Uruguay - La trata con fines de explotación sexual
El comercio del cuerpo ajeno
Mariana Contreras
Semanario Brecha, Montevideo
http://www.brecha.com.uy/
Es una realidad aceptada en
silencio. Sin embargo pocos la quieren ver, y se suele decir que acá no pasa.
Pero pasa, y cada vez más ojos y oídos se desayunan sobre la existencia de
redes de mayor o menor escala, dedicadas a traficar mujeres y niñas como materia
de consumo sexual en nuestro país. Además, en este informe, la
"prostitución vip" como escalera de naipes para acceder a las
pasarelas del modelaje.
Cuando el sol cae, la sordidez
impregna la noche en algunos puntos de la ciudad. Insospechados comercios de
barrio se transforman en cantinas adonde llegan chiquilinas de 13, 14 o 15
años. Émulas obligadas del Show Match de Tinelli bailan el caño para unos
parroquianos sedientos y morbosos. Los hombres son de la zona o llegan
alertados por un fino hilo de vasos comunicantes a ver el espectáculo que se
monta para ellos. Así pasan, entre alcohol, bailes y sexo, hasta que el último
aliento de la noche se traga a las chiquilinas y recompone las fachadas para
que todo vuelva a la mentirosa normalidad.
La escena sucede y se repite en
Montevideo y en la zona metropolitana, también en el interior del país, muchas
veces bajo la vista casi cómplice de un barrio que mantiene silencio por temor
o porque la red delictiva sabe cuáles son las necesidades de la zona e
interviene aportando recursos y soluciones.
Si no es un local comercial,
podrá ser una casa, donde anfitriones de buen nivel económico agasajan
sirviendo adolescentes para consumo a piacere de sus invitados. Son fiestas que
pueden implicar el traslado de las menores a otro barrio, a otra ciudad; a otro
departamento u otro país, cruzando legal o ilegalmente la frontera, lo mismo
da.
No necesariamente se trata de
"prostitución vip", donde modelos, o aspirantes a serlo, pagan
"peaje" por cumplir su vocación, sino de niñas, adolescentes y
adultas que mediante mecanismos, sutiles primero y grotescos después, quedan
atrapadas bajo la voluntad de hombres que comercian su cuerpo.
"La esclavitud del siglo
xxi" se le llama a la trata y el tráfico de personas; y aunque el comercio
no necesariamente tiene como fin la explotación sexual (existe la trata con
fines laborales, para la venta de órganos, para el matrimonio, la adopción
ilegal de niños, la servidumbre...), el 80 por ciento de las víctimas
trasnacionales son mujeres y más de la mitad son menores de 18 años. En 2009 un
informe de Naciones Unidas (ONU) determinó que el 79 por ciento de las víctimas
identificadas eran explotadas sexualmente.
En Uruguay, la explotación sexual
de niñas y mujeres, así como la violencia doméstica, son dos formas de violencia
de género que han tenido una visibilidad intermitente. A impulsos de
investigaciones como las de María Urruzola, publicadas en Brecha en 1992, o de
trabajos como los de María Elena Laurnaga, quien investigó la trata de
adolescentes, ojos y oídos se han desayunado sobre la existencia de redes de
mayor o menor escala dedicadas a traficar mujeres y niñas como materia de
consumo sexual en nuestro país.
For export
A los 13 años decidió confesarle
a su madre que el compañero con el que ésta vivía –que oficiaba de padrastro–
hacía tiempo que abusaba de ella. Pero la obstinada negación de la madre fue
más fuerte que la verdad y al poco tiempo Ana (supongamos que así se llama la
niña) no soportó más la convivencia y comenzó una situación de alejamiento físico
y sobre todo emocional de su casa. Fueron largas horas deambulando por aquella
ciudad del norte del país, y casi sin percibirlo, la calle comenzó a ganar
espacio en su vida. Ante la pasividad familiar, abandonó definitivamente los
estudios y comenzó a consumir drogas y alcohol. Las noches las alternaba entre
su casa y la de su abuela, una mujer que en tiempos pretéritos vendió a su
propia hija para la prostitución.
Fue en las noches de calle sin
rumbo, trillando hasta el hartazgo la misma zona, que Ana conoció a un hombre
de alrededor de 40 años, un "novio" que le ofreció contención, la
protegió y proveyó de mucho de lo que le faltaba: comida, ropa, dinero. Con su
nuevo estatus, las vueltas a la casa la encontraron en un lugar diferente: el
rol de proveedora le devolvió a la niña/mujer el respeto y la consideración del
que sus mayores antes no la creían merecedora.
