Chile - LA VOZ DE LOS QUE NO VOTARON
Por Héctor Vega
El gran vencedor de las elecciones presidencial, parlamentaria y consejeros regionales, ha sido la no participación de la ciudadanía en un acto que para muchos es un fraude; para otros es la indiferencia, o el hastío, o aún existe el “consumista aspiracional” defraudado por ofertas que nunca se cumplieron. Pero sobre todo es la conciencia de la ciudadanía sobre la gran inequidad que rige las relaciones sociales en Chile, y la impactante responsabilidad que tiene el conjunto de la clase política en una situación que se arrastra por décadas.
Contra todo pronóstico de una gran
victoria en primera vuelta Bachelet deberá bregar en una segunda por los 18
puntos de 6 de los 7 candidatos de la izquierda que quedaron en el camino. De
hecho con 4 puntos cumple con la tarea del 51%. Para Matthei, con su 25% la
tarea es dura por no decir imposible. Once puntos la separan del 36% que
obtuvieron sus parlamentarios. Si los obtiene le quedarían todavía 15 más por
conquistar y aún bajo el supuesto que Bachelet fallara en la tarea por sus 4
puntos. Hasta ahí la calculadora.
Lo incomprensible
para la clase política es que la ciudadanía, aquella que no fue a votar, es
decir, 52% del electorado, independiente de la razón que la motivó, no está
llana a comprar la oferta que las candidatas proponen. Veinte años de
Concertación, duopolio exactamente, y 4 de Alianza es historial suficiente para
entender lo que hay detrás de los programas.
Como si no
existiera, ninguna candidatura menciona siquiera el recurso fundamental en base
al cual vive y se reproduce la economía chilena: el cobre. Ninguna de las
candidatas menciona su recuperación soberana para la República. La razón es
clara: ¿Cómo enajenarse a los empresarios de las transnacionales principales
donantes de ambas candidaturas?
¿Cómo creer las
propuestas de las candidatas cuando Alianza y Concertación en casi 24 años de
gestión se han negado sistemáticamente a abordar los privilegios irritantes que
dividen irremediablemente la sociedad chilena? El mayor son las exenciones tributarias
que alcanzan a más de 12 mil millones de dólares, donde el 75% proviene de
ítems del Impuesto a la Renta; un 19% del IVA y un 6% del Impuesto específico a
los combustibles. Agréguese a ello el FUT (Fondo de utilidades tributarias),
que se mantuvo en todos los gobiernos de la Concertación, y por supuesto en el
gobierno de la Alianza, que según estimaciones se eleva a US$ 138.257,3
millones, monto que no paga impuestos. Organizaciones internacionales como el
FMI y la OCDE, a las cuales pertenece Chile, han notificado al gobierno que
estas situaciones de privilegio debieran ser eliminadas del sistema económico
financiero del Estado.[1]
¿Cómo pedir mayor
participación en las elecciones cuando existe conciencia de la inequidad social
mantenida sistemáticamente por el Duopolio que hoy recorre Chile ofreciendo
medidas salvadoras? En marzo de 2013 se dio a conocer un estudio de economistas
de la Universidad de Chile, quienes basadosen datos del Servicio de Impuestos Internos
establecieron el escándalo de una distribución del ingreso personal total de
más de 30% para el 1% más rico, 17%
para el 0,1% más rico y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante
el periodo 2004-2010. El estudio agrega que “la participación del 0,3% más rico
(aproximadamente 23.000 contribuyentes sobre un total de 8,2 millones) es de un
poco más del 6%. Por otra parte, el 81% más pobre de los contribuyentes, cuyo
ingreso medio es de US 338 (poco menos de 160 mil pesos) por mes y que gana
menos de US 1.096 (518 mil pesos) al mes, recibe sólo 34,4% del ingreso total.
Es decir (…) se obtiene que el
ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita
del 81% de la población.”
