Chile: Colusión entre farmacias e Isapres permanece impune

Francisco Mardones

Fuente: El Clarín

Intercambio de información confidencial sobre enfermedades, diagnósticos médicos, medicamentos recetados y el costo de éstos, transgreden a diario los derechos de los clientes de farmacias e Isapres. Pese a que la denuncia llegó a la Justicia hace cuatro meses, aún no encuentra solución ni hay pruebas de que estas prácticas hayan cesado.

En mayo pasado, Verónica Sánchez llegó hasta el mostrador de una farmacia Cruz Verde para comprar un medicamento necesario para el tratamiento de una grave enfermedad, de la que no sabían su familia ni amigos. La respuesta de la vendedora la dejó perpleja: “usted no tiene descuento, pues su enfermedad está dentro de las prestaciones de las Garantías Explícitas de Salud (plan AUGE)”. Es más, la vendedora le manifestó que sabía qué enfermedad padecía Verónica, pues en la pantalla de su computador aparecía el detalle del diagnóstico médico.

Verónica Sánchez es abogada y de forma inmediata presentó un recurso de protección y solicitó a Cruz Verde explicar por qué tenían todos sus antecedentes clínicos.

Pasaron casi dos meses para que la firma respondiera por el recurso ante la Justicia. Mientras, Verónica, su abogado Rodrigo Toledo y el diputado DC Gabriel Silber, accedieron a los antecedentes solicitados por los tribunales, que revelaron la existencia de contratos entre las Isapres Banmédica y Vida Tres con la cadena de farmacias Cruz Verde, en la que se obliga a esta última a entregar mes a mes un informe detallado con cada uno de los productos comprados por los clientes.

Para el diputado Silber esto es una comercialización de los antecedentes personales de los chilenos, lo que vulnera gravemente la confidencialidad de los ciudadanos y los pacientes.

“Estamos acreditando aquí un tráfico de información que viola la intimidad de los chilenos mediante la captura desde el mostrador de las farmacias, mediante estas tarjetas de puntos, en la cual uno entrega el RUT, que son transferidos luego esta información a las Isapres quienes consolidan bases de datos de carácter privado de los pacientes, por ejemplo, para contratar un seguro de salud y conocer las enfermedades de preexistencia de nosotros debido a los remedios que compramos”, dijo.

Este tipo de convenios permite a las Isapres realizar un perfil clínico de las personas, los que son utilizados para aumentar los costos de los planes de salud.

Por ejemplo, si usted, mes a mes adquiere un medicamento prescrito para controlar una afección cardíaca, al momento de que quiera contratar un plan o un seguro de salud, en su ficha se indicará un alto nivel de riesgo, lo que encarecerá su plan de salud.

El abogado representante Rodrigo Toledo indicó que con este tipo de convenios se violan leyes amparadas en la Constitución de la República, como el derecho a la intimidad que indica el artículo 19, número cuatro del texto fundamental.

“Estamos frente a la comisión de un delito de violación del secreto particular, contemplado en el Código Penal, y que sanciona a los profesionales llamados por ley a mantener estos secretos, por ejemplo los abogados y los médicos, quienes transmiten antecedentes que se les han entregado de forma reservado sin el consentimiento del afectado, pero lo más importante es el derecho a la intimidad, que asegura el derecho a la honra, la intimidad de las personas y de sus familias”, detalló el abogado.

A través de una declaración pública, las Isapres Banmédica y Vida Tres manifestaron que el proceder se ampara en que las Instituciones de Salud Previsional están obligadas por ley a dar cumplimiento a las Garantías Explícitas de Salud.

La declaración cita el inciso primero del artículo 29 de la Ley 19.966 sobre Régimen General de Garantías en Salud, en la que se explicita que la Superintendencia de Salud establecerá los mecanismos o instrumentos que deberán implementar Fonasa y las Isapres para que se deje constancia y se informe de las enfermedades, prestaciones asociadas y montos de los pagos a los beneficiarios del Plan Auge.

Pese a esto, cuando Verónica Sánchez acudió hasta la farmacia Cruz Verde para comprar un medicamento, el contrato que ella había suscrito con la Isapre por prestaciones AUGE ya había caducado hace más de un año, en marzo de 2008.

Es más, en la lista de compras hechas por Verónica en la cadena de farmacias no sólo figuran medicamentos para su enfermedad, sino otro tipo de remedios, además de artículos de cuidado personal, entre otras cosas.

Lo peor, es que a cuatro meses de hecha la denuncia, Cruz Verde aún no saca de sus registros las compras de Verónica ni su diagnóstico médico.

“No hay ningún certificado que las bases de datos hayan sido eliminados. Ningún informe de la PDI que diga que las bases de datos que ellos tienen y sus antecedentes han sido eliminados, mientras no exista un peritaje a la base de datos de la farmacia Cruz Verde no podemos estar con la certeza fehaciente que esas bases de datos están eliminadas”, manifestó la afectada.

El pasado lunes, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones vio la causa, los abogados de las tres partes debatieron y el caso quedó en estudio.

Los antecedentes de la investigación serán entregados al fiscal Luis Inostroza que lleva la causa por colusión entre cadenas de farmacias en nuestro país, mientras que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados invitará al ministro de Salud, Álvaro Erazo, y al Superintendente de Salud, Manuel Inostroza.