Chile - Privatización del mar y los peces
Hombres y mujeres del mar se movilizan en contra de la privatización a perpetuidad de las pesquerías nacionales que intenta imponer el proyecto de Ley de Pesca que se tramita en el Congreso Nacional.
Fuente: Revista Somos
En la actualidad, los pescadores artesanales, los estudiantes y los pueblos indígenas encabezan la oposición ciudadana a las políticas neoliberales de privatización, concentración y transnacionalización de la economía chilena.
Con derechos históricos y herederos de una actividad milenaria y ancestral en las costas del país, los pescadores artesanales se encuentran movilizados a nivel nacional en contra del proyecto de Ley de Pesca, que se tramita en el Congreso Nacional “a marcha forzada” por el Ministro de Economía y precandidato presidencial, Pablo Longueira.
La iniciativa legal entrega de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces de la nación a siete familias, responsables de la actual crisis pesquera por sobreexplotación y de la apropiación monopólica de las rentas que genera la actividad pesquera de más de tres mil millones de dólares anuales.
Los pescadores artesanales se han volcado a las calles, luego de la negativa del Gobierno de escuchar sus legítimas demandas en rechazo al proyecto de Ley de Pesca, denominado “Ley Longueira” de privatización pesquera, que los condena a desaparecer como sector productivo, social y cultural.
Las movilizaciones han protagonizado el bloqueo de las principales carreteras y puertos del país. A ello se suma una huelga de hambre de un pescador de Coyhaique, en la región de Aysén.
“Ley Merino” y “Ley Longueira”
El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, afirma que “el nuevo” proyecto de Ley de Pesca es en realidad el reestreno del viejo proyecto privatizador del mar y sus recursos de la dictadura militar, conocido como “Ley Merino” (por el Almirante miembro de la Junta Militar de la época), que se intentó imponer infructuosamente en 1989.
Detrás del ministro Longueira se encuentra el gran empresariado rentista de la pesca, agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (Asipes) y la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor/ Grupo Angelini). Estos argumentan que poseen “derechos históricos” de propiedad de las pesquerías industriales del país, los que habrían sido reconocidos por el gobierno de Ricardo Lagos al establecer temporalmente en el 2002 el sistema de asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Pesca (CITs), cuyo nombre de fantasía en Chile es “Límite Máximo de Captura por Armador” (LMC)”.
“El ministro Pablo Longueira es uno de los jóvenes del grupo de Chacarillas 1977, que intenta cumplir con su promesa de llevar a término una de las reformas inconclusas de la dictadura militar”, asegura Juan Carlos Cárdenas. La privatización de las pesquerías en 2002 requirió una negociación previa con la oposición de la época, medida que debería ser revisada diez años después. Con ello “chutearon” hasta el 2012 la discusión de los temas más “complicados”, tales como la licitación y extensión del sistema de CITs, y la evaluación de la efectividad de la privatización en la conservación de los recursos marinos y la generación de empleo estable y de calidad.
Al cumplirse una década de la imposición del sistema de CITs, los resultados son devastadores. “El 70% de los principales recursos pesqueros de Chile está colapsado. En una década, las capturas del recurso jurel, la principal pesquería nacional, han caído de 4,5 millones de toneladas al año a menos de 300 mil toneladas”, asegura Cosme Caracciolo, pescador de San Antonio y vocero del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal.
Agrega que “la nueva Ley de Pesca no vela por la sustentabilidad al entregarle las cuotas de pesca a los mismos industriales que depredaron y sobreexplotaron los recursos marinos para la exportación utilizando la destructiva pesca de arrastre”.
Pescadores marchando hacia La Moneda luego que el Gobierno no cumpliera su compromiso y se negara a recibirlos.
Soberanía alimentaria en riesgo
Nelson Estrada, pescador de la región del Bio Bío y presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, afirma que “la nueva Ley de Pesca es un traje a la medida de los industriales. De aprobarse la “Ley Longueira” estamos condenados a desaparecer, y quizás nuestra única fuente de subsistencia sea luego buscar trabajo en la industria”.
Para el dirigente, “la estrategia gubernamental y del gran empresariado industrial es convertir a los pescadores artesanales de productores libres en mano de obra barata y temporera al servicio de la industria y de la acuicultura. Nuestra lucha es por la defensa de derechos históricos de la pesca artesanal y porque los recursos marinos vuelvan a ser propiedad del Estado”.
A juicio de Cosme Caracciolo, “el ministro Longueira actúa con prácticas mafiosas, usa el aparato del Estado para disolver el movimiento de los pescadores, descalifica a los dirigentes, y reprime con violencia en la calle. Así ocurrió en Valparaíso, Talcahuano, Constitución, Chiloé y Aysén. Las caletas de los pescadores se están movilizando y el Estado nos está respondiendo con balas”.
El movimiento de la pesca artesanal ha recibido el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía, como trabajadores, federaciones de estudiantes y organismos de derechos humanos, entre otros. La Comisión Ética Contra la Tortura distinguió con la medalla “Helmut Frenz”, al pescador artesanal de Aysén Honorino Angulo, del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, por su lucha contra la privatización de los peces. El fue uno de los dirigentes a quienes el gobierno intentó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por su rol en el levantamiento ciudadano que tuvo lugar en Aysén a principios de año. (2012)
Honorino Angulo asegura que “la Ley Longueira pone en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades costeras y del país” e informa que la industria pesquera exporta sus productos a los mercados de países desarrollados y produce harina y aceite de pescado para la alimentación industrial de salmones, cerdos y aves, mientras que la pesca artesanal comercializa productos del mar de calidad para el consumo interno de la población.
