Chile: HIDROAYSÉN, MÁS ALLÁ DEL MEDIO AMBIENTE
Sixto Iturra,
Tribuna Obrera
Con 11 votos a favor y una abstención, se aprobó el megaproyecto que supone una inversión de US$ 3.200 millones y la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. HidroAysén ha constituido durante 3 años parte de la polémica nacional, sustentada por diversas organizaciones y sectores ambientalistas, así como por algunos representantes de la clase política. La mayoría de los opositores a este proyecto se han expresado alrededor de dos argumentos centrales:
El primero, es resumido por la postura del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena , que señala:
“Desde el año 2007 la preocupación central del CDP ha sido la grave amenaza que representan las iniciativas de Endesa España, hoy perteneciente en un 92% a ENEL de Italia, y de Colbún, los que a través de la sociedad HidroAysén intentan construir cinco megarrepresas en los ríos Baker y Pascua, ubicados en el sur de Aysén, inundando sobre las 6 mil hectáreas de los últimos valles de la cultura patagónica, con graves impactos ambientales en la flora y la fauna, y serios daños económicos a las actividades turísticas de la zona. Se suman a esta iniciativa tres represas que la sociedad Energía Austral (propiedad de la minera suizo australiana Xstrata) pretende levantar en los también prístinos ríos Cuervo, Blanco y Cóndor en la zona litoral de esta región, y que son solo la punta de lanza para represar gran parte de las cuencas patagónicas. Si a estos impactos de mega centrales hidroeléctricas se agregan los del tendido de transmisión con 6 mil torres de hasta 70 metros y alrededor de 2.300 kms de extensión para inyectar la energía en el centro del país, constatamos que se destruye más de 4,6 millones de hectáreas del paisaje patagónico y de Chile central.”
El segundo, la forma de resolver y la probidad de los funcionarios. El diputado del PDC, Gabriel Silber, interponía un recurso de protección señalando:
“… vengo en interponer recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN, representada por su Presidenta doña PILAR CUEVAS MARDONES, funcionaria pública, ambos con domicilio en calle Plaza n.° 485, comuna de Coyhaique, por haber convocado, en forma arbitraria e ilegal, a una sesión de calificación ambiental del Proyecto “Hidroeléctrico Aysén”, el día 9 de mayo de 2011, sin que se cumplan los requisitos legales para ello”.
Agregando:
“En la evaluación ambiental del Proyecto “Hidroeléctrico Aysén” participaron durante más de un año cuatro Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMI), específicamente de Economía, Vivienda, que se encontraban inhabilitados para ello, por concurrir circunstancias que les restaban imparcialidad o tener cualquier interés en el proyecto. Sin embargo, sólo en el mes de mayo de 2011, dichos funcionarios se inhabilitaron, lo que anula todas sus actuaciones anteriores, ya que existe una violación manifiesta de los principios de legalidad y probidad, dejando de manifiesto un procedimiento irregular en la evaluación ambiental de este proyecto.
Al momento de citarse a la audiencia del día lunes 9 de mayo para la calificación ambiental del Proyecto “Hidroeléctrico Aysén” no se consideró las cerca de 10.000 observaciones ciudadanas, hechas por la comunidad organizada, organizaciones y personas naturales y jurídicas al Estudio de Impacto Ambiental; y se omitió la disponibilidad de dicho pronunciamiento en la página web del servicio con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto. “
Por cierto, tales argumentos no deben ser ignorados. Sin embargo, constituyen el efecto de un problema mayor que los ambientalistas omiten cuidadosamente. Todo se concentra para ellos en la lucha por la protección del medio ambiente. No es un secreto que entre las posturas ambientalistas se expresan diversas posiciones, unas bajo la bandera del desarrollo sostenible que es la cara “moderna” de la política del decrecimiento, otras representando a intereses ligados a las nuevas técnicas de energías. También están los ecosocialistas cuya bandera internacional práctica señala que:
“Para hacerlo, no basta con afirmar que el socialismo debe integrar las cuestiones ecológicas, dicho de otro modo, que los socialistas deben comprender mejor lo que está en juego con la ecología, desarrollar reivindicaciones ecológicas y participar en movilizaciones en defensa del medio ambiente. El verdadero desafío más bien es integrar el proyecto socialista en la ecología global del superecosistema terrestre.” ( Daniel Tanuro, el subrayado es mío).
