Chile - El Paquete económico de Piñera
CARTA ECONÓMICA DE CENDA
El primer paquete económico anunciado personalmente por Sebastián Piñera aumenta transitoriamente el impuesto a las utilidades de las empresas, pero en otras medidas ratifica el carácter pro empresarial que se espera de su gestión, a pesar de los esfuerzos efectuados por darle un contenido nacional y encubrirlo. El nuevo mecanismo del royalty incrementa los años de invariabilidad tributaria. Se pretende insistir en establecer el mecanismo de depreciación acelerada que beneficia ante todo a las grandes empresas. Se da inicio a una estrategia privatizadora con el pretexto de traspasar activos prescindibles. El incremento en los impuestos a las utilidades de las empresas lo sube pero luego se descuenta en el pago del global complementario y en el caso de las empresas mineras que envían sus utilidades al exterior del impuesto adicional. Los sectores más fundamentalistas que apoyan al gobierno querían ir aún más lejos, que fuese “más puro”. De allí las duras críticas recibidas desde el Instituto Libertad y Desarrollo, Hernán Büchi y sectores de la UDI.
El paquete económico de Piñera
Sebastián Piñera, en su discurso pronunciado el 16 de abril en Coronel, no sólo incluyó medidas tributarias destinadas a allegar recursos al fondo de reconstrucción propuesto en un proyecto de ley enviado al Congreso pocos días antes, sino intentó mantener vivos sus objetivos enunciados durante la campaña presidencial de crecimiento económico promedio durante su mandato y de restablecer el equilibrio estructural de las finanzas públicas.
El texto final, de acuerdo con su estilo lo definió personalmente, teniendo como interlocutores a la distancia a Felipe Larraín, al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, y a su jefe de políticas públicas, Ignacio Rivadeneira, encargado de darle forma a su intervención. Con esta forma de actuar pretendió dejar claro que el debate producido al interior de su gabinete ministerial y de los sectores que le apoyan lo dirimía él.
Con las medidas anunciadas, manifestó su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, “tenemos que financiarlo todo (…) Es la suma del programa de gobierno que son US$9.250 millones y del orden de US$8.500 millones en reconstrucción. No nos hemos olvidado de nuestro programa de gobierno –agregó-, con un objetivo de crecimiento de 6% y generar 200.000 empleos por año. Lo que buscamos es crear nuevos incentivos para la inversión” (17/04/10).
El discurso pretendió dilucidar un intenso debate producido al interior del propio gabinete y de los sectores que lo apoyan entre quienes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvieron que debía demostrarse no ser un gobierno proempresarial y otro sector proclive a impulsar medidas propias del ideario específico de la derecha, difundidas ardorosamente desde el Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) y al interior del propio equipo ministerial.
La disyuntiva fue descrita por El Mercurio el mismo día del discurso“. (…) la decisión de subir transitoriamente el impuesto para las empresas –reseñó- podría marcar un sello para la nueva administración”. (…) marcaría una potente señal de que el actual gobierno no sería “el de los empresarios” (…). Sin embargo –añadió-, también había una dificultad a que la Alianza subiera impuestos, algo que para muchos de los dirigentes y partidarios del sector era completamente ‘contra natura’. Al interior del equipo ministerial, Hinzpeter fue el gran impulsor de la trascendencia de incluir la medida en el paquete (…), dado el potente gesto político que implicaba, con la anuencia del ministro de Hacienda (…), mientras que el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, mantuvo una posición más distante” 16/04/10.
“La discusión tributaria –señaló, a su turno, La Tercera- dividió el gabinete. El equipo económico abogó por no subirlos (los impuestos), al igual que el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. Como telón de fondo –recalcó- estaban las ‘dos almas’ del gobierno y la Alianza” (17/04/10).
Con anterioridad al discurso se envió el proyecto que crea una institucionalidad de donaciones cuando se promulgue un Estado de Catástrofe. Que los privados efectúen donaciones nadie puede estar en contra, pero no que ello sea subsidiado con cargo al presupuesto. La iniciativa se espera reúna US$155 millones netos de recaudación. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, manifestó justificando el proyecto: “hay que tener un incentivo y algo de ayuda para que la solidaridad llegue en montos suficientes” (14/04/10). “Estas donaciones –señaló con razón el diputado Sergio Aguiló- tienen contenido de una franquicia o beneficio tributario que los despojó de su sentido solidario” (14/04/10).
