Académico Sergio Grez: “La demanda ya es imposible de silenciar”, Por una Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución
Publicado el 19 de noviembre, 2013
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Fuente: SOMOS
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Publicado Originalmente en la edición
impresa de la revista en Octubre de 2013
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La ciudadanía se moviliza e instala en el debate político nacional la
demanda de un nuevo Contrato Social, que permita una institucionalidad con
plena legitimidad democrática.
Revista Somos conversó con el académico
de la Universidad de Chile, Sergio Grez Toso, Doctor en Historia de la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, sobre la Asamblea
Constituyente y el rol de los movimientos sociales.
Actualmente Grez es Coordinador del
Doctorado en Historia de la Universidad de Chile. Su área de interés principal
es la historia de los movimientos populares en nuestro país. Entre sus libros
destacan De la “regeneración del pueblo” a la Huelga general. Génesis y
evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Los
anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de ‘La Idea’ en Chile,
1893-1915, Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1812-1924) y La
“cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902).
Este fue nuestro diálogo:
- ¿Qué antecedentes históricos
explican que hoy se instale desde los movimientos sociales la demanda de
Asamblea Constituyente (AC) en nuestro país?
-En Chile nunca se ha realizado un
proceso constituyente democrático, nunca la ciudadanía ha jugado un rol
protagónico en la elaboración de una Constitución. Todas las constituciones que
han existido, desde los primeros reglamentos constitucionales de la Patria
Vieja hasta la Constitución que nos rige hoy, han sido elaboradas, discutidas y
sancionadas por una cantidad muy pequeña de personas. Generalmente han sido
elaboradas por comisiones nombradas a dedo por el poder político, y su
conformación ha estado centrada en personajes de la elite, con la exclusión de
representantes de los sectores populares.
Solo en el caso de las constituciones
de 1925 y de 1980 se recurrió a un simulacro de sanción ciudadana.
La Constitución de 1925, supuestamente
la más democrática de la historia de Chile, fue aprobada con el apoyo decisivo
de los militares y con menos del 50 por ciento de participación ciudadana.
Recordemos, además, que en ese tiempo el cuerpo electoral era muy reducido
porque no tenían derecho a voto ni las mujeres, ni los analfabetos, ni los
menores de 21 años.
La Constitución de 1980 fue impuesta
por la dictadura de Pinochet, en un contexto de falta total de garantías
democráticas. No existían registros electorales (habían sido quemados por los
militares golpistas en octubre de 1973), los partidos políticos estaban “en
receso” según la fórmula oficial, había persecución de opositores, muchos se
encontraban en el exilio o habían sido muertos, el Congreso Nacional estaba
cerrado y había un clima de terror.
En este contexto histórico, de ausencia
de un poder democrático constituyente a lo largo de toda la historia de Chile
republicano, en los últimos años ha ido creciendo la exigencia de una Asamblea
Constituyente, de la realización de un ejercicio realmente democrático de la
ciudadanía para generar su propio texto constitucional.
Los cambios necesarios
- ¿En qué contexto social y
político hoy la ciudadanía logra instalar la demanda de la conformación de una
AC?
- La inmensa mayoría de la ciudadanía
tiene claro que la Constitución que nos rige es espuria en su origen. Luego de
un cuarto de siglo de aplicación de estas normas constitucionales, la
ciudadanía se ha dado cuenta que el binomio compuesto por la Constitución de
1980 y el sistema electoral binominal, dan como resultado un sistema político
que no es democrático, y que por ende es necesario cambiarlo desde la base, y
la base es el texto constitucional.
A ello se suman una serie de
frustraciones, insatisfacciones, demandas no cumplidas, derechos básicos de la
población que han sido conculcados, que van desde la educación hasta la salud,
pasando por la previsión social. También se siguen vulnerando los derechos
laborales, de los consumidores y de los pueblos originarios, a la par que el
modelo económico profundiza la depredación severa del medioambiente. Todo esto
encuentran su base en la Constitución, que es un andamiaje jurídico concebido y
montado para afianzar el modelo económico neoliberal. Esta Constitución, además
de no democrática, garantiza -en la perspectiva de sus redactores y principales
impulsores- la permanencia ad eternum del modelo económico neoliberal.
En la medida en que la vía para la
democratización propuesta por la clase política binominal -compuesta por la
derecha clásica, reunida en la llamada Alianza por Chile, y la Concertación de
Partidos por la Democracia, que gobernó durante más de 20 años- ha resultado
ser un camino no viable para efectos de una transformación profunda, lo que en
algún momento fue una propuesta de pequeños grupos militantes y de algunos
intelectuales, de convocar a una Asamblea Constituyente para que por primera
vez en su historia el pueblo de Chile sea realmente soberano, ha ido cobrando
mayor fuerza.
