Perú - De un patio trasero a otro

Dirigida por el ministro de Comercio Víctor Joy Way –también de origen chino y en la actualidad encarcelado por su implicación en varios casos de corrupción-, la privatización de Hierro Perú en beneficio de Shougang se revelaría, pero demasiado tarde, «llena de irregularidades y que respondía a intereses privados que no tenían nada que ver con los del Estado» (2). Hasta el punto de que en 2001 fue objeto de una investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso peruano. Sin embargo en principio parecía un buen negocio para Perú, los chinos se comprometieron a invertir 270 millones de dólares para modernizar la empresa.

«No tardamos mucho en desilusionarnos», explica Julio Ortiz, secretario del Sindicato Minero de Marcona. Ciertamente, a diferencia de lo que pasa en numerosos países africanos, los peruanos sólo veían desembarcar importantes contingentes de trabajadores chinos que venían a ocupar los puestos de trabajo codiciados por los «nacionales». A pesar de que hacía contrataciones, la Shougang no respetaba todos sus compromisos: «Sólo una ínfima parte de las inversiones prometidas se realizaron efectivamente, observa Ortiz, y nosotros seguimos trabajando con equipamientos obsoletos que se remontan a veces a la época de los estadounidenses. Las desastrosas condiciones de trabajo están en el origen de un número anormalmente elevado de accidentes de trabajo graves».

Ni más ni menos que las empresas occidentales, la compañía recurre sistemáticamente a las empresas prestatarias de mano de obra que a menudo emplean a antiguos mineros despedidos por Shougang. De los aproximadamente dos mil trabajadores, menos de la mitad están contratados directamente por la empresa. Finalmente, las relaciones de la dirección con el sindicato, antes a la cabeza de un auténtico bastión, «¡Es un pulso constante! Todas las revisiones de los acuerdos salariales o del convenio colectivo desembocan en una huelga –más de una al año de promedio durante el último decenio- y a pesar de todo nuestros salarios continúan siendo inferiores a los de otras empresas mineras».

Las relaciones con el gobierno municipal no son mejores. «Las sucesivas oleadas de despidos constituyen una hemorragia y la ciudad ha perdido más de la mitad de su población, el parque de viviendas perteneciente a la empresa no se ha renovado nunca, los vertidos contaminantes afectan gravemente al medio ambiente marino y a las condiciones de vida de los pescadores, enumera Rodolfo Purizaca, el teniente de alcalde. ¡Marcona se ha convertido en un enclave chino!», concluye. En las cuatro esquinas de la ciudad, así como en sus alrededores, los paneles «Concesión Shougang Hierro Perú» marcan el territorio.

Contraviniendo los términos del acuerdo de privatización, la empresa se niega a devolver a la alcaldía la gestión del agua, sus ejecutivos –la mayoría chinos- reciben aprovisionamiento las veinticuatro horas del día, pero el resto de la población sólo tiene acceso al preciado líquido durante algunas horas diarias. Shougang Generation Electrica, una de las numerosas filiales del grupo, provee en primer lugar las instalaciones de la empresa y después, accesoriamente, a la ciudad. Los barcos de Agnav, otra filial del grupo, atracan en el muelle privado de la compañía y garantizan el transporte del mineral a China y a las fábricas siderúrgicas de la Shougang Corporation.

«Los chinos se oponen a todo lo que podría poner en cuestión su hegemonía en el territorio de la comunidad, afirma Puricaza. Ya se trate de la construcción de un importante terminal portuario, de la implantación de una empresa petroquímica o de proyectos de acondicionamiento urbano». Así, el pasado mes de septiembre, la compañía vetó la puesta en marcha de los trabajos de construcción de un nuevo barrio que recortaba una concesión minera que no se ha explotado nunca. El alcalde y sus administrados se encontraron entonces frente a los vigilantes de la empresa respaldados por un centenar de policías; la situación degeneró en enfrentamientos violentos. «Sin embargo el proyecto se había aprobado por un decreto de Estado», señala Puricaza.