El proyecto propone crear un Comité Ejecutivo para la Reconstrucción encabezado por el presidente de la República, algunos de sus ministros, los intendentes de las zonas afectadas por el terremoto -designados por el ejecutivo- y dos integrantes más también nominados por Piñera. No se trata precisamente de una expresión participativa sino de la concentración al máximo del poder. Se transformaría en la práctica en otra empresa de “papel” manejada por Sebastián Piñera.
Los beneficios tributarios propuestos alcanzan incluso a las empresas extranjeras que sacan sus utilidades del país que tendrán derecho a un crédito equivalente al 35% de la cantidad “donada”. Ello alcanza, desde luego, a las grandes empresas cupríferas que someten al país a un sistemático saqueo. En el caso del impuesto a las utilidades de las empresas se podrán rebajar como gastos las sumas proporcionadas de las rentas líquidas imponibles, teniendo la opción de hacerlo durante los tres ejercicios siguientes de exceder dicha renta el monto a deducir. Las personas tendrán derecho a un crédito equivalente al 40% de la suma entregada que podrán imputar al impuesto que deberían cancelar.
Si se analiza detenidamente el paquete –aún no completamente diseñado- contiene varios aspectos en beneficio de grandes intereses económicos, empezando por el “royalty” a las empresas mineras cupríferas. Según el anunció, el nuevo esquema a aplicarse generaría US$700 millones. Se pasaría de porcentajes actuales de 4% a 5% del resultado operacional a un rango de entre 3,5% a 9% según el margen de ganancia de la minera. Con un margen inferior a 35% el royalty sería de 3,5%, si supera el 75% la tasa alcanzaría a 9%, estableciéndose un gravamen progresivo entre los dos extremos.
La fórmula requiere que los consorcios mineros acepten un aumento voluntario, lo cual fue consultado por el ministro de Minería y el subsecretario de Hacienda, por encargo de Piñera, con representantes de las empresas. El máximo ejecutivo en Chile de BHP Billiton, Diego Hernández, había declarado antes del anuncio que sólo renunciarían a la fórmula vigente ante una propuesta atractiva. Se cumplió con su exigencia.
El ministro de Minería, Laurance Golborne, manifestó que con la propuesta de royalty “todos ganan” (17/04/10). No es así, como retribución a que las grandes empresas se acojan inmediatamente al nuevo esquema de tasas, gozarán de un incremento en ocho años de la invariabilidad tributaria, que ya constituyó un duro atentado contra el interés del país, prorrogándola hasta 2025[1]. “Las empresas que gozan de invariabilidad tributaria –detalló Golborne- podrán voluntariamente acogerse a este nuevo esquema para los años 2010 y 2011 para apoyar la labor de reconstrucción y luego volver a las condiciones originales de la tasa fija hasta el plazo originalmente pactado”. En otras palabras “comprarían” por un bajo costo, con relación a los gigantescos ingresos y rentabilidades que están obteniendo por la alta cotización del cobre, la garantía de que seguirían cancelando un monto de royalty muy reducido por ocho años más luego que finalice el período vigente de invariabilidad tributaria.
El paquete de medidas incluye establecer un mecanismo de depreciación acelerada, que ya fue rechazado durante la gestión de Andrés Velasco por ir en beneficio prioritariamente de las grandes empresas, particularmente de las que tienen importantes proyectos en curso anunciados. En cierta medida es una iniciativa con nombre y apellido que permitiría de aprobarse deducir en un primer año el 50% de depreciación, disminuyendo obviamente los ingresos fiscales, descontándose posteriormente el resto de acuerdo a las normativas vigentes. “Si alguien analiza en forma desapasionada –subrayó Felipe Larraín- verá que es un paquete pro inversión” (17/04/10). Habría que añadir, ante todo de las grandes empresas que obtienen utilidades permitiéndole recuperar rápidamente parte sustancial del gasto efectuado.
