Chile - Francia: LAS DIFICULTADES DE LA FISCALIA GENERAL DE PARIS.

Patricio Calderon
Al comienzo del mes de mayo surgió una esperanza de justicia para los familiares de los cuatro franceses detenidos-desaparecidos: Alphonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet
Fernandez, Georges Klein y Etienne Pesle. El 19 de mayo debía comenzar en la Corte
Penal de París, un proceso contra los responsables chilenos y argentinos de estas
desapariciones forzadas. La postergación sine die de este proceso el 6 de mayo pasado, agrega una decepción más a la larga instrucción del mismo, que dura ya 10 años.
Efectivamente la fecha de este proceso fue fijada a fines de febrero del 2008, pero la Fiscalía General de la Corte Penal de París, a 12 días del inicio del proceso, constató que habían « dificultades vinculadas a las obligaciones de convocatorias al extranjero ».
Con todo, en cada fase de este proceso se han encontrado « dificultades ». Dificultades para extraditar Pinochet de Londres a fines de 1998. Dificultades para poder extraditar sus cómplices desde Chile. Dificultades después del cierre de la instrucción impartida por la jueza Sophie Clement a fines del 2006, para que el mandato judicial de pasaje del proceso a la Corte Penal fuese firmado, lo que sólo fue hecho en febrero de 2007 y transmitido a la Corte Penal. Por último, dificultades para que la auditoría del expediente tenga lugar en la Corte Penal en febrero de 2008.
Entretanto Pinochet, el principal acusado, murió sin que fuese hostigado. Otros tres
acusados murieron también.
Este proceso, como lo señala muy justamente la agencia Reuters, « es muy sensible
porque apunta al régimen de Pinochet y sus conexiones en el extranjero, particularmente en Estados Unidos ». Efectivamente el caso del detenido-desaparecido Jean-Yves Claudet Fernandez, secuestrado en Buenos Aires y que revela la colaboración entre las policías argentinas y chilenas en el contexto del « Plan Cóndor », iba a demostrar el rol de los Estados Unidos en la concepción y organización de este plan de colaboración entre policías para asesinar los opositores a escala del continente sudamericano. La agencia Reuters, con fecha 6 de Mayo, agregó que el expediente judicial contiene documentos que incluyen, entre otros, una circular del Departamento de Estado dirigida el 23 de agosto de 1976 a las embajadas y que muestra, según la investigación, la participación directa de los Estados Unidos en el « Plan Cóndor". Este plan fue tramado por un grupo encabezado por Henry Kissinger, quien jugó un rol preponderante en la

política exterior de los EEUU entre 1969 y 1977, y que era un enérgico partidario de los regímenes militares latinoamericanos. Ya en marzo de 2007, la Fiscal uruguaya Mirtha Guianze, recibió la demanda del abogado Gustavo Salle, representante de la familia de Bernardo Arnone, para estudiar la extadición de Kissinger, implicado en el « Plan Cóndor ».
Es evidente que después de las « dificultades » que ha tenido que enfrentar el gobierno francés con China en relación a las manifestaciones populares de solidaridad con los tibetanos, había que evitar nuevas perturbaciones diplomáticas en este año de Juegos Olímpicos. El proceso de los esbirros chilenos deberá aún esperar, en el mejor de los casos, el próximo año judicial francés.
Sin justicia no habrá conciliación.
El juez chileno Juan Guzmán que instruyó los procesos emblemáticos contra Pinochet :
« La Caravana de la Muerte », « el Plan Cóndor » y « la calle Conferencia », decía el
pasado 5 de mayo en una proyección de un documental sobre su acción judicial, que él
tenía confianza en que los procesos judiciales concernientes a las violaciones de los
derechos humanos durante la dictadura, facilitarían la reconciliación en Chile. Pero la indiferencia o la ignorancia de la juventud chilena frente a los hechos ocurridos,
« necesitaría de varias generaciones para reconciliar Chile ». Es decir, destacaba el rol determinante que cumplen la justicia y la memoria en una sociedad traumatizada por el terror durante 17 años y que 18 años después del término de ese régimen , siga siendo la verdad de los vencedores la que impone la visión de la Nación. Dicho de otra manera, la transcendencia pinochetista sigue presente en el Chile actual.
