EEUU/Colombia: la doctrina de "acción integral" como estrategia de guerra
“365 días de trabajo que hacen la diferencia”
* Hernando Gómez Serrano
Le Monde Diplomatique
Le Monde Diplomatique
Edición colombiana, Bogotá, junio 2008
http://www.eldiplo.info/
Las operaciones de Estados Unidos para asegurar sus intereses estratégicos en la región se profundizan. Colombia sirve de canal para que así sea. El sometimiento de su Estado a tal fin cuestiona su soberanía y pone en riesgo sus fronteras y la estabilidad del subcontinente.
El narcotráfico fue la excusa fundamental. Según la propaganda oficial, contra él se diseñó el Plan Colombia. Pasados los años, todo fue evidente: el verdadero propósito era y continúa siendo el control militar de la región, el combate a la insurgencia y la preeminencia de los intereses del Imperio.
Contra esta estrategia no hubo resistencias en las instituciones oficiales del país. Sumisa y fiel, la dirigencia nacional aceptó el plan diseñado en el Legislativo y el Comando Armado estadounidenses desde mediados de los 90 pero oficializado en 1999. Así fue como los proyectos estratégicos, y con frecuencia las operaciones de las Fuerzas Armadas colombianas, pasaron a control de los mandos externos. Asimismo, no pocos de los planes sociales, además de la justicia y la economía.
Pero esta ‘integración’ EE.UU.-Colombia –usándolo como avanzada para controlar sus intereses en la región– es cuestionada con fuerza en el contexto internacional desde las operaciones de tropas colombianas el primero de marzo de 2008 en territorio de Ecuador, que evidencian la guerra preventiva ya en uso en América del Sur. Esta guerra no es circunstancial. Con la aprobación del Plan Colombia, avanza en el país la construcción de una dinámica e integral estrategia político-militar en que siempre aparecen en primer lugar, además de sus agencias, los intereses estadounidenses.
Las operaciones de Estados Unidos para asegurar sus intereses estratégicos en la región se profundizan. Colombia sirve de canal para que así sea. El sometimiento de su Estado a tal fin cuestiona su soberanía y pone en riesgo sus fronteras y la estabilidad del subcontinente.
El narcotráfico fue la excusa fundamental. Según la propaganda oficial, contra él se diseñó el Plan Colombia. Pasados los años, todo fue evidente: el verdadero propósito era y continúa siendo el control militar de la región, el combate a la insurgencia y la preeminencia de los intereses del Imperio.
Contra esta estrategia no hubo resistencias en las instituciones oficiales del país. Sumisa y fiel, la dirigencia nacional aceptó el plan diseñado en el Legislativo y el Comando Armado estadounidenses desde mediados de los 90 pero oficializado en 1999. Así fue como los proyectos estratégicos, y con frecuencia las operaciones de las Fuerzas Armadas colombianas, pasaron a control de los mandos externos. Asimismo, no pocos de los planes sociales, además de la justicia y la economía.
Pero esta ‘integración’ EE.UU.-Colombia –usándolo como avanzada para controlar sus intereses en la región– es cuestionada con fuerza en el contexto internacional desde las operaciones de tropas colombianas el primero de marzo de 2008 en territorio de Ecuador, que evidencian la guerra preventiva ya en uso en América del Sur. Esta guerra no es circunstancial. Con la aprobación del Plan Colombia, avanza en el país la construcción de una dinámica e integral estrategia político-militar en que siempre aparecen en primer lugar, además de sus agencias, los intereses estadounidenses.
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Doctrina de Acción Integral
El pensamiento político-militar, en marcha desde el Plan Colombia, implica una solícita integración en la acción social, política, económica y militar. Ya nada está suelto o es ocasional; todo el accionar del Estado se diseña y se dirige de acuerdo con un plan de guerra que tiene como propósito final la recuperación social y militar del territorio. Para ello, tanto la operatividad militar como la policial cumplen el mismo propósito.