Luego, la venta de los denominados “activos prescindibles” a intereses privados culminaría procesos de privatización iniciados durante los gobiernos de la Concertación y tiende a abrir el camino a nuevos traspasos. Actuar en esta dirección ya había sido adelantado por Sebastián Piñera en su intervención en el centro de estudios norteamericano Brookings. “Pensamos incluir en nuestro plan (para la reconstrucción) – detalló – la puesta en venta a precios de mercado (…) de muchos activos públicos no esenciales (…). Codelco –añadió– posee Edelnor (Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A.), que no es parte del corazón de su negocio” (13/04/10). En verdad Codelco ya no “posee” Edelnor, porque al finalizar los gobiernos de la Concertación entregó su control al poderoso consorcio francés Suez Energy. El anuncio de Piñera busca, en consecuencia, profundizar este proceso. El fondo de reconstrucción sería así usado como pretexto para despotenciar al Estado y entregar patrimonios públicos a grandes intereses privados. Edelnor es la mayor empresa generadora de electricidad del Norte Grande con 1.795 Mw, lo que representa cerca de un 50% de la capacidad total de generación del SING, teniendo a la fecha del anuncio de Piñera una capitalización bursátil de US$2.180 millones, poseyendo Codelco un 40% de su propiedad.
La propuesta de Piñera recibió el rechazo inmediato de los trabajadores cupríferos. “Siempre nos hemos opuesto –manifestó el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Fernando Ahumada- a la venta de activos de nuestra compañía, que es de todos los chilenos, sobre todo cuando se trata de insumos estratégicos como la energía eléctrica”. La electricidad –añadió- no es un activo prescindible. “Sin energía eléctrica, la minería no puede producir, y además se trata de un bien escaso (…) además le otorga independencia energética a la propia compañía y al país” (14/04/10). La transacción que redujo la participación accionaria de Codelco y que entregó su control mayoritario a la transnacional francesa fue ya claramente una acción contraria al interés nacional.
El anuncio presidencial además vulneró el papel asignado al directorio de Codelco en la publicitada ley de su gobierno corporativo. Se desconoce así su función, con el agravante de que si se concretase la venta se haría en condiciones desfavorables, ya que se estaría enajenando un activo definido como “no esencial”, castigando el monto a percibir. Como otros anuncios presidenciales, Felipe Larraín inmediatamente después declaró que la decisión de la “privatización de Edelnor no está definida” (14/04/10). Y el ministro Golborne, para aminorar el error presidencial, expresó que se trataba sólo de una “sugerencia”, a pesar que en la exposición en el centro de estudios Piñera lo presentó como un hecho. “En el caso de Edelnor –manifestó Golborne- estamos hablando de una participación minoritaria, en una empresa que hoy día es controlada por privados (GDF Suez). De que privatización –añadió- estamos hablando (…)”. (15/04/10). El tema es otro: el Ejecutivo está por consolidar su entrega a privados, lo que significa seguir reduciendo la presencia estatal en áreas económicas estratégicas. Desde luego, la posición nacional debe ser revertir su entrega.
Felipe Larraín dio a conocer que también está en consideración la venta de parte del 35% que posee el Estado en Aguas Andinas, también controlada por el consorcio francés Suez, a través de su filial Aguas de Barcelona (Agbar), igualmente privatizada durante los gobiernos de la Concertación.
En cuanto al aumento transitorio de impuestos a las utilidades de las empresas que subirá de 17% a 20% en 2011 y bajaría a 18,5% en 2012, para volver en 2013 al punto inicial, debe recordarse que su incremento fue uno de los aspectos tributarios principales en el programa de la Concertación antes de ser gobierno, fuertemente impugnado por la derecha y que finalmente en función de la política de los “consensos” se acordó con Renovación Nacional rebajar la proposición efectuada reemplazándola por dos puntos adicionales en el IVA, el impuesto más regresivo[2]. De otra parte, lo cancelado por concepto de utilidades de las empresas sus accionistas lo descuentan cuando deben declarar el global complementario. Las empresas cupríferas lo disminuyen cuando remesan sus ganancias al exterior, tributo que no se modificó. Parlamentarios de oposición han planteado que el incremento debe ser permanente si se desea enfrentar no sólo consecuencias del terremoto sino también las precariedades que dejó al descubierto.
