En las sedes de Santiago del Instituto Profesional Valle Central (IPVC) los estudiantes nunca han paralizado sus clases en reclamo de una mejor educación. A diferencia de muchos otros estudiantes de enseñanza superior, tampoco se han organizado para protestar por los efectos del lucro en su institución. Y de no ser por los jefes de carrera y profesores de la sede del IPVC en La Florida, la grave crisis que vive dicho instituto profesional habría pasado inadvertida para todos. Incluso para quien maneja la información de sus problemas académicos y financieros: el Ministerio de Educación.

Fue a mediados del año pasado que, en protesta por el excesivo retraso en el pago de sus honorarios, los profesores de la sede de La Florida del IPVC optaron por medidas drásticas de presión para exigir la remuneración por sus horas de clase. Los jefes de carrera se coordinaron con el resto de profesores y organizaron la paralización de actividades. La información recogida por CIPER indica que el problema no sólo afecta a la sede de La Florida. El no pago de sueldos a los profesores del IPVC se extiende a otras de sus 12 sedes en el país, donde algunos profesores renunciaron antes del término del semestre o llevaron a los tribunales la demanda por los sueldos impagos.

CIPER siguió el rastro de los últimos procesos de acreditación del IPVC ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y encontró las huellas financieras que prueban cómo el dinero del arancel de los estudiantes se desvía hacia las sociedades relacionadas de los mismos dueños en desmedro de la inversión en material educativo y el pago oportuno de los profesores. Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue el documento con el informe de estados financieros 2010-2011, que registra el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A.,controladora del Instituto Profesional Valle Central, celebrada el 29 de diciembre de 2011. En esa junta se acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas.

“El sello distintivo del Instituto Profesional Valle Central es Ven a Ser Más y la acreditación da fe pública de que los procesos que realizamos son de calidad”. Bajo esta premisa, el IPVC, con más de 10.000 estudiantes en sus 12 sedes, informa en su página web del “sello de garantía” que le otorgó la CNA por dos años en enero de 2012 y que debe renovar a fines de este año. Lo que no aparece allí es que uno de los responsables de su acreditación en la CNA en 2010, ostenta hoy el cargo más importante del instituto.

Tras el cierre de la Universidad del Mar, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que se había firmado un convenio para que algunos de sus alumnos fueran recibidos por el IPVC. Aunque en los institutos profesionales –al igual que en los centros de formación técnica- está permitido el lucro, nadie reparó en que el IPVC podía tener problemas en el manejo de sus recursos que afecten la calidad de la enseñanza que imparte.

Frente al cúmulo de información que ha surgido en los últimos años sobre el financiamiento de las universidades privadas, es poco lo que se sabe sobre el mercado de los institutos profesionales, un nicho que está en franca expansión y que recibe importantes aportes públicos. Entre 2009 y 2013, la matrícula de los institutos profesionales aumentó en un 70,9% (según los datos del Mineduc pasó de 189.597 a 324.045 alumnos). Los IP y Centros de Formación Técnica reciben el 21,17% de los fondos estatales para educación superior, de acuerdo con las cifras del Informe de Financiamiento Fiscal de la Educación Superior 2012, elaborado por la Contraloría General de la República.

Los orígenes del Instituto Valle Central se remontan a la creación del Instituto Profesional del Maule, en la ciudad de Talca, en 1988. La Sociedad Educacional del Maule Ltda., que administraba el instituto, pasó a ser sociedad anónima en octubre de 1991 y tres años más tarde, en noviembre de 1994, cambió su estatuto con el fin de establecer que “el objeto de la sociedad es la organización y mantención del Instituto Profesional Valle Central”.

En sesión del 25 de enero de 1996, el Consejo Superior de Educación le otorgó al IPVC la plena autonomía institucional, certificado que lo habilitó para abrir sedes y otorgar toda clase de títulos académicos. Diez años después de esta primera luz verde para que el instituto ampliara su oferta de carreras, llegó el verdadero impulso que convirtió al Instituto Profesional Valle Central en una atractiva oportunidad de negocios: la acreditación que trae consigo los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otros beneficios del Estado al que pueden postular sus estudiantes, como la Beca Nuevo Milenio. En los últimos tres años –según datos de la Comisión Ingresa- al IPVC han ingresado $4.330.792.000 bajo estos conceptos.

