España - Bankia, el poder bancario y sus vasallos gubernamentales
Charles-André Udry *
La Breche/A l'encontre
http://alencontre.org/
Traducción de Lucas Antón
Sin Permiso
www.sinpermiso.info
La «limpieza de los bancos» es, desde hace meses, una verdadera prueba para el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y la oligarquía española, así como para sus «socios» europeos. El sector bancario ocupa un lugar importante en España, debido a un fuerte proceso de concentración-centralización y a una pronunciada transnacionalización de sus principales agentes. A finales de 2011, el balance de los bancos se sitúa a la altura de un 330% del PIB (Neue Zürcher Zeitung, 9 mayo de 2012). La exposición de los acreedores (bancos, en lo esencial) al sector de la construcción e inmobiliario se eleva a 338.000 millones de euros (405.600 millones de francos suizos), de los que son «problemáticos» entre 176.000 y 184.000 millones, según declaraciones del Banco de España (Wall Street Journal, 8 de mayo de 2012, Les Echos, 8 de mayo de 2012, El País, 9 de mayo de 2012).
Dicho de otro modo: se trata oficialmente de préstamos «dudosos» – en el lenguaje corriente se habla de «gentes dudosas» – a constructores y promotores inmobiliarios, los ex-hacedores de milagros, hace ya cinco años. Se incluyen hasta bienes inmobiliarios adquiridos por los bancos a causa de «impagos». Entiéndase: asalariados a quienes se han vendido apartamentos y que no pueden hacer frente al pago de los intereses hipotecarios, por no hablar ya del reembolso del principal. Por decenas de miles, a estos «proprietarios» los han echado de «sus» pisos…pero deben sin embargo, pagar su deuda, aunque esté un poco «acomodada».
Hace falta situar este rescate de los bancos en un contexto en el que la caída de la producción industrial – uno de los factores que alimentan el paro, con sus desastrosos efectos sobre los ingresos de los asalariados y de sus familias – continúa desde octubre de 2011 a tasas mensuales (en relación al año precedente) que oscilan entre un -3% y un -7,5% (en marzo de 2012).
El banquero político y el político banquero
La dimensión del rescate de los bancos revela el entrelazamiento entre este sector y el poder del Estado. Hace varios años que insistimos en la mutación que se ha operado en la jerarquía de las instancias gubernamentales y del Estado. El primer lugar lo ocupan, desde los años 80, los ministros de finanzas y los bancos centrales. Esto se acentúa en el marco de la Unión Europea (UE). Hoy en día, con la crisis de la «deuda pública» – que no es pública, hay que repetirlo, sino del sistema bancario y de seguros – se ha impuesto una superposición estridente entre imponentes banqueros y «técnicos gubernamentales». Es lo que ilustran los Mario Monti (Italia), Lucas Papademos (Grecia) o incluso Luis de Guindos Jurado en España. En la operación de rescate del sistema bancario español resalta con nitidez este trazo grueso.
Rodrigo Rato, patrono de Bankia – cuarto banco del país, fruto más que maduro de siete cajas de ahorro, cuyo porvenir es tan dudoso como sospechosa fue su unión –, ilustra esta maquinaria. Nacido en 1949, es hijo de dos riquísimas familias de Asturias, encarnadas por su padre, Ramón Rato, y su madre, Aurora Figaredo. Su padre fue uno de los grandes banqueros de España (El Pais, 8 de mayo de 2012). Formado por los jesuitas, realizará sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en Berkeley. A los 30 años ingresa en Alianza Popular (AP), de la que se convertirá en dirigente, y después en el Partido Popular (PP), formación unificada y creada por el franquista Manuel Fraga, [recientemente] «desaparecido».
Fue ministro de Economía con Aznar entre abril de 2000 y abril de 2004. Ya lo había sido antes entre 1996 y 2000, siempre con Aznar; todo ello habiendo desempeñado la tarea de segundo vicepresidente del gobierno entre mayo de 1996 y 2003. En estas funciones, fue él quien regentó la «burbuja inmobiliaria» cuyas explosiones, de rebote, han golpeado finalmente a Bankia.
