Bolivia: La oligarquía da tres pasos adelante

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econoticias bolivia <econoticias.bolivia@gmail.com>Date: 15-may-2008 23:19
Bolivia: LA OLIGARQUÍA DA UN PASO ATRÁS Y TRES ADELANTE

El prefecto de Santa Cruz asume funciones de Presidente y crea su propio Parlamento en abierto desacato al gobierno de Evo, que sólo atina a protestar. La oligarquía y la izquierda indigenista ya trabajan para el referéndum revocatorio del 10 de agosto, mientras la COB convoca a una huelga general para junio contra la oligarquía y para que el "indio presidente" deje de conciliar con la derecha y cumpla con la agenda de octubre

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Econoticiasbolivia.com (La Paz, mayo 15, 2008).- El gobierno paralelo de Santa Cruz, controlado por la oligarquía y los 100 clanes dueños de la tierra y los negocios, dio un paso atrás en su disputa con el gobierno central de Evo Morales sobre las exportaciones, pero avanzó otros tres al conformar de facto un Parlamento regional, al crear un mini Ministerio de Comercio y Exportaciones y anunciar que retendrá el pago de impuestos y regalías regionales, además de duplicar el salario mínimo para los trabajadores.

En abierto desacato a las leyes de la República, el prefecto de Santa Cruz, el derechista Rubén Costas, se proclamó este jueves como gobernador, con atribuciones propias de un Presidente y convirtió a un grupo de consejeros en miembros de un Parlamento provisional regional con capacidad para dictar leyes por encima de las nacionales.
Con estas medidas, Costas, que gobierna de la mano del presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic, y que son el núcleo duro de la oligarquía y de la oposición política que conspira para derribar al "indio presidente", intenta profundizar la dualidad de poderes que existe en Bolivia y llevar a la práctica los estatutos autonómicos separatistas aprobados en el ilegal e inconstitucional referéndum del 4 de mayo.
El propósito declarado de Costas y Marinkovic, que operan con la cobertura de la Embajada de Estados Unidos, según la reiterada acusación gubernamental, es lograr avanzar con el proceso autonómico "lo más que se pueda" hasta el próximo 10 de agosto, fecha en la que se realizará el referéndum revocatorio a nivel nacional para definir si el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ocho prefectos se mantienen o no en sus cargos.
Como es altamente probable que tanto Evo como Costas sean ratificados en sus cargos, ambos quieren acumular fuerzas y mejorar sus posiciones con miras a una futura negociación entre la izquierda indigenista que gobierna en el altiplano y la oligarquía que tiene todo el poder en el oriente y los valles del país (ver:
¿Quién gana con el referéndum revocatorio?").

RECHAZO DESDE LA PAZ
Desde La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó de "inconstitucional" las decisiones y acciones del prefecto Costas.
"Las decisiones de naturaleza ilegal son volátiles, son castillos de arena que se pueden derrumbar fácilmente", advirtió Quintana, en tanto que el senador Félix Rojas, jefe de la bancada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) calificó como una "locura" lo que hacía Costas.
"El Prefecto no tiene ninguna atribución para asumir esas medidas, es una locura lo que hace (…) sólo continúa con un "show" político que va en contra de la legalidad y la Constitución", dijo al lamentar las acciones de Costas y de los prefectos de Beni, Pando y Tarija que también se preparan para realizar referéndums autonómicos con los mismos propósitos y proyecciones que los de Santa Cruz. PRIMERO LOS NEGOCIOS
Tras recibir oficialmente los resultados del referéndum del 4 de mayo, donde hubo una abstención cercana al 40 por ciento y un apoyo de casi medio millón de votantes a favor de la autonomía (85% de votos por el SI), la primera preocupación de Costas y los 100 clanes fue cuidar la salud de los negocios de los grandes exportadores de aceite y soya, que están prohibidos por el gobierno de Morales de vender en el mercado externo si es que antes no abastecen el mercado interno a precios razonables

Reconociendo sus limitaciones para reestablecer estas ventas al exterior, que significan un ingreso anual para los exportadores privados por encima de los 200 millones de dólares, el prefecto Costas pidió este miércoles al sector agroindustrial acatar "coyunturalmente" las normas emitidas por el Gobierno de Evo para que puedan exportar aceite de soya y girasol refinado y crudo.
"Por el bien de toda la cadena productiva, por el bien de nuestro transporte (les pido) que puedan sujetarse coyunturalmente a esas normativas impuestas por este Gobierno (de Morales)", indicó Costas.
Hasta ahora, sólo la empresa ADM-SAO, de propiedad de la transnacional estadounidense Archer Daniels Midland, se comprometió a abastecer al mercado interno y por ello fue autorizada por la administración de Evo a volver a exportar.
Mientras tanto, las otras dos grandes empresas productoras de aceites, Fino del Grupo Romero del Perú y Rico de la Industria de Oleaginosas Sociedad Anónima (IOL.SA) de propiedad de Branco Marinkovic, se resistían a cumplir esta exigencia y exigían que, en el marco de la "autonomía", Costas les autorice a exportar (ver: Guerra del aceite y la soya).

