¿Qué sucede en el poder cuando el pueblo gana? La lucha del pueblo de Totoral contra la termoeléctrica Castilla

Alvaro Toro
G80

La victoria del pueblo de Totoral frente al proyecto Central Termoeléctrica Castilla del multimillonario Eike Batista es fascinante. Totoral es un verdadero oasis ubicado en medio del desierto de Atacama que vive de la agricultura y ganadería.

Cuando el 2008 se enteró que en la hacienda colindante Castilla, del empresario Eike Batista, una de las diez principales fortunas del mundo, se pretendía construir la más grande central a carbón pulverizado de América Latina, tomó la decisión de oponerse firmemente, con claridad y porfía, a ver morir su lugar de origen.

Los habitantes de Totoral, encabezados por un grupo de mujeres, pidieron apoyo al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y a otras organizaciones de la región como la Mesa Social de Atacama y de la Red Ambiental del Norte (RAN), con quienes diseñaron e implementaron una estrategia para impedir la aprobación de la Central Castilla. En ese marco debe entenderse el recurso de protección presentado contra el Seremi de Salud y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama (1).

Totoral podría ser considerado un pueblo pobre, tiene problemas de electricidad y no tiene comunicación telefónica, ni transporte público, ni acceso a la salud y educación de calidad; sin embargo, goza de autonomía, tranquilidad y de una invaluable capacidad de apreciar su entorno. La cobertura de “necesidades básicas” fue la monedita de cambio que la empresa CGX S.A. (exMPX) ofrecía para obtener el beneplácito a su contaminante proyecto. Toda la información ampliamente difundida en relación a que un número de habitantes del pueblo estaban por negociar algún convenio de apoyo económico, sólo es entendible en el marco de la gran presión que los afectaba, además de la comprensible duda y angustia que surgía en algunos sobre la factibilidad de que una comunidad tan pequeña y aparentemente aislada pudiera ganarle a una empresa transnacional. La fórmula que la comunidad encontró para contrarrestar, durante más de cuatro años, esta ilegitima presión, incentivada y avalada por autoridades públicas, fue mantener siempre un debate democrático y participativo en el que se involucró todo el pueblo. Lo que no cabe duda es que la alegría desatada el 28 de agosto, cuando se conoció el fallo, arrastró a todas y todos, incluso a aquellos habitantes que en algún momento vacilaron.

Fallo histórico, reacción histérica Frente a la imposibilidad de contar con 2350 MW de potencia para la profundización del sumamente cuestionable modelo extractivo minero, la reacción histérica de las autoridades no se hizo esperar.Y es que las proyecciones gubernamentales pretenden que en menos de una década se quintuplique la inversión minera (de US$ 20 mil millones a 104 mil millones), actividad que en los últimos 20 años generó la mayor contaminación, escasez hídrica, vulneración de derechos y conflictos socioambientales en Chile.

La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, por instrucción del presidente Piñera, luego de conocido el fallo, se centró en deslegitimarlo y señalo que la Corte estaba sustituyendo al organismo técnico encargado de la evaluación ambiental: “Sustituir al organismo técnico es lo que no corresponde y acá la institucionalidad queda en entredicho”, y que “a mi juicio la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria” (2).

Estas temerarias afirmaciones, fueron inmediatamente respondidas por el máximo tribunal de justicia -que de ninguna manera podría ser calificado como un ente ecologista- indicando expresamente luego de una sesión plenaria “su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora Ministra del Medioambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho”(3).

La afirmación de que los tribunales no deben inmiscuirse en decisiones técnicas carece de toda lógica y sustento, más aún cuando la institucionalidad ambiental puesta en cuestión, opera como un organismo político y no técnico.

De hecho, el recurso de protección visto por el tribunal, se interpuso justamente porque la comunidad entendía que había una mala apreciación técnica de la autoridad: una termoeléctrica cinco veces más grande que la mayor central térmica actualmente en operaciones en Chile, no podía ser considerada como industria sólo molesta.