En junio de 2009, el IPVC presentó ante la CNA un Informe de Evaluación Interna para iniciar por primera vez el proceso de acreditación en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Entonces, la CNA le asignó un Comité de Pares que visitó la institución entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2009. Los resultados se emitieron el 9 de noviembre y el instituto comunicó a la CNA sus observaciones días más tarde.

En la sesión Nº 235 del 25 de noviembre de 2009, la CNA deliberó respecto a la acreditación del IPVC. En la misma sesión se acogió una reposición de la Universidad Internacional SEK para acreditarse por dos años. El acta de dicha sesión registra la asistencia de los comisionados Pedro Corona, Sally Bendersky, María Elena González, Mario Letelier, Sergio Martinic, Roberto Careaga (designado por los Institutos Profesionales), Rodrigo Alarcón (designado por los Centros de Formación Técnica), Luis Horacio Rojas (representante de Conicyt), Luis Eugenio Díaz (designado por las universidades privadas) y fue presidida por Emilio Rodríguez.

El acta de esa sesión registra las deficiencias tanto en el área de gestión institucional como de docencia del IPVC.  Allí se dice: “Existe un marcado énfasis en lo administrativo financiero en detrimento del área académica”. Fue uno de los múltiples cuestionamientos que destacaron los miembros de la CNA de la gestión del IPVC.

La existencia de gran heterogeneidad en la aplicación curricular y en la gestión de recursos materiales entre las sedes, fue otro de los puntos de alerta en dicha reunión. Además, se advirtió que “existen mecanismos precarios para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los propósitos definidos en docencia”. La institución no contaba con sistemas para definir y revisar perfiles de egreso acorde al modelo educativo ni al estado de cada campo de estudio. Otras observaciones tenían relación a las bajas tasas de retención y titulación y se hizo hincapié en las graves deficiencias del sistema de educación en línea “Valle Virtual”.

“No se ha podido constatar que la institución cuente con información clara y confiable acerca del desarrollo de los procesos en docencia conducente a título que permita la toma de decisiones oportunas y el mejoramiento de los procedimientos en esta área”, se afirma en las conclusiones de la CNA.

Pese a las graves deficiencias en su funcionamiento y a los múltiples cuestionamientos de gestión institucional y calidad académica del Instituto Profesional Valle Central, “por la mayoría de sus miembros presentes” la comisión concedió la acreditación por el periodo mínimo de un año. Ese año, la CNA no rechazó a ninguna institución que se postuló a la acreditación (vea el reportaje de CIPER  “Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades”).

El IPVC fue notificado de su precaria acreditación el 19 de marzo de 2010. Dos semanas más tarde, las autoridades del instituto interpusieron un recurso de reposición, impugnando la decisión a objeto de que se ampliara la acreditación. La CNA, tal como indica el acta de la sesión Nº286 del 5 de mayo de 2010 , consideró insuficientes los antecedentes entregados por el IPVC y rechazó el recurso. Sin embargo, tras los daños generados en las sedes de la institución por el terremoto de febrero de 2010, en la sesión Nº328 del 18 de agosto de 2010, la CNA decidió extender por seis meses la acreditación. La nueva fecha límite fue el 25 de mayo de 2011. Cuando se aprobó esta extensión, el presidente de la CNA era Luis Eugenio Díaz, quien ahora está procesado por cohecho y lavado de activos tras el escándalo de acreditaciones ilícitas.

Con ese sello de garantía estatal, el IPVC pudo recibir los dineros correspondientes a los créditos con aval del Estado y otros beneficios otorgados a sus estudiantes. Uno de ellos es la Beca Nuevo Milenio, destinada a los jóvenes pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Para los dueños del IPVC, estos nuevos ingresos significaron un impulso para su negocio financiero. En 2010, los estudiantes beneficiados con CAE y Beca Nuevo Milenio fueron 742 ($596.493.493) y en 2011  fueron 1.267  ($944.099.636).

El flujo de nuevos dineros tenía un plazo. Para conservar el beneficio de recibir el dinero de los estudiantes con Crédito con Aval del Estado, el Instituto Profesional Valle Central debía volver a someterse a un proceso de acreditación en la CNA y defender sus estándares de calidad. El 30 de junio de 2011, la comisión recibió el Informe de Autoevaluación Interna del instituto y se dio inicio a un nuevo proceso de evaluación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de ese año se realizaron las visitas del Comité de Pares Evaluadores designados por la CNA a distintas sedes del IPVC. Una inspección que sería clave luego de que, en el proceso de acreditación anterior, se cuestionara la heterogeneidad en calidad y recursos entre sedes y carreras.

