Ecuador - Una lectura del 30/S
Si quieren matarme, mátenme…
De la teoría de la conspiración a la necesidad de un análisis de la situación concreta
Fernando López Romero
R, revista de debate político socialista
Edición Especial, Quito, septiembre-octubre 2010
Lo ocurrido en Ecuador el jueves 30 de septiembre exige una reflexión acerca de la naturaleza de los hechos y sobre sus responsables. Pero con mayor atención sobre las causas y derivaciones de los mismos en el período inmediato.
En esta crisis, el sistema político ecuatoriano, reveló nuevamente los límites que tiene hasta para resolver contradicciones menores como una demanda salarial, y puso en evidencia, en vivo y en directo, con cadena nacional obligatoria incluida, la incapacidad política del los poderes del Estado para contener, en los marcos de una solución negociada lo que comenzó como una huelga policial.
Durante 16 horas el Ecuador vivió una crisis política marcada por una violencia simbólica, verbal y física desenfrenada; por las provocaciones, insultos y rumores, las tensiones, la sangre y muertes inocentes. Los protagonistas principales de este desborde de violencia fueron el representante de la revolución y del poder; los policías y los militares, la encarnadura del orden; y los manifestantes convocados para defender a la revolución y a su líder. La situación creada, terminó transformándose en un reflejo en espejo roto de las contradicciones de fondo de la sociedad y de la situación política que vivimos.
Del lado del gobierno se ha esgrimido como explicación única, lo que en este artículo llamo la teoría de la conspiración. Desde la vieja derecha, se atribuye lo ocurrido a errores de Rafael Correa, a su irresponsabilidad e imprudencia y se piden rectificaciones a sus expresiones autoritarias y acumulación del poder, pero sin ir más al fondo. Ha sido desde varios movimientos sociales de donde han salido cuestionamientos críticos de mayor profundidad. Este artículo intenta una exploración.
Desde su victoria sobre el liberalismo oligárquico agro exportador tradicional encarnado por Álvaro Noboa en el 2006, hasta las elecciones presidenciales de junio del ano pasado con un cómodo porcentaje a su favor, el liderazgo de Rafael Correa, y el modelo de control del poder constituido en estos últimos cuatro anos alrededor de su persona, no parecía tener mayores fisuras. Sustentado en la debilidad de sus adversarios, en un enorme despliegue de propaganda, en la planificación de las acciones de gobierno y en la rearticulación y fortalecimiento del aparato estatal, había pasado con éxito la prueba de ocho elecciones consecutivas. Para imponer el proyecto gubernamental se han desplegado desde la redacción de una nueva Constitución hasta recursos legales heredados de gobiernos anteriores y aun de las dictaduras militares de los años setenta, el uso de la represión contra los movimientos sociales, y últimamente de la facultad de colegislador que le otorga el sistema político presidencialista ecuatoriano para imponer vetos a leyes, aprobadas al final por el imperio de la ley.
El gobierno de Rafael Correa había derrotado a la vieja derecha, ha enfrentado con éxito las movilizaciones realizadas con enorme esfuerzo por indígenas y campesinos, ambientalistas y sindicatos públicos; las ha aislado del conjunto de la sociedad; las ha reprimido con fuerza; ha satanizado a sus dirigentes, y ha engañado a la sociedad sobre los motivos de la resistencia y movilización presentándolos como absurdas expresiones de intereses “corporativos’ contrarios al interés nacional. Ahora no tuvo la capacidad política suficiente para resolver casa adentro una demanda salarial de policías y militares, y solo logró superar la crisis con un costo político y social, no cuantificable, todavía, y de una decena de vidas humanas.
Hace menos de tres semanas, cuando desalojaron a los mineros artesanales y se tomaron el pueblo de Paquisha en el sur del Ecuador preparando el camino para el ingreso en noviembre de las grandes transnacionales mineras, los policías eran todavía fieles, disciplinados y sacrificados servidores públicos. En varias ocasiones, como en los tiempos de Febres Cordero, la propaganda gubernamental los había presentado en las cadenas nacionales de radio y televisión como víctimas de manifestantes violentos. Ahora, los mismos policías que en Molleturo, Dayuma, Morona Santiago, la provincia de Bolívar y Paquisha reprimieron a los pobladores, a indígenas y campesinos, se transformaron de pronto en golpistas traidores, en ingratos, magnicidas y asesinos. El eslabón más débil de la cadena del poder se evidenció el 30 de septiembre justamente en el interior de las fuerzas represivas hacia donde se había desplazado en ese momento la contradicción más visible generada por la imposición del modelo político de la Revolución Ciudadana.