La Corte tuvo a la vista los documentos que acreditaban la intervención y la enorme presión política ejercida desde los ministerios de Energía y de Economía sobre los funcionarios “técnicos” de la Unidad Ambiental de la Seremi de Salud de Atacama, que explica el ilegal cambio de la calificación de industria contaminante a “molesta”. Y es que el descaro del lobby minero energético es de tal calibre, que el seremi Nicolás Baeza que toda su vida ha trabajado en el sector privado como ginecólogo, luego de un par de meses en el cargo público y pese a la oposición de los integrantes de su unidad técnica, efectuó la modificación para luego renunciar.

Y esto la ministra Benítez lo sabía, pues estaba a la cabeza de la evaluación ambiental del proyecto Castilla, y se vio directamente involucrada en presiones políticas que distorsionaron completamente el espíritu preventivo de la legislación ambiental.

Por otro lado, toda su pretendida defensa de lo “técnico”, se viene al suelo si recordamos que ella fue parte de la consultora especializada que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental que permitió la aprobación de la planta de cerdos de AgroSuper en la comuna de Freirina, la que generó una contaminación de tal magnitud que obligó al Ministerio de Salud a decretar su cierre a menos de seis meses de su puesta en marcha.

Elementos para una acusación constitucional por estas declaraciones hay más que suficientes. Y veremos si los parlamentarios tienen la valentía de impulsarla. Cosa dudosa si consideramos que personeros como María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía en el gobierno de Ricardo Lagos, o Alejandro Jadresic, ex ministro de Energía de Eduardo Frei, son parte activa del lobby que se levanta repudiando el fallo de la Suprema, junto a todo el poder ejecutivo y a las más altas autoridades del sector empresarial.

En definitiva, si alguien está poniendo en juego la institucionalidad ambiental no es la gente ni la Corte Suprema, sino la ministra de Medio Ambiente. Lo más preocupante es que no parece que sea un mero arrebato autoritario, sino que una acción pauteada desde el gobierno, porque la recientemente remozada institucionalidad ambiental no contaba con que las comunidades, las organizaciones funcionales de pequeños pueblos como Totoral, entendieran, parafraseando al presidente de la Corte Suprema, que “en Chile las personas también tienen derechos” (4)

Por lo tanto, detrás de esta reacción de quienes profitan y sustentan el modelo de desarrollo impuesto en el país a costa de las comunidades, lo que hay es un esfuerzo por “hacer los ajustes necesarios” para que un fallo como el del caso Castilla no se vuelva a repetir, pero no propiciando que la institucionalidad ambiental se dedique, por fin, a proteger el medio ambiente y no las inversiones, sino que reduciendo al máximo las posibilidades reales de las comunidades de actuar dentro de la institucionalidad para salvaguardar sus derechos fundamentales.

De hecho, ya la ministra Benítez anuncio que se estarían estudiando modificaciones a la institucionalidad con el fin de destrabar la materialización de las inversiones por razones ambientales o sociales. O, lo que resulta aún más aberrante, el ministro de Energía Jorge Bunster, señaló que el bullado y aplaudido compromiso 20/20, es decir que al año 2020 Chile tendría una matriz energética con un 20% de energías renovables no convencionales (ERNC) se traduciría en un 10/24, o sea, que la matriz energética país tendrá solo un 10% de ERNC en el 2024.

El pueblo de Totoral y las organizaciones ambientales de la región y del país tenemos que estar alertas para que no se vuelva a repetir la amarga experiencia ya vivida por la comunidad de Puchuncaví, donde pese al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la Central Termoeléctrica Campiche, el gobierno de Bachelet, presionado por el gobierno de Estados Unidos, modificó la ley de urbanismo y construcción para viabilizar la generadora contaminante de Aes Gener.


1.Más información en la edición chilena de Le Monde Diplomatique N° 130 de junio de 2012, “Una comunidad que resiste” de Juan Carlos Morales Castro.
2.El Mercurio, Economía y Negocios del 10 de septiembre de 2012.
3.www.poderjudicial.cl, Declaración Pública del Pleno Corte Suprema del 11 de septiembre de 2012
4.Declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, ministro Rubén Ballesteros

Álvaro Toro Vega

Abogado de la Junta de Vecinos de Totoral, asesor jurídico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y miembro del Estudio Jurídico Asesorías & Defensas.