Hoy día nadie niega que Chile cambió. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 desataron una ola de presión social. Se vio conminada tanto la democracia de los acuerdos que había dominado Chile desde la transición como el andamiaje institucional que la apoyaba. La consigna de los estudiantes: “Somos la generación sin miedo”, se extendió a toda la sociedad chilena y se empezó a cuestionar aquella institucionalidad autoritaria a través de la cual la ideología neoliberal había logrado sobrevivir el fin de la dictadura.

El futuro gobierno de Michelle Bachelet nos promete una importante reforma al modelo neoliberal. Eso por lo menos es lo que piensan sus seguidores en la izquierda de la Nueva Mayoría (particularmente el PC, pero también los progresistas del PS, DC y PRSD). También deben pensar lo mismo los que transfirieron su voto hacia ella desde las filas de los 17,41% que votaron por candidatos a su izquierda en la primera vuelta. Bachelet ya ha dicho que quiere enfrentar la espantosa desigualdad en Chile (que hace que algunos chilenos vivan con niveles de ingreso de Noruega, y otros, de Angola), pero el gran enigma es si va a poder concretar una agenda de políticas públicas capaz de superar el problema.

Las demandas son muchas: una Nueva Constitución, reforma tributaria, un nuevo Código Laboral, educación gratuita y una transformación del sistema de AFP. Desde el comando de la Nueva Mayoría la estrategia es de cautela. Los equipos programáticos, coordinados por Alberto Arenas, han intentado zanjar una visión moderada, procurando lograr los cambios con el menor costo político posible. El problema para el comando de Michele Bachelet es que tendrá que complacer a grupos muy diversos, desde los estudiantes radicalizados de la CONFECH hasta los empresarios del ENADE

Para triunfar en este juego de malabarismo el equipo de Bachelet está haciendo un frío análisis de costo-beneficio. Los costos son las demandas populares, las políticas que reducen la desigualdad y aseguran la paz social. Los beneficios son el dinamismo y crecimiento de la economía. El cálculo que hace el comando es cuánto tiene que pagar en términos de políticas redistributivas para asegurar la gobernabilidad y no poner en peligro el tan anhelado alto crecimiento. Según esta visión, si el gobierno paga demasiado en términos de redistribución, va a socavar la confianza de los empresarios y conminar la inversión.

Los pragmáticos dentro de la Nueva Mayoría piensan que su moderación va a proteger a Michelle Bachelet. Piensan que reduciendo la profundidad de los cambios va a asegurar la estabilidad macroeconómica y, por ende, la estabilidad y sustentabilidad en el tiempo de las transformaciones sociales. Sin embargo, la realidad internacional indica justamente lo contrario: no es el radicalismo sino la moderación la que hace imperdurables las transformaciones sociales.

Hoy día están en bastante mal estado los países que tenían gobiernos de la izquierda moderada durante la última década del siglo pasado y la primera década de éste. La mayoría de los países europeos están sufriendo alto desempleo y un estancamiento general (EE.UU. está pasando por algo similar, aunque menos drástico). La austeridad fiscal impuesta tras la crisis financiera global está destruyendo el Estado de Bienestar y aumentando la desigualdad y pobreza en un continente que tenía fama por su pacto social. Sin embargo, el desmoronamiento de las transformaciones sociales igualitarias de la Vieja Europa no es el resultado de un radicalismo irresponsable (alto gasto fiscal y políticas redistributivas). Más bien, la realidad europea demuestra que es la moderación de la izquierda de la “tercera vía” frente a la herencia neoliberal lo que causa crisis y socava las reformas sociales.

En el caso del Reino Unido, el gobierno supuestamente de izquierda de Tony Blair hizo un gran esfuerzo de acercarse al sector financiero y nunca revocó la desregulación de la época de Margaret Thatcher. Esta moderación “pragmática” sembró la bomba de tiempo que explotó en la crisis bancaria. En Francia fue el propio Partido Socialista bajo François Mitterrand el que, en pos de la famosa “moderación”, promovió la desregulación financiera que terminó destruyendo el modelo social.  Algo similar pasó en EE.UU., donde la dominación de los intereses de Wall Street  y el sector financiero durante el mandato de Bill Clinton impusieron el desmantelamiento de la regulación bancaria del New Deal (particularmente la famosa ley Glass-Stegall), que ayudó en la creación de la burbuja financiera que sigue debilitando la economía global. En todos estos casos, la moderación frente a la visión neoliberal no promovió sino que destruyó la tan anhelada estabilidad económica.

Peor aún, otro resultado de esta moderación es que hoy día los electorados europeos culpan a los partidos de izquierda (que gobernaban cuando la crisis explotó) por los problemas económicos, a pesar de que son el resultado de la desregulación neoliberal. De forma similar, en EE.UU. hay mucho descontento con el Partido Demócrata porque su cercanía con el sector financiero ha impedido políticas keynesianas serias que (como nos explica el premio Nobel en economía Paul Krugman) acabarían con la crisis. En este contexto de debilidad de la izquierda (causada por su moderación y asociación con políticas neoliberales), la derecha ha ganado con su discurso respecto a que la crisis es el resultado de un gasto fiscal irresponsable.