Agrega que la iniciativa legal además “vulnera los derechos humanos de la población, porque entrega en propiedad los recursos pesqueros a siete familias de industriales, en desmedro de dos millones personas que viven directa e indirectamente de la pesca artesanal, y de todos los chilenos”.
Cosme Caracciolo, vocero del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal, en protesta pacífica contra la Ley de Pesca.
Peces gordos, propietarios del mar
En los 90, el presidente Sebastián Piñera, siendo empresario y senador, propuso incluir en la Ley General de Pesca y Acuicultura la posibilidad de licitar las cuotas de pesca. Al asumir su mandato, encargó al entonces ministro Juan Andrés Fontaine un proyecto que contemplaba el reconocimiento del 50% de cuotas globales de pesca para compañías industriales, pero el otro 50% quedaba abierto para licitarlo anualmente, con el objetivo que entraran nuevos actores al sistema y que el Estado pudiera recuperar parte de las rentas del sector pesquero.
Con la salida de Fontaine del gabinete, Pablo Longueira, como titular de la cartera de Economía, impuso un proyecto de Ley de Pesca que elimina por completo las licitaciones, y entrega las cuotas a siete familias de manera gratuita y a perpetuidad. Las familias privilegiadas son Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad pesquera industrial del país.
El actual proyecto de ley ha permitido evidenciar la influencia de las grandes empresas en las decisiones políticas. El propio Fontaine reconoció este año haber recibido presiones del empresariado cuando era ministro de Economía para no licitar las cuotas de pesca.
Paradójicamente, el principal argumento que repite el ministro Longueira para legitimar su autoritario accionar que beneficia a los industriales pesqueros es que cuenta con el apoyo de las dos grandes confederaciones de la pesca artesanal, Conapach y Confepach, que el 26 de septiembre de 2011 firmaron un acuerdo con estos grandes empresarios y que, además de aceptar la privatización de los peces, permite que siga existiendo la destructiva pesca de arrastre.
Este acuerdo, que es calificado como una práctica de colusión por diversos economistas de gobierno y oposición y por sectores de pequeños y medianos productores, generó una división al interior de la Conapach, y la posterior creación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal (CNDPA), que representa a más de 50 mil pescadores artesanales de todo el país.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos.
Trámite autoritario y excluyente
La urgencia de la Ley de Pesca y su tramitación en las distintas etapas del Congreso está directamente relacionada con el tiempo que le queda a Longueira como ministro, de cara a su proyección presidencial para el 2014. El proceso de tramitación legislativa del proyecto de Ley de Pesca ha sido poco transparente, autoritario y excluyente.
En su primer trámite legislativo, los miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados realizaron una “revisión express” a las más de 800 indicaciones que el gobierno y diversos sectores económicos y políticos solicitaron analizar. Luego de un acuerdo con el ministro Longueira, dicha comisión cerró la puerta a los representantes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero. Luego de 16 horas de trabajo, con desprolijidad y populismo despacharon el proyecto de ley el 11 de julio a las 5 de la madrugada a su par de Hacienda.
Durante el trámite legislativo se aprobó una indicación que reconoce que los recursos pesqueros pertenecen al Estado, constituyendo patrimonio de todos los chilenos y no propiedad privada de aquellos a quienes la Ley de Pesca favoreció como poseedores temporales de Cuotas Individuales, pero Pablo Longueira ya advirtió que el gobierno recurriría al veto.
Esta discusión será un test de esfuerzo del sistema político representativo, ya que pondrá en evidencia si el Congreso es o no capaz de superar el chantaje empresarial, de manera que prevalezca el bien común y los intereses del país.
Sergio Millamán, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos de los Pueblos indígenas, vinculado a MapuExpress
Derechos de los pueblos indígenas
“Los pueblos indígenas tienen un vínculo e interés ancestral con el mar que no se agota en la sola extracción de recursos marinos. El mar y todos los elemento que en él habitan son parte de su cultura, su espiritualidad y formas de vida que conservan y esperan seguir manteniendo”, explicó Sergio Millamán, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos de los Pueblos indígenas, vinculado a MapuExpress, quien aseguró que la aprobación de la Ley de Pesca “será una nueva consolidación de los procesos de usurpación de los territorios indígenas y los recursos que existen en ellos, lo que traerá como consecuencia la profundización de la pobreza por la pérdida de fuentes tradicionales de subsistencia económica, la destrucción de formas de organización y vida tradicionales de los pueblos indígenas afectados”.
Y agregó que este proyecto de ley no tiene nada del nuevo trato que tanto anunció el Gobierno, y que por el contrario, “es volver al mismo trato de despojo y discriminación de siempre hacia los pueblos indígenas, ya que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas, ni respeta, ni protege su derecho ancestral a los recursos pesqueros que se encuentran en sus territorios, que incluyen la costa y el mar, y cuya extracción es parte de sus economías tradicionales”.
Millamán manifestó que “este proyecto de ley, como todas las medidas administrativas o legislativas que se tramiten y que digan relación con materias que afecten directamente los intereses y derechos de los pueblos indígenas, debe ser sometido a un proceso de consulta hacia los pueblos afectados, antes de ser dictados”. Este procedimiento es una obligación para el Estado de Chile desde el año 2009, cuando entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT.
Para el director del Centro Ecoceanos, “ante uno de los mayores intentos de expropiación de los recursos pesqueros, cobra relevancia capital la necesidad de construir una amplia alianza de ciudadanos organizados, pescadores artesanales, comunidades costeras, pueblos originarios, científicos, pequeños y medianos productores para crear una nueva gobernabilidad democrática para nuestro mar y sus recursos”.
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