Chile: Presupuesto Nacional de Piñera: ¿Cuál es la diferencia con la Concertación?

·La primera partida presupuestaria del gobierno de Sebastián Piñera no se distingue de los criterios estratégicos de los gobiernos de la Concertación al respecto. El continuismo de un modelo económico incapaz por naturaleza de conjugar crecimiento con equidad social, incremento del PIB con más y mejor trabajo, y cifras macro -para dicha de los organismos tutelares de los capitalismo centrales- con menor desigualdad social, es la forma y el contenido hegemónico.

Por Andrés Figueroa Cornejo

El presupuesto nacional, ligado al gasto público, los programas y servicios o derechos sociales impactan de manera radical en el empleo y, en general, en la calidad de vida de las grandes mayorías.

La última dotación del presupuesto nacional del gobierno de Michelle Bachelet el 2010 aumentó un 4,3 % y el gasto social 5,8 %. La inversión en vivienda el 2010 fue de US$ 1.940 millones; para salud, de US$ 5.900 millones, la inversión en infraestructura de US$ 1.200 millones y la de educación, de US$ 8.000 millones, destinados principalmente a la educación técnica profesional y a financiar becas de postgrado en el extranjero.

En términos reales, el jueves 30 de septiembre pasado, por cadena nacional, Sebastián Piñera y su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entregaron los números del presupuesto nacional 2011 que debe ser ratificado en el Congreso, y que tuvo un aumento de un 5,5 %, cifra que está por debajo de las expectativas de crecimiento del país que se encuentran en alrededor de un 6 % o más. Esta es la segunda vez, desde el 2000, que el presupuesto nacional es más bajo que el crecimiento estimado.

Al respecto, el gasto social tuvo un aumento –siempre considerando que los porcentajes provienen de un presupuesto general menor que el crecimiento de la economía- de un 14,9 %.

En relación al año pasado, la inversión en educación se elevó un 7,6 % con US$ 10.000 millones; salud un 12,5 % con US$ 8.000 millones; vivienda un 33 % con US$ 3.200 (guarismo que se explica por la destrucción de 200 mil viviendas en el terremoto de febrero); y seguridad ciudadana creció un 12 % con US$ 1.900 millones, debido a la decisión de ampliar la plaza policial con 10 mil carabineros más.

Si bien, el aumento del precio del cobre –sostenida por la demanda asiática y China en particular- y la recuperación del PIB en relación al año anterior pueden ofrecer los argumentos técnicos para entender el incremento en el gasto social –incluso en números reales- respecto del último gobierno de la Concertación, la estrategia de distribución presupuestaria coincide perfectamente con las demandas de los organismos internacionales controlados por los Estados capitalistas más poderosos del planeta y sus políticas de ajustes estructurales. Esto es, reducción del Estado; aperturismo económico extremo que redunda en la imposibilidad del surgimiento de una industria nacional capaz de competir en el mercado interno y externo; fortalecimiento de las policías para el control social y represión de las manifestaciones del malestar de crecientes sectores de la ciudadanía; y coyunturalmente, la reconstrucción parcial de lo que destruyó el terremoto.

EMPLEO

En materia de trabajo, la inversión se resume en un aumento de un 30 %, principalmente para capacitación (con el fin de satisfacer las demandas del capital) y creación de empleo precario a través de programas específicos, focalizados y que apuntan a reducir los porcentajes macro del flagelo de la cesantía, no importando ni los salarios ni las condiciones laborales.

Oficialmente, en Chile el índice de desempleo es de casi un 9 % -es considerada como ocupada cualquier persona que en la última semana de la encuesta Casen haya recibido algún tipo de remuneración o especie a cambio de trabajo, independientemente de la estabilidad laboral, horas de desempeño o relación contractual-, mientras que las cifras de la pobreza están ligadas al modo en que se mida. De acuerdo a metodologías anglosajonas o a la composición de la canasta familiar, la pobreza en el país podría alcanzar desde el 50 al 80 %. Desde 1988, en Chile es calificada por el Estado como pobre quien vive con menos de $2.000 pesos (4 dólares), cuando un solo viaje en el transporte colectivo cuesta, al menos, $ 500 pesos (un dólar). Baste ilustrar que el pago mensual de una carrera universitaria promedio es de $ 200.000 pesos (400 dólares).

Hace unas semanas, es Oslo, se reunieron el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el primer ministro de Noruega para tratar la situación generada en el mercado laboral, en especial en materia de empleo respecto de las 20 principales economías planetarias.