¿Cómo
prometer mayor crecimiento cuando este favorece a los ricos? No es extraño que
esta situación lesione bienes públicos elementales como educación, salud,
vivienda, pensiones, el medio ambiente y el agua, que se han transformado en el
negocio por excelencia de los grupos económicos. Esta realidad, basada en el
poder de los que rehúsan encarnizadamente cambios al sistema tributario,
muestra el negro futuro de cualquier propuesta democratizadora en el ejercicio
de los bienes públicos señalados. En este contexto, la Constitución de 1980, y
las reformas cosméticas introducidas en 2005, que consagran dichos bienes como
garantías constitucionales, son en los hechos letra muerta.
Todo
esto ha sido denunciado, en una u otra forma, por los movimientos sociales y
por los 7 candidatos presidenciales que no accedieron a la segunda vuelta. Las
candidatas del Duopolio han anunciado sueldos éticos, bonos, subsidios a jóvenes
y mujeres vulnerables, nuevos puestos de trabajo, pensiones solidarias, rebajas
de las contribuciones a la tercera edad, etcétera…En lo fundamental, nada nuevo
ha surgido desde que la revolución de los pingüinos en 2006 instaló los grandes
temas en la calle. Su movimiento fue traicionado. A la LOCE sucedió la LEGE, y
el lucro en la educación continuó bajo formas soterradas pero no menos
eficientes. Sin embargo, la presencia de los movimientos de estudiantes,
frentes sindicales, pobladores, empleados, en la calle terminó dictando la
agenda política del país. Sin
embargo, la presencia de los movimientos de estudiantes, frentes sindicales,
pobladores, empleados, en la calle terminó dictando la agenda política del
país. Esta vez la contradicción entre el dicho y el hecho salió a la calle. Es
discusión permanente, sacude la sociedad chilena, e impide en la raíz
participar en el acto eleccionario en una verdadera huelga electoral.
Lo
que se avecina en el corto plazo está claro: sea quien fuere la elegida no
habrá período de gracia. Es más, la escasa convocatoria de ambas candidaturas y
los quórum exigidos plantean una duda insoluble acerca de las reformas
propuestas.
Asumiendo
el envío de las reformas tributaria, educacional, cambio al nominal y nueva Constitución
al parlamento por el próximo gobierno de la Nueva Mayoría (Concertación + PC)
sólo la reforma tributaria cuenta para su aprobación: basta la simple mayoría:
51% de los parlamentarios elegidos.
La
gratuidad de la educación necesita de los 4/7, esto es 69 diputados y 22
senadores. Deberá negociarse con la Alianza y los independientes. El cambio al
binominal y la nueva Constitución deberán seguir el mismo camino: el primero
exige de 3/5, esto es 72 diputados y 23 senadores y el segundo necesita de los
2/3, esto es 80 diputados y 25 senadores. Agreguemos que el cambio cosmético al
binominal –eliminación del “guarismo 120”– fracasó el 20 de noviembre pasado
por la inasistencia de diputados de la Concertación y Renovación Nacional a la
sesión de la Cámara. Las intenciones quedan claras. La opinión pública
registra.[2]
La
escasa representación del próximo gobierno de la República debe medirse según
el total de los votos válidamente emitidos (6,5 millones) y su relación con el
total de inscritos (13,5 millones). Según estos parámetros la participación de
la ciudadanía en la elección fue de un 48,1%. La
votación de la Nueva Mayoría fue de 46,68%, por lo cual la representación
relativa del gobierno de Bachelet, si se mantienen los parámetros de la primera
vuelta será de sólo 22,5% (= 0,481 x 0,4668) –, 23% que puede ser menor aún si
la no participación aumenta en la segunda vuelta.
