Perú - Masacre en El Frontón (1986)
Enviado por Michael Alvarado
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Más de 200 internos de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara murieron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, en un motín.
Han pasado 21 años, y hasta el momento, no se ha logrado justicia por la ejecución extrajudicial de más de 200 internos acusados o sentenciados por terrorismo durante los motines registrados en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.
Aquel 18 y 19 de junio de 1986, los agentes del Estado contrarrestaron el debelamiento de los internos con el uso deliberado y excesivo de la fuerza, y pese a que los reclusos se habían rendido y estaban controlados, los aniquilaron sin piedad.
La situación en el interior de los penales era tensa y agitada desde meses antes al suceso, debido a la ausencia de las condiciones mínimas de vida para los reclusos, la lentitud de los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos, especialmente a los recluidos por el delito de terrorismo. Esa era la realidad del sistema penitenciario y judicial del país en aquellos años.
Ello propició que, durante la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos pertenecientes a Sendero Luminoso iniciaran un motín en el Pabellón Azul del penal de El Frontón, en el Callao. Lo mismo ocurrió en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres de Santa Bárbara.
Este suceso ocurrió justamente cuando en Lima se desarrollaba una conferencia mundial de la Internacional Socialista, que contaba con la presencia de cientos de políticos de diversos países del mundo, así como la presencia de unos 500 periodistas del extranjero.
Los reclusos denunciaron que las fuerzas del orden intentarían cometer un genocidio contra ellos, y para ello, los trasladarían a una prisión de alta seguridad situada en Canto Grande.
Los amotinados afirmaron que este crimen sería en venganza por el asesinato del contraalmirante Carlos Ponce de León Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, victimado por miembros de Sendero Luminoso el 5 de mayo de 1986.
Los internos tenían como rehenes a parte del personal penitenciario y de la Policía Nacional. Pese al esfuerzo de diversas autoridades por hallar una solución pacífica al debelamiento, éste fue un fracaso, debido a que el gobierno de turno restringió el acceso a esas cárceles.
Tras la referida medida, el gobierno aprista promulgó el inconstitucional Decreto Supremo N° 006-86-JUS, que declaró a los establecimientos penitenciaros como "zonas militares restringidas", con el objetivo de "restablecer la autoridad". Con ello se impidió el ingreso de autoridades civiles (jueces y fiscales).
Ese mismo día, agentes de la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas y del Capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona fueron designados como responsables del operativo para poner fin al motín del penal de El Frontón, debido a que en dicha cárcel se había tomado como rehenes a tres miembros de la Guardia Republicana, así como el apoderamiento del armamento del establecimiento.
Tras varias horas de tensión, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al referido penal, y ordenó la suspensión del diálogo con los reclusos, pese a la resistencia de las autoridades judiciales y de la protesta del director del establecimiento. Ante esta negativa, Mantilla afirmó tajantemente que era orden del presidente de la República, Alan García Pérez.
Han pasado 21 años, y hasta el momento, no se ha logrado justicia por la ejecución extrajudicial de más de 200 internos acusados o sentenciados por terrorismo durante los motines registrados en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.
Aquel 18 y 19 de junio de 1986, los agentes del Estado contrarrestaron el debelamiento de los internos con el uso deliberado y excesivo de la fuerza, y pese a que los reclusos se habían rendido y estaban controlados, los aniquilaron sin piedad.
La situación en el interior de los penales era tensa y agitada desde meses antes al suceso, debido a la ausencia de las condiciones mínimas de vida para los reclusos, la lentitud de los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos, especialmente a los recluidos por el delito de terrorismo. Esa era la realidad del sistema penitenciario y judicial del país en aquellos años.
Ello propició que, durante la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos pertenecientes a Sendero Luminoso iniciaran un motín en el Pabellón Azul del penal de El Frontón, en el Callao. Lo mismo ocurrió en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres de Santa Bárbara.
Este suceso ocurrió justamente cuando en Lima se desarrollaba una conferencia mundial de la Internacional Socialista, que contaba con la presencia de cientos de políticos de diversos países del mundo, así como la presencia de unos 500 periodistas del extranjero.