Rafael Correa es un Presidente de la República que ha logrado mantener altos niveles de aceptación y credibilidad, y justamente a él, la tropa policial, de la cual es su comandante en jefe, no le creyó. Esta vez, la palabra presidencial no tuvo valor alguno.
En estos hechos, transformados en el centro de expresión de la desconfianza en la autoridad, se juntaron los malestares contenidos en este sector y en otros sectores sociales y políticos.
A partir de los primeros actos del Primer Gobierno de Correa (2006-2009) y en el segundo, se ha expresado un marco de contradicciones y resistencias en dos niveles: uno, entre el gobierno y los sectores empresariales ligados al modelo neoliberal; y otro, entre el gobierno y sectores populares organizados.
En el primer nivel de contradicciones, entre el gobierno y los sectores empresariales articulados al modelo neoliberal, hegemonizados por el sector financiero, partidarios del aperturismo económico indiscriminado y sometidos al eje de Washington, esas fuerzas económicas habían copado la institucionalidad del Estado, actuaron a través de los partidos políticos y de los grandes medios de comunicación. Mientras se desplegaba este enfrentamiento, el gobierno afianzó su relación y apoyo a otros grupos económicos con mayor vinculación al mercado interno, con capitales en la industria, la importación, la exportación y el agro negocio sin descartar su inserción en una dinámica mundial y regional. En este marco, actúan también viejas y nuevas transnacionales de la energía, y los viejos y nuevos cabilderos dentro del Estado y del gobierno.
La otra contradicción es la que enfrenta al gobierno con los sectores populares organizados de campesinos, indígenas, comunidades ancestrales, organizaciones ambientalistas, que ven amenazadas sus fuentes de vida y sus formas organizativas por la imposición de un modelo económico extractivista, concebido por el gobierno como la primera fase económica del proceso de su revolución económica.
En lenguaje clínico, la Revolución Ciudadana expresa una grave esquizofrenia: el verbo elevado del socialismo, para consumo interno y externo, para atraer y asustar, convive con los prosaicos y florecientes negocios de los capitalistas. La Revolución ciudadana en marcha y “a la que nada detendrá”, no ha tomado hasta el momento ni una sola medida que afecte realmente a las estructuras de la dominación capitalista.
Las reformas constitucionales y la reconstrucción del Estado han sido hasta ahora las piezas fundamentales para la consumación de un proyecto de salida por arriba y sin ruptura de la “larga y triste noche neoliberal”. La modernización capitalista presentada como revolución, ha sido posible por la incapacidad de las fuerzas populares para articular sus propias formas de organización política y para impulsar, por sí mismas, su propio programa.
El proyecto del gobierno, ha generado profundas tensiones, tanto a su derecha como a su izquierda. Pero Rafael Correa, el protagonista principal, ha sido colocado por sus partidarios como si estuviera por fuera de estas contradicciones. Otros son los responsables de la corrupción y de los errores, “al Rafael no le informan bien, le ocultan muchas cosas”. Este poderoso Rafael, muchas veces desinformado y engañado, está ante los ojos de sus seguidores inflamados de entusiasmo y todavía de esperanzas, por fuera de toda crítica, rodeado de una aureola de buenas intenciones y de infalibilidad.
Una característica de este proceso político, en el cual todos los sujetos sociales pretenden ser reducidos a ciudadanos sustituidos y representados por el Estado, es la articulación de varios elementos que son mucho más que rasgos aislados o expresiones particulares. Se ha construido un marco de derechos generales reconocidos en la Constitución, en medio un proceso de centralización y concentración del poder en manos de un círculo íntimo que es el que toma las decisiones y define las políticas.
La contradicción entre los sectores empresariales burgueses y el gobierno se ha ido desplazando hacia un segundo plano. Desde el ano 2007 la contradicción principal, es la que enfrenta al gobierno con los sectores populares organizados que resisten a la concentración del poder, el ataque a su autonomía organizativa y el modelo extractivista. En suma, la contradicción entre el modelo liberal ciudadano extractivista y la sociedad real, la de las comunidades indígenas y los sindicatos, aquella sociedad densa y “barroca” que enfrentó con relativo éxito a las políticas del Consenso de Washington , y que se resiste a la resaca pos neoliberal de las transnacionales, los tecnócratas gubernamentales y los burgueses ciudadanos.
