Un halo de oscuridad en temas de derechos humanos se cierne sobre el nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco I para su pontificado. Esto, pues en cuanto apareció por los balcones del Palacio apostólico hacia la Plaza de San Pedro, también empezaron a aparecer antecedentes que lo vinculan con la detención de sacerdotes durante la dictadura militar argentina.

Uno de los actores principales en las denuncias contra Bergoglio es el sacerdote Orlando Yorio, detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina -la temible ESMA, donde fueron torturados y desaparecieron miles opositores a la dictadura militar- de quien al declarar en los juicios contra las Juntas Militares de 1976 dijo que “Bergoglio nunca nos avisó del peligro que corríamos. Estoy seguro de que él mismo les suministró el listado con nuestros nombres a los marinos”.

Al nuevo Pontífice se le menciona un poderoso vínculo con el entonces jefe de la Armada trasandina, Emilio Massera, ya que Bergoglio cuando integraba la plana mayor de la Universidad del Salvador, le otorgó al militar el título de “doctor honoris causa”.

Sin embargo, la información publicada en Infoeducares.com.ar explica que los datos de la distinción al llamado “Almirante Cero” desaparecieron “misteriosamente” de los archivos del centro educacional y que el nuevo Papa “no recuerda el decisivo papel que jugó en ese homenaje al mandamás de la Marina”.

“Esa tarde, Bergoglio escuchó a Massera pronunciar un ampuloso discurso sobre la indiferencia de los jóvenes, el amor promiscuo, las drogas alucinógenas y la “derivación previsible” de esa “escalada sensorial” en “el estremecimiento de la fe terrorista”. Con una sonrisa en los labios, el dueño y señor de la Esma también aseguró que la Universidad era “el instrumento más hábil para iniciar una contraofensiva” de Occidente. Aunque aplaudió fervorosamente, el discreto Bergoglio no subió al estrado. Sí lo hicieron sus fieles discípulos de Guardia de Hierro, la poderosa organización paramilitar en la que Bergoglio militaba desde 1972 y que posteriormente intervino en la apropiación de los bienes de los desaparecidos”, recuerda el escrito.

Además, se menciona que un informe de inteligencia de la Side, organismo especializado en el seguimiento de los temas y los actores eclesiásticos de la época –que se conserva en un archivo de la Cancillería– sostiene que Bergoglio se proponía limpiar la Compañía de “jesuitas zurdos”.

El sacerdote, fallecido en 2000, repitió hasta el cansancio que “no tengo indicios para pensar que Bergoglio nos liberó, al contrario. A mis hermanos les avisó que yo había sido fusilado, no sé si lo dijo como cosa posible o segura, para que fueran preparando a mi madre. Cuando quedé en libertad, Bergoglio me confesó que dos veces lo visitó un oficial de la policía para avisarle sobre nuestro fusilamiento. Fuera del país, en The New York Times se publicó la noticia de nuestra muerte, la Cruz Roja internacional tenía esa información”.

A su juicio, Bergoglio “tenía comunicación con el almirante Massera, le habrían informado que yo era el jefe de los guerrilleros y por eso se lavó las manos y tuvo esa actitud doble. No esperaba que no pudieran encontrar nada para acusarme ni que saliera vivo”.

Incluso sostenía que Bergoglio estuvo presente en la casa operativa de la Armada en la que pasaron varios meses luego de salir de la Esma, mencionando que “una vez nos dijeron que teníamos una visita importante. Vino un grupo de gente a la que no pudimos ver porque estábamos con los ojos vendados, pero Francisco Jalics sintió que uno era Bergoglio”.

Lavado de imagen

En tanto, una columna de Horacio Verbitsky indica que Bergoglio está emprendiendo “una operación de lavado de imagen con la publicación de un libro autobiográfico”.

“El ostensible propósito de “El Jesuita”, como se titula, es defender su desempeño como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979, manchado por las denuncias de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics de que los entregó a los militares. Ambos estuvieron secuestrados cinco meses a partir de mayo de 1976. En cambio nunca reaparecieron las cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados dentro del mismo operativo”, precisa la publicación.

Entre ellos se encontraban Mónica Candelaria Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone, y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez.

Emilio Mignone, destacado especialista en el catolicismo argentino, en su libro “Iglesia y dictadura”, editado en 1986, cuando Bergoglio no era conocido fuera del mundo eclesiástico, ejemplificó con su caso “la siniestra complicidad” con los militares, que “se encargaron de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”.

De acuerdo con el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, “durante una reunión con la Junta Militar en 1976 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, acordó que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo”.

Agrega Mignone que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la Infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de desaparecido. Una semana antes de la detención, el arzobispo [Juan Carlos] Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y, posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él. Sin duda, los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad”.

La nota cita a quien fue su colaboradora en el CELS, la abogada Alicia Oliveira, quien dijo “que su amigo Bergoglio, preocupado por la inminencia del Golpe, temía por la suerte de los sacerdotes del asentamiento y les pidió que salieran de allí. Cuando los secuestraron, trató de localizarlos y procurar su libertad, así como ayudó a otros perseguidos. A raíz de aquella nota, Orlando Yorio se comunicó conmigo desde el Uruguay, donde vivía. Por teléfono y correo electrónico refutó las afirmaciones de Bergoglio y Oliveira. “Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes” y “tampoco tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad, sino todo lo contrario”, dijo. Los dos sacerdotes “fueron liberados por las gestiones de Emilio Mignone y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio, que fue quien los entregó”, agregó Angélica Sosa de Mignone, Chela, la esposa durante medio siglo del fundador del CELS. Sus testimonios se incluyeron en la nota “La llaga abierta”, que se publicó el 9 de mayo de 1999. También se transmitieron allí las posiciones de Bergoglio y del otro cura secuestrado aquel día, Francisco Jalics”, menciona.