Por su parte, el alza del impuesto al tabaco de 60% a 67%, fundamentada como una medida en pro de la salud de la “población”, será en definitiva cancelada por los consumidores y llevará al monopolio dominante en el sector, Chiletabacos, controlado por la transnacional British American Tobacco (BAT), con una participación en el mercado de aproximadamente un 98%, a incrementar sus precios a público que es precisamente lo que busca la propuesta. Actualmente el 70% del precio corresponde a impuestos, con el incremento del gravamen subiría a 84%. Este impuesto ya había sido incrementado desde un 52,9% durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El incremento impositivo que afecta plenamente a capas de la población de mayores ingresos es el alza de los avalúos fiscales a propiedades habitacionales, comerciales y agrícolas superiores a $100 millones. De acuerdo a las estimaciones entregadas se aplican a 98.000 bienes raíces, un 5% del total. “La soledad en que Piñera tomó la decisión – comentó La Tercera – no sólo dejó heridos en el gobierno, donde no pasó inadvertido que se incluyera aumentar los bienes raíces más caros (se interpretó -añadió- como una señal de corte político, pues sólo recaudará US$250 millones por este concepto)” (17/04/10).
El discurso presidencial no puso fin al debate “entre las dos almas” de los sectores que se identifican con el gobierno. El director del ILD, Luis Larraín, criticó abiertamente los incrementos de impuestos. “Si uno hace un análisis – expresó- no encuentra ningún fundamento técnico a esta medida, entonces no cabe sino pensar que tiene que haber otra motivación y si esas motivaciones fueron políticas, a mi me parece muy cortoplacista” (17/04/10).
Esta posición abierta de rechazo ya la había expresado con anterioridad. “(…) el subir los impuestos a las grandes empresas – dijo – es una abierta demagogia (…). En ese sentido – agregó-, existe un cierto pudor en la centroderecha de plantear que la empresa es el principal agente del desarrollo. Lo que la Alianza nunca debe olvidar que es que hay que gobernar con las ideas propias, no con las de otros. No podemos perdernos la oportunidad de alcanzar el desarrollo por cálculos de corto plazo. Lo que no me parece correcto es que se empiece a analizar este tema con el objetivo político de corto plazo de tratar que te vean como alguien que no es tan cercano a los empresarios” (11/04/10).
Larraín mantuvo este criterio desde un comienzo. “No es necesario – dijo en los primeros días de abril – subir los impuestos para financiar la reconstrucción. No es conveniente tampoco hacerlo. Así de claro ¿Por qué entonces Piñera se abre a esta posibilidad? Las explicaciones parecen estar fuera del ámbito de la economía” (01/04/10).
El director del ILD señaló que existen otras “fuentes de financiamiento abundantes, el FEES que se supone está para emergencias tiene más de US$11.000 millones, el Fisco puede aumentar su endeudamiento interno, mercado en que las empresas privadas dejaron de demandar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones (…) por menores colocaciones de bonos corporativos (…)”. Para luego insistir en la venta de participaciones en empresas públicas, posición de “principios” del ILD y los sectores más fundamentalistas de la derecha empresarial, académica y política dirigida a reducir la presencia empresarial del Estado. (01/04/10)
Estas críticas fueron avaladas por el fundador del ILD y ministro de Hacienda en los años de dictadura. Hernán Büchi. “Me preocupa –expresó luego de conocer los anuncios- que a veinte años de crear conciencia sobre los impuestos los tiremos por la ventana en veinte o treinta días. Es como si de repente decidiéramos que después de más de veinte años de apertura económica vale la pena, ante una situación externa, subir los aranceles. (…) se termina cediendo –concluyó- en terrenos que van a significar un costo, y el costo es que Chile, en vez de relanzar el crecimiento, probablemente lo único que va a lograr es impedir que siga cayendo” (18/04/10).
Mientras tanto, se desarrollaban contactos reservados con parlamentarios de la Concertación para posibilitar la aprobación del paquete en el Congreso, Por ejemplo, Felipe Larraín, de acuerdo a versiones periodísticas, lo hizo con Andrés Zaldivar y Larroulet se reunía con Ricardo Lagos.
En resumen, a pesar de las críticas del ILD que deseaba ir más allá, el paquete contiene importantes beneficios para una minoría. En verdad se contaba con recursos para financiar la reconstrucción de utilizar el Fondo de Estabilización Económico y Social o los fondos acumulados para la compra de armamentos, para no señalar medidas que implican cambios fundamentales como retener para el país las ganancias excesivas que están nuevamente obteniendo las grandes empresas cupríferas privadas[3]. Los desafíos que enfrenta el país no se reducen a superar las consecuencias más evidentes de la catástrofe del 27 de febrero, sino debe irse a la superación de las desigualdades y precariedades que evidenció. De allí la necesidad de aumentar el impuesto de primera categoría en forma permanente y no en forma transitoria como se propone.