En un primer momento, orientará su carrera internacional como «representante» de España en el Banco Mundial (BM), en el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) o como representante del Ministerio de Economía en la UE. Prosigue su ascensión en el FMI. En efecto, sucederá como director general al alemán Horst Köhler, de la CDU, tras el breve periodo de interinidad asumido por la norteamericana Anne Krueger (marzo-junio de 2004). R. Rato fue coronado el 7 de junio de 2004 y dimitió el 31 de octubre de 2007. Se reciclará rápidamente en el Banco Lazard de Londres, con dos continentes como campo de batalla cuyo terreno conocía bien gracias a sus responsabilidades precedentes: Europa y América Latina.
En diciembre de 2009, entra en Caja Madrid, cuyas riendas toma en enero de 2010. Algunos meses más tarde, anuncia la fusión de esta entidad – que flotaba sobre un cojín de acreedores hipotecarios hipotéticos y sospechosos – con otras cajas agujereadas: Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las Cajas de Avila, de La Rioja y de Segovia. Con el descaro propio de su casta – con la seguridad de esa inmunidad que Dios concede, sin límite de crédito, a los suyos de veras – apuesta sobre sus redes y su distinción para: desactivar la bomba de tiempo que constituye la gestión clientelar y de estafadores de estas cajas, estabilizar la vacilante pila de préstamos hipotecarios y guardar silencio sobre las más que magras entradas de depósitos de los ahorradores. Así se pone en marcha el mecano Bankia (con una participación dominante de Caja Madrid, 52,06%, y de Bancaja, 37,7%) y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). A principios de mayo de 2012, Rodrigo Rato osaba todavía afirmar que no era necesario ningún rescate del Estado; una especie de proclamación provocadora en la atmósfera de Kriegspiel que reina entre tiburones de la banca e intrigantes del gobierno Rajoy.
Los «mercados» – los inversores – no ignoraban que la exposición a los activos inmobiliarios no estaba neutralizada por las iniciativas de Rato y sus adláteres. El cierre del 20% de sus oficinas supone un ligero maquillaje en términos contables. Luego se pone en marcha una operación, correctamente denominada segregación, en abril de 2011. Traducido: se efectúa en la «casa madre» una clasificación y asignación de los activos más tóxicos al BFA, que se ha construido sobre la base de un sistema de mutualización y autoprotección en diciembre de 2010 y comienza su actividad el 1 de enero de 2011. Volvemos a encontrar ahí a las cajas. El BFA es el accionista mayoritario de Bankia. Este último no sólo dispone de una red en España sino que está activo a escala internacional: Lisboa, Dublín, Milán, Londres, Munich, Viena, Miami, Pekín y Shanghai. Una tarjeta de visita que no basta para tranquilizar a «los mercados», al contrario. Las acciones de Bankia se despeñan entre el 2 de agosto de 2011 y el 8 de mayo de 2012 de 3,9 euros a 2,375 euros, es decir, una caída del 39%. La exposición a activos sospechosos de Bankia se eleva a 31.800 millones de euros. .
Deloitte enciende la mecha
La mecha la ha prendido la sociedad auditora Deloitte, una de las cuatro grandes multinacionales de la auditoría junto a PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM. Deloitte ilumina el fallo en su informe de auditoría (El País, 9 de mayo de 2012). En efecto, en el balance de 2011 del BFA se contabiliza una participación en Bankia por valor de 12.000 millones de euros. Según el valor de mercado (el precio de las acciones en Bolsa), se estima esta participación en 2.000 millones. Una ligera diferencia. Aun cuando, según las normas contables en vigor y dado que el BFA no pensaba ceder enseguida sus acciones de Bankia en el mercado, era posible atribuir a esta participación un valor de 8.500 millones. Pero una deducción mínima de 3.500 millones en el balance señalaba la necesidad. Ahora bien, si se cotejan las ganancias del BFA, o sea 41 millones de euros, y la pérdida a registrar, o sea, 35.000 millones, salta a los ojos la dificultad aritmética.
Deloitte había sugerido una solución: poner a cero el patrimonio del BFA, la casa madre de Bankia, y para no dejar BFA totalmente al desnudo, transformar la participación preferencial del Estado español en capital del BFA. Pero esto equivaldría a la nacionalización al 100% de BFA. Una vez más se ofrece la imagen de la toma de rehenes con la que operan los bancos: un rescate obligado, pero sin contrapartidas. Lo que justifica desde nuestro punto de vista, muy concretamente, la exigencia política y estratégica – en la perdurable crisis presente del capitalismo – de una nacionalización-desprivatización del sector bancario, para hacer de ello un polo público único, que no entre en competencia con los grandes cachalotes privados, esos que se zampan a un tiburón de un bocado.