Los reclusos denunciaron que las fuerzas del orden intentarían cometer un genocidio contra ellos, y para ello, los trasladarían a una prisión de alta seguridad situada en Canto Grande.
Los amotinados afirmaron que este crimen sería en venganza por el asesinato del contraalmirante Carlos Ponce de León Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, victimado por miembros de Sendero Luminoso el 5 de mayo de 1986.
Los internos tenían como rehenes a parte del personal penitenciario y de la Policía Nacional. Pese al esfuerzo de diversas autoridades por hallar una solución pacífica al debelamiento, éste fue un fracaso, debido a que el gobierno de turno restringió el acceso a esas cárceles.
Tras la referida medida, el gobierno aprista promulgó el inconstitucional Decreto Supremo N° 006-86-JUS, que declaró a los establecimientos penitenciaros como "zonas militares restringidas", con el objetivo de "restablecer la autoridad". Con ello se impidió el ingreso de autoridades civiles (jueces y fiscales).
Ese mismo día, agentes de la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas y del Capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona fueron designados como responsables del operativo para poner fin al motín del penal de El Frontón, debido a que en dicha cárcel se había tomado como rehenes a tres miembros de la Guardia Republicana, así como el apoderamiento del armamento del establecimiento.
Tras varias horas de tensión, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al referido penal, y ordenó la suspensión del diálogo con los reclusos, pese a la resistencia de las autoridades judiciales y de la protesta del director del establecimiento. Ante esta negativa, Mantilla afirmó tajantemente que era orden del presidente de la República, Alan García Pérez.
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Se inicia la matanza:
La matanza en el Frontón se inició cerca de las tres de la tarde del 19 de junio, cuando agentes de la Marina comenzaron las acciones utilizando no sólo armamento tradicional sino también basucas, morteros, explosivos y dinamitas, con lo que se demolió el Pabellón Azul.
Tras reducir a los internos y obligarlos a su rendición, los seleccionaron y llevaron a una zona de la isla denominada "los baños" donde, según versiones de los testigos, los asesinaron a balazos y bayonetas.
El violento ataque dejó tres infantes de la Marina muertos y 20 heridos. En tanto, por el lado de los internos, unos 118 murieron, la mayoría de ellos, torturados y luego ejecutados. La masacre también dejó un gran número de desaparecidos. Extrañamente, el Pabellón Azul fue demolido después del fin del debelamiento.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recogió el testimonio de dos efectivos de la Marina que participaron en el debelamiento del motín de El Frontón. Ellos revelaron que los terroristas fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.
Estos testigos revelaron al diario La República (25/06/03) que Agustín Mantilla estuvo en el lugar durante la masacre y que la Marina le asignó un radio operador para saber todo lo que ocurría y comunicarse con un superior al que los testimoniantes no pudieron reconocer. Según estas declaraciones, el viceministro del Interior habría estado al tanto de la rendición de los terroristas y el posterior aniquilamiento de los mismos.
La mayoría de los reclusos que perecieron estaban detenidos en calidad de inculpados, y varios de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores.
Se inicia la matanza:
La matanza en el Frontón se inició cerca de las tres de la tarde del 19 de junio, cuando agentes de la Marina comenzaron las acciones utilizando no sólo armamento tradicional sino también basucas, morteros, explosivos y dinamitas, con lo que se demolió el Pabellón Azul.
Tras reducir a los internos y obligarlos a su rendición, los seleccionaron y llevaron a una zona de la isla denominada "los baños" donde, según versiones de los testigos, los asesinaron a balazos y bayonetas.
El violento ataque dejó tres infantes de la Marina muertos y 20 heridos. En tanto, por el lado de los internos, unos 118 murieron, la mayoría de ellos, torturados y luego ejecutados. La masacre también dejó un gran número de desaparecidos. Extrañamente, el Pabellón Azul fue demolido después del fin del debelamiento.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recogió el testimonio de dos efectivos de la Marina que participaron en el debelamiento del motín de El Frontón. Ellos revelaron que los terroristas fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.