HUGO FAZIO
[1] Véase, Carta Económica 11/04/10.
[2] Véase, Resumen Económico. Primer Trimestre 2010
[3] Véase, Carta Económica 11/04/10.
El paquete económico de Piñera
Sebastián Piñera, en su discurso pronunciado el 16 de abril en Coronel, no sólo incluyó medidas tributarias destinadas a allegar recursos al fondo de reconstrucción propuesto en un proyecto de ley enviado al Congreso pocos días antes, sino intentó mantener vivos sus objetivos enunciados durante la campaña presidencial de crecimiento económico promedio durante su mandato y de restablecer el equilibrio estructural de las finanzas públicas.
El texto final, de acuerdo con su estilo lo definió personalmente, teniendo como interlocutores a la distancia a Felipe Larraín, al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, y a su jefe de políticas públicas, Ignacio Rivadeneira, encargado de darle forma a su intervención. Con esta forma de actuar pretendió dejar claro que el debate producido al interior de su gabinete ministerial y de los sectores que le apoyan lo dirimía él.
Con las medidas anunciadas, manifestó su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, “tenemos que financiarlo todo (…) Es la suma del programa de gobierno que son US$9.250 millones y del orden de US$8.500 millones en reconstrucción. No nos hemos olvidado de nuestro programa de gobierno –agregó-, con un objetivo de crecimiento de 6% y generar 200.000 empleos por año. Lo que buscamos es crear nuevos incentivos para la inversión” (17/04/10).
El discurso pretendió dilucidar un intenso debate producido al interior del propio gabinete y de los sectores que lo apoyan entre quienes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvieron que debía demostrarse no ser un gobierno proempresarial y otro sector proclive a impulsar medidas propias del ideario específico de la derecha, difundidas ardorosamente desde el Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) y al interior del propio equipo ministerial.
La disyuntiva fue descrita por El Mercurio el mismo día del discurso“. (…) la decisión de subir transitoriamente el impuesto para las empresas –reseñó- podría marcar un sello para la nueva administración”. (…) marcaría una potente señal de que el actual gobierno no sería “el de los empresarios” (…). Sin embargo –añadió-, también había una dificultad a que la Alianza subiera impuestos, algo que para muchos de los dirigentes y partidarios del sector era completamente ‘contra natura’. Al interior del equipo ministerial, Hinzpeter fue el gran impulsor de la trascendencia de incluir la medida en el paquete (…), dado el potente gesto político que implicaba, con la anuencia del ministro de Hacienda (…), mientras que el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, mantuvo una posición más distante” 16/04/10.
“La discusión tributaria –señaló, a su turno, La Tercera- dividió el gabinete. El equipo económico abogó por no subirlos (los impuestos), al igual que el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. Como telón de fondo –recalcó- estaban las ‘dos almas’ del gobierno y la Alianza” (17/04/10).
Con anterioridad al discurso se envió el proyecto que crea una institucionalidad de donaciones cuando se promulgue un Estado de Catástrofe. Que los privados efectúen donaciones nadie puede estar en contra, pero no que ello sea subsidiado con cargo al presupuesto. La iniciativa se espera reúna US$155 millones netos de recaudación. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, manifestó justificando el proyecto: “hay que tener un incentivo y algo de ayuda para que la solidaridad llegue en montos suficientes” (14/04/10). “Estas donaciones –señaló con razón el diputado Sergio Aguiló- tienen contenido de una franquicia o beneficio tributario que los despojó de su sentido solidario” (14/04/10).
El proyecto propone crear un Comité Ejecutivo para la Reconstrucción encabezado por el presidente de la República, algunos de sus ministros, los intendentes de las zonas afectadas por el terremoto -designados por el ejecutivo- y dos integrantes más también nominados por Piñera. No se trata precisamente de una expresión participativa sino de la concentración al máximo del poder. Se transformaría en la práctica en otra empresa de “papel” manejada por Sebastián Piñera.
