario

Director Ejecutivo
Centro Ecocéanos

04 de marzo de 2014