Uno de los establecimientos visitados por el Comité de Pares Evaluadores fue el de La Serena. En la sede ubicada en calle Brasil Nº 236 hubo preparativos especiales antes de la llegada de la comitiva enviada por la CNA. Un académico de dicha sede relató a CIPER cómo justo antes de la visita de los pares evaluadores, llegó al establecimiento un camión cargado con libros y estantes. Y ante la mirada estupefacta de algunos académicos, se procedió a montar rápidamente una completa biblioteca. Terminada la fiscalización, tan rápido como llegaron se desmontó la flamante biblioteca y los libros retornaron a su lugar de origen. Hasta hoy en dicha sede, la “biblioteca” de sus cerca de 1.000 alumnos sigue siendo un rincón con dos estantes, uno de los cuales contiene solo copias de las tesis que han presentado los alumnos ya egresados.

La dificultad que tienen los estudiantes de carreras como Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Historia y Geografía, Técnico en Enfermería y Técnico en Nivel Superior de Prevención de Riesgos para poder acceder a bibliografía de su área, es sólo una muestra de lo que la comisión de la CNA no pudo advertir en la sede de La Serena. Uno de los profesores del IPVC explicó a CIPER que ha debido pagar fotocopias de sus propios libros para aportar a la “biblioteca” y que, en el área de estudio que él enseña, no existen más de 10 volúmenes de textos especializados para los casi 200 estudiantes de su disciplina.

Algo similar ocurre en la sede del IPVC de La Florida. CIPER visitó el establecimiento y tras seguir las indicaciones de la señalización “biblioteca”, dio con una oficina donde hoy se entrega información de admisión con dos escritorios y algunos cajones y estantes. Para acceder a alguno de los escasos libros o tesis empastadas dispersos en los escasos estantes, los estudiantes deben solicitarlos afuera, en una ventanilla que da a una sala de estar. El enorme cartel “Admisión”, ubicado en la entrada de una gran oficina que da hacia el exterior de Av. Vicuña Mackenna Poniente, también se presta a engaños: allí funciona una sala de simulación para los estudiantes de técnico en enfermería.

Tras la visita de la evaluación externa de 2011, y pese a los antecedentes presentados por el Instituto Valle Central, el Comité de Pares Evaluadores consideró insuficiente la información para realizar su informe y le solicitó al instituto antecedentes adicionales. El 6 de diciembre de 2011 se recibió en la sede de la CNA la nueva carpeta enviada por el IPVC. Dieciséis días más tarde el Comité de Pares Evaluadores emitió el Informe de Evaluación Externa.

Todo se definió en la sesión Nº 512 del 4 de enero de 2012, presidida por Íñigo Díaz. Se encontraban presentes: Claudia González, Sergio Pulido, Pedro Corona, Yenifer Sandoval, Dora Altbir, Luis Maldonado, Sergio Martinic, Javier Ruiz del Solar, Adolfo Arata, Patricio Martínez, Alfonso Muga y Luis Eugenio Díaz. También participó Patricio Basso como secretario ejecutivo de la CNA. No asistieron Eduardo Olivares y el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Juan José Ugarte.

La precariedad financiera fue uno de los puntos que acaparó la discusión de los miembros de la CNA al revisar los antecedentes del IPVC para su nueva acreditación. Al punto que en el acta respectiva se concluye que el capital de trabajo del instituto “depende de forma sustancial de la capacidad de las empresas relacionadas de pagar la deuda de corto plazo que mantienen con el Instituto”. En términos simples eso significa que la magnitud de los montos por cobrar a sociedades relacionadas de los dueños del IPVC -y que fueron informados por el instituto- hacían difícil concluir que su proyecto educacional era solvente y podría mantenerse en el tiempo.

Si se cotejan las cifras financieras con el constante aumento en el número de alumnos que registra el Instituto Profesional Valle Central en sus 12 sedes, la conclusión de la CNA debió provocar más de una alarma. Según cifras entregadas por el mismo IPVC a la CNA, sólo en matrículas nuevas se registraron 3.571 estudiantes en 2010 y 4.312 en 2011. En el mismo informe se decía que se había ocupado un 81% de las vacantes ofrecidas en 2010 y un 82% en 2011. Algo extraño debía estar pasando para que los ingresos por aranceles, CAE y otros beneficios que recibían sus estudiantes no diera lugar a una consolidación de su proyecto económico.