Los beneficios tributarios propuestos alcanzan incluso a las empresas extranjeras que sacan sus utilidades del país que tendrán derecho a un crédito equivalente al 35% de la cantidad “donada”. Ello alcanza, desde luego, a las grandes empresas cupríferas que someten al país a un sistemático saqueo. En el caso del impuesto a las utilidades de las empresas se podrán rebajar como gastos las sumas proporcionadas de las rentas líquidas imponibles, teniendo la opción de hacerlo durante los tres ejercicios siguientes de exceder dicha renta el monto a deducir. Las personas tendrán derecho a un crédito equivalente al 40% de la suma entregada que podrán imputar al impuesto que deberían cancelar.
Si se analiza detenidamente el paquete –aún no completamente diseñado- contiene varios aspectos en beneficio de grandes intereses económicos, empezando por el “royalty” a las empresas mineras cupríferas. Según el anunció, el nuevo esquema a aplicarse generaría US$700 millones. Se pasaría de porcentajes actuales de 4% a 5% del resultado operacional a un rango de entre 3,5% a 9% según el margen de ganancia de la minera. Con un margen inferior a 35% el royalty sería de 3,5%, si supera el 75% la tasa alcanzaría a 9%, estableciéndose un gravamen progresivo entre los dos extremos.
La fórmula requiere que los consorcios mineros acepten un aumento voluntario, lo cual fue consultado por el ministro de Minería y el subsecretario de Hacienda, por encargo de Piñera, con representantes de las empresas. El máximo ejecutivo en Chile de BHP Billiton, Diego Hernández, había declarado antes del anuncio que sólo renunciarían a la fórmula vigente ante una propuesta atractiva. Se cumplió con su exigencia.
El ministro de Minería, Laurance Golborne, manifestó que con la propuesta de royalty “todos ganan” (17/04/10). No es así, como retribución a que las grandes empresas se acojan inmediatamente al nuevo esquema de tasas, gozarán de un incremento en ocho años de la invariabilidad tributaria, que ya constituyó un duro atentado contra el interés del país, prorrogándola hasta 2025[1]. “Las empresas que gozan de invariabilidad tributaria –detalló Golborne- podrán voluntariamente acogerse a este nuevo esquema para los años 2010 y 2011 para apoyar la labor de reconstrucción y luego volver a las condiciones originales de la tasa fija hasta el plazo originalmente pactado”. En otras palabras “comprarían” por un bajo costo, con relación a los gigantescos ingresos y rentabilidades que están obteniendo por la alta cotización del cobre, la garantía de que seguirían cancelando un monto de royalty muy reducido por ocho años más luego que finalice el período vigente de invariabilidad tributaria.
El paquete de medidas incluye establecer un mecanismo de depreciación acelerada, que ya fue rechazado durante la gestión de Andrés Velasco por ir en beneficio prioritariamente de las grandes empresas, particularmente de las que tienen importantes proyectos en curso anunciados. En cierta medida es una iniciativa con nombre y apellido que permitiría de aprobarse deducir en un primer año el 50% de depreciación, disminuyendo obviamente los ingresos fiscales, descontándose posteriormente el resto de acuerdo a las normativas vigentes. “Si alguien analiza en forma desapasionada –subrayó Felipe Larraín- verá que es un paquete pro inversión” (17/04/10). Habría que añadir, ante todo de las grandes empresas que obtienen utilidades permitiéndole recuperar rápidamente parte sustancial del gasto efectuado.
Luego, la venta de los denominados “activos prescindibles” a intereses privados culminaría procesos de privatización iniciados durante los gobiernos de la Concertación y tiende a abrir el camino a nuevos traspasos. Actuar en esta dirección ya había sido adelantado por Sebastián Piñera en su intervención en el centro de estudios norteamericano Brookings. “Pensamos incluir en nuestro plan (para la reconstrucción) – detalló – la puesta en venta a precios de mercado (…) de muchos activos públicos no esenciales (…). Codelco –añadió– posee Edelnor (Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A.), que no es parte del corazón de su negocio” (13/04/10). En verdad Codelco ya no “posee” Edelnor, porque al finalizar los gobiernos de la Concertación entregó su control al poderoso consorcio francés Suez Energy. El anuncio de Piñera busca, en consecuencia, profundizar este proceso. El fondo de reconstrucción sería así usado como pretexto para despotenciar al Estado y entregar patrimonios públicos a grandes intereses privados. Edelnor es la mayor empresa generadora de electricidad del Norte Grande con 1.795 Mw, lo que representa cerca de un 50% de la capacidad total de generación del SING, teniendo a la fecha del anuncio de Piñera una capitalización bursátil de US$2.180 millones, poseyendo Codelco un 40% de su propiedad.