El director de la edición peruana de la revista China Today, Meng Kexin, es más accesible que los dirigentes de las empresas chinas (los cuales no quisieron responder a nuestras preguntas). Cuando se recuerda ante él el comportamiento de la compañía no lo niega, atempera: «No hace tanto tiempo que las empresas chinas se abren al mundo, aprenden poco a poco». Sin embargo reconoce que «Shougang sería un poco la vieja escuela y Chinalco la nueva generación…».

En 2001, China se integró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y anunció su intención de promover una nueva expansión de sus inversiones más allá de las fronteras nacionales. En Perú eso se tradujo en lo que los economistas Cynthia Sanborn y Víctor Torres (3) califican de «segunda ola de inversiones chinas» -la primera correspondería especialmente a la compra de Hierro Perú por Shougang, en la primera mitad de los años 90-.

En algunos años, el volumen de los intercambios comerciales entre los dos países se aceleró para pasar de 231 millones de dólares en 1993 a 7.800 millones en 2008, con un balance positivo para Perú, que exporta a China casi tres veces más de lo que importa. Porque aunque esas cantidades pesan muy poco a escala de la economía china –Perú representa el 0,4% de sus importaciones y el 0,1% de sus exportaciones- no es lo mismo para Lima. En la actualidad el Imperio del Medio ha ascendido a la categoría de segundo socio comercial del país después de Estados Unidos.

En 2008 China representó el 15% de los intercambios comerciales de Perú; China importa el 50% de los productos de la pesca y el 41,9% de los productos de la explotación forestal peruana. Pero el sector minero continúa llevándose la parte del león. Para abastecer un crecimiento de dos cifras –y dado que forma parte de los principales productores mundiales de recursos minerales- China, en efecto, tiene que asegurarse el acceso a nuevas fuentes de aprovisionamiento. Resultado: el 99% de las inversiones extranjeras directas (IDE) de China en Perú se concentra en el sector minero.

La estrategia de sus empresas no siempre es la especulación, al contrario. «Las inversiones de las empresas chinas obedecen a una estrategia a largo plazo pilotada desde Pekín, analiza José de Echave, director de la ONG CooperAción. A su vez, el gobierno y los bancos chinos apoyan a sus empresas, permitiéndolas participar en proyectos importantes sin que tengan que someterse a la presión de los accionistas privados ansiosos de rentabilidad inmediata».

El proyecto de explotación de los yacimientos de cobre del monte Toromocho por la multinacional china Chinalco es emblemático a este respecto. La Chinese Aluminium Corporation (Sociedad de Aluminio China, Chinalco) es una empresa del Estado. Segundo productor mundial de aluminio, el grupo invierte en una docena de países, posee el 9% de las acciones de la anglo-australiana Río Tinto –la tercera compañía minera del mundo-, es un buque insignia de la industria china y ha sido distinguida varias veces por su comportamiento responsable en materia de gestión medioambiental y social. En 2007, Chinalco se convirtió en propietaria de las concesiones del lugar de Toromocho, en el departamento de Junin, al comprar la sociedad minera canadiense Perú Copper. Las reservas de cobre del monte Toromocho (4.600 metros de altitud) se conocen desde hace mucho tiempo y están estimadas en unos dos mil millones de toneladas. Sin embargo nunca se han explotado debido, por una parte a la poca concentración de cobre del mineral, y por otro lado por el coste y la dificultad de poner en marcha un proyecto que exige el desplazamiento de los cinco mil habitantes de la pequeña ciudad de Morococha.

Suelos carcomidos, renegridos por las emanaciones ácidas, la atmósfera, los lagos y los ríos contaminados… Situada en una región de larga tradición minera (4), la localidad de Morococha muestra sus cicatrices. Las concesiones de las diferentes compañías cubren el 97,7% del territorio municipal. Pero «Nosotros vivimos de la mina, reconoce el alcalde, Marcial Salomé Ponce, y durante la consulta preliminar sobre el proyecto de Chinalco aceptamos el principio de un traslado de la ciudad». Sobre todo porque los chinos prometieron una gran oferta de empleos a los «locales» y anunciaron la construcción de una ciudad equipada con todos los servicios –agua, escuelas, hospital-. El coste previsto de la operación era de alrededor de 50 millones de dólares, una bagatela comparados con los 2.200 millones que Chinalco preveía invertir en ese proyecto.