CIPER accedió a los Estados Financieros a diciembre de 2010 y 2011 del Instituto Profesional Valle Central (Sociedad Educacional del Maule S.A.) y revisó el monto de las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas del instituto. Las deudas a corto plazo de las sociedades Inversiones Punta del Sur S.A., Inversiones Punta de Lanza S.A., Trazo S.A. y del Centro de Formación Técnica Barros Arana S.A. -todas vinculadas a los mismos dueños del IPVC (Sociedad Educacional del Maule S.A.)- con el instituto, llegaron a los $3.141 millones a fines de 2010 y a $803 millones a fines de 2011. A ello se agrega en 2010 una cuenta por cobrar a largo plazo con las mismas sociedades por $3.190 millones.

Si esas cifras se comparan con el total de ingresos aportados por sus estudiantes por concepto de matrículas, aranceles, titulación y otros en cada año, el total de la deuda de sociedades relacionadas corresponde al 91,01% del ingreso total de 2010 (45,15%, considerando solo deuda a corto plazo).

En el informe financiero presentado por el IPVC también destaca el gasto en publicidad en que se incurrió en 2010 y 2011 para captar alumnos: $155.365.000 en 2010 y $283.669.000 en 2011. En cuanto a los “Documentos por pagar”, los balances registran $1.375.142.000 y $2.071.675.000 al 31 de diciembre de 2010 y 2011, respectivamente.

La deuda con sociedades relacionadas no ha sido la única fuga de dineros del instituto. El 29 de diciembre de 2011, tal como se cita en el ya mencionado informe de estados financieros, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A., acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas de la sociedad controladora del IPVC. Esto es un 34% más que la cifra destinada en 2011 para el pago de todos los honorarios, gastos académicos y otros costos ($3.171.909.000) en las 13 sedes que funcionaban entonces.

Luego de seguir el rastro de las sociedades mencionadas en los estados financieros, la investigación de CIPER dio cuenta que tanto los dineros que le adeudaban las empresas relacionadas, como los montos repartidos en la distribución de utilidades, llegaban a un mismo destino: la familia Hazbún.

Quienes manejan hoy la Sociedad Educacional del Maule S.A., controladora del Instituto Profesional Valle Central, son las familias del arquitecto y presidente del directorio, Munir Hazbún Rezuc, y de su padre, el empresario penquista Juan Hazbún Readi. Fueron de hecho sus esposas, María Alejandra Muñoz Boudeguer y María Alicia Rezuc Figueroa, quienes constituyeron las sociedades relacionadas –y mayores accionistas del IPVC según sus estados financieros- Inversiones Punta del Sur S.A. e Inversiones Punta de Lanza S.A., en mayo de 2000 y octubre de 2001, respectivamente.

Entre otros negocios derivados, la familia Hazbún, a través de la sociedad Inversiones Punta del Sur, constituyó en 2011 -junto a Erick Linzmayer Vera- la empresa con intereses en el sector pesquero Aguas Azules S.A. Además, junto a Jorge del Real Westphal, crearon en 2002 la sociedad industrial del rubro de la maestranza, Tecnología S.A.

La sociedad Inversiones Punta de Lanza S.A., en tanto, fue titular del fracasado proyecto delCasino Borde Río de Concepción. A nombre de Punta de Lanza S.A. y Punta del Sur S.A., los Hazbún también constituyeron el 22 de enero de 2003 las sociedades Inversiones KB S.A., Colegio Barros Arana S.A., Inversiones Agua Santa S.A. e Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A.

Este año, Inversiones Punta del Sur S.A. solicitó inscribir en el Ministerio de Economía la marca“Universidad Cristiana de Chile”, que prestaría “servicios educacionales, servicios de postgrado universitarios y de diplomados universitarios, servicios de educación preuniversitaria, servicios de organización y producción de eventos educacionales y culturales, conferencias, simposium, charlas”. CIPER no logró determinar el estado en que se encuentra este proyecto.

