Bolivia - El Presidente Evo Morales decidió suspender la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena

El Presidente explicó que decidió construir el camino Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS, en cumplimiento de normas y leyes de gobiernos neoliberales, y atendiendo los pedidos de varias poblaciones y movimientos sociales de Cochabamba y Beni, los dos departamentos beneficiados por el proyecto vial.

Morales recordó que una ley promulgada en 1984 por el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP) del populista Hernán Siles Suazo declaró de prioridad y urgencia nacional la construcción de la carretera de vinculación entre Cochabamba y Beni.

Según el Presidente, una segunda Ley promulgada por el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1990 autorizó al Poder Ejecutivo gestionar de urgencia financiamiento para realizar los estudios de factibilidad de la obra. Luego, el decreto supremo 2696 del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada incluyó en la red fundamental de carreteras el tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.

Por otro lado, Morales aseguró que más de 100 movimientos sociales de Cochabamba y Beni aprobaron por lo menos 56 resoluciones que respaldan la construcción de la carretera cuestionada por los indígenas del TIPNIS. Morales leyó un pronunciamiento aprobado por varias comunidades en la localidad de San Antonio (entre ellas Limorel, Isiboro, Puerto Pancho, Cesaizama, San Benito, San Juan de Isiboro, Sanandita, Buen Pastor, San José, Santa Teresa y Santisima Trinidad, entre otras), el cual supuestamente ratifica el apoyo indígena a la construcción de la carretera.

Evo aseguró que en esa "consulta pública" no reconocida por la VIII Marcha Indígena algunos corregidores le pidieron continuar con las obras, pero no pudo recordar sus nombres. Además, reveló que su gobierno inició un proceso de consulta con el consejo indígena del Conisur, una organización apócrifa desconocida por las agrupaciones indígenas del TIPNIS.

Morales reiteró que decidió construir "sí o sí" la carretera que atraviesa el TIPNIS en cumplimiento de normas y leyes heredadas por los gobiernos neoliberales del MIR y del MNR, y con el respaldo de "muchos movimientos sociales" de Beni y Cochabamba.

"Garantizamos el financiamiento internacional para construir el camino y el gobierno decidió construir solo atendiendo las normas y a los tantos pedidos; pensé que proyectamos la construcción obedeciendo al pueblo, pero si no es suficiente, que el pueblo decida", planteó Evo Morales.

"Quiero salvar una responsabilidad ante la historia y el pueblo boliviano: que haya debate nacional para que decidan el pueblo boliviano y especialmente los habitantes los dos departamentos beneficiados; mientras tanto, queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure", confirmó el Presidente boliviano.

La propuesta de Morales no es nueva; el fin de semana el ministro de la Presidencia Carlos Romero ratificó que no se ejecutarán obras en el segundo tramo de la carretera, y anunció que el gobierno organizará un referéndum "para que no decidan el gobierno, las ONGs, los políticos y los activistas que impulsan la movilización (indígena), sino el pueblo beniano y cochabambino".

"Es admirable la falta de principios y de profesionalidad de Carlos Romero; buen abogado nunca ha sido, pero no se necesita serlo para saber que los derechos constitucionales de los pueblos indígenas no pueden ser sometidos a referéndum", replicó el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. (Erbol)

El artículo 30 de la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a "ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada.".
El artículo 352 precisa que la consulta libre, previa e informada se hará a la "población afectada", "respetando sus normas y procedimientos propios". Eso significa que ninguna población ajena puede decidir sobre el futuro del territorio indígena en disputa, y por tanto la propuesta del gobierno de Evo Morales es anticonstitucional.

El gobierno se lava las manos

Evo Morales deslindó responsabilidades sobre la violenta represión policial del domingo y aseguró que "nunca" ordenó la intervención de la VIII Marcha Indígena. "Lo de ayer es imperdonable. No comparto, no compartimos una violencia, un exceso, un abuso a los hermanos indígenas que estaban en la marcha, pero también nos preguntamos si esa marcha pasaba (el bloqueo colonizador en el puente San Lorenzo) qué hubiera habido con la otra gente movilizada en Yucumo", reflexionó el Presidente.

Morales dijo que "después de profundas investigaciones" su gobierno no ha confirmado la muerte de un bebé en el operativo, tal y como informaron varios de comunicación. "Quisiera que quienes informan del bebé fallecido nos den el nombre de la víctima o del papá y la mamá; ojalá no haya pasado eso, pero hasta ahora no tenemos ninguna información. si está fallecido, ¿dónde está velándose, dónde está enterrado y cómo se llama?", preguntó el Mandatario.

"Algunos medios de comunicación también informaron de la muerte de un anciano, quisiera que nos pasen la lista para hacernos responsables", insistió Morales.

El ministro de Gobierno Sacha Llorenti comunicó que las autoridades a cargo comenzaron a "individualizar a los efectivos policiales que incurrieron en abusos durante la evacuación de los marchistas en el Puente de San Lorenzo (y) una vez identificados los responsables.