Estos testigos revelaron al diario La República (25/06/03) que Agustín Mantilla estuvo en el lugar durante la masacre y que la Marina le asignó un radio operador para saber todo lo que ocurría y comunicarse con un superior al que los testimoniantes no pudieron reconocer. Según estas declaraciones, el viceministro del Interior habría estado al tanto de la rendición de los terroristas y el posterior aniquilamiento de los mismos.
La mayoría de los reclusos que perecieron estaban detenidos en calidad de inculpados, y varios de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores.
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Se inician las investigaciones
ImageTras el fin del debelamiento del motín de El Frontón, el presidente de la República, Alan García, declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones para esclarecer el caso, sin embargo, permitió que los casos se remitieran a la Justicia Militar, que obviamente no representaba la imparcialidad que se necesitaba.
El caso de El Frontón fue suspendido por falta de pruebas, mientras en el caso de Lurigancho, sólo se sancionó a los ejecutores directos pero no a los que dieron las órdenes.
En julio de 1989, el Consejo Supremo de Justicia Militar, ratificó que no había responsabilidad en los militares que habían participado en el debelamiento del motín.
En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que tanto el presidente de la República, Alan García Perez, como su Consejo de Ministros tuvieron responsabilidad directa en la matanza de los penales. Sin embargo, el Apra, en alianza con el movimiento Cambio 90, logró obtener los votos suficientes para desestimar la acusación.
Asimismo, en agosto de 2002, el Departamento de Estado Norteamericano, desclasificó los documentos elaborados por su embajada en el Perú, en 1986, en la que se revelaban informaciones recogidas por funcionarios estadounidenses en esos años.
Esos documentos probarían que el ex presidente García Perez ordenó personalmente poner fin a los motines en los penales, y que además, felicitó a todos los militares que participaron en la masacre.
Se inician las investigaciones
ImageTras el fin del debelamiento del motín de El Frontón, el presidente de la República, Alan García, declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones para esclarecer el caso, sin embargo, permitió que los casos se remitieran a la Justicia Militar, que obviamente no representaba la imparcialidad que se necesitaba.
El caso de El Frontón fue suspendido por falta de pruebas, mientras en el caso de Lurigancho, sólo se sancionó a los ejecutores directos pero no a los que dieron las órdenes.
En julio de 1989, el Consejo Supremo de Justicia Militar, ratificó que no había responsabilidad en los militares que habían participado en el debelamiento del motín.
En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que tanto el presidente de la República, Alan García Perez, como su Consejo de Ministros tuvieron responsabilidad directa en la matanza de los penales. Sin embargo, el Apra, en alianza con el movimiento Cambio 90, logró obtener los votos suficientes para desestimar la acusación.
Asimismo, en agosto de 2002, el Departamento de Estado Norteamericano, desclasificó los documentos elaborados por su embajada en el Perú, en 1986, en la que se revelaban informaciones recogidas por funcionarios estadounidenses en esos años.
Esos documentos probarían que el ex presidente García Perez ordenó personalmente poner fin a los motines en los penales, y que además, felicitó a todos los militares que participaron en la masacre.
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Se reabre el caso de El Frontón
El 16 de agosto del 2000, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, precisando que es obligación del Estado esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Luego, de acuerdo al mandato emitido por la CIDH, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación sobre estos sucesos para determinar la forma en que se produjeron el motín y su debelamiento; y determinar a los responsables del mismo, tanto en el campo legal como político.
Durante las investigaciones se demostró la práctica de ejecuciones sumarias a internos rendidos tras el derribamiento del Pabellón Azul. Asimismo, se comprobó que la Marina desarrolló un plan de desaparición de los restos de los internos fallecidos, el mismo que se ejecutó semanas después del operativo militar y que consistió en depositar los restos humanos en diferentes cementerios de la ciudad de Lima sin ningún tipo de identificación que permita el reconocimiento de sus familiares.