La responsabilidad institucional de las FFAA
Los 15 acusados chilenos y argentinos que iban a comparecer frente a la Corte Penal de París por crímenes imprescriptibles, no iban a ser juzgados por delitos cometidos donde ellos habían "faltado a su deber y [que ellos] eran personalmente responsables" (como lo ha formulado el ex comandante en jefe del Ejército chileno, Juan Emilio Cheyre, en el Seminario «Ejército y Derechos Humanos Compromiso para el Siglo XXI» en la Escuela Militar el 7 de diciembre del 2004).
No, la barbarie fue el modo de operacional de la política de terrorismo de Estado implementada en el putsch, organizado por las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas chilenas constituidas en Junta Militar el 11 de septiembre de 1973. Cierto, ellas beneficiaron de la ayuda preciosa de "consultores" estadounidenses expertos enviados en misión por el Departamento de Estado.
Aquellos que tenían el "monopolio de las armas para la Defensa y la Seguridad
Nacional" en Chile las emplearon contra civiles desarmados, que formaban parte de las
fuerzas sociales organizadas en estructuras legales del Estado de Derecho existente
antes de la intervención militar : partidos, sindicatos, juntas de vecinos, estructuras ministeriales, etc.
Los militares que debían juzgarse en París rechazaron en su totalidad la convocatoria
francesa al proceso de mayo del 2008, pertenecían al personal de las FFAA, enviados
por su institución a la DINA/CNI, estructuras que ejercían torturas, desapariciones
forzadas y asesinatos de opositores políticos. En su acción represiva, ellos utilizaron el patrimonio institucional financiado por fondos público. La mayoría de los generales actualmente en funciones en Chile han pasado por la DINA/CNI.
En este sentido, las FFAA chilenas tienen una responsabilidad institucional en la
política de violación, sistemática, de los DDHH durante los 17 años de ejercicio de su

Dictadura Militar Terrorista. Su acción corresponde a la de un genocidio político, se
trataba de "extirpar el cáncer marxista de Chile" de manera organizada por parte del
poder militar y de sus comparsas civiles. Por consiguiente, este proceso es el proceso de las FFAA chilenas y de los civiles cómplices chilenos, estados unidenses y argentinos, en las desapariciones forzadas y torturas de los demócratas reprimidos por el golpe de Estado.
Las instituciones post-dictadura del Estado chileno, entre las cuales se encuentra la
justicia, no han reconocido jamás estos hechos. Es por ello que solo han buscado
responsabilizar los criminales a titulo individual (628 militares han sido juzgados, de los cuales 48 han sido condenados y de ellos solo quedaban 35 en "prisión" en mayo del 2008), no obstante que miles de miembros de las FFAA fueron destinados a las tareas de represión física de los opositores políticos por parte de los servicios de inteligencia.
De esta manera, los juicios individuales atomisan y diluyen la política de terror de
Estado, impidiendo que el pueblo chileno tome conciencia de su Historia, y que así el
pueda algún día reencontrar la convivialidad nacional que remplace el odio social
actual.
La transcendencia pinochetista
A pesar de las modificaciones introducidas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la
persistencia en Chile de la Constitución Política del Estado decretada por el régimen de facto de las FFAA chilenas, hace que la Nación esté regida por un texto que no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Esto constituye el primer elemento de la transcendencia pinochetista.
Esta constitución fue impuesta en 1980, para legitimar la dictadura : ella abrió las
puertas al enriquecimiento de los actuales grupos económicos "mundializados"
presentes en Chile, mediante el robo del patrimonio industrial, de los recursos mineros y energéticos del Estado, por la via de las privatizaciones trampozas. Este
enriquecimiento de los actuales grupos económicos dominantes fue obtenido una vez
que el terror militar fue impuesto a sangre y fuego, después de la abolición de las
estructuras republicanas chilenas y de la prohibición de los partidos y de los sindicatos.
La dicha "Constitución" fue impuesta por el Decreto-Ley N° 3464, dictado bajo Estado
de Sitio por la Junta Militar.
El Tribunal Constitucional, emanación de este Decreto-Ley, ha recientemente prohibido
a toda persona, sin distinción de recursos, pueda disponer de la píldora del día siguiente.
A raíz de esta medida, Arturo Martinez, Presidente de la CUT, acaba este 1ro. de Mayo
pasado de pedir que este Tribunal Constitucional sea "eliminado por ilegitimo".
