El presidente Evo Morales terminó la jornada de ayer en Palacio Quemado acorralado por manifestaciones en todo el país, protagonizadas por los movimientos sociales que lo encumbraron en el poder y que ahora le exigen acciones concretas para reparar las violaciones a la vida, dignidad y derechos humanos y constitucionales de los indígenas del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que el domingo sufrieron la peor represión de un Gobierno en tiempos de democracia.

En los más de 40 días que duró la primera fase de la marcha indígena que se opone a la construcción de una carretera de más de 400 millones de dólares para partir en dos el Tipnis, el presidente Morales cometió una serie de atropellos contra sus "hermanos indígenas".

Inicialmente pidió a los cocaleros del Chapare cochabambino, conquistar a las mujeres indígenas del Tipnis para que acepten la carretera, luego los acusó de chantajistas para posteriormente revelar que el Gobierno hizo seguimiento a las llamadas telefónicas de los dirigentes de la marcha.

Días más tarde, el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, los acusó de traficar con tierras y la cooperación de organizaciones no gubernamentales y el ahora ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, los culpó de ser "gonistas", sin pruebas.

Pero la "gota que rebasó el vaso" fue la brutal agresión el domingo cuando la Policía gasificó, golpeó, maniató, amordazó y trasladó por la fuerza a niños, mujeres y marchistas.

Después de esquivar responsabilidades renunciaron, en seguidilla, la ministra de Defensa, Cecilia Chacón; el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán; la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

PROTESTA

El Presidente aceptó la renuncia de Llorenti y Chacón los reemplazó por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez y el ex director de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, que antes ya había ocupado la cartera de Defensa.

Pero ni esa crisis aislada de Gabinete ni la propuesta presidencial de realizar un referéndum en Cochabamba y Beni para definir la construcción de la carretera calmaron los ánimos de la ciudadanía, que ayer acató el paro de la COB y exigió "justicia" para los indígenas y la renuncia de todos los ministros que participaron en el maltrato en el Tipnis.

En la sede de Gobierno, miles de trabajadores afiliados a la COB se unieron a ciudadanos de a pie que de manera espontánea salieron a las calles a protestar contra el Gobierno. La movilización hizo recordar las marchas contra el "gasolinazo" del 26 de diciembre, que obligaron al Presidente a retirar esa medida seis días después.

Las protestas se registraron en las principales capitales de Bolivia. Muchos de los marchistas expresaron su decepción con el Gobierno. Algunos manifestantes incluso pedían la renuncia de Morales con insultos irreproducibles.

En varios sectores de la ciudad, los mineros hicieron detonar dinamita, mientras obreros, indígenas, maestros y universitarios pedían la renuncia de los ministros del "Gobierno masacrador".

DIÁLOGO

Agobiado por los conflictos, el ministro de Comunicación, Iván Canelas informó ayer que el Gobierno aceptó una nueva invitación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), para "reinstalar" el diálogo.

Mientras tanto, el senador por el MAS Adolfo Mendoza, ensayaba otra hipótesis en contra de la marcha de defensa del Tipnis.

Dijo que "una cosa son los objetivos de la marcha indígena y la otra son los propósitos para derrocar al Gobierno e impedir las elecciones judiciales del 16 de octubre".

El Gobierno trabajará "con sensatez en ese tema", indicó el legislador para luego advertir que "el deseo de la derecha, la oligarquía y el imperio es derrocar al Presidente, algo que evidentemente es extremadamente complicado y difícil".