Para que así suceda, se constituyó aquí el Centro de Coordinación de Acción Integral (Ccai), órgano de primer orden en la Presidencia de la República, cuyos integrantes permanentes por parte del gobierno nacional (1) comparten mesa con los enlaces, entre ellos la Usaid, ejecutora del Plan Colombia, y la sucursal de la petrolera norteamericana Oxy Colombia, con el apoyo de la Embajada Norteamericana y el Comando Sur (Ussouthcom) del ejército estadounidense, instancias que deben “llevar a cabo operaciones militares y fomentar la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos” (2). Las avanzadas militares del país del Norte, sus radares y agencias de inteligencia, son un recurso estratégico que dinamiza todo el plan, pero el mismo se soporta en realidad sobre las inversiones sociales y el control de extensas zonas colombianas.
Dentro de los objetivos del Ccai se destacan: “Garantizar la legitimidad, la gobernabilidad y la presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional, recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, donde las jerarquías militares y/o de policía suplantan a las autoridades civiles, y ejercen el control territorial y la coordinación interinstitucional. Así, por ejemplo, y entre muchos casos similares, en los Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar) el coronel Rafael Colón coordina la acción de las entidades estatales (Sena, Icbf, otras), las cuales atienden con celeridad sus demandas y difícilmente les responden a los alcaldes y aún a los gobernadores de la zona. Sólo basta mencionar que, entre sus objetivos, el Ccai pretende “desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio” (3).Al servicio y a la medida de EE.UUCuatro grandes reflexiones surgen a partir de esta información y permiten una vez más correr el velo sobre los motivos reales del “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” o “Plan Colombia”, cuya segunda fase se conoce como “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”.
1. La política de seguridad colombiana, contenida en documento de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), titulada “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” (2007-2013), muestra que el énfasis se da en la recuperación social de los territorios, en medio de la agudización de la guerra, con acciones cívico-militares ahora llamadas de “acción integral”, que le permitan al Estado “ir a las zonas más apartadas donde hay narcotráfico, grupos ilegales y pobreza […] para limpiar y después mantener estas zonas”, acompañadas de “brigadas de médicos, profesores y el sistema de justicia” (4).
A nombre de esta acción integral, el gobierno colombiano recauda fondos internacionales, y apoyos militares y logísticos para la recuperación del territorio, donde muchas veces la población civil se convierte en víctima directa de los enfrentamientos militares, y asimismo se precipita el éxodo forzado de quienes habitaron tradicionalmente estas tierras. Es la escena cotidiana.
2. Paralelamente, al analizar los lugares donde se aplica la acción integral, se constata la coincidencia entre éstos y los territorios estratégicos por sus riquezas en biodiversidad, recursos hídricos, minerales y fuentes de energía, lo cual, aunado a la inexplicable participación de una multinacional petrolera (Oxy Colombia), como enlace en un organismo de alto nivel de la Presidencia (Ccai), pone en evidencia que un propósito fundamental de la Estrategia de EE.UU. en Colombia, y desde ésta en toda la región, es buscar y garantizarse sus fuentes energéticas.
Su conexión directa con lo que se puede llamar nueva “estrella cardinal” –Orinoco, Amazonas, Caribe, Pacífico–, lo mismo que su vinculación geoespacial con el sur del continente a través de la cordillera de los Andes, hacen de Colombia un territorio de vital importancia para los intereses energéticos de Estados Unidos y lo que eufemísticamente se llama “seguridad hemisférica”.
Las continuas discordias entre los presidentes Uribe de Colombia, Chávez de Venezuela y Correa de Ecuador, que según algunos ponen en riesgo la estabilidad y la cordialidad en la región, son preocupación permanente del gobierno estadounidense, ya que, como lo indica la “Coalición en Pro de Energía Accesible y Confiable” (sic), “los Estados Unidos necesitarán un 31 por ciento más de petróleo y un 62 más de gas natural en las próximas dos décadas” (5), en cuyo logro la región es uno de sus abastecedores más importantes.
Al revisar el potencial energético de Suramérica, con el petróleo venezolano, la biomasa amazónica, el gas boliviano, los recursos hídricos andinos, los extensos suelos suramericanos (planos y con energía solar perennizada); la biodiversidad de la costa pacífica, el Amazonas y el Pantanal (Bolivia-Brasil); los recursos hídricos (cuencas del Amazonas, el Orinoco, el río de La Plata, el San Francisco y el Cauca-Magdalena), la grande y variada riqueza mineral de la Cordillera de los Andes, junto con el potencial generador de energías alternativas (eólica, solar, electromagnética e hidroeléctrica), se comprende claramente que América del Sur se convirtió en un territorio geoestratégico para la estabilidad y el balance energético de Estados Unidos.