El segundo elemento de la transcendencia pinochetista es el modo capitalista neoliberal salvaje de funcionamiento de la economía chilena actual, que se sitúa en la continuidad directa del régimen de Pinochet. La persistencia de la privatización de la Salud, la generalización del sistema de jubilación por capitalización (salvo para las FFAA) tienen por resultado la pauperisación de la población jubilada. Los planes de jubilación son especulativos y las cotizaciones para los activos varían a la conveniencia de las AFP.
La tercera característica remanente del sistema pinochetista se encuentra en el campo de la Educación. Esta ha sido, sea municipalizada, es decir que cada establecimiento beneficia de los recursos de su comuna ( que puede ser mas o menos pudiente, según sus habitantes) sea completamente privatizada. Esto ha conducido a una baja de la calificación profesional a nivel nacional. Esta situación termino por dar lugar a manifestaciones masivas de los liceanos (revuelta de lo "pinguinos" que fue brutalmente reprimida) en mayo del 2006 en contra del sistema educacional regido por la Ley

Constitucional de Educacion, llamada "LOCE", instaurada por Pinochet. Esta ha sido la
primera gran crisis del gobierno Bachelet. En junio del 2007, nuevas manifestaciones
permitieron remplazar la LOCE por la "Ley General de Educación" (LEGE), lo que no
cambia fundamentalmente el sistema de educación del periodo anterior a 1990 : este
continua no siendo gratuito, y aun menos obligatorio, lo que lo hace socialmente
discriminatorio y excluyente y constituye además un comercio lucrativo.
El cuarto punto de esta transcendencia reside en el Código del Trabajo actual,
considerado por Arturo Martinez en su discurso del 1ro. de Mayo[3], como una ley
"ilegítima. Se impuso en dictadura. Es una camisa de fuerza y sólo queda cambiarla de
una vez. O los trabajadores se verán obligados a actuar al margen de la ley".
Un quinto punto de esta transcendencia es el sistema electoral parlamentario y
municipal "binominal" concebido por Jaime Guzman a petición de Pinochet, para
imponer un bipartidismo político. Este sistema permite elegir solamente parlamentarios
de las dos coaliciones de siempre : la Concertación y la Alianza. Este es el principal problema antidemocrático de este sistema, que equipara, en los hechos, una votación de 66% con otra que solo obtenga 34%, permitiendo a cada uno de los pactos electorales de elegir un parlamentario, sin considerar que la diferencia de votos sea de casi el doble.
Esto tiene como consecuencia una sobre representación de la Concertación y de la
Alianza. Este sistema favorece así la segunda fuerza política, es decir la derecha
heredera del pinochetismo. El objetivo es eliminar las formaciones políticas medianas o pequeñas. En el caso actual, esto elimina en Chile el grupo "Juntos Podemos" compuesto principalmente por el PC y el Partido Humanista (5,37% en las elecciones de diciembre del 2005). Este sistema no es ni mayoritario, ni proporcional, lo que lleva a Chile, después de Panamá, el segundo país latino-americano con la mas grande desproporción electoral.
El sexto punto de esta transcendencia pinochetista es la permanencia de la Ley de
Seguridad Interior del Estado publicada el 26 de agosto de 1975 por la Junta Militar de Gobierno. Es esta "ley antiterrorista" que hoy se aplica al pueblo mapuche que lucha por el reconocimiento de sus derechos en tanto que pueblo indígena y como Nación. Esta lucha en ningún momento tiene como objetivo crear un clima de terror o pánico dentro de la población. El reconocimiento del pueblo mapuche y sus derechos no están garantizados constitucionalmente. La Ley Indígena N° 19.253 de 1993 « representa un marco normativo obsoleto e inadecuado para la protección de los derechos indígenas en Chile."
A su llegada al poder Patricio Alwyn afirmo su voluntad de reconocer la Constitución
como un hecho lo que formó parte del pacto de garantías con la dictadura. No obstante
las reformas constitucionales de agosto del 2005, que disimulan este reconocimiento,
esta situación implica no considerar ilegal o ilegítimos los diecisiete años del régimen militar, ni sus instituciones. Desde este punto de vista la iniciativa de elegir una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución es un imperativo mayor en Chile, sin la cual la restauración de la democracia republicana seguirá siendo una tarea pendiente.