El
contenido de las propuestas que hoy se vocean en la calle fija una vara muy
alta: transformar los movimientos sociales en fuerza política. Eso significa
transformar la movilización en programas y proyectos. Sin embargo, hay mucho
avanzado y pienso que sobre eso debe construirse en el futuro. Los ingleses
inventaron una institucionalidad paralela. Lo llaman el gobierno en la
sombra. Creo que es el momento de buscar en los
mecanismos, la comunicación, las vocerías instaladas por los movimientos
sociales una institucionalidad paralela a la actual obsoleta y deslegitimada.
La
lista de acciones y proyectos presentados, y otras tantas veces ignorada, es
larga y se agrega a la cadena de frustraciones que jalona el largo camino
republicano. Mencionemos esas experiencias frustradas. Es el caso del
estudiantado que desde hace 7 años a la fecha ha depositado sus propuestas en
todas las instituciones del Estado y reuniones en las cuales ha participado; es
el caso de los pobladores y deudores habitacionales por el derecho a la
vivienda y a un trato justo; es el caso de los empleados fiscales, del
profesorado, de los pensionados; es el caso del Comité por la defensa del cobre
cuyas propuestas han sido depositadas en comisiones conjuntas del Senado y la
Cámara de Diputados, es más, graves denuncias por violaciones a garantías
constitucionales han sido depositadas ante el Tribunal Constitucional; es
también el caso de los movimientos ecologistas y defensa del patrimonio
nacional en contra del proyecto Hidroaysén; distinguidos juristas se han
constituido en la Región de la Araucanía para defender legítimas aspiraciones
del pueblo mapuche y la aplicación del decreto/resolución 169 de Naciones
Unidas….. ¿Cómo desconocer el gran movimiento por una Asamblea Constituyente,
transformado hoy en un Foro permanente de la ciudadanía?
No se puede construir la democracia con instituciones obsoletas y deslegitimidas. La voz de la ciudadanía que no votó porque entendió la futilidad del ejercicio dentro de un sistema que naufraga en sus inconsecuencias, debe ser sin más trámite la raíz de una nueva institucionalidad donde quepan los Pueblos Originarios, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, la ciudadanía en su conjunto, como manifestación central de la soberanía de la Nación.
22/11/2013
[1] Bachelet anuncia la
gradual eliminación del Fondo de utilidades tributarias (FUT –, elemento
esencial de la evasión a través de las llamadas sociedades de inversión) pero
lo que no dice es que bastaría establecer el impuesto a la renta sobre las
utilidades devengadas para eliminarlo de plano. De hecho de nada sirve elevar
el impuesto a la renta de primera categoría, del 20 al 25 por ciento si el
impuesto a la renta es retención y crédito contra lo que se pagará por el
Global Complementario (o impuesto a las personas cuando retiran utilidades),
40%, de manera que si creditan lo pagado terminarán rentando al fisco 15% (=
0,40-0,25). Todo esto es posible porque en Chile las empresas no pagan
impuestos: los que pagan son las personas. ¡En Chile el impuesto de primera
categoría es neutro! En el enredo siempre hay un ganador que transfiere su
deuda al resto de la población incapaz de reaccionar entre otros, empleados que
tributan en la fuente, profesionales que boletean, y la multitud que paga el
IVA cuando compra la marraqueta. Al ganador que transfiere exitosamente su
deuda la literatura anglosajona lo llama el “free rider”, esto es “el que la
saca gratis” porque otro paga. ¿Por qué no eliminar el enredo, suprimir el
impuesto a las utilidades, dejando la tributación de la
actividad empresarial radicada exclusivamente en las personas mediante el
impuesto global complementario? Bachelet propone bajar el Global Complementario
al 35%. ¡Pues bien mejoremos la oferta! Es decir, que el impuesto a las
personas tenga una tasa marginal del 25% [desde 0 a 25%], afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las
que provienen de la actividad empresarial. Con esta propuesta de reforma se
logra igualar la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su
actividad y origen de las rentas.
[2] En realidad se trataba de un binominal “enchulado”:
sustituir un tercio por 40% y reagrupar distritos para pasar de 2 elegidos a 4.
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