El uso del verbo “integrar” no adquiere en el contexto un rol de segundo orden. Se trata de una orientación que unifica las posiciones de los ambientalistas al proyecto HidroAysén. Todo el mundo a la calle para manifestar en nombre de un imperativo “superior”, que en este caso preciso es la defensa de la Patagonia. Más que una pregunta lo que surge es una constatación. La historia nos muestra que cuando se ha instado a los trabajadores a integrar su propio proyecto político, sus organizaciones, en algún imperativo superior ello ha significado la subordinación a un modelo totalitario, que ha privado de su independencia a las organizaciones de los trabajadores y del pueblo. Integración al Estado, a la Nación , a la Patria , a la Raza , a la Unión Nacional y ahora a la Ecología.
Max-Neef, ambientalista señala "en un país elementalmente civilizado, un jurado de esta naturaleza debiera estar compuesto exclusivamente por científicos y técnicos de la más alta categoría. No hay ni uno de ellos ahí, no tienen ninguna autoridad de conocimiento para apoyar una cosa así…para mí es una absoluta falta de respeto al sentido común y la inteligencia de los ciudadanos, que en la mayoría están en contra de esto." (La Tercera , 9 de mayo 2011)
Veamos el contenido. Nadie podría afirmar categóricamente que una mayoría de los ciudadanos de este país están a favor o en contra de HidroAysén. Las razones son más que evidentes. En el país no existe un sistema democrático que permita la representación soberana de los ciudadanos. A ello se le suman las condiciones sociales, económicas, que actúan con un peso relevante en la eventual formación de las opiniones de poblaciones afectadas por la cesantía. Sobre lo primero, no existe absolutamente ninguna garantía de que los “científicos y técnicos de alta categoría” adopten resoluciones diferentes.
Al respecto es bueno recordar que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIECC, en Inglés IPCC es una organización creada por la ONU en 1988. Reúne un plantel de científicos designados por sus respectivos gobiernos y sus estatutos indican que “la función del IPCC consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicadas.”
Por consiguiente, el IPCC adopta como punto de partida la posición de una de las partes en una controversia científica no resuelta. A saber, que el calentamiento climático es una catástrofe debida a las emisiones de gases de efecto invernadero y principalmente a las emisiones de origen humano. Lo que llama a precisar lo siguiente:
El IPCC no estudia el cambio climático, sino el riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas. La conclusión de sus trabajos está ya prefijada en la definición de sus misiones. El IPCC no pretende ser un centro de investigación, ni siquiera un observatorio de la realidad de los resultados de las investigaciones. No lo necesita, puesto que ya tiene la respuesta.
Los “científicos y técnicos de la más alta categoría” que propone Max-Neef ya tienen la respuesta y ellas más que científicas son inminentemente políticas como lo muestra el hecho de que en la “defensa de la Patagonia ” se omiten las cuestiones centrales que permiten la aprobación de tales proyectos como HidroAysén.
El objetivo de la ciencia no es servir a la política. En su combate cotidiano los trabajadores y las organizaciones populares deben prestar particular atención a que se reúnan condiciones para el libre desarrollo de la ciencia, ya que es el único camino que ha permitido y seguirá permitiendo a la humanidad liberarse del estatuto de ser vivo sometido a las leyes de la naturaleza. La ciencia ha de disponer de todos los medios para arrojar luz sobre nuestra relación con la naturaleza, su impacto sobre ésta, el marco en el que se realiza, las condiciones de su progresión.
Para todos los ambientalistas, sean científicos o no, el problema de HidroAysén reside en cuestiones de alternativas energéticas. Para los ligados a la clase política es la farsa montada en la manera y de quienes resuelven, buscando dar la imagen de que la población debe decidir, desviando de esta forma la atención sobre la naturaleza de un sistema antidemocrático, corrupto, al servicio del saqueo de las riquezas naturales de la nación y la destrucción de la población.
Tomás Mosciatti, presentó el 9 de mayo en el programa del canal regional su voto negativo a HidroAysén, omitiendo referirse al efecto ambiental, explicado por su falta de conocimiento al respecto. Sin embargo, ha precisado una serie de puntos relacionados a los problemas de fondo, su desconfianza del sistema político existente, el saqueo de las riquezas naturales, la incertidumbre de los precios de la electricidad para los consumidores, el monopolio de las transnacionales, los efectos del centralismo y la descentralización. Sin profundizar sobre cada una de las reservas e interrogantes planteadas por Mosciatti queda claro que sus posiciones apuntan más a los problemas centrales, que la mayoría de opositores omiten por consideraciones políticas.