Verbitsky también refuta la versión de Bergoglio respecto a que negó haber aconsejado a los funcionarios de Culto de la Cancillería que rechazaran la solicitud de renovación de pasaporte de Jalics, que él mismo presentó.

Según lo que cuenta Bergoglio, el funcionario que recibió el trámite le preguntó por “las circunstancias que precipitaron la salida de Jalics”, a lo cual asegura que le respondió: “A él y a su compañero los acusaron de guerrilleros y no tenían nada que ver” y agrega que “el autor de la denuncia en mi contra revisó el archivo de la Secretaría de Culto y lo único que mencionó fue que encontró un papelito de aquel funcionario en el que había escrito que yo le dije que fueron acusados de guerrilleros. Había consignado esa parte de la conversación pero no la otra en la que yo le señalaba que los sacerdotes no tenían nada que ver. Además el autor de la denuncia soslaya mi carta, donde yo ponía la cara por Jalics y hacía la petición”.

Ante este hecho, Verbitsky sostiene que “nada fue así. En notas publicadas aquí y en mis libros El Silencio y Doble juego, narré la historia completa y publiqué todos los documentos, comenzando por la carta por cuya omisión Bergoglio reclama. Luego sigue la recomendación del funcionario de Culto que lo recibió, Anselmo Orcoyen: “En atención a los antecedentes del peticionante, esta Dirección Nacional es de opinión que no debe accederse”. El tercer documento es el definitorio. Ese papelito, firmado por Orcoyen, dice que Jalics tenía actividad disolvente en comunidades religiosas femeninas y conflictos de obediencia, que estuvo con Yorio en la ESMA (detenido, dice, en vez de secuestrado) “sospechoso contacto guerrilleros”. El punto más interesante es el siguiente, porque remite a intimidades de la Compañía de Jesús, vistas desde la óptica de Bergoglio, que no había ninguna necesidad de confiar al funcionario de la dictadura: “Vivían en pequeña comunidad que el Superior Jesuita disolvió en febrero de 1976 y se negaron a obedecer solicitando la salida de la Compañía el 19/3”. Agrega que Yorio fue expulsado de la Compañía y que “ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir”. La Nota Bene final es ilevantable: dice Orcoyen que estos datos le fueron suministrados “por el padre Jorge Mario Bergoglio, firmante de la nota con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”.

Omisiones en temas de derechos humanos

Bergoglio afirma que las declaraciones episcopales sobre los derechos humanos, incluidas en el libro “Iglesia y democracia en la Argentina”, que él editó en 2006, están completas, “no con omisiones como algunos periodistas señalaron con mala intención”.

Sin embargo, el autor de la publicación en Página 12 precisa que “el memo sobre la reunión del 15 de noviembre de 1976 de Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Zazpe con la Junta Militar se reproduce en su versión original, tal como está archivado en la sede episcopal de la calle Suipacha (“Reunión de la Junta Militar con la Comisión Ejecutiva de la CEA, 15.IX.1976”. Comisión Ejecutiva de la CEA. Caja 24, Carpeta II. Documento 10.937). También se puede leer la transcripción de Bergoglio treinta años después en un libro que prologó con la frase: “No debemos tener miedo a la verdad de los documentos”. Puede verse así que suprimió el concepto central expresado en la introducción, de “aclarar la posición de la Iglesia”, para dejar en claro que “de ninguna manera pretendemos plantear una posición de crítica a la acción de gobierno” dado que “un fracaso llevaría, con mucha probabilidad, al marxismo”, por lo cual “acompañamos al actual proceso de re-organización del país”. En forma explícita menciona la “adhesión y aceptación” episcopal.

El cotejo permite advertir el cambio en la numeración de la minuta, en cuya edición oficial se omitió que incluso a solas los tres miembros de la Comisión Ejecutiva Episcopal atribuyeron la represión sin ley a niveles intermedios, mientras destacaban “los notables esfuerzos del gobierno en pro del país” y la “imagen buena de las supremas autoridades”. Para no verse obligados a “un silencio comprometedor de nuestras conciencias que, sin embargo, tampoco le serviría al proceso” o “un enfrentamiento que sinceramente no deseamos” la Iglesia propuso abrir “un canal de comunicación” con la Junta Militar. Esa prueba de promiscuidad con la dictadura, que en el original está encabezada por el título “Lo que tememos”, fue suprimida en la recopilación de Bergoglio. Al año siguiente, el obispo Oscar Justo Laguna, reconoció la “total ineficacia” de esa Comisión de Enlace que integraba, en una nota manuscrita a Zazpe. Sin embargo, las amables reuniones mensuales continuaron durante todo el régimen militar. Al comentar esa carta, en 2002, otro miembro de la Comisión, Carlos Galán, le escribió a Laguna: “¡Quién nos diera poder vivir de nuevo con la experiencia adquirida”. Fantasía vana. Sólo se vive una vez”.