Pero las relaciones entre la empresa y los habitantes se deterioraron rápidamente. Las casas-piloto expuestas por Chinalco se consideraron muy pequeñas y las indemnizaciones insuficientes; los primeros empleos que se crearon se dieron a trabajadores procedentes de otras provincias, a veces de Chile; el emplazamiento elegido para la construcción de la nueva ciudad –una zona inundable situada aguas abajo de la presa donde se almacenarán los residuos de la explotación minera- no convenció.

Frente a la revuelta de los habitantes, los ejecutivos chinos de la empresa no se presentaron: «Nadie vino a discutir cara a cara con la población, y conmigo tampoco se han entrevistado nunca», se queja el alcalde. En vez de diálogo, Chinalco prefiere a menudo otros métodos: «Yo he recibido amenazas de muerte en mi móvil», afirma Doña Marta Curacachi, presidenta de la Asociación de Mujeres de Morocoha.

Si ellos insisten en mantener su opinión, los habitantes de Morococha sin embargo piensan cuestionar el propio proyecto. No es lo mismo que en Huancabamba, en el departamento de Piura, en el norte del país, donde el grupo minero Zijin ha comprado la compañía británica Monterrico Metals y proyecta la explotación a cielo abierto de los yacimientos de cobre de Río Blanco.

En esta región, fronteriza con Ecuador y que se denomina los Andes Verdes, la oposición de una población mayoritariamente rural a la industria minera es muy anterior a la llegada de los chinos. «El río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas, y otros ríos que riegan el departamento de Piura, toman sus fuentes en nuestras montañas, explica Benito Guarniza, presidente de la comunidad rural de Segunda y Cajas. Dichos ríos encierran una extraordinaria biodiversidad pero son ecosistemas frágiles, continúa. Los daños causados por la explotación minera a gran escala serán considerables y afectarán a nuestra forma de vida y a los fundamentos de nuestra cultura».

Así en 2003, cuando el gobierno peruano concedió a Monterrico Metals los yacimientos de Río Blanco, las comunidades rurales de Huancabamba, Ayacaba y El Carmen de la Frontera protestaron, alegando que esas tierras les pertenecían y que no se había consultado a los habitantes. Apoyado por diversas ONG peruanas e internacionales, el movimiento se expandió y desafiando una brutal represión, se estructuró bajo la bandera de un Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP). Paradójicamente, esta situación conflictiva es la que permitió en 2007 que el consorcio chino fuera el único que respondió a la licitación para adquirir Monterrico Metals a un precio muy inferior de su valor estimado.

En Huancabamba, la noticia se acogió con inquietud. Puesto que Zijin llegó precedido de una reputación execrable: en la provincia de Guizhou, los diques de una de sus presas de almacenamiento de residuos se rompió liberando doscientos mil metros cúbicos de lodo; en el Yunnan se habían producido violentos enfrentamientos con los campesinos que se resistían a la expropiación y en China –sin embargo poco conocida por su severidad al respecto- la empresa ya había sido condenada.

El 16 de septiembre de 2007, los opositores al proyecto organizaron un referéndum popular en las comunidades rurales de Huancabamba y de Ayabaca. Con un 97,7% de oposición a la puesta en marcha del proyecto minero, el resultado es definitivo. Pero China absorbe en la actualidad un tercio de la producción mundial de metales básicos y, desde hace algunos años, esta bulimia contribuye a hacer que se disparen los precios de los productos mineros impulsando la economía de Perú, cuyo subsuelo está repleto de recursos minerales. Un maná del que ni las élites ni el gobierno quieren privarse.