Más allá del vínculo afectivo,
Ana fue creando una deuda que al tiempo se hizo explícita: la droga que
consumía –y que el "novio" conseguía a través de terceros– debía ser
pagada al proveedor. El sexo sería la moneda de cambio.
Ese fue el primer escalón en un
camino que al tiempo la llevó a habitar una casa junto a otras menores, y
algunas mayores e incluso una extranjera, todas captadas para ser explotadas
sexualmente. Las habitantes de la casa son (aún hoy) "ofrecidas" para
fiestas o a clientes particulares. Hubo oportunidades en que algunas fueron
llevadas ilegalmente a Brasil o a Argentina con el mismo cometido. Les vendan
los ojos para que no puedan identificar el lugar. Las drogan con alguna
sustancia que las hace sentir "confusas, con bienestar y adormiladas"
y las entregan a su suerte, al protagónico rol de ser la diversión.
Hasta el momento en que decidió
que no era vida para ella –a los 17 años, y luego del nacimiento de su hija–
Ana pudo entrar y salir de aquella casa, manejó dinero, le regalaron ropa,
disfrutó de algunas comodidades que los dueños de la red de explotación disponían
en el hogar, tuvieron con ella algunas "consideraciones" durante su
embarazo y luego del parto. Todo ello en parte por el vínculo afectivo con uno
de ellos, pero sobre todo porque las medidas de coacción ya no pasan por el
encierro. Pero tanto da, porque la compleja forma en la que llegan a esa
situación impide utilizar cualquier palabra que se parezca a
"consentimiento". Hoy están "atrapadas y sometidas pero no
encerradas", describió a Brecha una persona vinculada al tema. Hay
amenazas más o menos veladas de que en caso de "romper los códigos"
su suerte no será muy buena: las amenazan con ser denunciadas por mulas (muchas
son utilizadas para trasladar sustancias ilícitas tanto dentro como fuera del
país), o con las consecuencias que puede acarrear haber cruzado ilegalmente las
fronteras, o por haber captado ellas mismas otras mujeres para la red. Una de
las formas más habituales de engendrar miedo es la amenaza de contar a sus
familias la realidad de lo que hacen, o amenazar con hacerle daño a sus hijos.
La historia de Ana es tan real
como el expediente que se sustancia en un juzgado del crimen organizado con su
caso. Y a pesar de que "zafó", pedir ayuda, contar su historia, le
llevó más de un año de visita frecuente a quien finalmente sería su confidente
y el denunciante de la situación. Ana zafó, sí, pero no rompió los códigos:
durante la investigación no dio nombres ni especificó lugares que permitan
desbaratar la red. Y desde el comienzo advirtió que si debía declarar en el
juzgado, primero quería ver fotos de los jueces, abogados y fiscales que
intervinieran en el caso, para constatar que ninguno de ellos hubiera sido
cliente.
Cuidar
La trata y el tráfico de personas
son considerados hoy dos de los negocios ilícitos más redituables, después de
la venta de armas y drogas. Así lo dicen los informes internacionales, los
mismos que señalan a Uruguay como un país de "origen, tránsito y
destino" de personas. Aquí, "el tráfico interno de los niños
–especialmente de las niñas– va en aumento y, por desgracia, parece que hay una
tolerancia inaceptable para este tipo de explotación sexual, que generalmente
incluye familias que viven al margen de la sociedad, social y económicamente
excluidos", dijo durante su visita en 2010 la relatora de la onu, Joy Ngozi
Ezeilo.
Cuando Ana decidió salirse de la
red y la denuncia fue presentada en el juzgado, no contó con protección
policial alguna. Nadie le aseguró que podía estar tranquila porque en caso de
que alguien quisiera amedrentarla, secuestrarla, agredirla, asustarla o robarle
a su hijo, estaría protegida. "Nos dijeron que pagáramos un 222",
relató una persona allegada al caso que respondió la policía. Tampoco la
persona que facilitó la realización de la denuncia, ni los operadores de campo
que trabajaron con ella contaron con esa tranquilidad.
