PANAMÁ - Matinelli provoca resistencia popular.
Fuente: un-mundo.org
“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley si no la población en resistencia en contra de la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor en Panamá.
Con huelgas y marchas a nivel nacional se está levantando el pueblo panameño, enfrentándose contra antimotines violentos. Hasta el día de hoy se contabilizaron por lo menos 6 manifestantes muertos. El movimiento empezó con una huelga en las bananeras al inicio del mes de julio en contra de la aprobación de la controvertida ley 30. Esta ley desmantela el derecho de libre sindicalización en las empresas privadas, niega el derecho a convenciones colectivas y elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental.
“En pocas palabras es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, dijo Silvestre Díaz, vocero de FRENADESO (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá.
Con el fin de derogar la ley (y no solo postergar la vigencia de algunos artículos como propone el gobierno) organizaciones sindicales y sociales han convocado a una huelga nacional. En todo el país los antimotines están reaccionando con mucha violencia y han detenido a centenares de activistas violando sus derechos humanos.
En la cuna del actual movimiento, la región bananera Bocas del Toro en el Caribe, zona fronteriza con Costa Rica, las y los trabajadores de las bananeras apoyaron la huelga nacional con una marcha, pese a su decisión de suspender el paro que tuvo por nueve días a la provincia incomunicada.
“No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley hasta que se llegue a un acuerdo nacional”, dijo un representante sindical.
El actual movimiento, compuesto por trabajadores (entre ellos como sector más combativo los obreros de construcción organizados en el sindicato SUNTRACS), estudiantes, campesinos y indígenas (como el pueblo Naso que tiene una tradición de resistencia fuerte en contra de proyectos multi-nacionales, ubicados en la región Changinola, Bocas del Toro) tiene una fuerza como no se había visto hace muchos años en Panamá. ¿Será que millones van a poder de vencer a los millonarios?
Una “democracia” para ricos
Sin duda son ellos que mandan en Panamá. En las últimas elecciones en Mayo de 2009 el multi-millonario y dueño de una cadena de super-mercados arrastró con su Alianza por el Cambio con el 70 % de los votos con su promesa de liderar el país como un supermercado. No existía ninguna propuesta electoral del sector de la izquierda. En el extranjero, le dan muchas veces el predicado “social-demócrata” al “Partido de la Revolución Democrática” (PRD) de la candidata perdedora Balbina Herrera, pero en realidad no tiene nada que ver con alguna posición izquierdista. El último presidente, Martín Torrijos -- político del PRD y hijo del Omar Torrijos, terminó su presidencia con incontables escándalos de corrupción.
El PRD perdió tanto apoyo que ni sus propios militantes votaron a su favor: el partido cuenta unos 700.000 afiliados, pero con solamente 500.000 votantes. En ese sentido, el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, quien preside la comisión electoral, señaló que en las elecciones de 2009: “Un País para Todos de Balbina Herrera declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por el Cambio de Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones de dólares”. Además, agregó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250,000 dólares y que varios candidatos a diputados de diversos circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200,000 dólares en sus campañas.
En los últimos 15 años las “100 familias” de la oligarquía panameña han vendido casi todo que les pertenecía o lo que no les pertenecía: la compañía aérea nacional, las empresas de energía, telecomunicación, carreteras y puertos.
La aplicación de las políticas neoliberales han tenido un impacto profundo a la sociedad -- la brecha social entre ricos y pobres es tan ancha como en ningún otro país de Latinoamérica. Más de un 37 % de la población vive bajo condiciones de pobreza extrema, en el área rural es casi un 90 %. El 46 % de los “empleados” trabajan en el sector informal y el 25 % de la población está desempleada. Panamá cuenta con un 12 % de población indígena, ubicándose en el segundo lugar en Centroamérica después de Guatemala.
La situación social en Panamá es entonces una bomba de tiempo. Ricardo Martinelli lo sabía desde el inicio y por eso intentó desviar la atención con un discurso de “mano dura” en contra los pequeños criminales y criminalizando las organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dijo Silvestre Días de FRENADESO. Nunca ha dejado ninguna duda en dónde tiene sus preferencias políticas. Su primera visita oficial a un país extranjero que hizo el político de decendencia italiana, fue, precisamente, a Italia para reunirse con Silvo Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, por ejemplo el Ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Varela, el que destacó por su elogio al “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.
No es ninguna sorpresa entonces que la policía y los antimotines estén golpeando duro al movimiento social. La única razón por la que todavía no salió el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando los Estados Unidos les transfirió el Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 como era previsto en el tratado Omar Torrijos – Jimmy Carter de 1977. Para enfrentar una situación de “desorden público” los gobiernos han apostado por la militarización de las fuerzas policiales -- como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948.
“La resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, dijo Silvestre Díaz de FRENADESO. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas del frente que no han participado en ninguna marcha. Según Diaz la policía entró a sus casas arrestándoles con el pretexto de “haber participado en una reunión con el fin de paralizar el Canal de Panamá”.
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