Se perfila otra solución: asignar a Bankia fondos públicos sin «intervención alguna del Estado» (La Vanguardia, 9 de mayo de 2012). En otras palabras, canalizar hacia Bankia ingresos del conjunto de asalariados contribuyentes que sufren un ataque sin precedentes contra el salario social: salario directo, indirecto, asignaciones diversas, educación, sanidad, guarderías, etc. Volveremos sobre ello, pues la decisión concreta sobre la materia debe tomarse este viernes 11 de mayo. A menos que, acelerándose la crisis «en los mercados», como síntoma de una crisis del sistema bancario, se escoja la nacionalización antes como intervención de urgencia.
De Rato a Goirigolzarri
A Rodrigo Rato lo substituirá un hombre de confianza: José Ignacio Goirigolzarri, nacido en Bilbao en 1954. Dejó el gran banco BBVA – del que fue uno de los que pilotó su expansión por los Estados Unidos de América, tras treinta de buenos y leales servicios. Su salida, con la ayuda del gran patrón del BBVA, tuvo lugar hace 32 meses. Recibe una indemnización estrella de 61 millones de euros, de la que esperar un nuevo mandato tras haber firmado una cláusula de confidencialidad y de no competencia. El Banco de España y el gobierno «han presionado para que acepte» (El Pais, 8 de mayo de 2012).
Rato no parecía muy dispuesto a dejar los mandos de piloto de Bankia. Entre gentes de buena crianza, y desconfiando por tanto como es norma, José Ignacio Goirigolzarri ha exigido todos los poderes. Y los ha conseguido.
Este género de enfrentamientos constituye un reflejo de los que tienen lugar en el seno mismo del PP y de la oligarquía reinante, situada bajo los golpes de una crisis de una fuerza que no se había previsto necesariamente en todos sus contornos. Este terremoto financiero provoca sacudidas no sólo en los círculos dirigentes del «mundo de las finanzas», sino también en los correlativos del llamado campo político y del bloque social a los mandos. Mandos desdoblados en el «espacio europeo», donde las torres de control dudan en los pasillos si otorgar préstamos a los jumbos con trenes de aterrizaje poco fiables, pese a los procedimientos autoritarios que se maduran: los del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el seno de la UE (TSCG).
El Costa-Concordia bancario español necesita un capital sólido. Pero las profundidades de las finanzas del mercado español son más que traicioneras e imprevisibles. Puede estallar una crisis de falta de liquidez en el sistema bancario, sin previo aviso, y poner de rodillas a la oligarquía bancaria, que tomaría a la sociedad como rehén con una violencia fría y decidida.
Es hora de denunciar la toma de rehenes por parte de los bancos
El «rescate» de Bankia – bajo una u otra forma – saca a la luz la gravedad de la crisis bancaria sistémica en vigor en España y otros lugares. Veamos de qué forma se han engarzado y se engarzan los balances de Bankia y de otras instituciones. Con toda razón, Les Echos (9 de mayo de 2012) insiste en un dato, más allá de la crisis griega y su posible extensión a Portugal e Irlanda: los «inversores se preguntan ya por la situación de otras entidades y sobre los medios de España para ayudar a los demás [aparte de Bankia y BFA]. ¿Cómo encontraría el gobierno el dinero necesario en plena crisis?» François Duhen, estratega de CM-CIC, constata sucintamente: «España no ha llegado al final de sus problemas». En cuanto a los analistas de Barclays, en un artículo titulado «Por qué la crisis del euro se hace aun más compleja», afirman: «El sistema bancario ibérico necesitará a corto plazo100.000 millones de liquidez, y en la hipótesis de que sea el Estado quien deba poner todo el dinero, la deuda pública salpicaría al 100% del PIB y el esfuerzo de austeridad presupuestaria habrá sido en vano» (24Ore/Il Sole, 9 de mayo de 2012).
Entre líneas de diferentes artículos de la prensa económica, sobresale otra interrogación en forma de eufemismo: ¿qué «grado de aceptabilidad social y política» va a manifestar la población frente a esta socialización de las pérdidas de una deuda bancaria presentada como algo público y «justificar» que se enjuague con los impuestos de los asalariados? Aquí es donde la «crisis griega» adquiere un eco europeo mediante el rechazo masivo de la regresión social y existencial.