HidroAysén, como todo proyecto o Ley aprobada durante los últimos 38 años, representa la expresión práctica de una política sistemática de saqueo de los recursos naturales, de la expoliación de los ingresos de la población trabajadora, en beneficio exclusivo de los especuladores y de los banqueros.
Los constructores de este proyecto señalan:
“El Proyecto HidroAysén contribuye a la independencia energética de Chile al disminuir el consumo de combustibles importados - que presentan alta volatilidad de sus precios en los mercados internacionales - y busca responder a una creciente preocupación por el medio ambiente y el desarrollo de alternativas de generación eficientes, limpias y renovables. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Chile requiere del orden de 400 a 500 MW adicionales cada año o en otras palabras, necesita duplicar su capacidad instalada en los próximos 10 a 12 años y probablemente, triplicarla entre los 20 y 24 años.
Chile no produce más de un 4% del total de los combustibles fósiles que se consumen en la forma de petróleo, gas y carbón. Esto nos hace depender de la disponibilidad y de la alta variabilidad y volatilidad de los precios de estos insumos en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, se han incrementado los proyectos de generación basados en combustibles fósiles con el consiguiente impacto sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera y su impacto en el cambio climático.”
La realidad es todo lo contrario. La privatización de las empresas públicas de energía ha creado las mejores condiciones para entregarle a las multinacionales el control energético del país. Las inversiones de capital no están destinadas para asegurar la “independencia” energética de Chile, sino la revalorización del capital, por medio de la exportación de energía producida con mano de obra barata, al tiempo que se capitaliza el monopolio de la energía imponiendo precios elevados a la población nacional, con el beneplácito de la clase política, que actúan como verdaderos mercenarios a su servicio.
La argumentación utilizada en la presentación de HidroAysén se apoya en la política de la ONU , y de la IPCC sobre el cambio climático. No es una casualidad que la Banca Mundial haya declarado su apoyo desde el inicio a este proyecto declarando:
"Si se ve el costo hidroelectricidad, ésta no sólo es la más limpia, sino que también la más barata…En la medida que estos proyectos sean diseñados de manera que se minimicen los impactos y considerando el beneficio que tienen en la reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI), pensamos que son una parte importantísima de la respuesta que América Latina le puede dar a este problema… Chile va en una dirección en la que tiende a aumentar drásticamente el porcentaje de energía térmica basada en el carbón dentro de su matriz con consecuencias muy negativas para el cambio climático.” (Pablo Fajnzylber, Economista del BM, El Mercurio, 11 de marzo 2009)
Para los especuladores, los bancos, el proyecto es un negocio barato que asegura una alta revalorización del capital. Horas antes de la votación la Bolsa de Valores anunciaba que las acciones de Colbún, Endesa y su matriz Enersis eran las más transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Los papeles de Colbún subían 2,75% a $145,70 y los de Endesa avanzaban 1,87% a $893, mientras los de Enersis registraban un leve retroceso de 0,46% a $198,61. Marcelo Catalán, analista del sector eléctrico de BCI Corredores de Bolsa señalaba: “El aumento se explica por la expectativa de que luego de tres años de tramitación ambiental al fin será aprobado el proyecto HidroAysén… Hay que recordar que esto tiene dos etapas, primero la aprobación de la construcción de la cinco centrales y después la línea de transmisión, así que si se aprueban las centrales hoy creemos que habrá una reacción al alza adicional en las acciones, pero el mayor impacto se incorporará cuando se apruebe la línea de trasmisión”.
Chile se acerca a un periodo de 38 años mantenido sobre la base de un régimen antidemocrático, antinacional, estructurado para proteger el saqueo de sus recursos naturales, la destrucción de la naturaleza, de su población. Toda la clase política, protegida por los representantes de la denominada “izquierda tradicional” y la “nueva izquierda” han sostenido esta política, que favorece ampliamente al capital internacional. Hoy como ayer vemos el cruce de declaraciones y contradeclaraciones de dirigentes de la Concertación , mostrando virulencia verbal, cuyo objetivo es confundir a la población, mientras que en el hemiciclo de un Congreso bastardo, instituido por Pinochet se las arreglan para finiquitar los acuerdos que favorecen a las multinacionales.