Ya nadie puede ignorar el reclamo de
una Asamblea Constituyente, todos los sectores políticos y medios de
información se han ido pronunciando, ya sea a favor o bien en contra. Pero la
demanda ya es imposible de silenciar.
- ¿Cuál ha sido el rol de los
movimientos sociales en este proceso?
- La explosión de los movimientos sociales
que vivimos desde 2011 hasta la actualidad ha contribuido poderosamente a la
difusión de la demanda de Asamblea Constituyente. El mayor aporte lo ha hecho
el movimiento estudiantil, que tomó esta exigencia entre sus banderas, tanto a
nivel de los secundarios como de los universitarios.
Esto ha permitido que esta demanda
política haya ido cobrando fuerza y ganando adeptos entre todas las capas de la
población, particularmente entre las más movilizadas contra el modelo actual,
desde los estudiantes, pasando por segmentos de trabajadores, hasta el mundo de
los pueblos originarios, que también levantan como reivindicación, en la
perspectiva de un Estado plurinacional y pluriétnico, la convocatoria a una AC.
Un salto en el nivel de conciencia política
- ¿Podemos hablar de un
movimiento popular por la Constituyente en Chile?
-Antes habría que definir si existe un
movimiento popular en el país. Podría decirse que durante algunos lustros a
partir de 1990, no había un movimiento popular propiamente tal, si por
movimiento popular entendemos no simples movilizaciones reivindicativas
esporádicas, sino que movimientos que, además de asumir cierta organicidad y
permanencia en el tiempo, están inspirados por un ethos colectivo, por una idea
central, que es el elemento que permite fundir las distintas reivindicaciones
parciales en una aspiración común.
En el siglo XIX el ethos del movimiento
popular fue la idea de la “regeneración del pueblo”. A comienzos del siglo XX,
debido a las transformaciones del capitalismo, en especial el desarrollo de la
clase obrera producto de la industrialización, surgió un movimiento que no se
quedó solamente en la ayuda mutua, sino que se propuso, en una perspectiva de
lucha de clases, un objetivo más transformador: la emancipación de los
trabajadores.
Con el golpe de Estado de 1973, el
movimiento popular fue destruido; sus dirigentes fueron perseguidos, torturados
y asesinados; las organizaciones fueron disueltas y se prohibió durante varios
años su funcionamiento.
Profesor Sergio Grez, Coordinador del Doctorado en Historia de la
Universidad de Chile.
En la década de 1980 comenzó a
reestructurarse un movimiento popular que tenía como objetivo político central
el término de la dictadura y la recuperación de la democracia. Pero este
movimiento popular no logró imponer su agenda, fue sobrepasado por la clase
política opositora, que constituida como Concertación de Partidos por la
Democracia, llegó a acuerdos con fracciones del bloque dictatorial que
entendieron que la dictadura había cumplido su rol histórico -la destrucción
del movimiento popular y la fundación de un nuevo modelo de acumulación
capitalista-, y que su mantención era innecesaria. Más aún si la mantención del
régimen dictatorial hacía crecer los riesgos de agudización de las
contradicciones sociales y políticas.
En ese contexto, el movimiento popular
perdió su norte, fue hegemonizado por la clase política de la oposición
moderada, extravió sus banderas propias, su autonomía. Podríamos decir que a
comienzos de los años 90 hasta pasado el 2000, este movimiento en la práctica
desapareció o quedó reducido a expresiones mínimas, levantando consignas o
reivindicaciones meramente defensivas, gremiales, corporativas, sin un proyecto
global o de largo plazo, sin un ethos colectivo claro.
En la medida que se empezaron a perder
las ilusiones respecto a las potencialidades transformadoras de la coalición de
gobierno de la Concertación, una de cuyas principales tareas consistió en
desmovilizar al movimiento popular, empezó una lenta reactivación de distintos
sectores sociales.
La crisis económica asiática de fines
de la década de 1990 empezó a resquebrajar levemente al “jaguar” chileno,
surgiendo críticas más fuertes, más profundas y más creíbles respecto de la
falta de solidez del modelo neoliberal.
Por esos años hay que destacar la
reactivación del movimiento mapuche, que nunca desapareció por completo, pero
que desde fines de la década del 1990 empezó a cobrar una vitalidad, una
vigencia sorprendente para muchos. Por su parte, el movimiento estudiantil
recién comenzó a levantar cabeza a mediados de la década del 90. El modelo fue
mostrando sus falencias.
De esta manera se fue erosionando la
hegemonía que la Concertación tenía sobre sectores importantes del mundo
popular, y principió la reactivación del movimiento social, siendo el cambio de
gobierno en marzo de 2010 la gota que rebalsó el vaso.