Tampoco recibió protección una
niña de 14 años que denunció a su abusador. La menor fue traída desde un país
latinoamericano bajo el engaño de que trabajaría como niñera del hijo de una
pareja de su misma nacionalidad. El matrimonio había llegado a su casa, en una
zona rural y pobre del país andino donde es frecuente que lleguen personas
ofreciendo trabajo, y consiguió autorización de sus padres para que viajara.
Pero apenas pisó territorio uruguayo, la pareja retuvo sus documentos, y la
niña fue sometida a un régimen de esclavitud: por las noches trabajaba haciendo
artesanías, por la mañana debía llevar al niño a la escuela para luego
instalarse en una plaza a vender lo producido durante la noche. A las seis de
la tarde volvía al hogar para hacer las tareas de la casa. Como si fuera poco,
el hombre comenzó a abusar sexualmente de la niña. La situación, que hasta ese
momento había sido "naturalizada" dejó de serlo, y Elisa –otra vez,
supongamos que así se llama– contó a unos conocidos casuales de la plaza lo que
estaba viviendo. Rápidamente actuaron haciendo la denuncia y rápidamente la
niña fue derivada a un hogar del Inau. Pero habían pasado 6 meses (se está
tramitando su repatriación) y nadie había posibilitado siquiera una
comunicación telefónica de la niña con su familia. Catorce años, un país
desconocido, una cultura extraña, un idioma que es el mismo pero no tanto, una
situación de esclavitud y de abuso y no hubo un solo adulto que durante medio
año se percatara de lo beneficioso que podía ser una llamada telefónica. No es
que se estuviera investigando si su familia estaba vinculada a la trata, o que
alguien considerase, por algún motivo, inconveniente la comunicación, fue por
pura falta de sensibilidad y sentido común.
El matrimonio autor del delito
sigue libre. Sin embargo, no existió protección especial para esta niña, al
punto tal de que cada vez que se traslada al centro donde le brindan apoyo y
contención, una funcionaria del inau la acompaña a la parada del ómnibus, y
otras funcionarias la esperan en el destino y la llevan hasta el local. Una
pregunta se torna obvia: ¿acaso una persona que es capaz de abusar sexualmente
de una niña, de trasladarla de país, de someterla a un régimen forzado de
trabajo no sería capaz de, ante la delación de sus crímenes, tomar represalias
en su contra?
La protección integral falla. Y
esa desprotección frente a la situación de amenaza es uno de los problemas que
detectan quienes trabajan el tema, y sostienen que es la gran sombra que impide
que muchas situaciones salgan a la luz.
Aunque el país no cuenta con una
ley específica, sí han existido avances en la legislación: se incluyeron los
delitos de trata y tráfico en la ley de migraciones de 2007, existe una ley
sobre violencia sexual, comercial o no comercial, contra niños, adolescentes o
incapaces (2004). Por su parte, la ley de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo (2009) incluye ambos delitos, permitiendo así que sean tratados
por los juzgados de crimen organizado. Eso habilita a que los jueces utilicen
una serie de prerrogativas a la hora de tratar los temas. Sin embargo, teoría y
práctica están desfasadas y la investigación y la protección de las víctimas es
justamente lo que está en la mira. La oficina de Interpol y crimen organizado,
encargada de la investigación, "no fue creada para trabajar estos asuntos
específicamente. La trata es apenas uno de los temas de su competencia y la que
es con fines de explotación sexual muchísimo más", explicó a Brecha la abogada
Diana González. Y si bien existió siempre "una buena actitud en algunos
policías, no hay llegada a la situación real". Lo que sí hubo fueron
"importantes denuncias de mala praxis: filtración de información, no
credibilidad de lo que la víctima planteaba (y por lo tanto exposición a
riesgos) y muchos prejuicios respecto de las víctimas. Lo que estaba en el
discurso y en las acciones era: a ella le gustaba, lo hizo, optó por esto y
ahora que se aguante".
Es que para investigar estos
delitos se debe tener un "equipazo de investigación", que además debe
"manejar muy bien el tema género y derechos sexuales, lo cual implica
revisar en la policía todos sus estereotipos", sostiene la abogada. Y
agrega que se debería contar con condiciones similares en nivel de
confiabilidad y profesionalidad a las de las investigaciones sobre
narcotráfico.