¡Al contrario! A través de una de sus filiales –Agropecuaria Las Huaringas, S.A.- el grupo financiero Romero, el más poderoso de Perú, se convirtió en accionista del consorcio dirigido por Zijin y se implicó activamente sobre el terreno, financiando una radio y una fundación favorables al proyecto minero. En cuanto al presidente Alan García, en marzo de 2008, con ocasión de un viaje oficial a China, se entrevistó con los dirigentes de Zijin y garantizó su apoyo al proyecto Río Blanco (5).

¿Vemos una demostración de ese apoyo? El 2 de diciembre de 2009 la policía abrió fuego sobre los campesinos de Segunda y Cajas, causando dos muertos y varios heridos. «En 2005, durante una marcha pacífica, veintinueve personas fueron detenidas y torturadas durante tres días en el campamento minero de Monterrico Metals, y algunos meses después un líder comunitario fue asesinado, recuerda José de Echave. En esa época, prosigue, esos sucesos repercutieron en el país de origen de la empresa, la Organización Los Amigos de la Tierra interpeló públicamente a los principales accionistas de la empresa, en particular Lehman Brothers, y acudieron a un bufete de abogados británicos que se hicieron cargo y obtuvieron la congelación de una parte de los haberes bancarios de Monterrico Metals. En la actualidad es mucho más difícil presentar un recurso ante los tribunales chinos. Y por eso hay que encontrar relevos en la sociedad civil de ese país…»

Sin embargo en Huancabamba las comunidades campesinas y ecologistas no deponen las armas. El pasado mes de octubre Ramiro Ibáñez fue elegido alcalde de la localidad tras una campaña articulada en torno a la consigna «¡Sí a la agricultura, no a la minería!». No está solo: en las recientes elecciones regionales y municipales los departamentos de Piura y Cajamarca (6) se han dotado de dirigentes conocidos por su posición crítica con respecto al «todo minería», mientras que en San Juan Marcona y Morococha los alcaldes salientes han sido reelegidos. Estos últimos, como Ibáñez, afirman que otros candidatos, más favorables a las compañías mineras, se han beneficiado de la generosidad de los chinos. Pero parece claro que estas injerencias sobre todo son actuaciones de los aliados locales. En vez de implicarse directamente, los chinos prefieren delegar en el gobierno peruano la tarea de gestionar los problemas planteados por su presencia.

Las observaciones de Salomón Lerner, director ejecutivo de una empresa de transporte aéreo, van en el mismo sentido: «Somos muy consciente de que los chinos no respetan las reglas comerciales y practican el dumping, estima. Pero a diferencia de Estados Unidos, que pretende imponer su sistema –de valores y de libre mercado-, los chinos no hacen proselitismo, no buscan la hegemonía, se adaptan». «Sin emociones, añade Javier Diez Canseco dirigente del Partido Socialista, donde encuentran un gobierno débil que les deja hacer, ellos aprovechan…» En cuanto a Meng Kexin, se limita a declarar: «Nosotros hemos elegido la economía de mercado, nos dedicamos al comercio, no a la política».

 

* Philippe Revelli es periodista y fotógrafo. Se puede ver una serie de fotografías tomadas durante este reportaje en su sitio web:

 

(1) Bastión del movimiento obrero peruano, sigue honrando a Saúl Cantoral, líder sindicalista asesinado en 1989 cuyo retrato preside la sede del Sindicato de los Mineros
(2) Jorge Manco Zaconetti, «Hierro Perú, una privatización anormal del Estado peruano al Estado chino» Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nº 22, Lima, julio de 2003.
(3) Cynthia Sanborn y Víctor Torres, «La economía china y las industrias extractivas: desafíos para el Perú» CooperAcción/Universidad El Pacífico, Lima, octubre de 2009.
(4) A veinte kilómetros de Morococha, la Oroya ostenta el dudoso honor de ser la ciudad más contaminada del mundo.
(5) Cynthia Sanborn, op. Cit.
(6) En ese departamento, los conflictos entre los campesinos y la compañía minera son numerosos y antiguos. Leer «Révolte globale contre un géant minier», le Monde diplomatique, octubre de 2010. Y la llegada anunciada de la multinacional china Minmetal Corp., parece que no arreglará las cosas.