Ahora bien, los bancos españoles han logrado en estos últimos meses la hazaña de recoger fondos (acciones y obligaciones convertibles) de «pequeños ahorradores», desde luego una minoría de la población, y de fondos de pensiones, así como de vendedores de seguros de vida.
Según el Banco de España, los fondos recogidos en el último trimestre de 2011 son superiores en unos 8.000 millones de euros a los adquiridos en el mismo trimestre de 2010. Este acopio – gracias a una ofensiva de marketing – ha permitido, en parte, camuflar por más tiempo las pérdidas infracontabilizadas en los balances de los bancos.
La crisis de Bankia – con el lote de «escándalos» que van a salir a la superficie – puede golpear a los buques insignia del sistema bancario español. De ahí el nerviosismo que se registra y los tajantes enfrentamientos sobre los parqués encerados y las moquetas mullidas. Tanto más cuando se había difundido a mansalva desde hace tres años la imagen de control del sistema bancario, pese al desastre gigantesco del hundimiento inmobiliario, es decir, de la crisis de superproducción de alojamientos.
¿Cómo se explica que ninguno de los grandes bancos españoles haya anunciado pérdidas en sus resultados anuales desde el inicio de la crisis financiera de 2008 (que data más exactamente de 2007), cuya cuarta fase está en curso?
El rescate de Bankia marca una nueva etapa socio-política en España. La denuncia de la deuda y el objetivo de una nacionalización-desprivatización de los bancos se convierte en eslabón necesario de una lucha contra las políticas de austeridad. Es decir, contra el paro y la degradación histórica del salario social, contemplado como precio de la reproducción ampliada, en la duración de una vida, de la fuerza de trabajo colectiva del asalariado, a partir de baremos establecidos en los años 1970-1980. A lo que debería añadirse, a partir de coordinaciones sectoriales de resistencias y luchas, una perspectiva europea, socialista y democrática. Esto último puede plantear, bajo el ángulo de la solidaridad de clase, la cuestión de una reconquista soberana de derechos expropiados, derechos que traducían la necesaria satisfacción de necesidades sociales y de una verdadera seguridad, en primer lugar, de orden social.
* Nota de Correspondencia de Prensa: Charles-André Udry es militante del MPS (Movimiento Por el Socialismo) de Suiza, economista, director de Editions Page deux y editor de la revista electrónica La Breche/A l´encontre.
La Breche/A l'encontre
http://alencontre.org/
Traducción de Lucas Antón
Sin Permiso
www.sinpermiso.info
La «limpieza de los bancos» es, desde hace meses, una verdadera prueba para el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y la oligarquía española, así como para sus «socios» europeos. El sector bancario ocupa un lugar importante en España, debido a un fuerte proceso de concentración-centralización y a una pronunciada transnacionalización de sus principales agentes. A finales de 2011, el balance de los bancos se sitúa a la altura de un 330% del PIB (Neue Zürcher Zeitung, 9 mayo de 2012). La exposición de los acreedores (bancos, en lo esencial) al sector de la construcción e inmobiliario se eleva a 338.000 millones de euros (405.600 millones de francos suizos), de los que son «problemáticos» entre 176.000 y 184.000 millones, según declaraciones del Banco de España (Wall Street Journal, 8 de mayo de 2012, Les Echos, 8 de mayo de 2012, El País, 9 de mayo de 2012).
Dicho de otro modo: se trata oficialmente de préstamos «dudosos» – en el lenguaje corriente se habla de «gentes dudosas» – a constructores y promotores inmobiliarios, los ex-hacedores de milagros, hace ya cinco años. Se incluyen hasta bienes inmobiliarios adquiridos por los bancos a causa de «impagos». Entiéndase: asalariados a quienes se han vendido apartamentos y que no pueden hacer frente al pago de los intereses hipotecarios, por no hablar ya del reembolso del principal. Por decenas de miles, a estos «proprietarios» los han echado de «sus» pisos…pero deben sin embargo, pagar su deuda, aunque esté un poco «acomodada».
Hace falta situar este rescate de los bancos en un contexto en el que la caída de la producción industrial – uno de los factores que alimentan el paro, con sus desastrosos efectos sobre los ingresos de los asalariados y de sus familias – continúa desde octubre de 2011 a tasas mensuales (en relación al año precedente) que oscilan entre un -3% y un -7,5% (en marzo de 2012).
