“Hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere. Es algo horroroso”. La hija de esta mujer argentina —que ha preferido mantener su anonimato al hacer estas declaraciones al diario Página/12— tiene 14 años y quedó embarazada después de ser violada por su padrastro. Un magistrado de la provincia norteña de Salta, sobre la que pesa el mito de ser una de las sociedades más conservadoras de este país, ha impedido a la muchacha interrumpir su embarazo, a pesar de que en Argentina, desde 2012, rige un fallo de la Corte Suprema que establece que todas las mujeres violadas pueden abortar sin ser penalizadas y sin intervención judicial.

 Por eso, la Suprema Corte de Salta ha decidido intervenir en el caso y se espera una pronta resolución. Además, una dirigente de laFederación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas apeló el pasado día 17 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tomó como antecedente el fallo de mayo pasado de la Corte, que ordenó a El Salvador que permitiera que se le practicara un aborto a Beatriz, la joven de 22 años enferma de lupus cuya vida corría riesgo por un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro). El caso de Beatriz se resolvió con una cesárea anticipada.

La niña argentina y su familia viven en la periferia pobre de la ciudad de Salta. El pasado 9 de noviembre, su madre sorprendió a su pareja violando a la adolescente en su casa. Ella lo detuvo, pero él reaccionó dándole una paliza a ambas. La niña fue tan golpeada que acabó en el Hospital Materno Infantil salteño. Cuando los médicos la revisaron, descubrieron que además se había quedado embarazada. Cristina y su hija pidieron entonces a las autoridades del hospital que interrumpieran el embarazo.

Si bien existe el fallo de la Corte Suprema que elimina la intervención judicial en estos casos, cada provincia ha elaborado su protocolo de actuación. El de Salta obliga a que la víctima de la violación presente una denuncia judicial, lo que fue hecho de inmediato y por eso el agresor se encuentra preso desde hace más de un mes. Pero la norma salteña también establece que, cuando se trata de una embarazada de menos de 18 años, debe informarse antes del aborto a un asesor público de menores de edad.

La asesora Claudia Flores Durán se enteró del caso y presentó en la justicia un recurso de amparo con el argumento de defender la vida del feto. El aborto se fue demorando hasta que el 13 de diciembre el juez Víctor Soria no solo aceptó el recurso para impedirlo, sino que además estableció que, una vez finalizado el embarazo, la niña deberá entregar el bebé en adopción.

De inmediato, dos integrantes de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres en Salta, Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, apelaron el fallo ante un tribunal de segunda instancia. También lo hicieron otro asesor de menores y el propio Gobierno de la provincia, que está en manos de un peronista, Juan Manuel Urtubey, de perfil conservador pese a su alineamiento con el kirchnerismo. La presión del Gobierno salteño es la que, probablemente, ha hecho intervenir a la Suprema Corte de la provincia.

La abogada Menini cuenta que la joven se deprimió y perdió ocho kilos de peso durante el mes que permaneció en el hospital a la espera del aborto, hasta que el pasado día 13, cuando se le denegó, recibió el alta y cambió su ánimo. “Ella antes no quería levantarse de la cama, pero terminó allí el sexto grado [de escuela primaria]. Cuando le dieron el alta, dijo: ‘No te lo puedo creer’. Se levantó y se fue. Es que estuvo privada de su libertad y ahora está esperando”, relata Menini. Tanto ella como Chiapparrone no pueden creer que el juez además obligue a la niña a dar al bebé en adopción. “Es la muestra de un patriarcado misógino. En Salta hay muchas violaciones contra mujeres adultas y niñas”, cuenta Chiapparrone. En esa sociedad la sorpresa fue que en las pasadas elecciones a diputados nacionales, el peronismo opositor y de derecha logró el 20,9%; el peronismo kirchnerista, el 19,1%, pero el trotkismo irrumpió con un 18,8% y logró un escaño, al igual que sus dos rivales.

Varios Comités de la ONU se han pronunciado en diversos dictámenes para reclamar a los estados que modifiquen sus legislaciones para garantizar el acceso al aborto seguro; sobre todo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. Las organizaciones que apoyaron a la joven Beatriz en El Salvador han denunciado ahora a este país ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar sus derechos humanos al impedirle abortar y obligarla a continuar con el embarazo de un feto inviable.