“El mercado laboral está en una situación catastrófica – indicó el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn – y ha dejado en una zona desértica a treinta millones de parados en apenas tres años. El Fondo – agregó – se dedica siempre a promover la estabilidad financiera y macroeconómica: el déficit (fiscal) y el PIB son importantes, pero los indicadores de desempleo no pueden seguir quedando fuera de nuestro análisis o de los del G- 20”

Por su parte, el comisario europeo de empleo, Lázló Andor, manifestó que 2008 fue el año de la crisis financiera – la cual sigue en pie -, 2009 de la crisis económica – el producto mundial descendió -, 2010 es el de la crisis del empleo – cuya caída se produjo desde el inicio de la crisis – y pronosticó “si nada cambia demasiado, 2011 será de las crisis sociales: la austeridad fiscal combinado con el elevado desempleo puede provocar serios problemas”.

En España, el diario El País advirtió que, efectivamente, se destinan mayores recursos al área educacional –como en Chile-, pero cuando los jóvenes egresan es para “ofrecerles después un empleo que requiere una menor cualificación o enviarlos directamente a la precariedad laboral o el paro”. La crisis lo que hizo fue agravar un problema estructural ya existente antes de ella: tasas de desocupación juveniles muy por encima de los promedios nacionales, como se registra igualmente en Chile.

Según el economista chileno y director del CENDA, Hugo Fazio, “En junio de 1988 la tasa de desocupación en el Gran Santiago fue de un 6,9% de la fuerza de trabajo. En meses anteriores se registraron incluso porcentajes aún inferiores. Si tomamos como referencia esa cifra y usamos como fuente al Departamento de Economía de la Universidad de Chile que permite hacer comparaciones en períodos largos se constata que nunca en los doce años transcurridos desde entonces se regresó a esos niveles de desempleo. Es una demostración de que en el país existe desempleo estructural, el aparato productor de bienes y servicios no es capaz de satisfacer toda la demanda por empleo.”

En síntesis, la primera partida presupuestaria del gobierno de Sebastián Piñera no se distingue de los criterios estratégicos de los gobiernos de la Concertación sobre el tema. El continuismo de un modelo económico incapaz de conjugar crecimiento con equidad social, incremento del PIB con más y mejor trabajo, e inflación bajo control con menor desigualdad social, es la tónica. Los matices invisibles entre la Coalición por el Cambio y la Concertación se confirman de manera abrumadora.

Continúa pendiente un proyecto de progreso integral, socialmente democrático y subordinado a los intereses de los trabajadores y el pueblo que apueste por el desarrollo del país y lo saque de sus dos puntales económicos que marcan a fuego su dependencia y donde lo ha puesto la división internacional del trabajo organizada por las grandes potencias: ser una nación primario exportadora y extractivista de materias primas y recursos naturales, y plataforma de negocios para la subregión de América Latina.

¿Cuál es la diferencia sustantiva en la orientación estructural del presupuesto nacional entre la Coalición por el Cambio y la Concertación? ¿El énfasis discursivo en la “lucha contra la delincuencia”? ¿La unidad nacional imposible en un país dividido radicalmente entre una minoría propietaria de las grandes corporaciones dependientes del gran capital de los Estados imperialistas, contra una mayoría trabajadora, precarizada y sobreendeudada? ¿Los espectáculos mediáticos?

No. No existen distancias relevantes. Piñera administra con tranquilidad y cada vez menos popularidad, la arquitectura del despojo, la naturaleza subsidiaria, asistencialista del Estado –aval y sustento irremplazable de la clase mandante-, la consecución de la destrucción de los derechos sociales, y los intentos de vender lo poco que resta de propiedad estatal. No es que el original sea mejor que la copia, que la Coalición por el Cambio sea más salvaje y antipopular que la Concertación. Ambas expresiones políticas apenas se distinguen por los llamados “temas valóricos”, toda vez que la dirección de la Democracia Cristiana se siente a sus anchas con Piñera. Menos diferencias todavía. ¿Será posible que el Partido Comunista retorne al lugar de las luchas sociales y abandone de una vez por todas la alianza peregrina con tiendas políticas que hace demasiado tiempo abandonaron sus orígenes emancipatorios? Existen militantes comunistas de honra intacta que tendrán que enfrentar con la claridad y fortaleza de las ideas, que no de la táctica acomodaticia, luchas duras e históricas para que retorne ese destacamento al corazón popular. El objetivo es el socialismo. Por abajo siempre, por arriba cuando se pueda. Y por arriba siempre y cuando la representación en la institucionalidad fabricada por los dueños de todo esté al servicio de las transformaciones profundas, es decir, sea parte de una estrategia general de liberación y no la forma dominante de hacer la política. Porque una cosa es adecuarse a las condiciones de lucha impuestas por la realidad, la correlación de fuerzas, el estado de la lucha de clases, y otra, muy distante y distinta, es hipotecar el sentido político que originó, a través de generaciones inolvidables, los objetivos pendientes de la verdadera independencia de las grandes mayorías a cambio de 30 segundos en el noticiero por semana.