La tercera sociedad relacionada con los dueños del Instituto Profesional Valle Central -Arquitectura, Ingeniería y Planificación Trazo S.A., constituida en 1994-, es otra a las que Munir y Juan Hazbún derivaron fondos de la matrícula de los estudiantes del IPVC. La influencia comercial de la familia es todavía más amplia. Como ejemplo de otras empresas que vinculan directamente a padre e hijo, CIPER encontró: Hazbún y Compañía Limitada (constituida en 1985), Constructora Hazbún Rezuc S.A. “Cimiento S.A.” (constituida en 1987), Constructora e inmobiliaria Valle San Antonio S.A. (1990),Inversiones Andalién S.A. (1993), Agrícola Forestal y Ganadera San Juan S.A. (1994),Inversiones Wessex S.A. (1995), Constructora HR S.A. (1996) y Movimaq Chile S.A. (2000).

El Centro de Formación Técnica Barros Arana (Concepción), es la cuarta empresa relacionada que registra deudas y a la vez recibe dividendos del Instituto Profesional Valle Central. Comenzó a funcionar en 1997 y, tal como informó CIPER (vea el reportaje “Las reveladoras actas de acreditación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica”), tras haber sido rechazado en primera instancia y de conseguir acreditación por un año en 2010, no ha podido renovar su acreditación debido a serios problemas en docencia de pregrado y gestión institucional.

La otra institución de educación superior vinculada al grupo Hazbún es la Universidad Bolivariana (Munir Hazbún es su vicepresidente). Abrió sus puertas en 1989 y alcanzó su autonomía en enero de 2002. La universidad –con más de 4.000 alumnos en 2012- no cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Acreditación. A pesar de iniciar un proceso para obtener la acreditación en 2005, su solicitud fue rechazada y desde entonces nunca ha completado un proceso que asegure un mínimo de calidad.

Según información entregada por el IPVC para la acreditación en 2011, existen otros dos directores del instituto que coinciden con los principales cargos directivos de la Universidad Bolivariana: Jaime Duhart Aillón, presidente de la Junta Directiva, y Jorge Del Real Westphal, secretario de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana y socio de los Hazbún en Tecnología S.A.

Alberto Sauer Rosenwasser, también director de la Universidad Bolivariana, participó junto a Juan Hazbún Readi y Munir Hazbún Rezuc en la génesis del negocio de los colegios “The Wessex School”, en Chillán y Concepción.

Los demás directores del Instituto Profesional Valle Central hasta su última acreditación eran Marigen Hornkohl, subsecretaria de Educación entre 2003 y 2005 (democratacristiana), quien ingresó en octubre de 2012 a la Junta Directiva de la Universidad SEK; Jaime Pérez de Arce, economista (socialista) y ex vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y Héctor Valencia Bringas, candidato a concejal por Viña del Mar en la última elección como independiente en subpacto RN y ex gerente general del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), cargo que dejó el 30 de abril de 2011.

En la reunión de la CNA de enero de 2012, que evaluó la última acreditación del Instituto Profesional Valle Central, los comisionados también destacaron la “deficiente” tasa de titulación y profundos problemas de calidad educativa. “Algunas de sus sedes disponen entre uno y tres profesores como dotación académica, lo que se considera muy bajo”, se lee en el acta de la sesión. Del mismo documento se desprende que el principal problema detectado fue la cantidad y contratación del personal docente:

“Existe un porcentaje muy bajo de docentes con jornada completa para las 12 sedes que la Institución posee en el país. En el mismo sentido, se constata que en la sede de Antofagasta, se imparten carreras de Pedagogía e Ingeniería y sólo se dispone de un docente con grado de licenciado”, se señala en el acta.

CIPER consultó a distintos académicos del IPVC sobre este grave problema y constató que la situación ha empeorado debido a: la inexistencia de contratos de trabajo, un intrincado sistema de honorarios y los constantes atrasos para los pagos de los llamados “profesores hora” o “profesores taxi”.

De hecho, en la última página del documento con los estados financieros 2010-2011 enviado al Ministerio de Educación por la sociedad controladora del IPVC (Sociedad Educacional del Maule S.A.), se consigna que el instituto debió pagar dos multas por incumplimiento de normas laborales. La primera fue aplicada por la Inspección del Trabajo de La Florida en noviembre de 2011, por un monto de $5,7 millones, debido las siguientes faltas: no escriturar contrato de trabajo, no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo al no consignar la firma del trabajador (hora de entrada y salida), no entregar comprobante de pago de remuneraciones, no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales y no comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.

La segunda multa fue determinada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en un juicio interpuesto por el ex docente Manuel O’Ryan Oyarzún, por un monto de $5,8 millones.