“Hoy el Gobierno ni siquiera se ha pronunciado sobre esto. Lo mismo sucede con el compromiso de la empresa de entregar energía más barata, ya que no se ha explicado el mecanismo para lograr esto. Por estos motivos he manifestado mi oposición a la aprobación de estos proyectos.” (La Tercera , 9 de mayo 2011).
Es la misma política entreguista llevada a cabo en relación a la aplicación de royalty a los recursos mineros. Sobre la institucionalidad ambiental mencionada ella está determinada, ante todo, por carácter antinacional de las instituciones, que son lobistas de los intereses de las Multinacionales.
Consideremos por un momento la posibilidad, que no hay descartar, de que la tierra esté amenazado por las consecuencias destructivas de un calentamiento climático de origen humano. En esta hipótesis –no probada-¿no recae la principal responsabilidad sobre las grandes multinacionales? ¿A quién pueden hacer creer que los sucesivos gobiernos entregados a las multinacionales y a los especuladores modificarán su política? Lo que distingue en los intereses de una mayoría y los ambientalistas no es que los segundos se preocupen por las amenazas de su entorno natural y los primeros las ignoren. NO, lo que distingue es que los ambientalistas aíslan la destrucción del medio ambiente de los mecanismos de la explotación capitalista y de la destrucción sistemática de la naturaleza y de las fuerzas productivas.
Con ello se incapacitan para luchar contra lo que ellos mismos consideran una amenaza para el planeta. Peor aún: proporcionan armas políticas e ideológicas a los especuladores, banqueros y propietarios de los medios de producción, responsables de la destrucción de la naturaleza, de las poblaciones. La teoría del calentamiento climático de origen humano desvía la atención de la población sobre los verdaderos responsables de un sistema social y político que degrada la relación entre el hombre y la naturaleza, girando la responsabilidad sobre el “consumismo” individual y los modos de producción “productivistas”. Ello presenta una doble ventaja para los verdaderos depredadores. Por una parte, sirve a las necesidades de los especuladores, bancos, clase política que, teniendo en cuenta su propia crisis, necesita justificar el saqueo masivo de los recursos naturales y la destrucción de fuerzas productivas excedentarias en nombre de la “defensa de la naturaleza”. Lo que facilita liquidar fábricas, producciones de acero, mineras, químicos, etc. Por otra parte, colocando a todos los hombres en pie de igualdad -todos son consumidores, el obrero, el patrón, el cesante, el jubilado, el joven, el campesino, el especulador, el banquero, se alimenta la conclusión política: todos consumidores, todos contaminadores, todos culpables. Así pues, todos y cada uno tienen que contribuir mediante impuestos como el del carbono, tasas. De paso se escamotea el hecho de que la tasa sobre productos de consumo corriente no tiene las mismas consecuencias para el obrero que para el empresario. Igual que el aumento vertiginoso de las tarifas de la luz, del gas, no tiene las mismas consecuencias para la familia obrera que para el banquero.
Luego de la votación se ha centrado la responsabilidad en los 11 que votaron a favor, funcionarios al servicio de las instituciones antidemocráticas que expresan en el nivel de la “descentralización” la política de destrucción de la unidad de la nación, de la misma forma que adquiere la destrucción de la educación nacional por medio de la municipalización. Concentrar la responsabilidad en ellos es darle un rol secundario al hecho de que ellos representan el mandato de un régimen político antinacional, estructurado exclusivamente para servir a las multinacionales, los especuladores y banqueros. Los intereses nacionales de Chile, sean energéticos, mineros, sociales, políticos, económicos no podrán ser resuelto en conformidad a la protección de la naturaleza y la población con el actual régimen político, de naturaleza antidemocrática y profundamente vende patria. Ello exige luchar por la soberana representación democrática del pueblo, la renacionalización de los recursos naturales y de las empresas de servicios, cuyo fin debe ser el administrar los recursos naturales en interés de su población mayoritaria.
La alternativa no es la cerrar las industrias, sino resolver el fin de estas, en relación a los intereses racionales de una mayoría o los intereses de una minúscula minoría que sólo le interesa reproducir sus ganancias, no importando cuanto destruye en su camino. No existe ciencia tecnológica por naturaleza destructiva. Todo depende al servicio de quienes y para que se utiliza.
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