El banquero político y el político banquero
La dimensión del rescate de los bancos revela el entrelazamiento entre este sector y el poder del Estado. Hace varios años que insistimos en la mutación que se ha operado en la jerarquía de las instancias gubernamentales y del Estado. El primer lugar lo ocupan, desde los años 80, los ministros de finanzas y los bancos centrales. Esto se acentúa en el marco de la Unión Europea (UE). Hoy en día, con la crisis de la «deuda pública» – que no es pública, hay que repetirlo, sino del sistema bancario y de seguros – se ha impuesto una superposición estridente entre imponentes banqueros y «técnicos gubernamentales». Es lo que ilustran los Mario Monti (Italia), Lucas Papademos (Grecia) o incluso Luis de Guindos Jurado en España. En la operación de rescate del sistema bancario español resalta con nitidez este trazo grueso.
Rodrigo Rato, patrono de Bankia – cuarto banco del país, fruto más que maduro de siete cajas de ahorro, cuyo porvenir es tan dudoso como sospechosa fue su unión –, ilustra esta maquinaria. Nacido en 1949, es hijo de dos riquísimas familias de Asturias, encarnadas por su padre, Ramón Rato, y su madre, Aurora Figaredo. Su padre fue uno de los grandes banqueros de España (El Pais, 8 de mayo de 2012). Formado por los jesuitas, realizará sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en Berkeley. A los 30 años ingresa en Alianza Popular (AP), de la que se convertirá en dirigente, y después en el Partido Popular (PP), formación unificada y creada por el franquista Manuel Fraga, [recientemente] «desaparecido».
Fue ministro de Economía con Aznar entre abril de 2000 y abril de 2004. Ya lo había sido antes entre 1996 y 2000, siempre con Aznar; todo ello habiendo desempeñado la tarea de segundo vicepresidente del gobierno entre mayo de 1996 y 2003. En estas funciones, fue él quien regentó la «burbuja inmobiliaria» cuyas explosiones, de rebote, han golpeado finalmente a Bankia.
En un primer momento, orientará su carrera internacional como «representante» de España en el Banco Mundial (BM), en el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) o como representante del Ministerio de Economía en la UE. Prosigue su ascensión en el FMI. En efecto, sucederá como director general al alemán Horst Köhler, de la CDU, tras el breve periodo de interinidad asumido por la norteamericana Anne Krueger (marzo-junio de 2004). R. Rato fue coronado el 7 de junio de 2004 y dimitió el 31 de octubre de 2007. Se reciclará rápidamente en el Banco Lazard de Londres, con dos continentes como campo de batalla cuyo terreno conocía bien gracias a sus responsabilidades precedentes: Europa y América Latina.
En diciembre de 2009, entra en Caja Madrid, cuyas riendas toma en enero de 2010. Algunos meses más tarde, anuncia la fusión de esta entidad – que flotaba sobre un cojín de acreedores hipotecarios hipotéticos y sospechosos – con otras cajas agujereadas: Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las Cajas de Avila, de La Rioja y de Segovia. Con el descaro propio de su casta – con la seguridad de esa inmunidad que Dios concede, sin límite de crédito, a los suyos de veras – apuesta sobre sus redes y su distinción para: desactivar la bomba de tiempo que constituye la gestión clientelar y de estafadores de estas cajas, estabilizar la vacilante pila de préstamos hipotecarios y guardar silencio sobre las más que magras entradas de depósitos de los ahorradores. Así se pone en marcha el mecano Bankia (con una participación dominante de Caja Madrid, 52,06%, y de Bancaja, 37,7%) y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). A principios de mayo de 2012, Rodrigo Rato osaba todavía afirmar que no era necesario ningún rescate del Estado; una especie de proclamación provocadora en la atmósfera de Kriegspiel que reina entre tiburones de la banca e intrigantes del gobierno Rajoy.
Los «mercados» – los inversores – no ignoraban que la exposición a los activos inmobiliarios no estaba neutralizada por las iniciativas de Rato y sus adláteres. El cierre del 20% de sus oficinas supone un ligero maquillaje en términos contables. Luego se pone en marcha una operación, correctamente denominada segregación, en abril de 2011. Traducido: se efectúa en la «casa madre» una clasificación y asignación de los activos más tóxicos al BFA, que se ha construido sobre la base de un sistema de mutualización y autoprotección en diciembre de 2010 y comienza su actividad el 1 de enero de 2011. Volvemos a encontrar ahí a las cajas. El BFA es el accionista mayoritario de Bankia. Este último no sólo dispone de una red en España sino que está activo a escala internacional: Lisboa, Dublín, Milán, Londres, Munich, Viena, Miami, Pekín y Shanghai. Una tarjeta de visita que no basta para tranquilizar a «los mercados», al contrario. Las acciones de Bankia se despeñan entre el 2 de agosto de 2011 y el 8 de mayo de 2012 de 3,9 euros a 2,375 euros, es decir, una caída del 39%. La exposición a activos sospechosos de Bankia se eleva a 31.800 millones de euros. .