La propuesta de Piñera recibió el rechazo inmediato de los trabajadores cupríferos. “Siempre nos hemos opuesto –manifestó el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Fernando Ahumada- a la venta de activos de nuestra compañía, que es de todos los chilenos, sobre todo cuando se trata de insumos estratégicos como la energía eléctrica”. La electricidad –añadió- no es un activo prescindible. “Sin energía eléctrica, la minería no puede producir, y además se trata de un bien escaso (…) además le otorga independencia energética a la propia compañía y al país” (14/04/10). La transacción que redujo la participación accionaria de Codelco y que entregó su control mayoritario a la transnacional francesa fue ya claramente una acción contraria al interés nacional.
El anuncio presidencial además vulneró el papel asignado al directorio de Codelco en la publicitada ley de su gobierno corporativo. Se desconoce así su función, con el agravante de que si se concretase la venta se haría en condiciones desfavorables, ya que se estaría enajenando un activo definido como “no esencial”, castigando el monto a percibir. Como otros anuncios presidenciales, Felipe Larraín inmediatamente después declaró que la decisión de la “privatización de Edelnor no está definida” (14/04/10). Y el ministro Golborne, para aminorar el error presidencial, expresó que se trataba sólo de una “sugerencia”, a pesar que en la exposición en el centro de estudios Piñera lo presentó como un hecho. “En el caso de Edelnor –manifestó Golborne- estamos hablando de una participación minoritaria, en una empresa que hoy día es controlada por privados (GDF Suez). De que privatización –añadió- estamos hablando (…)”. (15/04/10). El tema es otro: el Ejecutivo está por consolidar su entrega a privados, lo que significa seguir reduciendo la presencia estatal en áreas económicas estratégicas. Desde luego, la posición nacional debe ser revertir su entrega.
Felipe Larraín dio a conocer que también está en consideración la venta de parte del 35% que posee el Estado en Aguas Andinas, también controlada por el consorcio francés Suez, a través de su filial Aguas de Barcelona (Agbar), igualmente privatizada durante los gobiernos de la Concertación.
En cuanto al aumento transitorio de impuestos a las utilidades de las empresas que subirá de 17% a 20% en 2011 y bajaría a 18,5% en 2012, para volver en 2013 al punto inicial, debe recordarse que su incremento fue uno de los aspectos tributarios principales en el programa de la Concertación antes de ser gobierno, fuertemente impugnado por la derecha y que finalmente en función de la política de los “consensos” se acordó con Renovación Nacional rebajar la proposición efectuada reemplazándola por dos puntos adicionales en el IVA, el impuesto más regresivo[2]. De otra parte, lo cancelado por concepto de utilidades de las empresas sus accionistas lo descuentan cuando deben declarar el global complementario. Las empresas cupríferas lo disminuyen cuando remesan sus ganancias al exterior, tributo que no se modificó. Parlamentarios de oposición han planteado que el incremento debe ser permanente si se desea enfrentar no sólo consecuencias del terremoto sino también las precariedades que dejó al descubierto.
Por su parte, el alza del impuesto al tabaco de 60% a 67%, fundamentada como una medida en pro de la salud de la “población”, será en definitiva cancelada por los consumidores y llevará al monopolio dominante en el sector, Chiletabacos, controlado por la transnacional British American Tobacco (BAT), con una participación en el mercado de aproximadamente un 98%, a incrementar sus precios a público que es precisamente lo que busca la propuesta. Actualmente el 70% del precio corresponde a impuestos, con el incremento del gravamen subiría a 84%. Este impuesto ya había sido incrementado desde un 52,9% durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El incremento impositivo que afecta plenamente a capas de la población de mayores ingresos es el alza de los avalúos fiscales a propiedades habitacionales, comerciales y agrícolas superiores a $100 millones. De acuerdo a las estimaciones entregadas se aplican a 98.000 bienes raíces, un 5% del total. “La soledad en que Piñera tomó la decisión – comentó La Tercera – no sólo dejó heridos en el gobierno, donde no pasó inadvertido que se incluyera aumentar los bienes raíces más caros (se interpretó -añadió- como una señal de corte político, pues sólo recaudará US$250 millones por este concepto)” (17/04/10).