Los testimonios recogidos dan cuenta de que el atraso en los pagos se origina en el control administrativo y financiero que se ejerce desde Concepción, de modo que los dineros recaudados por el arancel de los estudiantes son centralizados en la ciudad penquista y sólo entonces y desde allí se proveen los recursos para el pago de los profesores en sus 12 sedes.

Otro de los problemas que hoy enfrentan los estudiantes del IPVC es la excesiva rotación de profesores en las distintas carreras, situación que deja muchas veces a estudiantes sin docentes a mitad de un semestre. Ello se debe al “sistema de cortes” con el que se pagan las remuneraciones de los docentes. Un “corte” comprende un periodo de 30 días, pero las horas de clase que efectivamente se realizaron en ese lapso de tiempo se cancelan con 60 días de retraso, y puede ser mucho más. CIPER tuvo acceso a un informe de deuda de los docentes de la sede de La Florida que da cuenta del reiterativo atraso del pago a los “profesores hora” al término de cada uno de los “cortes mensuales”.

Un ex director de una de las sedes del IPVC graficó a CIPER la dimensión a la que podían llegar los pagos no realizados y la precariedad del manejo financiero de las sedes: en febrero de 2012, una sede con cerca de 200 estudiantes, comenzó su gestión con $43.000.000 de deuda entre remuneraciones y boletas impagas de servicios como luz y agua. El ex director afirmó que los profesores del IPVC mantienen constantes conflictos con el Servicio de Impuestos Internos por el manejo de la retención de sus impuestos. Así lo confirmó también un ex profesor de pedagogía de la sede Toesca, quien pidió la reserva de su identidad porque aún espera regularizar su situación ante el SII por problemas en la devolución por sus boletas de honorarios con la Sociedad Educacional del Maule S.A.

-Todos los problemas en el pago de remuneraciones hacen que la rotación de profesores sea sumamente alta. Cuando tenía sólo dos años como profesor, yo era uno de los profesores más antiguos de la carrera. Comencé con dos cursos y llegué a tener hasta cuatro porque faltaban profesores -afirmó.

CIPER tuvo acceso a una auditoría realizada a la sede de La Florida del IPVC en 2012, que ilustra el déficit de materiales educativos, lo que se suma al problema en el pago de los profesores: laboratorios de las carreras de Técnico en Enfermería y Veterinaria sin funcionamiento por falta de insumos clínicos; el laboratorio de computación cuenta con sólo nueve computadores sin la cantidad de software que requieren las más de 10 carreras que imparte la sede; y la carrera de Traducción en Inglés no cuenta con un laboratorio especializado como existe en otras instituciones.

A pesar de los numerosos y graves problemas detectados en la evaluación de la CNA y en los mismos informes entregados por el IPVC, después de dos horas de discusión, el 4 de enero de 2012 la CNA acreditó al Instituto Valle Central en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado hasta el 4 de enero de 2014.

El mismo año en que el Instituto Profesional Valle Central terminó su último proceso de acreditación, llegó a dirigir la Comisión de Autoevaluación Institucional del instituto un hombre que bien conocía los laberintos de la CNA: Luis Horacio Rojas Mansilla, quien fue jefe de gabinete del senador José Antonio Gómez (radical), cuando era ministro de Justicia entre 2000 y 2003. Rojas fue uno de los miembros de la CNA -designado por Conicyt entre enero de 2007 y diciembre de 2010- que acreditó al IPVC en 2009 y de allí pasó a encabezar la comisión del instituto encargada de gestionar la extensión  de su acreditación.

Luis Horacio Rojas Mancilla había trabajado también en la Universidad Andrés Bello (UNAB) y por tal motivo debió inhabilitarse en 2010 cuando la CNA acreditó a la Universidad de Las Américas, la que, al igual que la UNAB; también es parte del grupo Laureate (vea el reportaje “CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades”).

Desde agosto de 2011, Luis Horacio Rojas se desempeñó como director de la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI) del Instituto Profesional Valle Central y monitoreó el proceso de acreditación -que finalizó en enero de 2012- hasta que obtuvo los dos años otorgados por la CNA (hasta 2014).

Meses más tarde, el martes 15 de mayo de 2012, Luis Horacio Rojas fue nombrado rector del IPVC. En una ceremonia en el Hotel Crowne Plaza de Santiago, el presidente del directorio del IPVC, Munir Hazbún, anunció el cambio de rector (el ex rector Eduardo Aedo Inostroza pasó a integrar la Junta Directiva del IPVC).