Chile - Historiador y violencia en La Araucanía: "La única solución es un cambio radical de actitud del Estado chileno"
1.- ¿Por qué cree usted que se llega a esta violencia en la zona Mapuche?
La situación actual en el Wallmapu (Araucanía) es el resultado de un proceso histórico que data de comienzos de la década de 1880, cuando el Estado de Chile, violando los acuerdos contraídos con el pueblo mapuche después de lograda la Independencia (1825), ocupó militarmente el corazón de la tierra ancestral de ese pueblo originario y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es pues, el fruto de la expropiación y sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de los indígenas. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que, de una administración a otra, con la sola excepción del gobierno de Salvador Allende, han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas "de parche" que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos..
2.- ¿Visualiza alguna solución o por dónde debiese ir la solución para el conflicto?
La única solución es un cambio radical de actitud del Estado chileno, de sus gobiernos de turno y de toda la sociedad frente al pueblo mapuche. Todos deben entender que la solución al mal llamado "conflicto mapuche" (porque este es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche y no entre mapuches) no es ni judicial, ni policial, ni menos militar. La única solución es y debe ser política. Y el primer paso, junto con el establecimiento de un verdadero diálogo entre el gobierno y todos los sectores representativos del pueblo mapuche (y no solo con los mapuches "buenos", según la inveterada práctica discriminatoria de nuestros gobiernos), debe ser el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios.
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