El análisis económico demuestra claramente que hay una crisis fiscal porque los Estados tuvieron que rescatar a los bancos desregulados, pero la culpa (según el discurso hegemónico) la tiene el Estado de bienestar, no la falta de regulación. No importa que hasta España (el país más acusado de irresponsabilidad fiscal) tuviera un superávit fiscal antes del rescate bancario. Los hechos verdaderos son irrelevantes: la moderación de la izquierda no sólo permitió una crisis de desregulación sino que también fortaleció el discurso neoliberal con su negligencia. ¿Podría pasar algo similar en Chile?

“¿Y si la bonanza del cobre resulta ser transitoria?”, se preguntó, hace un tiempo, el economista de Cambridge José Gabriel Palma. A pesar del boom de las exportaciones y del alto precio del cobre, Chile hoy ha entrado en un déficit de la cuenta corriente del 4% del PIB. Palma ha llamado a esa situación “el caballo de Troya” que Piñera le regalará a Bachelet. El boomexportador actual depende, en su mayor parte, de la especulación sobre el precio del cobre, y el radical aumento de las importaciones se ha condensando básicamente en bienes de consumo (éstos se han más que cuadruplicado desde el 2003) en vez de en bienes de capital que aumentarían la producción nacional. En síntesis: tenemos un boom que carece de sólidas bases materiales que lo hicieran perdurable en el tiempo (al estilo asiático). Por eso la especulación financiera e importaciones improductivas han desembocado en un déficit de la cuenta corriente, caldo de cultivo para una futura crisis (¿no nos recuerda esta situación el contexto pre-crisis de 1982, de financiarización de la economía, importaciones improductivas, déficit de cuenta corriente unidas a un clima de optimismo y euforia?).

Como hemos visto, quienes construyen la crisis prácticamente nunca son los que la pagan. El peligroso escenario económico hoy en Chile fue el producto de casi cuatro décadas de políticas neoliberales, pero si la burbuja llegara a reventar en los próximos años, será la Nueva Mayoría la que tendrá que dar las respuestas, poner la salida a la crisis como prioridad en la agenda y comenzar a recibir el ataque de la derecha culpando de la crisis a las políticas reformistas de Bachelet.

La fuerza económica de una crisis puede hacer perdurar el régimen y bloquear reformas a pesar de la derrota del modelo en el plano de la hegemonía. Peor aún, la crisis puede no sólo impedir reformas, sino, paradójicamente, fortificar el modelo en el plano político.

Sería la perfecta oportunidad, para la derecha, de rearmarse políticamente. Sólo pensemos en qué dirían: “El gobierno de Piñera finalizó con un PIB per cápita de casi US$20.000 y una tasa de crecimiento de 6% anclada en un marco institucional ordenado y estable, mientras que el gobierno actual, producto de sus políticas (cambio constitucional, reforma educacional y tributaria), generó una inestabilidad institucional que colaboró en acentuar la crisis”.

Las políticas sociales sólo son perdurables en el tiempo con un régimen económico que tienda a la industrialización (por eso hoy la literatura de desarrollo económico habla de la necesidad de vincular Estado de Bienestar con un Estado Desarrollista) y no con un orden precario y cortoplacista como el actual. En Chile, políticas sociales deben ir aparejadas con políticas industriales.

Hoy tenemos oportunidades para comenzar a caminar por ese camino. Recuperar el cobre es un objetivo medular si de transformación productiva hablamos. Junto a una fuerte reforma tributaria, los recursos del cobre abren las puertas a una masa de excedentes esenciales para no sólo implementar sólidas políticas sociales, sino para elaborar nuevos proyectos de transformación productiva que colaboren en superar las ventajas comparativas estáticas que Chile hoy posee (recursos naturales). El Estado, tanto en EE.UU. como en los países Asiáticos, ha sido un empresario innovador esencial para el establecimiento de inversiones en nuevos sectores. Un Estado con recursos, fuerte y con un bloque político decidido, puede abrir el espacio para la emergencia de nuevas ventajas comparativas dinámicas.

No hablamos sólo de aumentar el royalty minero. Debemos tener un Estado que no le tenga miedo a utilizar sus propias herramientas. Se deben (y hoy comienza a surgir la base política para aquello) activar políticas comerciales y arancelarias que permitan proteger temporalmente nuevos sectores. Aprendamos de lo que han hecho los países desarrollados, no de lo que nos dicen que hagamos.

Sólo con un Estado con acceso a importantes recursos, sin miedo a sus propias capacidades e instrumentos y con voluntad política de ser un empresario que pueda crear nuevos sectores dinámicos se podrá generar una matriz productiva que “proteja” a la economía chilena de la especulación y dependencia y construya una base material propicia para consolidar un Estado de bienestar.

La Nueva Mayoría sólo puede hacer que sus reformas sociales sean perdurables en el tiempo si extiende sus políticas hacia el sector productivo. Se debe ser capaz de vincular desarrollo social con desarrollo económico y tener la voluntad de reconocer el hecho evidente: en el escenario económico de hoy, radicalizar las políticas (esto es, encaminarlas a intervenir en el terreno donde se concentra el poder económico) es condición necesaria para mantener sus reformas vivas. Hoy por hoy, la única forma de mantenerse en el mismo lugar, es avanzando.