El discurso presidencial no puso fin al debate “entre las dos almas” de los sectores que se identifican con el gobierno. El director del ILD, Luis Larraín, criticó abiertamente los incrementos de impuestos. “Si uno hace un análisis – expresó- no encuentra ningún fundamento técnico a esta medida, entonces no cabe sino pensar que tiene que haber otra motivación y si esas motivaciones fueron políticas, a mi me parece muy cortoplacista” (17/04/10).
Esta posición abierta de rechazo ya la había expresado con anterioridad. “(…) el subir los impuestos a las grandes empresas – dijo – es una abierta demagogia (…). En ese sentido – agregó-, existe un cierto pudor en la centroderecha de plantear que la empresa es el principal agente del desarrollo. Lo que la Alianza nunca debe olvidar que es que hay que gobernar con las ideas propias, no con las de otros. No podemos perdernos la oportunidad de alcanzar el desarrollo por cálculos de corto plazo. Lo que no me parece correcto es que se empiece a analizar este tema con el objetivo político de corto plazo de tratar que te vean como alguien que no es tan cercano a los empresarios” (11/04/10).
Larraín mantuvo este criterio desde un comienzo. “No es necesario – dijo en los primeros días de abril – subir los impuestos para financiar la reconstrucción. No es conveniente tampoco hacerlo. Así de claro ¿Por qué entonces Piñera se abre a esta posibilidad? Las explicaciones parecen estar fuera del ámbito de la economía” (01/04/10).
El director del ILD señaló que existen otras “fuentes de financiamiento abundantes, el FEES que se supone está para emergencias tiene más de US$11.000 millones, el Fisco puede aumentar su endeudamiento interno, mercado en que las empresas privadas dejaron de demandar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones (…) por menores colocaciones de bonos corporativos (…)”. Para luego insistir en la venta de participaciones en empresas públicas, posición de “principios” del ILD y los sectores más fundamentalistas de la derecha empresarial, académica y política dirigida a reducir la presencia empresarial del Estado. (01/04/10)
Estas críticas fueron avaladas por el fundador del ILD y ministro de Hacienda en los años de dictadura. Hernán Büchi. “Me preocupa –expresó luego de conocer los anuncios- que a veinte años de crear conciencia sobre los impuestos los tiremos por la ventana en veinte o treinta días. Es como si de repente decidiéramos que después de más de veinte años de apertura económica vale la pena, ante una situación externa, subir los aranceles. (…) se termina cediendo –concluyó- en terrenos que van a significar un costo, y el costo es que Chile, en vez de relanzar el crecimiento, probablemente lo único que va a lograr es impedir que siga cayendo” (18/04/10).
Mientras tanto, se desarrollaban contactos reservados con parlamentarios de la Concertación para posibilitar la aprobación del paquete en el Congreso, Por ejemplo, Felipe Larraín, de acuerdo a versiones periodísticas, lo hizo con Andrés Zaldivar y Larroulet se reunía con Ricardo Lagos.
En resumen, a pesar de las críticas del ILD que deseaba ir más allá, el paquete contiene importantes beneficios para una minoría. En verdad se contaba con recursos para financiar la reconstrucción de utilizar el Fondo de Estabilización Económico y Social o los fondos acumulados para la compra de armamentos, para no señalar medidas que implican cambios fundamentales como retener para el país las ganancias excesivas que están nuevamente obteniendo las grandes empresas cupríferas privadas[3]. Los desafíos que enfrenta el país no se reducen a superar las consecuencias más evidentes de la catástrofe del 27 de febrero, sino debe irse a la superación de las desigualdades y precariedades que evidenció. De allí la necesidad de aumentar el impuesto de primera categoría en forma permanente y no en forma transitoria como se propone.
HUGO FAZIO
[1] Véase, Carta Económica 11/04/10.
[2] Véase, Resumen Económico. Primer Trimestre 2010
[3] Véase, Carta Económica 11/04/10.
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