3. Las políticas en curso de sustitución de usos del suelo, de aplicación en gran parte del territorio colombiano, ampliando la frontera agrícola, con su consecuente destrucción de bosques húmedos tropicales, páramos y demás ecosistemas andinos, buscan imponer los agrocombustibles como nuevas fuentes de energía en el balance de la matriz de Estados Unidos, requerido para el mantenimiento y el desarrollo de su aparato productivo. Así, luego de “limpiar los territorios” se da la nueva ocupación con la palma africana (por ejemplo) o la yuca u otros cultivos agroenergéticos, desterrando a los pobladores originarios del territorio, expropiando sus tierras, desintegrando sus culturas, y en la mayoría de los casos imponiendo un perverso e inhumano régimen de terror y violencia.
Para que así suceda, se constituyó aquí el Centro de Coordinación de Acción Integral (Ccai), órgano de primer orden en la Presidencia de la República, cuyos integrantes permanentes por parte del gobierno nacional (1) comparten mesa con los enlaces, entre ellos la Usaid, ejecutora del Plan Colombia, y la sucursal de la petrolera norteamericana Oxy Colombia, con el apoyo de la Embajada Norteamericana y el Comando Sur (Ussouthcom) del ejército estadounidense, instancias que deben “llevar a cabo operaciones militares y fomentar la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos” (2). Las avanzadas militares del país del Norte, sus radares y agencias de inteligencia, son un recurso estratégico que dinamiza todo el plan, pero el mismo se soporta en realidad sobre las inversiones sociales y el control de extensas zonas colombianas.
Dentro de los objetivos del Ccai se destacan: “Garantizar la legitimidad, la gobernabilidad y la presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional, recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, donde las jerarquías militares y/o de policía suplantan a las autoridades civiles, y ejercen el control territorial y la coordinación interinstitucional. Así, por ejemplo, y entre muchos casos similares, en los Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar) el coronel Rafael Colón coordina la acción de las entidades estatales (Sena, Icbf, otras), las cuales atienden con celeridad sus demandas y difícilmente les responden a los alcaldes y aún a los gobernadores de la zona. Sólo basta mencionar que, entre sus objetivos, el Ccai pretende “desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio” (3).Al servicio y a la medida de EE.UUCuatro grandes reflexiones surgen a partir de esta información y permiten una vez más correr el velo sobre los motivos reales del “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” o “Plan Colombia”, cuya segunda fase se conoce como “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”.
1. La política de seguridad colombiana, contenida en documento de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), titulada “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” (2007-2013), muestra que el énfasis se da en la recuperación social de los territorios, en medio de la agudización de la guerra, con acciones cívico-militares ahora llamadas de “acción integral”, que le permitan al Estado “ir a las zonas más apartadas donde hay narcotráfico, grupos ilegales y pobreza […] para limpiar y después mantener estas zonas”, acompañadas de “brigadas de médicos, profesores y el sistema de justicia” (4).
A nombre de esta acción integral, el gobierno colombiano recauda fondos internacionales, y apoyos militares y logísticos para la recuperación del territorio, donde muchas veces la población civil se convierte en víctima directa de los enfrentamientos militares, y asimismo se precipita el éxodo forzado de quienes habitaron tradicionalmente estas tierras. Es la escena cotidiana.
2. Paralelamente, al analizar los lugares donde se aplica la acción integral, se constata la coincidencia entre éstos y los territorios estratégicos por sus riquezas en biodiversidad, recursos hídricos, minerales y fuentes de energía, lo cual, aunado a la inexplicable participación de una multinacional petrolera (Oxy Colombia), como enlace en un organismo de alto nivel de la Presidencia (Ccai), pone en evidencia que un propósito fundamental de la Estrategia de EE.UU. en Colombia, y desde ésta en toda la región, es buscar y garantizarse sus fuentes energéticas.
