Chile - Pronto nos van a llamar a “enfrentar a la derecha”

El grito “la educación es un derecho, para el gobierno, un privilegio” es uno de los clásicos cánticos de las marchas estudiantiles chilenas. Hace pocos días el diario electrónico El Mostrador publicó un reportaje que mostró por qué el anhelo contenido en aquella consigna, y que comparten millones de chilenos, no es recogido por nuestra clase política. El artículo revelaba los vínculos que los atan con la Educación, entendida esta como nicho de negocio, como oportunidad de lucrar. Y dejaba claro cómo derecha y Concertación, que en las elecciones se presentan como alternativas distintas, en los hechos han convivido pacíficamente administrando ese negocio.

La crisis del sistema educativo actual, tanto en el plano de la calidad como en el de la ética y la legalidad, es el resultado de una política iniciada en dictadura y que sin interrupciones se ha mantenido hasta hoy. Durante 30 años los gobiernos han optado por fortalecer el negocio y el engorde de las billeteras de unos pocos por sobre la educación y su calidad.

Hoy vemos los resultados: ¿qué está detrás de los millonarios sobornos que revelan los medios para acreditar instituciones educativas si no la obsesión de acrecentar más y más la cuenta corriente de los dueños de esas universidades? No es un problema de las personas involucradas o de un pequeño vacío de la ley de acreditación. Es el resultado material de un sistema construido a la medida del mercado.

El reciente caso de la Universidad Autónoma lo vuelve a demostrar. Teodoro Ribera, su propietario, presentó su renuncia al ministerio de Justicia. Señaló que lo hacía para proteger su imagen y la de su familia de acusaciones tendenciosas e infundadas. Sin embargo, se ha demostrado que Ribera propuso al procesado ex presidente de la CNA Eugenio Díaz como consultor de Gendarmería -dependiente de su cartera- y, luego, que Díaz participó de la acreditación del Incacea, instituto profesional del cual el ex ministro es dueño en un 7,5%. Además, utilizó la personalidad jurídica de la inmobiliaria Gaudí -dueña del inmueble de la U. Autónoma- para recibir transacciones monetarias vinculadas a becas, al menos con la Municipalidad de San Miguel.

El lucro es un corrosivo en nuestra educación. Es inefectivo y destructivo al mismo tiempo. Impide hablar de proyecto, de calidad, de programa, de educación a fin de cuentas. El interés primario para el proveedor es mantener abierto su negocio, no entregar educación. Utilizan plata de todos los chilenos (vía CAE, Aportes por Desempeño, etc.) para seguir sumando, lo que se agrava al notar que gran parte de la iniciativa del Ministerio de Educación ha sido aumentar la cantidad de dinero fiscal que va a estas instituciones, pese a todas las denuncias.

Esto es lo que el  actual gobierno defiende con dientes apretados. Su principal exponente es el ministro de Educación, Harald Beyer. Su iniciativa legislativa ha abarcado varios temas, pero siempre con el mismo ausente. Habiendo tanta evidencia de cuan pernicioso es el lucro y existiendo tal consenso a nivel nacional de que es necesario erradicarlo, la actitud del gobierno de no enfrentar ese tema tiene que ser denunciada.

La primera respuesta del gobierno a la movilización de los estudiantes fue el GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) en el cual, sin ningún doblez, se abría una puerta para permitir el lucro. Luego llegó al ministerio Felipe Bulnes, quien si no olvidaba el tema, afirmaba que terminaría con el lucro, pero sin aclarar cómo. Finalmente tenemos al ministro Beyer, que habla de financiamiento, de nuevas formas de clasificar las universidades y de nuevas becas. En estos días en que el escándalo remece las bases del sistema, Beyer saca una nueva propuesta de acreditación en la que no hay indicios de que haya entendido que el reclamo ciudadano es respecto del lucro. Y no es que no hayamos gritado fuerte, sino que derechamente no quiere escuchar. Basta con ver la respuesta al último emplazamiento, realizado con los dirigentes estudiantiles (tanto secundarios como universitarios) de los años, 2011, 2012 y 2013: “Uno de las tantas interpelaciones que me hacen”, dijo. Autoritarismo, vestido de tecnocracia.