El abuso de los mecanismos del poder, para la gente afectada directa o indirectamente, por legales que estos sean, los vuelve ilegítimos. Cuando la Asamblea Nacional discutía la Ley de servidores Públicos, los vetos presidenciales a la ley de Educación Superior estaban en la memoria inmediata de los policías huelguistas. Existe una visión muy clara de que el poder para hacer las leyes ciudadanas no reside en la Asamblea Nacional, que ha sido convertida en una gran comisión para discutir borradores de leyes elaboradas por otros.
El 30S conjugó trágicamente las contradicciones y desconfianza con la incapacidad y la prepotencia. El Presidente es la democracia, el estilo, el liderazgo insomne, el primer trabajador de la patria, como le califica Lenin Moreno, quien lo piensa y lo prevé todo. El Rafael Correa “realmente existente” se considera a sí mismo la encarnación de la historia, el nuevo Eloy Alfaro, la expresión del conocimiento y de la técnica, de la planificación, de la lucidez, de la comunicación y el verbo revelados a los mortales. El es la Revolución, la democracia, el Estado, la Patria. Es el árbol y es la sombra… El ejercicio autoritario del poder no tiene otro interlocutor válido que no sea él mismo, y cuando quiere evidencias consulta a sus encuestadores. El ejercicio retórico de todos los sábados no es otra cosa que un monólogo frente a un espejo. Y fue con esa mentalidad de verbo divino que el Presidente acudió al Regimiento Quito, epicentro de una insubordinación que según la versión oficial era el caldo de cultivo y la expresión de un golpe de Estado en marcha.
Para construir otras escrituras y otras lecturas, la historia oficial debe ser “cepillada a contrapelo”.
Es indispensable para el análisis de lo ocurrido el treinta de septiembre, examinar como una huelga policial devino en una violenta sublevación que se transformó rápidamente en una grave crisis política, que solo pudo ser resuelta por el uso de la fuerza militar en un hospital.
Desde las primeras horas de ese día se libra una intensa batalla de sentidos. Para justificar sus gravísimos errores, su incapacidad para manejar la situación y preparar las condiciones para satanizar toda futura lucha social calificándola de golpista, el gobierno se presenta como la víctima de una gran conspiración. La versión oficial se construye sobre una sola voz que copa el escenario mediático a partir de la parcelación de la realidad y la descontextualización de los hechos. Sus publicistas venden la pasta dental del golpe de Estado, todavía con poca capacidad de réplica.
Según la propaganda oficial un Golpe de Estado impulsado por Sociedad Patriótica, agentes de la CIA, y los antiguos jefes de inteligencia como el Crnel. Mario Pazmiño y compañía, se fraguaba desde hace varios meses. En los últimos días se ha puntualizado por parte de Rafael Correa la participación de grupos derechistas norteamericanos en una conspiración contra su gobierno. La periodista norteamericana Eva Golinger denuncia la presencia de “veteranos de la CIA” en operaciones de financiamiento a sectores indígenas. Este argumento se utilizó en junio para desprestigiar a los indígenas que durante la última Cumbre de la ALBA en Otavalo protestaron contra el gobierno. El 30 de septiembre sería un episodio golpista más después del golpe en Honduras en junio del año pasado. A raíz del mismo, Rafael Correa ya declaró “el próximo seré yo”. Antiguos marxistas y anarquistas, devenidos en asesores del gobierno han comenzado a señalar como “esquizofrénicos” a todos quienes no nos tragamos la rueda de molino de la oficial teoría de la conspiración como explicación única de todo lo ocurrido.
No se puede negar que sectores de la derecha, especialmente la fascistoide Sociedad Patriótica, tienen influencia en las fuerzas armadas, en la policía y en sectores sociales profundamente conservadores. Que algunos sectores no descartarían echar a Rafael Correa por cualquier medio, porque, en su paranoia, lo consideran la encarnación de todo aquello que históricamente han temido y odiado. Pero del deseo a la ejecución del deseo, el trecho es largo. Para que un golpe de Estado se produzca y para que tenga éxito, hay que tener la preparación, la fuerza militar, social y mediática, el mando unificado, el programa alternativo, el apoyo internacional y condiciones internas de desgaste y conmoción social. La experiencia política reciente, para hablar solo de la ecuatoriana, está llena de situaciones críticas donde varios de estos factores han estado mucho mejor articulados que en el 30S.
¿Cuándo en la historia de América Latina se ha visto un golpe de Estado sin maniobras militares norteamericanas y sin participación intensa y directa de su embajada? ¿Dirigido por cabos, sargentos, tenientes, tal vez capitanes? ¿Un golpe tal, especial y pos moderno, en el cual el Presidente de la República, principal objetivo a capturar por los golpistas fue a entregarse por voluntad propia?