Su conexión directa con lo que se puede llamar nueva “estrella cardinal” –Orinoco, Amazonas, Caribe, Pacífico–, lo mismo que su vinculación geoespacial con el sur del continente a través de la cordillera de los Andes, hacen de Colombia un territorio de vital importancia para los intereses energéticos de Estados Unidos y lo que eufemísticamente se llama “seguridad hemisférica”.
Las continuas discordias entre los presidentes Uribe de Colombia, Chávez de Venezuela y Correa de Ecuador, que según algunos ponen en riesgo la estabilidad y la cordialidad en la región, son preocupación permanente del gobierno estadounidense, ya que, como lo indica la “Coalición en Pro de Energía Accesible y Confiable” (sic), “los Estados Unidos necesitarán un 31 por ciento más de petróleo y un 62 más de gas natural en las próximas dos décadas” (5), en cuyo logro la región es uno de sus abastecedores más importantes.
Al revisar el potencial energético de Suramérica, con el petróleo venezolano, la biomasa amazónica, el gas boliviano, los recursos hídricos andinos, los extensos suelos suramericanos (planos y con energía solar perennizada); la biodiversidad de la costa pacífica, el Amazonas y el Pantanal (Bolivia-Brasil); los recursos hídricos (cuencas del Amazonas, el Orinoco, el río de La Plata, el San Francisco y el Cauca-Magdalena), la grande y variada riqueza mineral de la Cordillera de los Andes, junto con el potencial generador de energías alternativas (eólica, solar, electromagnética e hidroeléctrica), se comprende claramente que América del Sur se convirtió en un territorio geoestratégico para la estabilidad y el balance energético de Estados Unidos.
3. Las políticas en curso de sustitución de usos del suelo, de aplicación en gran parte del territorio colombiano, ampliando la frontera agrícola, con su consecuente destrucción de bosques húmedos tropicales, páramos y demás ecosistemas andinos, buscan imponer los agrocombustibles como nuevas fuentes de energía en el balance de la matriz de Estados Unidos, requerido para el mantenimiento y el desarrollo de su aparato productivo. Así, luego de “limpiar los territorios” se da la nueva ocupación con la palma africana (por ejemplo) o la yuca u otros cultivos agroenergéticos, desterrando a los pobladores originarios del territorio, expropiando sus tierras, desintegrando sus culturas, y en la mayoría de los casos imponiendo un perverso e inhumano régimen de terror y violencia.
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4. De otra parte, es importante anotar que los lugares donde se implementan los “laboratorios de paz” (Magdalena Medio, Alto Patía, Macizo Colombiano, oriente Antioqueño, departamentos de Santander y Meta, y Montes de María), apoyados y promovidos por las agencias de cooperación europea, coinciden con los territorios de aplicación de la “Doctrina de Acción Integral”. El repoblamiento humanitario para la producción, eje fundamental de los laboratorios, se constituye en una fase más de la aplicación de aquella doctrina. Así, donde hay riquezas hay guerra, éxodo y desplazamiento forzado de comunidades, pueblos y hasta etnias completas, y, claro está, cambios en la propiedad y los usos del suelo, junto con la nueva presencia y el control cívico-militar. Las Fuerzas Armadas, con los grupos armados paraestatales, acompañados de brigadas cívico-militares, abren el camino. Posteriormente se establece la nueva forma de ocupación territorial y económica, y con ella ingresan en las zonas las otras esferas estatales, para finalmente, a través de los programas ‘humanitarios’, facilitar el retorno de los anteriores propietarios, hoy despojados de sus tierras, e integrarlos como nueva forma laboral a los negocios establecidos con la arremetida.
En esta forma, una gran parte de la población colombiana pasa paulatinamente de propietaria a desterrada, de campesina a conformar núcleos de obreros agrícolas, de líderes activos de sus comunidades a sujetos de deberes corporativos, y de sujetos de derechos a víctimas de violencia, segregación y exclusión.
“América del Sur la gran Mercancía” es el concepto que define con mayor claridad los objetivos e intereses de Estados Unidos en la región, con su proyecto de expansión y el dominio territorial ejercido por el Comando Sur (Ussouthcom), su agencia de cooperación Usaid y sus embajadas, para llevar a cabo la estrategia de “Amistad y Cooperación para las Américas”, que le permitan transformar su política de seguridad y cooperación “de una organización militar tradicional hacia un Comando Conjunto de Seguridad para el año 2016” (6).
