Chile - LAS CUATRO PATAS DE LA POLÍTICA HABITACIONAL NEOLIBERAL

El gobierno de la Concertación se la pasa diciendo que en Chile hay una “nueva” política habitacional. Nada más falso que eso. Lo que hay en Chile es una nueva adaptación a la política de la dictadura, un acomodo a lo que se denomina “política neoliberal”, en donde no hay derechos que resguardar, sino solo negocios que estimular.
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Y son 4 las patas que conforman esta mesa de la política mercantil de la vivienda en Chile:
-Por una parte está el Estado con su rol subsidiario: Esto quiere decir que actúa solo cuando el “mercado-empresarios” no pueden o no les interesa, o cuando hay personas que por sus bajos ingresos no pueden acceder al mercado, y se pone con las lucas, o sea, con subsidios para que el “mercado” funcione;
-Los dueños de los terrenos: que en Chile son, en su gran mayoría, las grandes inmobiliarias y familias adineradas que compran, venden y especulan con los terrenos. Recordemos que la compra y venta de terrenos es usada por los inversionistas privados como una forma de ganancia e inversión a mediano y largo plazo.
-Los dueños de las grandes constructoras e inmobiliarias: En nuestro país, las constructoras e inmobiliarias están todas reunidas en Cámara Chilena de la Construcción, donde los dueños de las empresas se ponen de acuerdo para hacer bloque en defensa de sus intereses y participar en las grandes decisiones del gobierno. Ningún ministro de vivienda da un paso importante sin consultar antes a la Cámara. Además, es sabido que los grandes políticos en Chile (de la DC y la derecha) son dueños o accionistas de empresas del rubro de la construcción.
-La banca privada: El último eslabón de la cadena, pero uno de los mas importantes. El sistema financiero está presente en todo proceso productivo: financia la construcción y la compra de las viviendas, y en todo nivel saca su tajadita: intereses altísimos pagados, al final del proceso, por los trabajadores y pobladores que compran (o se endeudan) esas viviendas.
Lo que el Estado hizo, en la “nueva política de vivienda”, es que los pobladores “participen” del mercado. Le dan “elementos” para participar en el mercado de la vivienda. Por lo tanto, no se garantiza un derecho, sino que se entregan recursos para que funcionen como un agente más del mercado. Entregó más recursos económicos; pero traspasó su responsabilidad a los privados, a través de la promoción y creación de empresas de asesoramiento técnicos, inventó la Egis (empresas de gestión inmobiliaria social) y se sacó de encima toda responsabilidad con los sin casa.
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Hay que detenerse aquí y hacer una denuncia: Las Egis son un gran negociado que se lleva plata del Estado. El gobierno, en vez de hacer su papel de garante de un derecho, de ser el organizador y planificador de la construcción y entrega de la vivienda social, externaliza estas funciones, las privatiza y entrega plata para formar estas empresas que hace esa pega. Como la mayoría de ellas son dirigidas por compinches de sus partidos políticos, o son palos blancos de las grandes inmobiliarias, resulta que al final, el poder y las decisiones quedan en manos de los mismos de siempre: los empresarios y los políticos coludidos.En el fondo, bajo la máscara de entregar decisión a los pobladores, los gobiernos de Lagos y Bachelet simplemente terminaron de privatizar lo que aún quedaba de público en el sistema de vivienda.Lo que no hicieron, ni harán nunca, es regular los negociados de los grandes y poderosos grupos que se aprovechan de la vivienda social para llenarse los bolsillos mas y mas.
Lo que ocurre es que toda la línea subsidiaria va a parar a los bolsillos de los dueño de los terrenos, bancos e inmobiliarias. Por lo tanto, la mayor cantidad de dineros no se traduce en mejores condiciones de vida ni vivienda para los pobladores. Se traduce en mayores ingresos para los dueños del capital.
Cada vez que el Estado da más recursos, los dueños de la tierra suben los precios del terreno. En el año 1999, el monto de dinero que el Estado destinaba a comprar terrenos, dentro de los proyectos de construcción de vivienda social, podía llegar hasta 0.7 UF por m2 (unos 13.650 pesos). Ahora, con los mayores subsidios, se puede llegar hasta las 2 UF por m2 (unos 39.000 pesos), pero aún así NO ALCANZA para comprar terrenos en comunas como Huechuraba, Recoleta, Peñalolén, entre otras. Como ocurre en tantos lados, en La Pintana o Peñalolén, por ejemplo, el valor de los terrenos sobrepasa 4 veces el avalúo fiscal.Cuando hay más plata para la construcción, las empresas constructoras suben el precio de los m2 construidos. Hasta hace solo 3 años, se podían encontrar empresas que construyeran por 6 u 8 UF el metro cuadrado. Hoy, la que menos cobra, no baja de lo 12 o 14 UF el m2 construido.
El caso de la banca es igual: los clientes van directamente desde las oficinas de Serviu a las oficinas del banco. Y como son clientes riesgosos, cuando ya no pueden pagar, son desalojados y sus casas rematadas, el Estado se pone: le paga al banco lo que el deudor no alcanzó a pagar. Estos créditos se llaman “seguritizados”. Por supuesto que los asegurados son los bancos, ya que el deudor termina en la calle y sin derecho a postular nunca más al subsidio.
O sea, se han insertado nuevos recursos pero sigue siendo bajo el marco neoliberal: millones de UF se traspasan año a años del Estado a las empresas privadas. Una política realmente nueva, solidaria, popular y al servicio de la clase trabajadora, tiene que responder a todos estor problemas y enfrentarse a todos los grupos de poder que hacen sus negociados con un derecho que es básico: la vivienda digna.
Elaborar dicha propuesta es parte de la lucha de nuestro instrumento político y de la elaboración colectiva de los dirigentes sociales, de pobladores y trabajadores que luchan por una vivienda digna. En el próximo número de “Pueblo en Lucha” abordaremos parte de estos temas.
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Reproducido del nuevo sitio web del Movimiento de Pobladores sin Techo (MPST)
http://www.mpst-mpst.blogspot.com/