Chile -Venezuela: Injerencia Ignorante.
Chile, 14 de julio de 2010,
El Senado aprueba con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención, una resolución en la que exhorta a los organismos internacionales a adoptar "una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas, por parte del Gobierno venezolano, que aseguren la integridad y la transparencia del proceso electoral". Chile, un país donde todos los días se violan los derechos humanos, un Senado que vota a favor de leyes que nos siguen condenando como pueblo y nos mantiene sometidos. El Senado se cree con la potestad de tener franca injerencia en el proceso electoral venezolano, que ha demostrado con creces que sus elecciones son libres y soberanas. Declaraciones francamente soberbias, "No se entiende que alguien se moleste porque somos invitados por la oposición para ir como observadores internacionales. Vamos a ir igual, y si nos quieren sacar que nos saquen", declaró el senador por la Democracia Cristiana Patricio Walter. "No nos vamos a dejar amedrentar por algunas declaraciones destempladas de algunos funcionarios de gobierno y, por lo tanto, nuestra voluntad (…) es perseverar en el acuerdo que adoptó el Senado que se envíe una delegación", sostuvo Andrés Allamand, visiblemente empeñado en tener injerencia en los asuntos internos de Venezuela y marcando, decididamente una posición política bastante definida.
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Esta inclinación o posición política no garantiza en lo absoluto, la imparcialidad y objetividad que deben mantener los observadores internacionales, por lo tanto, no es, en lo absoluto, descabellada la respuesta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. ¿Cómo pueden dar un testimonio imparcial del proceso electoral, si la información que manejan y les interesa manejar está completamente prejuiciada por juicios establecidos sobre la “amenaza para la democracia” que representa el Gobierno de Hugo Chávez”?
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Esta inclinación o posición política no garantiza en lo absoluto, la imparcialidad y objetividad que deben mantener los observadores internacionales, por lo tanto, no es, en lo absoluto, descabellada la respuesta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. ¿Cómo pueden dar un testimonio imparcial del proceso electoral, si la información que manejan y les interesa manejar está completamente prejuiciada por juicios establecidos sobre la “amenaza para la democracia” que representa el Gobierno de Hugo Chávez”?
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Hay que ser muy descarado, por decir lo menos, cuando se enjuicia un proceso con 15 elecciones (donde ha habido un sinnúmero de observadores internacionales “reconocidos”) donde se ha pronunciado la voluntad del pueblo, al final, es eso lo que enjuician, que sea el pueblo quien participe activamente y decida, eso es lo que está mal, la participación, quieren imponer su democracia “representativa” que no representa a nadie, sólo a sus intereses, quieren replicar sus procesos de imposición de poder. La derecha fascista y la derecha concertacionista, no toleran que existan procesos revolucionarios que validen que si se puede aumentar el mentado “gasto social” con resultados a la vista, no los basados en políticas asistencialistas que terminan por evidenciar su fracaso hasta en fiascos elaborados bajo el mismo sistema, como la famosa encuesta CASEN.
Venezuela renacionalizó su petróleo y lo destinó donde siempre debió estar, en el gasto social, en la creación de políticas públicas basadas en estrategias que han fortalecido las relaciones Estado-Pueblo porque se han basado en la participación de cada uno de los sectores sociales y políticos que hacen vida en el país y trabajan consciente y consecuentemente en la transformación del conjunto de relaciones de producción como única forma de erradicar flagelos heredados de años de neoliberalismo y explotación del pueblo, pobreza, desnutrición, analfabetismo, desclasamiento... ¿Es acaso falsa la información dada por organismos internacionales sobre el progreso social en Venezuela?.
Vergüenza, no injerencia, deberían tener todos “estos” que pretenden tener derechos sobre otro país, mientras en el país propio se encargan de enriquecerse a costa del sacrificio del pueblo. Injerencia tienen, eso si sobre la venta del cobre, sobre los tratados de libre comercio que venden al país, sobre los crímenes de la democradura en la cual han gobernado, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Alex Lemún y tantos otros.
Estas posiciones políticas son inadmisibles, inhabilitan a estos parlamentarios, muchos de ellos restos de la dictadura, para participar de una manera imparcial, transparente en un proceso que, a toda vista, desconocen por completo.
Este 26 de septiembre se realiza un nuevo proceso eleccionario en Venezuela. Un nuevo proceso de ratificación de democracia participativa, un nuevo proceso que pretende seguir cambiando el modelo económico por uno de mayor justicia social, y que garantiza la independencia, la soberanía y la participación social. Eso es lo que no toleran estos parlamentarios.
.Hay que ser muy descarado, por decir lo menos, cuando se enjuicia un proceso con 15 elecciones (donde ha habido un sinnúmero de observadores internacionales “reconocidos”) donde se ha pronunciado la voluntad del pueblo, al final, es eso lo que enjuician, que sea el pueblo quien participe activamente y decida, eso es lo que está mal, la participación, quieren imponer su democracia “representativa” que no representa a nadie, sólo a sus intereses, quieren replicar sus procesos de imposición de poder. La derecha fascista y la derecha concertacionista, no toleran que existan procesos revolucionarios que validen que si se puede aumentar el mentado “gasto social” con resultados a la vista, no los basados en políticas asistencialistas que terminan por evidenciar su fracaso hasta en fiascos elaborados bajo el mismo sistema, como la famosa encuesta CASEN.
Venezuela renacionalizó su petróleo y lo destinó donde siempre debió estar, en el gasto social, en la creación de políticas públicas basadas en estrategias que han fortalecido las relaciones Estado-Pueblo porque se han basado en la participación de cada uno de los sectores sociales y políticos que hacen vida en el país y trabajan consciente y consecuentemente en la transformación del conjunto de relaciones de producción como única forma de erradicar flagelos heredados de años de neoliberalismo y explotación del pueblo, pobreza, desnutrición, analfabetismo, desclasamiento... ¿Es acaso falsa la información dada por organismos internacionales sobre el progreso social en Venezuela?.
Vergüenza, no injerencia, deberían tener todos “estos” que pretenden tener derechos sobre otro país, mientras en el país propio se encargan de enriquecerse a costa del sacrificio del pueblo. Injerencia tienen, eso si sobre la venta del cobre, sobre los tratados de libre comercio que venden al país, sobre los crímenes de la democradura en la cual han gobernado, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Alex Lemún y tantos otros.
Estas posiciones políticas son inadmisibles, inhabilitan a estos parlamentarios, muchos de ellos restos de la dictadura, para participar de una manera imparcial, transparente en un proceso que, a toda vista, desconocen por completo.
Este 26 de septiembre se realiza un nuevo proceso eleccionario en Venezuela. Un nuevo proceso de ratificación de democracia participativa, un nuevo proceso que pretende seguir cambiando el modelo económico por uno de mayor justicia social, y que garantiza la independencia, la soberanía y la participación social. Eso es lo que no toleran estos parlamentarios.
Ana Tania Toro.
Centro de estudios Francisco Bilbao
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