Es importante analizar los contenidos de los mensajes intercambiados entre los policías durante el operativo militar. Revelan desesperación, odio a los militares, a la oficialidad y a Correa. La división en sus filas, la ausencia de apoyo al movimiento por los cuerpos de élite como el GOE y el GIR. Se revela la ausencia de un mando único y de un plan para enfrentar la situación creada por la presencia de Rafael Correa en el Hospital de la Policía.
Ante el creciente escepticismo de importantes sectores sociales y políticos, que se hacen preguntas incómodas, y que señalan la responsabilidad de Rafael Correa en el agravamiento del episodio, se ha comenzado a fabricar una variante de la versión oficial del golpe de Estado con magnicidio incluido. Se sostiene que la huelga policial era el comienzo de un plan de desestabilización que en una primera parte consistía en dejar desprotegida a la sociedad para crear un vacío de autoridad en el que salgan a la calle fuerzas sociales y políticas opositoras, y se deban movilizar los militares, y que la presencia del Presidente de la República en el Regimiento Quito habría desmontado este plan.
Resulta también poco consistente la versión de un “golpe sobre la marcha e improvisando”, planteada por Guillermo Almeyra en un artículo publicado en La Jornada Quincenal de México, que señala que la huelga-motín de los policías fue aprovechada por los golpistas para tomarse el aeropuerto de Quito, la ocupación de la Asamblea Nacional y luego la televisión y radio públicas. Esto se puede escribir desde lejos y sin considerar la distancia temporal de alrededor de 10 horas, entre la paralización del aeropuerto de Quito y el bloqueo de la asamblea por parte de la Escolta Legislativa y la irrupción de un grupo de civiles en los medios públicos. Actuar sobre la marcha requiere de una capacidad operativa en manos de los llamados golpistas, no demostrada todavía. El compañero Almeyra cae también en el error de otros observadores y analistas, como Atilio Borón, de presentar como evidencia del golpismo de Pachakutic, la declaración realizada por el vocero del bloque parlamentario de esa organización al pedir la renuncia de Rafael Correa.
Más allá del terreno de estos supuestos, la propaganda oficial oculta que uno era el movimiento antes de la presencia de Rafael Correa en el cuartel policial, y otro muy distinto después del desborde de violencia, al que esa presencia contribuyó de manera decisiva.
La propaganda oficial ha borrado el gesto del Presidente de aflojarse el nudo de la corbata y desabotonarse la camisa para pedir a gritos que le maten. Desde el punto de vista simbólico, este fue el punto de quiebre emocional decisivo para los más exaltados de los huelguistas, y tuvo una carga de muchos sentidos. Desde ser visto por los partidarios del gobierno como el acto de valor de un autoproclamado candidato al martirologio, cuestión tan presente y sensible en la tradición y mentalidad cristiana, hasta ser asimilado por los huelguistas como una invitación a voz en cuello, con una dosis elevada de autorización simbólica que venía desde el más alto representante del poder. Realizada a hombres que soportan un alto grado de rechazo social, que ejercen cotidianamente la violencia, y que se encontraban además en una situación de excepción en la que se habían roto los mecanismos de contención que cotidianamente representa la disciplina jerárquica y la cadena de mando, en un momento en el que, al calor de una situación nueva y extrema, se estaban constituyendo otras jerarquías y otros mandos.
A partir de esa irrupción inesperada del jefe del Estado en el centro del conflicto, hay un antes y un después que es indispensable analizar para desarmar la trampa de reducirlo todo a la teoría de la conspiración. Antes del discurso de Rafael Correa a los policías y a sus familiares, el gobierno enfrentaba una huelga policial, después vino todo lo demás: un presidente que en el ritual de los gritos, botellazos, los empujones y los golpes de sus subordinados fue despojado de una autoridad de la que ha sido celoso defensor hasta el delirio extremo de hacer detener por su escolta a personas acusadas de hacer gestos al paso de la comitiva oficial. Asfixiándose por los gases tuvo que ser atendido en un hospital policial vecino al cuartel, el que fue rodeado por los huelguistas, y vuelto a rodear por los partidarios del gobierno, que llamados al rescate del Presidente se enfrentaron durante toda la tarde a los policías. La crisis terminó en el sangriento operativo militar de la noche y de la madrugada siguiente. El saldo en vidas humanas ha subido a trece, hay decenas de heridos, algunos muy graves, secuelas sicológicas en los moradores de los barrios cercanos y los pacientes del Hospital de la Policía, decenas de detenidos, procesos judiciales en marcha.
