Argentina - Escándalos de corrupción y pagos de sobornos millonarios en Siemens

La empresa alemana Siemens se ha visto envuelta desde el año 2005 en escándalos por supuestos pagos ilegales por unos 1.300 millones de euros (u$s 2.050 millones) por diversos contratos en Alemania, Grecia, Argentina, Italia, Nigeria Turquía y ex repúblicas soviéticas, a partir de una denuncia anónima ante la Fiscalía de Munich cuya investigación desencadenó numerosas investigaciones judiciales.

En nuestro país la causa iniciada por el supuesto pago de sobornos hecho por empleados de la firma a funcionarios argentinos para obtener irregularmente el cuestionado contrato de DNI está siendo investigada por juez federal Ariel Lijo.

El contrato en cuestión fue firmado para la renovación de casi 50 millones de documentos, a un precio de 27 dólares la unidad, una suma que superaba ampliamente el costo que pagaría Siemens.

En el año 1994 ante la necesidad de mejorar el sistema de identificación de personas, el Ministerio del Interior ordenó comenzar las gestiones para la selección de la empresa que sería contratada para realizar ese servicio. La Secretaría de Población y Relaciones con la comunidad fue la encargada de determinar los requisitos que la empresa debería cumplir.

La empresa contratada fue Siemens. Pero en mayo de 2001, el gobierno de Fernando De la Rúa rescindió el contrato por considerar exagerados los 1.260 millones de dólares que costaría al Estado.En nuestro país la causa iniciada por el supuesto pago de sobornos hecho por empleados de la firma a funcionarios argentinos para obtener irregularmente el cuestionado contrato de DNI está siendo investigada por juez federal Ariel Lijo.

El contrato en cuestión fue firmado para la renovación de casi 50 millones de documentos, a un precio de 27 dólares la unidad, una suma que superaba ampliamente el costo que pagaría Siemens.

En el año 1994 ante la necesidad de mejorar el sistema de identificación de personas, el Ministerio del Interior ordenó comenzar las gestiones para la selección de la empresa que sería contratada para realizar ese servicio. La Secretaría de Población y Relaciones con la comunidad fue la encargada de determinar los requisitos que la empresa debería cumplir.

La empresa contratada fue Siemens. Pero en mayo de 2001, el gobierno de Fernando De la Rúa rescindió el contrato por considerar exagerados los 1.260 millones de dólares que costaría al Estado. [1]

Algunas de las pruebas más importantes existentes hasta ahora para esta investigación surgen de un informe de la Comisión de Valores y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según este informe "Entre 1998 y 2004, Siemens pagó más de US$ 40 millones en sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Argentina para asegurarse el proyecto de mil millones de dólares por producir los documentos nacionales de identidad".

El texto agrega que entre 1998 y 1999 los empleados de la firma, entre los que se encontraba el CEO (Director Ejecutivo) de Siemens en Argentina, destinaron $ 19 millones para pagar coimas al presidente de Argentina, el Ministro del Interior y el Jefe de Control de Migraciones para obtener el contrato en cuestión, a través de consultores de negocios. Durante este período los empleados de Siemens prometieron pagar un adicional de $ 30 millones o más al presidente y a sus ministros de gabinete.

Si bien el informe explica que los pagos ocurrieron entre 1998 y 2004, da por supuesto que el escándalo de corrupción no toca ni a Eduardo Duhalde ni a Néstor Kirchner ya que en ese lapso se habrían realizado pagos "atrasados".

Según este informe Siemens desembolsó US$ 6 millones en "sobornos adicionales” a funcionarios del entorno de Fernando De la Rúa para evitar que el contrato fuera rescindido.
Durante los siguientes cuatro años los empleados de Siemens habrían recibido una serie de amenazas para que cumplieran con su compromiso de pagar las coimas adicionales. Entre 2002 y 2004 Siemens pagó alrededor de $ 23 millones para arreglar estos reclamos.
El juez federal Ariel Lijo solicitó a los dos organismos estadounidenses y a Siemens que le enviaran toda la información acumulada al respecto, ya que es una prueba clave en contra de los principales acusados: Carlos Menem, su ex Ministro del Interior, Carlos Corach y el ex Director de Migraciones, Hugo Franco. [2]

El caso también fue investigado por las autoridades alemanas.
Entre los testimonios recibidos por la fiscalía alemana a cargo del caso se puede destacar el de un ejecutivo de Siemens que declaró que en 2002 y 2003 fue presionado por el presidente de la compañía, Heinrich von Pierer, para que depositara en una cuenta suiza diez millones de dólares destinados a “reactivar” el contrato.La información difundida por la prensa alemana asegura que, de acuerdo con lo declarado por ese ejecutivo, los sobornos pagados en la Argentina rondaban los 80 millones de dólares, y habrían sido pagados en su mayoría a principios de los 90, cuando se publicó el decreto firmado por Carlos Menem y Carlos Ruckauf que convocaba a presentar ofertas.

Otro de los testigos confirmó la existencia de un sistema de fondos negros en la empresa y aseguró que el pago de provisiones para conseguir o acelerar contratos estaba "al orden del día".
Por su parte, el ex presidente del grupo tecnológico Siemens, Heinrich von Pierer, admitió ante la prensa su responsabilidad política por los casos de corrupción en la compañía durante su mandato. [3]

Entre los empleados involucrados en la autorización de los pagos se encontraba un gerente de la empresa que en el 2003 habría viajado a Estados Unidos para encontrarse con el principal intermediario de Siemens para negociar los términos de pago.

Aproximadamente $ 9.5 millones de estos pagos fueron contabilizados por Siemens como gastos de un proyecto de transmisión y distribución de energía en China para evitar que fueran detectados por los auditores internos de la empresa.

Otros pagos fueron hechos a través de cuentas de bancos de Estados Unidos basados en facturas truchas por servicios que no tenían relación con el proyecto de los DNI. [4]

A la fecha, el juez Lijo ha ordenado una serie de medidas con el fin de que organismos públicos del Estado nacional (AFIP-BCRA) informen sobre una serie de empresas que aparecen en la auditoria de Siemens que podrían haber sido el vehículo para sacar el dinero de la empresa que iría a las coimas.

En principio, las investigaciones se centraron en lo ocurrido durante el menemismo, pero a partir de declaraciones de testigos en la causa que se investiga en Alemania, habrían sido involucrados en el presunto cobro de sobornos el gobierno de Duhalde, e incluso cabe la posibilidad de que las coimas se hayan extendido hasta fines del 2003, cuando ya gobernaba Kirchner. [5]

Fuente original: http://www.redjusticiafiscal.org/