Deloitte enciende la mecha
La mecha la ha prendido la sociedad auditora Deloitte, una de las cuatro grandes multinacionales de la auditoría junto a PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM. Deloitte ilumina el fallo en su informe de auditoría (El País, 9 de mayo de 2012). En efecto, en el balance de 2011 del BFA se contabiliza una participación en Bankia por valor de 12.000 millones de euros. Según el valor de mercado (el precio de las acciones en Bolsa), se estima esta participación en 2.000 millones. Una ligera diferencia. Aun cuando, según las normas contables en vigor y dado que el BFA no pensaba ceder enseguida sus acciones de Bankia en el mercado, era posible atribuir a esta participación un valor de 8.500 millones. Pero una deducción mínima de 3.500 millones en el balance señalaba la necesidad. Ahora bien, si se cotejan las ganancias del BFA, o sea 41 millones de euros, y la pérdida a registrar, o sea, 35.000 millones, salta a los ojos la dificultad aritmética.
Deloitte había sugerido una solución: poner a cero el patrimonio del BFA, la casa madre de Bankia, y para no dejar BFA totalmente al desnudo, transformar la participación preferencial del Estado español en capital del BFA. Pero esto equivaldría a la nacionalización al 100% de BFA. Una vez más se ofrece la imagen de la toma de rehenes con la que operan los bancos: un rescate obligado, pero sin contrapartidas. Lo que justifica desde nuestro punto de vista, muy concretamente, la exigencia política y estratégica – en la perdurable crisis presente del capitalismo – de una nacionalización-desprivatización del sector bancario, para hacer de ello un polo público único, que no entre en competencia con los grandes cachalotes privados, esos que se zampan a un tiburón de un bocado.
Se perfila otra solución: asignar a Bankia fondos públicos sin «intervención alguna del Estado» (La Vanguardia, 9 de mayo de 2012). En otras palabras, canalizar hacia Bankia ingresos del conjunto de asalariados contribuyentes que sufren un ataque sin precedentes contra el salario social: salario directo, indirecto, asignaciones diversas, educación, sanidad, guarderías, etc. Volveremos sobre ello, pues la decisión concreta sobre la materia debe tomarse este viernes 11 de mayo. A menos que, acelerándose la crisis «en los mercados», como síntoma de una crisis del sistema bancario, se escoja la nacionalización antes como intervención de urgencia.
De Rato a Goirigolzarri
A Rodrigo Rato lo substituirá un hombre de confianza: José Ignacio Goirigolzarri, nacido en Bilbao en 1954. Dejó el gran banco BBVA – del que fue uno de los que pilotó su expansión por los Estados Unidos de América, tras treinta de buenos y leales servicios. Su salida, con la ayuda del gran patrón del BBVA, tuvo lugar hace 32 meses. Recibe una indemnización estrella de 61 millones de euros, de la que esperar un nuevo mandato tras haber firmado una cláusula de confidencialidad y de no competencia. El Banco de España y el gobierno «han presionado para que acepte» (El Pais, 8 de mayo de 2012).
Rato no parecía muy dispuesto a dejar los mandos de piloto de Bankia. Entre gentes de buena crianza, y desconfiando por tanto como es norma, José Ignacio Goirigolzarri ha exigido todos los poderes. Y los ha conseguido.
Este género de enfrentamientos constituye un reflejo de los que tienen lugar en el seno mismo del PP y de la oligarquía reinante, situada bajo los golpes de una crisis de una fuerza que no se había previsto necesariamente en todos sus contornos. Este terremoto financiero provoca sacudidas no sólo en los círculos dirigentes del «mundo de las finanzas», sino también en los correlativos del llamado campo político y del bloque social a los mandos. Mandos desdoblados en el «espacio europeo», donde las torres de control dudan en los pasillos si otorgar préstamos a los jumbos con trenes de aterrizaje poco fiables, pese a los procedimientos autoritarios que se maduran: los del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el seno de la UE (TSCG).