Los hechos del 30S, y sobre todo el sangriento desenlace de los mismos, vistos de manera integral demuestran las responsabilidades del Presidente de la República y de su círculo íntimo en el agravamiento de la situación. Un análisis profundo revela con claridad que la teoría de la conspiración, con cualquiera de sus variantes, no sirve para explicar ni para comprender lo ocurrido. Que lo mínimo que debemos exigir, comenzando con nosotros mismos, es mirar la crisis en su génesis, desarrollo, contradicciones y como expresión de las resistencias, es decir en sus sentidos más profundos, más allá de lo evidente que construye la propaganda oficial.
La crisis del 30 de septiembre también demuestra que la derecha, a pesar de carecer de la capacidad para derrotar al gobierno, mantiene una fuerza importante. Antes que una estrategia de corto plazo, en la que el golpe de Estado o la revocatoria del mandato serían las alternativas, los dos grandes sectores de la derecha, el Partido Sociedad Patriótica, y las huestes de Jaime Nebot, le han apostado a un trabajo de organización de sus bases en una estrategia de guerra de posiciones, para la cual son importantes tanto el afianzamiento de sus propias fuerzas como el desgaste del gobierno.
En esta estrategia de desgaste, el 30 de septiembre Sociedad Patriótica tuvo una participación activa y Nebot y su Madera de Guerrero también, pero de distinta manera. Mientras Sociedad Patriótica tuvo injerencia en la preparación y desarrollo de la huelga policial, Nebot se apresuró a rechazar cualquier intentona golpista y a ratificar su apoyo a la democracia; días después, en la sesión Solemne del municipio de Guayaquil, atacó duramente al proyecto de ley de Organización Territorial, hablando incluso de ir a la resistencia civil, y criticó la inexistencia de “dignatarios y mandatarios que estén a la altura de lo que demanda el pueblo ecuatoriano”, aunque aclaró que no se refería al Presidente de la república. ¿Alguien le cree?
El 30S es un parte aguas. Luego de varios años de ejercicio, el gobierno ha revelado debilidades, originadas en gran medida en su propia concepción de la política, en la cual cuando hay que tratar con los de abajo que expresan sus propias demandas e intereses, el fundamentalismo legalista son las doce tablas de la ley, la propaganda se despliega con todo su poder, y cuando es necesario se pone en marcha el aparato judicial.
A la debilidad de las bases organizadas de Alianza País, hay que añadir la dificultad para movilizarlas. Durante la crisis amplios sectores populares permanecieron ausentes. El gobierno no tuvo el respaldo movilizado de organizaciones sociales sino especialmente de personas particulares y dirigentes. Cálculos obtenidos de varias fuentes permiten pensar que en Quito se movilizaron unas 20. 000 personas, especialmente de la pequeña burguesía urbana “forajida” y ciudadana. Algunos sectores se movieron también en contra de Rafael Correa pero, por la propia decisión de los policías, el movimiento policial rechazó estos apoyos y se mantuvo aislado. Solo para el 15 de octubre se anuncia una movilización de masas de apoyo al gobierno.
El Gobierno ha combinado una fuerte represión judicial de las filas policiales, con una importante alza, con carácter retroactivo, de los salarios de policías y militares, especialmente de oficiales y de suboficiales, pero sin tocar el texto legal que fue el detonante de la huelga policial y de la movilización de algunos sectores militares.
El desenlace final va a depender de cómo el gobierno maneje la situación política y social posterior a la crisis, y de la capacidad política de los diversos sectores políticos y sociales para posicionarse en el escenario inmediato. De momento, el gobierno se ha fortalecido, pero han quedado muchas heridas abiertas, y se inicia una coyuntura en la que se puede abrir un proceso de confrontación, crisis y desestabilización más profundo todavía.
No están tampoco a la vista aquellos cambios en un sentido más democrático, que han sido reclamados, especialmente por los movimientos sociales, que no se sumaron de manera irresponsable a la huelga policial exigiendo la renuncia del Presidente de la República, pero que tampoco han caído en la defensa “de la constitución y del Estado de derecho” sin beneficio de inventario.
A pesar de los anuncios oficiales del aumento de la popularidad de Rafael Correa en las encuestas, con el anuncio presidencial de que no irá a la “muerte cruzada”, Rafael Correa, ganador de seis procesos electorales consecutivos, ha renunciado al que sería su mejor escenario, para refugiarse en el interior de las fuerzas armadas, columna vertebral del Estado que, con la crisis, se ha transformado de un momento a otro en fuerza dirimente.
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