Otras veces se escudan en la superintendencia. El proyecto de Superintendencia de Educación Superior busca aumentar las herramientas fiscalizadoras, pero, al mismo tiempo, encubrir la existencia del negocio educativo, al no permitir a este organismo la posibilidad de fiscalizar todo incumplimiento a las normas aplicables a las universidades (la ausencia de lucro, entre ellas) y al permitir explícitamente las operaciones con personas relacionadas, poniendo sólo como condición que sean “a precio de mercado”. Peor aún, con la propuesta de redefinir las categorías de universidades para entregarles fondos públicos, al desdibujar el sistema basado en la propiedad de las universidades -estatal o privada-, se deja abierta (y se engrosa) la llave que pasa recursos públicos a bolsillos privados.

Llama la atención que Beyer, quien en su calidad de investigador del CEP sostuvo que el lucro imposibilita la calidad (textualmente dijo: “Las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades”), hoy no busque prohibirlo efectivamente. Pareciera estar ahora tan comprometido con el lucro que fue capaz de blindar al Encargado de la División de Educación Superior (Divesup), Juan José Ugarte, por asistir a menos de un 30% de las sesiones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) mientras varias Universidades -acusadas de lucro- ponían plata bajo la mesa para acreditar su calidad. Escándalo mayúsculo. Sin embargo, ante cada interpelación, la respuesta ha sido que el MINEDUC carece de atribuciones para hacerse cargo del problema del lucro. La pregunta cae de cajón: ¿Cómo entender que el Ministerio de Educación no se pueda hacer cargo? ¿Es porque no puede o sencillamente porque no quiere?

En julio de este año que termina, Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, le solicitó al Ministerio de Educación los siguientes datos: a) Nombre y RUT de todas las universidades privadas constituidas como corporación o fundación de derecho privado que existen actualmente en nuestro país y fecha de autorización de funcionamiento; b) Nómina de las personas naturales o jurídicas que figuran actualmente como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General, si la universidad está constituida como corporación de derecho privado c) Nómina de los miembros de los directorios de las universidades privadas que están constituidas como corporaciones o fundaciones de derecho privado; y d) Razón social y RUT de las empresas y sociedades relacionadas con las Universidades privadas.

La información solicitada es la información básica para hacerse un panorama del sistema. No es información secreta ni difícil de conseguir para una institución pública encargada de este tema.

La respuesta del ministerio al requerimiento de Herman llegó en septiembre y mostró la voluntad que tiene éste para fiscalizar a las universidades y transparentar la información a los ciudadanos. “Cabe señalar que el Ministerio no cuenta con un documento que sistematice los datos requeridos en la forma solicitada y que confeccionarlo implicaría la realización de un estudio de las escrituras públicas que han remitido dichas universidades a esta Secretaría de Estado, lo que excede el ámbito de la Ley de Transparencia e implicaría distraer al personal del desempeño regular de sus labores habituales”. Está claro. No quieren. O si no pueden, no es porque la ley se los impida, sino porque no tienen la autoridad para enfrentarse a quienes se han enriquecido con este “negocio”, algunos de ellos parte del propio Gobierno.

La Concertación tiene la misma responsabilidad. Primero, por lo hecho en los años en los que le tocó ser gobierno: se enfrentó al pingüinazo, inventó el CAE, el financiamiento compartido y la misma CNA. Segundo, por lo hecho cuando le ha tocado ser oposición, aprobando un ajuste tributario que subsidia la educación privada, omitiéndose de la votación del informe del lucro o declarando estar en contra de la educación gratuita a través de sus ex ministros de educación, en pleno 2011. Y, tercero, justamente porque también se han enriquecido con este negociado: Gutenberg Martínez en la Universidad Miguel de Cervantes; Ernesto Schiefelbein -ex ministro de Educación de Frei- es rector de la Universidad Autónoma; la ex ministra Pilar Armanet y la ex subsecretaria de Educación Pilar Romaguera -del gobierno de Michelle Bachelet- ocupan altos cargos en la Universidad de las Américas. Y así suma y sigue, como bien expuso El Mostrador.