4. De otra parte, es importante anotar que los lugares donde se implementan los “laboratorios de paz” (Magdalena Medio, Alto Patía, Macizo Colombiano, oriente Antioqueño, departamentos de Santander y Meta, y Montes de María), apoyados y promovidos por las agencias de cooperación europea, coinciden con los territorios de aplicación de la “Doctrina de Acción Integral”. El repoblamiento humanitario para la producción, eje fundamental de los laboratorios, se constituye en una fase más de la aplicación de aquella doctrina. Así, donde hay riquezas hay guerra, éxodo y desplazamiento forzado de comunidades, pueblos y hasta etnias completas, y, claro está, cambios en la propiedad y los usos del suelo, junto con la nueva presencia y el control cívico-militar. Las Fuerzas Armadas, con los grupos armados paraestatales, acompañados de brigadas cívico-militares, abren el camino. Posteriormente se establece la nueva forma de ocupación territorial y económica, y con ella ingresan en las zonas las otras esferas estatales, para finalmente, a través de los programas ‘humanitarios’, facilitar el retorno de los anteriores propietarios, hoy despojados de sus tierras, e integrarlos como nueva forma laboral a los negocios establecidos con la arremetida.
En esta forma, una gran parte de la población colombiana pasa paulatinamente de propietaria a desterrada, de campesina a conformar núcleos de obreros agrícolas, de líderes activos de sus comunidades a sujetos de deberes corporativos, y de sujetos de derechos a víctimas de violencia, segregación y exclusión.
“América del Sur la gran Mercancía” es el concepto que define con mayor claridad los objetivos e intereses de Estados Unidos en la región, con su proyecto de expansión y el dominio territorial ejercido por el Comando Sur (Ussouthcom), su agencia de cooperación Usaid y sus embajadas, para llevar a cabo la estrategia de “Amistad y Cooperación para las Américas”, que le permitan transformar su política de seguridad y cooperación “de una organización militar tradicional hacia un Comando Conjunto de Seguridad para el año 2016” (6).
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* Este es el título del informe del Ministerio de Defensa de Colombia, de julio 2006-julio 2007, citado por Bettina Reis en la versión preliminar de su artículo “Cooperación para el control social y poblacional. El concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano”. Documento de análisis preliminar para la III Conferencia de Cooperación Internacional en Colombia.
* Este es el título del informe del Ministerio de Defensa de Colombia, de julio 2006-julio 2007, citado por Bettina Reis en la versión preliminar de su artículo “Cooperación para el control social y poblacional. El concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano”. Documento de análisis preliminar para la III Conferencia de Cooperación Internacional en Colombia.
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Notas
1) Integrantes permanentes del CCAI: Acción Social, Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerios: del Interior y de Justicia, de Protección Social, de Educación, de Agricultura, Incoder, Icbf, Coldeportes, Sena, Fiscalía General de la Nación y Registraduría Nacional del Estado Civil. Enlaces: demás Ministerios, DNP, Banco Agrario, Alto Comisionado para la Paz, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Dansocial, Fedecajas, DAS, USAID y sucursal de Oxy Colombia, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. Presidencia de la República de Colombia CCAI (Centro de Coordinación de Acción Integral). Documento formato powerpoint, sin fecha, citado por Bettina Reis, op. cit.
2) Ussouthcom. Estrategia del Comando Sur de Estados Unidos (2016): Amistad y Cooperación para las Américas, marzo de 2007, http//www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1180709759.pdf., citado por Bettina Reis, op. cit.
2) Ussouthcom. Estrategia del Comando Sur de Estados Unidos (2016): Amistad y Cooperación para las Américas, marzo de 2007, http//www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1180709759.pdf., citado por Bettina Reis, op. cit.
3) Ministerio de Defensa, República de Colombia: “365 días de trabajo que hacen la diferencia”, informe anual julio 2006-julio 2007.
4) Entrevista concedida por el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, a The Washington Post, julio 17 de 2007, op. cit.
5) Ussouthcom, op. cit., p. 7.6) Ussouthcom. Estrategia para el año 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos: Amistad y Cooperación para las Américas, http//www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1180709759pdf., marzo de 2007, citado por Bettina Reis, op. cit.
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Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín Solidario
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