En diciembre de 2004, esta Fiscalía formuló denuncia penal a sólo un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del ex presidente Alan García, de Agustín Mantilla y de miembros del gabinete ministerial del gobierno aprista.
Se reabre el caso de El Frontón
El 16 de agosto del 2000, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, precisando que es obligación del Estado esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Luego, de acuerdo al mandato emitido por la CIDH, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación sobre estos sucesos para determinar la forma en que se produjeron el motín y su debelamiento; y determinar a los responsables del mismo, tanto en el campo legal como político.
Durante las investigaciones se demostró la práctica de ejecuciones sumarias a internos rendidos tras el derribamiento del Pabellón Azul. Asimismo, se comprobó que la Marina desarrolló un plan de desaparición de los restos de los internos fallecidos, el mismo que se ejecutó semanas después del operativo militar y que consistió en depositar los restos humanos en diferentes cementerios de la ciudad de Lima sin ningún tipo de identificación que permita el reconocimiento de sus familiares.
En diciembre de 2004, esta Fiscalía formuló denuncia penal a sólo un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del ex presidente Alan García, de Agustín Mantilla y de miembros del gabinete ministerial del gobierno aprista.
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Buscando justicia tras 20 años de la masacre
En enero del 2005, el Juez Omar Pimentel Calle, titular del Segundo Juzgado Supranacional, abrió proceso penal contra once efectivos de la Marina de Guerra, por el delito de asesinato por explosión, en agravio de más de cien personas que en junio de 1986 se encontraban recluidas en el Pabellón Azul, en El Frontón.
Actualmente, varios ex ministros y dirigentes apristas, policías, agentes penitenciarios e internos sobrevivientes acuden desde el 1 de marzo al Primer Juzgado Supraprovincial Penal para brindar su testimonio sobre la matanza de El Frontón.
Ciento ocho testigos han sido citados por la titular del Juzgado, María Salazar, para que brinden información que permita esclarecer el caso.En tanto, el pasado 4 de mayo el fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el ex presidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986 por su presunta responsabilidad en la matanza de El Frontón.
Chirinos consideró que la investigación debe reiniciarse porque Alan García y sus ministros habrían cometido negligencia al disponer el ingreso de las Fuerzas Armadas al referido penal.
En ese sentido, la Fiscalía en Derechos Humanos ha anunciado que realizará en los próximos meses más de 150 diligencias, entre las que se tiene previsto tomar la declaración ampliatoria del líder aprista, en el marco de la nueva investigación que se realizará sobre la matanza de 118 reclusos en el desaparecido penal de El Frontón.
www.adehrperu.org
Buscando justicia tras 20 años de la masacre
En enero del 2005, el Juez Omar Pimentel Calle, titular del Segundo Juzgado Supranacional, abrió proceso penal contra once efectivos de la Marina de Guerra, por el delito de asesinato por explosión, en agravio de más de cien personas que en junio de 1986 se encontraban recluidas en el Pabellón Azul, en El Frontón.
Actualmente, varios ex ministros y dirigentes apristas, policías, agentes penitenciarios e internos sobrevivientes acuden desde el 1 de marzo al Primer Juzgado Supraprovincial Penal para brindar su testimonio sobre la matanza de El Frontón.
Ciento ocho testigos han sido citados por la titular del Juzgado, María Salazar, para que brinden información que permita esclarecer el caso.En tanto, el pasado 4 de mayo el fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el ex presidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986 por su presunta responsabilidad en la matanza de El Frontón.
Chirinos consideró que la investigación debe reiniciarse porque Alan García y sus ministros habrían cometido negligencia al disponer el ingreso de las Fuerzas Armadas al referido penal.
En ese sentido, la Fiscalía en Derechos Humanos ha anunciado que realizará en los próximos meses más de 150 diligencias, entre las que se tiene previsto tomar la declaración ampliatoria del líder aprista, en el marco de la nueva investigación que se realizará sobre la matanza de 118 reclusos en el desaparecido penal de El Frontón.
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