Chile - El caso de Asel Luzarraga y la práctica sobre derechos humanos del estado chileno.

José Venturelli Barón

8 de Enero de 2010

El breve artículo de hoy en Clarín indica que “La solidaridad con Asel Luzarraga se hace sentir en Argentina” 1. La prensa controlada en Chile poco y nada dice. Nos permite también discutir la nueva herencia que deja cada gobierno en DDHH’s. El primer presidente de la Concertación entró haciendo un rayado de la cancha que ha permanecido: “Se hará justicia en la medida de lo posible”... El Presidente Frei: nada, salvo que se negó a recibir a los familiares de los detenidos desparecidos y gobernó sin preocuparse por los DDHH’s ni por la Constitución actual, la de Pinochet. De Lagos quedó una pretendida reforma constitucional que le aplaudió la derecha. Él armó, detalladamente, la militarización de la Araucanía y criminalizó las demandas del pueblo Mapuche, dejando la herencia adicional de una guerra que ya se esbozaba como a largo plazo.

De Michelle Bachelet tenemos: un muy bien orquestado sistema de “beneficencia” pero que no altera para nada la inequidad del país ni las condiciones de tener una de las peores legislaciones contra los trabajadores y sus derechos fundamentales. Se ha inaugurado tanta cosa antes de estas elecciones... Incluso está la entrada apurada, antes de la elección, de Chile a la OCDE. En esa pretensión “tan chilena” de siempre ponernos entre los poderosos de las grandes economías y para la que no tenemos la ropa que se necesitaría. También ha sido tremendamente servicial para el sector privado que domina la minería y en la que el Cobre sigue controlado por extranjeros y privados y de lo que el pueblo chileno no saca casi nada. Dado que la repartición de la torta presupuestaria se hace en el barrio alto y se discute con la Alianza y su gente, harto poco pasa para que los chilenos tengan sus derechos fundamentales realmente respetados. “Los chilenos siguen teniendo la economía con la mayor flexibilidad laboral del mundo”, nos dicen... pero es esa “flexibilidad” la que permite que los trabajadores chilenos hayan perdido todos su derechos laborales. Además, queda una bien instalada Guerra Sucia contra el pueblo Mapuche. Ésta sirve a las grandes fortunas de la madera, hidroeléctricas, celulosa, bancos. Apoya la destrucción del medio ambiente. Luego, nos deja un Instituto de Derechos Humanos, hecho entre cuatro paredes, con presupuesto controlado políticamente y sin independencia y, además, con un Director designado que es el Subsecretario del Interior... de un ministerio que en Chile ha sido históricamente más parte del problema de los DDHH’s y no de su solución. Lo mismo sucede con un Ministerio de Asuntos Indígenas gestado sin respetar el Convenio 169 de la OIT que ella misma firmó. Su organización no respetó a los pueblos originarios, especialmente al Mapuche, a quienes han caracterizado como enemigo y no como hermano. Con el estilo y soberbia tradicional se olvidaron de son una fuerte base cultural y humana de todo Chile y de cada uno de nosotros. El gobierno actual, como los anteriores, ha sido consistente en haber mantenido a los Mapuche confinados a la exclusión y a seguir siendo el sector más pobre del país.

Y, si miramos en estos mismos temas al presidenciable Piñera, recordemos que cuando Pinochet estaba preso en Londres, él lloraba lágrimas de cocodrilo –como lo han mostrado los vídeos de sus discursos de la época- para que se lo soltaran. Fue el gobierno de su contrincante de la elección del domingo 17 de enero, el que se lo trajo a casa. Piñera no muestra nada para tranquilizar a nadie en lo que a DDHH’s se refiere. Él mismo “candidato del cambio”, para recordar, es quien se escondía de la ley, -bajo una dictadura que lo protegió-, por sus fraudes financieros que lo llevaron a ser una de las mayores fortunas del país. Nada allí, tampoco, para predecir una verdadera corrección de la inequidad... este producto tan “chileno” de estas últimas décadas.

El caso de este escritor, periodista y cineasta vasco, Asel Luzarraga, detenido con montajes que tienen la marca dictatorial ya tan conocida en estas tierras, vuelve a reflejar como en Chile el Estado (nuevamente, Poder Judicial, Gobierno, Ministerio del Interior, Fuerzas policiales) habla con la boca chueca: Hoy ponen al Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, (y cualquier subsecretario del Interior que venga) como Director del Instituto de Derechos Humanos. Es decir, en Chile, el estado, que es un claro infractor de los DDHH's es, al mismo tiempo, el que determina lo que ese Instituto haré, pese a haber sido hecho a puertas cerradas y sin que participen los más interesados. Incomprensible y un contrasentido.

El actual subsecretario del interior, ha sido la punta de lanza en la guerra sucia contra el pueblo Mapuche y en perseguir a quien solidarice con él y sus justas luchas. Luchas que, además de ser respetadas por Naciones Unidas, nunca han podido configurarse como terroristas salvo en la cabeza de Rosende, de su jefe Edmundo Yoma o de otros frenéticos del gobierno, o de voceros de las “justicias” de marras que la Constitución ilegítima actual protege.

Curiosamente, justo antes de la elección del 17 de enero próximo, a Rosende lo hacen aparecer mostrando cara de cordero bueno... Habla de 24 casos de presos políticos que fueron asesinados en la dictadura y por los que la dicta-blanda nada hizo en 20 años!... Casos reales y que hay que verlos como un sentir legítimo para los DDHH’s. Pero, ¿por qué justo antes de la elección? Apurado el hombre y el gobierno para presentar una nueva cara... Hmmm, suena como llamado a la centro derecha para que voten por la Concertación... Sin embargo, nada se hace sobre crímenes que incumben a este gobierno por haber ocurrido bajo su autoridad. Me refiero a la desaparición de José Huenante en el 2005, ese niño que Carabineros detiene, golpea en público y luego hace desaparecer: caso cuyos autores son conocidos. Tampoco sobre Alex Lemún, joven que recibió un balín disparado a quemarropa por un oficial que está feliz y sigue haciendo carrera en carabineros. Tampoco el de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO cuyo asesinato por la espalda es conocido o el de Jaime Mendoza Collío. Todos ellos con asesinos identificados. Y el estado, con un aparato de Justicia Civil inmoral, se permite pasar todos los casos, -aunque sus autores sean ya conocidos- nada menos que a la Justicia Militar, verdadera e infalible agencia para la impunidad de los crímenes perpetrados por los cuerpos represivos del país. Esta colusión del ESTADO, dirigido por el gobierno, es algo que un legítimo Instituto de DDHH's debería poder impedir. Pero, ¿con un jefe como el subsecretario del interior –Rosende hoy o el que venga de turno- cómo vamos a asegurar imparcialidad alguna? Los que no han respetado los DDHH’s no van a cambiar aunque se pongan ropaje de inocentes. ¿COMO?

La libertad para Asel Luzarraga 2 es importante y debe permitir quebrar el brazo ya rutinario del Estado chileno que a extranjero que se preocupa por el pueblo Mapuche se le monta una acusación, se le roba, humilla y luego, "como favor, aceptan expulsarlo” del país. Junto a su liberación debemos exigir que no sea expulsado. Sería bueno saber que dirían al respecto hoy y luego pasada la elección, ambos candidatos... ¡Bravo, Clarín! por saber y expresar que la solidaridad es fundamental!