El Costa-Concordia bancario español necesita un capital sólido. Pero las profundidades de las finanzas del mercado español son más que traicioneras e imprevisibles. Puede estallar una crisis de falta de liquidez en el sistema bancario, sin previo aviso, y poner de rodillas a la oligarquía bancaria, que tomaría a la sociedad como rehén con una violencia fría y decidida.
Es hora de denunciar la toma de rehenes por parte de los bancos
El «rescate» de Bankia – bajo una u otra forma – saca a la luz la gravedad de la crisis bancaria sistémica en vigor en España y otros lugares. Veamos de qué forma se han engarzado y se engarzan los balances de Bankia y de otras instituciones. Con toda razón, Les Echos (9 de mayo de 2012) insiste en un dato, más allá de la crisis griega y su posible extensión a Portugal e Irlanda: los «inversores se preguntan ya por la situación de otras entidades y sobre los medios de España para ayudar a los demás [aparte de Bankia y BFA]. ¿Cómo encontraría el gobierno el dinero necesario en plena crisis?» François Duhen, estratega de CM-CIC, constata sucintamente: «España no ha llegado al final de sus problemas». En cuanto a los analistas de Barclays, en un artículo titulado «Por qué la crisis del euro se hace aun más compleja», afirman: «El sistema bancario ibérico necesitará a corto plazo100.000 millones de liquidez, y en la hipótesis de que sea el Estado quien deba poner todo el dinero, la deuda pública salpicaría al 100% del PIB y el esfuerzo de austeridad presupuestaria habrá sido en vano» (24Ore/Il Sole, 9 de mayo de 2012).
Entre líneas de diferentes artículos de la prensa económica, sobresale otra interrogación en forma de eufemismo: ¿qué «grado de aceptabilidad social y política» va a manifestar la población frente a esta socialización de las pérdidas de una deuda bancaria presentada como algo público y «justificar» que se enjuague con los impuestos de los asalariados? Aquí es donde la «crisis griega» adquiere un eco europeo mediante el rechazo masivo de la regresión social y existencial.
Ahora bien, los bancos españoles han logrado en estos últimos meses la hazaña de recoger fondos (acciones y obligaciones convertibles) de «pequeños ahorradores», desde luego una minoría de la población, y de fondos de pensiones, así como de vendedores de seguros de vida.
Según el Banco de España, los fondos recogidos en el último trimestre de 2011 son superiores en unos 8.000 millones de euros a los adquiridos en el mismo trimestre de 2010. Este acopio – gracias a una ofensiva de marketing – ha permitido, en parte, camuflar por más tiempo las pérdidas infracontabilizadas en los balances de los bancos.
La crisis de Bankia – con el lote de «escándalos» que van a salir a la superficie – puede golpear a los buques insignia del sistema bancario español. De ahí el nerviosismo que se registra y los tajantes enfrentamientos sobre los parqués encerados y las moquetas mullidas. Tanto más cuando se había difundido a mansalva desde hace tres años la imagen de control del sistema bancario, pese al desastre gigantesco del hundimiento inmobiliario, es decir, de la crisis de superproducción de alojamientos.
¿Cómo se explica que ninguno de los grandes bancos españoles haya anunciado pérdidas en sus resultados anuales desde el inicio de la crisis financiera de 2008 (que data más exactamente de 2007), cuya cuarta fase está en curso?
El rescate de Bankia marca una nueva etapa socio-política en España. La denuncia de la deuda y el objetivo de una nacionalización-desprivatización de los bancos se convierte en eslabón necesario de una lucha contra las políticas de austeridad. Es decir, contra el paro y la degradación histórica del salario social, contemplado como precio de la reproducción ampliada, en la duración de una vida, de la fuerza de trabajo colectiva del asalariado, a partir de baremos establecidos en los años 1970-1980. A lo que debería añadirse, a partir de coordinaciones sectoriales de resistencias y luchas, una perspectiva europea, socialista y democrática. Esto último puede plantear, bajo el ángulo de la solidaridad de clase, la cuestión de una reconquista soberana de derechos expropiados, derechos que traducían la necesaria satisfacción de necesidades sociales y de una verdadera seguridad, en primer lugar, de orden social.
* Nota de Correspondencia de Prensa: Charles-André Udry es militante del MPS (Movimiento Por el Socialismo) de Suiza, economista, director de Editions Page deux y editor de la revista electrónica La Breche/A l´encontre.
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