Queda claro que el vaso se rebalsó y hace rato. Sin embargo, para la mayoría de nuestros políticos es más importante mantener vigente esta forma de enriquecerse que hacerse cargo de la destrucción de los sueños de miles de compañeros y sus familias. Y lamentablemente, ni el ministro Beyer ni sus antecesores han tenido la autoridad para hacer frente a esa situación.

¿Cómo combatir esta crisis? Si proponemos que no existan las universidades que lucran, ¿quién se hace cargo de sus estudiantes? La pregunta no es menor: si sumamos los estudiantes del total de universidades que están siendo investigadas, vemos que podrían ser hasta 200 mil los que arriesgan quedarse sin casa de estudios. Nuestra respuesta ha sido explícita y lo repetimos en forma contundente: más y mejor educación pública. Porque es aquella cuyos objetivos están alineados con los objetivos del país, porque responde a criterios democráticos, porque genera ciudadanía y desarrollo. Y porque ha quedado demostrado: dejar a estos compañeros en manos del mercado es exponerlos a que vuelvan a vivir situaciones idénticas pocos años después.

Los estudiantes hemos planteado miles de veces en los últimos años soluciones claras a este problema (propuestas de reforma tributaria, de superintendencia, de la entrega de Aportes Basales de Libre Disposición para universidades públicas, etcétera). Se trata de soluciones que confluyen en una idea central: “Educación pública gratuita y fin al lucro”. Con la misma fuerza lo seguiremos planteando otras mil veces más, no sólo porque esos cambios son necesarios, sino porque permiten avanzar en algo que nuestra sociedad prácticamente no conoce: igualdad.

La solución a la desigualdad es igualdad. Como estudiantes hemos enarbolado la bandera de la educación pública, gratuita y de calidad, garantizada por el Estado como un derecho social universal. Todo lo contrario a como actualmente conocemos la educación.

Hoy, el Estado actúa donde “los particulares no pueden”, es decir, donde no les es rentable hacer negocios. Ello implica que la noción de derecho sólo existe de verdad para una porción de la sociedad, lo que en otras palabras significa que como tales, los derechos no existen. O son para todos, o no son. Eso hace que en la práctica, más que estudiantes, seamos clientes. Más que ciudadanos, seamos consumidores.

Erradicar el lucro de la educación, significa abrir la posibilidad de construir espacios de encuentro, de interacción y relación que hoy día no existen. Finalmente, hacer de la educación un espacio público, en donde los unos y los otros puedan encontrarse como iguales. No el eufemismo de la “igualdad de oportunidades”: simplemente, igualdad. Por eso debe ser gratuita. Porque para ojos del Estado no debería haber diferencias. Al fin y al cabo, una experiencia donde el foco sea el desarrollo de la sociedad en su conjunto, que ponga la colaboración y la solidaridad como ejes por sobre el individualismo y la competencia que hoy nos agobian.

Desde quienes conducen a la Concertación nos dicen que ya es hora de pensar las presidenciales, que el movimiento entró en un definitivo declive y, sin embargo, son las banderas del movimiento las que hoy se comprueban como verdades: que tenemos un sistema en que el fin último que persiguen muchas instituciones es el lucro y que alrededor suyo se genera una dinámica de negocio que deja como última prioridad el aporte de conocimiento y profesionales para el país.

Pronto nos van a llamar a “enfrentar a la derecha” y engrosar una “oposición unida”. Nosotros los invitamos a todos, hoy, a mantener una posición que nos permita enfrentar el lucro (y a los lucradores) y defender la educación como un derecho, enfrentándose a quien haya que enfrentarse, caiga quien caiga. Y por último, no tengan dudas que volveremos a llenar las calles si continúan haciendo oídos sordos ante las demandas que clama la mayoría de este país.