A comienzos de 2011 se produjo la
protesta regional de Magallanes, luego se desarrollaron las marchas contra el
megaproyecto de HidroAysén y en mayo del mismo año estalló el movimiento
estudiantil, configurándose un nuevo panorama social y político en Chile.
En este contexto podríamos decir que
actualmente existe un movimiento popular diverso, no centralizado, que va in
crescendo, que tiene como ethos la Asamblea Constituyente. Los movimientos
sociales han tenido la capacidad de entender la relación entre sus demandas
específicas, por ejemplo la autodeterminación de los pueblos originarios, el
derecho a la salud y la educación, la previsión social solidaria y los
preceptos constitucionales. Esto representa un salto muy importante en el nivel
de conciencia política de vastos sectores ciudadanos que hasta hace pocos años
no cuestionaban las políticas hegemónicas.
Las propuestas
- El movimiento social levanta la
demanda de la Asamblea Constituyente, pero no existe un consenso de cómo llegar
a conformarla…
- Efectivamente, algunos sectores,
sobre todo del bloque concertacionista, han planteado que son partidarios de
una nueva Constitución, pero que ésta tiene que hacerse con las normas legales
vigentes. Quien señale eso, en la práctica está diciendo no a la Asamblea
Constituyente, porque la Constitución actual no prevé un plebiscito de origen
popular, ni mecanismos legales para llegar a la Asamblea Constituyente. De
manera tal que la otra alternativa, que va a ir cobrando más fuerza en la
medida que las ilusiones depositadas en estas propuestas de reformas inviables
vayan siendo desechadas, es la de una ruptura democrática con el actual sistema
político.
Esta salida debe ser impuesta por la
mayoría de la ciudadanía para desembocar en la convocatoria a una Asamblea
Constituyente. Esta ruptura implica que la tramposa institucionalidad actual
sea sobrepasada democráticamente, como producto de la presión de los
movimientos sociales.
En esa perspectiva han surgido
propuestas, como por ejemplo la Huelga Electoral Constituyente, que tiene dos
elementos: la creciente presión de los movimientos sociales sobre la clase
política para que ésta se allane a la convocatoria a una Constituyente, unida a
una deslegitimación del sistema político a través de elevadas tasas de abstención,
particularmente en las elecciones en las cuales rige el sistema político
binominal.
- Hay un rechazo de las elites a
la demanda de AC, pero también de sectores progresistas que temen que
finalmente sea usada para legitimar el modelo. Además, se plantea la falta de
formación política de la ciudadanía. ¿Qué opinas al respecto?
-Lo primero que hay que señalar es que
en política no existen los seguros de vida. La política siempre implica una
apuesta, un riesgo. Dicho eso, hay que reconocer que en efecto, si la clase
política chilena binominal tuviera la audacia de hacer un juego de ese tipo,
esto es convocar rápidamente a una Asamblea Constituyente con las normas y
procedimientos que le convienen en base al sistema binominal, lo que se
lograría no sería sino una réplica de la actual correlación de fuerzas y así
legitimaría este sistema y le pondría una lápida a una salida democrática,
probablemente por mucho tiempo.
Pero está claro que esta clase política
no tiene esa audacia; desde la UDI hasta Camilo Escalona ha habido un rechazo
explícito de la Asamblea Constituyente puesto que –sostienen- en Chile no hay
crisis de régimen político y por tanto la Constituyente no se justifica. De
manera tal, que podemos desechar la posibilidad que en el corto plazo desde la
clase política se realice una maniobra de ese tipo.
Sobre el segundo punto, hago un
paralelo histórico. En las décadas de los años 1920, 1930 y 1940 se discutió en
Chile acerca del voto femenino. Muchos sectores de la izquierda o del
progresismo de la época decían que sí estaban de acuerdo con el voto femenino,
pero que no era conveniente otorgarlo en ese momento, argumentando que las
mujeres eran una fuerza conservadora e iban a ser utilizadas por los
conservadores como masa electoral, como efectivamente ocurrió. Pero ese hecho,
cierto, no invalidaba la reivindicación democrática y de justicia del voto
femenino.
Del mismo modo, podemos sostener que no
porque exista el peligro que la Constituyente pueda ser desviada y hegemonizada
por la clase dominante y por la clase política, se van a bajar banderas que son
de principios, que hay que seguir manteniendo. No puede bajarse una reivindicación
justa so pretexto de que el pueblo “no está preparado”. El proceso
constituyente debe iniciarse mucho antes, de hecho ya está en marcha; es en la
discusión de sus problemas que el pueblo generará la fuerza constituyente para
asegurar un desenlace democrático, de acuerdo con sus intereses. 
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