Por el contrario, hoy ese equipo
no existe, y además muchas de las garantías establecidas en la ley no son
utilizadas, por ejemplo la posibilidad de trabajar con agentes encubiertos (a
solicitud de la fiscalía), o habilitar escuchas telefónicas que permitan
recabar pruebas. De esa manera se evitaría la declaración de las víctimas (la
ley no las obliga a corroborar el delito.) "Lo mejor que les puede pasar
es no tener que hablar en el proceso porque el Estado no las va a poder
proteger en la dimensión que ellas necesitan, señaló a Brecha la abogada.
Una consideración similar de la
realidad actual tuvieron Andrea Tuana y Cristina Prego, integrantes de El Faro.
Ambas reclamaron equipos capaces de llevar adelante una investigación
proactiva: que a partir de datos que se brinden la policía desarrolle una
investigación, y que la misma no sólo se realice cuando existe una denuncia de
un caso concreto. "Hemos proporcionado datos que, estamos seguras, no han
sido investigados", relatan ambas: "plazas y casas donde hay niñas
siendo explotadas. O hemos dicho que en Ibiza (el boliche) están tranzando
mujeres" pero las actuaciones no se concretan. Por el contrario la policía
"suele tener una actitud patotera con los operadores de campo (quienes
trabajan con las víctimas), intimidando incluso para obligar a entregar
información" sobre situaciones de víctimas con las que los operadores
trabajan. Existe "omisión, indiferencia y un gran prejuicio" a la
hora de actuar. "Durante las investigaciones sobre narcotráfico ha sucedido
que saltan temas de trata, pero ven a las mujeres como parte de la red. Son las
putas traficantes, gente que importa poco", sostuvieron. Vale decir aquí
que, efectivamente, en muchas ocasiones trata y narcotráfico se
interrelacionan: las mujeres son más rentables ya que cumplen la función de
mula (muchas veces como pago del viaje al exterior) luego tienen la
"opción" de permanecer en el extranjero y tiempo después lo que
comenzó siendo una opción termina siendo vida de esclava.
Echar el ojo
Comprender el delito como parte
de la violencia de género parece ser uno de los grandes desafíos del Ministerio
del Interior. Quizá por eso, hace unas semanas, en coincidencia con el Día
Internacional de la Mujer, el ministro Eduardo Bonomi anunció una serie de medidas
vinculadas a la violencia doméstica. Entre ellas informó la creación de una
unidad especializada y una mesa intrainstitucional de trabajo en torno al tema.
Allí habrá representantes de Crimen Organizado e Interpol, Migraciones,
Identificación Civil, Policía Caminera, la Escuela de Policía, el departamento
de Relaciones Internacionales y la División de Políticas de Género. Es, para
muchos, la esperanza de que la realidad actual pueda revertirse.
La creación de una División de
Políticas de Género sentó un precedente en la incorporación de esa perspectiva,
aseguró a Brecha la directora del área, Marisa Lindner. Se presentó una
propuesta para incluir la perspectiva de género en la educación policial,
atendiendo a la salud sexual y reproductiva y a la violencia de género.
"Lo visualizamos como un proceso, porque incorporar la perspectiva de
género requiere de cambios muy profundos en los sistemas de ideas. Sabemos que
no se resuelve con un curso, son temas de mediano y largo plazo porque implica
revisarnos en nuestras prácticas de ser, pensar y sentir", reconoció
Lindner.
En 2010 la relatora de la onu
cuestionó la "falta de información estadística" sobre el delito en
Uruguay y resaltó que "esto ha provocado el fenómeno de permanecer
invisible y no reconocido entre la población y las autoridades". A 20 años
de aquella investigación de Urruzola que dio cuenta del complejo entramado de
una red de uruguayos que explotaban sexualmente mujeres en Italia, poco parece
haber variado la sensibilidad nacional en torno al tema. "No hay demasiada
conciencia de la gravedad de tener adolescentes y niñas en condiciones de
sometimiento sexual en el país. En la trata interna se ven mucho más las
adolescentes y cómo se las desvaloriza, también se desvaloriza su situación.
Apenas se ve un tránsito de las adolescentes por los departamentos, y con las
adultas que sobreviven en condiciones más o menos aceptables para el mercado
del norte, el pasaje al exterior. Que haya una chica de 17 años que sirve de
consumo sexual de un jubilado, o al funcionario de tal oficina en el Interior,
y acá mismo en Montevideo, es bastante común", opinó González. Señal de
que 20 años no es nada cuando se trata de aprender a mirar y reconocer lo que
no quiere ser visto.
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