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MINIMINISTERIO DE EXPORTACIONES
Es en este marco, y para no volverse a doblegar ante Morales, que el prefecto Costas determinó la conformación del Concejo de Industria y Comercio Exterior, que funcionará como un pequeño Ministerio de la pujante economía regional.
La resolución emitida ayer le faculta a elegir al Delegado de Comercio Exterior y Exportación, tras presentar al Consejo Departamental en este rubro (conformado por dirigentes políticos y empresariales), que estará encargado de fomentar y promover las exportaciones que se realizarán por cuenta del departamento de Santa Cruz, sin autorización del Gobierno nacional.
La misión de esta delegación será revertir las medidas que asumió Morales en contra de las exportaciones de aceite comestible y otros productos.
"Tiene que quedarle claro al Gobierno (de Morales) que a partir del 4 de mayo no tiene más relación con los sectores (productivos), sino que de ahora en adelante todo será de Gobierno nacional a Gobierno departamental", sostuvo el presidente de la empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca.

PARLAMENTO REGIONAL Y GOBERNADOR
Estas acciones se complementaron este jueves con dos medidas institucionales, ilegales y subversivas, como la transformación del Consejo Departamental en una Asamblea Legislativa Provisional y la coronación de Costas como gobernador.

El Parlamento cruceño está conformado por 23 consejeros que se convertirán en parlamentarios, a pesar de que no han sido elegidos por voto popular, y por otros 5 representantes indígenas, reclutados en las filas de los sectores opuestos a Morales. Este Parlamento tendrá atribuciones para dictar "leyes departamentales" con facultades similares a las del Congreso Nacional en 43 "materias exclusivas". Está definido, en los Estatutos votados el 4 de mayo, que estas "leyes" prevalecerán por encima de cualquier otra norma nacional o municipal, lo que incluye impuestos y la firma de acuerdos con empresas extranjeras y otros países.
Del mismo modo, la transición de prefecto a gobernador, le dará potestad a Costas, por lo menos en lo formal, para que pueda promulgar leyes departamentales y firmar acuerdos internacionales.
"Es preciso que demos por inaugurado un período de transición para implementar a plenitud, con serenidad, responsabilidad y humildad el Gobierno del departamento autónomo de Santa Cruz que hoy se inicia", dijo durante la posesión el prefecto Costas.

CONTROL DE LOS RECURSOS
Todas estas acciones apuntalan el interés de Costas y los 100 clanes para controlar los recursos de la región más próspera de Bolivia y que aporta con la cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional. Según anunció el asesor de Hidrocarburos y Minería de la Prefectura de Santa Cruz, Juan Padilla, "ya no se permitirá que las regalías petroleras sean enviadas a la administración central ubicada en La Paz y que la región cobrará directamente a las empresas por la explotación del gas y petróleo en el territorio de Santa Cruz".

"Antes, el Gobierno central recibía las regalías petroleras y luego las distribuía a los departamentos. Ahora, vamos a hacer a la inversa, primero las recibirá el departamento que genera los recursos y luego se pasarán a la administración central (…) Las regalías, por derecho, son un tema netamente de los departamentos productores. Esa plata se queda en Santa Cruz", agregó el funcionario, según refleja el matutino La Prensa.

MÁS SALARIO PARA LOS OBREROS
En otra acción orientada a lograr la adhesión de los trabajadores hacia el Gobierno paralelo de Costas y Marinkovic se anunció también el aumento del salario mínimo mensual hasta 1.000 bolivianos, según confirmaron por separado el vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, José Céspedes, y el dirigente de la fracción derechista de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Edwin Fernández.
Este aumento hasta 1.000 bolivianos (136 dólares), que duplica el mínimo aprobado para todo el país por el gobierno de Morales que es de 577 bolivianos (78 dólares), sería oficializado el próximo 26 de mayo.
"Ahora que se alcanzó un acuerdo lo vamos a dejar establecido en un documento. Esto es producto de una mesa de trabajo entre empresarios desprendidos y conscientes de la situación, y de obreros y fabriles que se merecen un salario digno", dijo Costas.

De concretarse esta acción, Costas y los 100 clanes estarían tratando de mostrar que su política salarial es mucho más beneficiosa para los trabajadores que la ejecutada por el gobierno indígena-campesino de Morales, que en la elecciones del 2005 había prometido triplicar el salario mínimo mensual de 500 bolivianos a 1.500, lo que no cumplió para no herir los intereses empresariales. Según los cálculos de la Central Obrera Boliviana, un obrero necesita un ingreso de 7.000 bolivianos al mes para mantener en condiciones dignas a su familia.

RUMBO AL REVOCATORIO
Durante estos actos, Costas urgió a los cruceños a profundizar la autonomía y a revocar el mandato constitucional a Evo Morales en el referéndum del próximo 10 de agosto.
Pese a las diferencias que provocó la vigente Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, la oposición política y regional derechista decidió cohesionarse en torno a esa consulta popular, con el objetivo de revocar el mandato al presidente Evo Morales. Para ello, anunciaron el inicio de la campaña por el "No" a la continuidad del Primer Mandatario.
"Hemos llegado a un acuerdo, y es que el país no necesita una oposición política dividida. Necesitamos cerrar filas para enfrentar este proceso que se viene y cerrar filas alrededor del referéndum revocatorio. Vamos a ganar este referéndum, porque eso lo que necesita este país", anunció en conferencia de prensa en La Paz el senador derechista Roberto Ruiz.

Desde la trinchera gubernamental también se alistan para que ratificar a Evo y revocar el mandato de los prefectos derechistas, aunque, en rigor, exceptuando a los más radicales, unos y otros, sólo quieren acumular más fuerzas para doblar el brazo al contrario en la mesa de negociaciones, tanto para moderar los alcances de las autonomías regionales como para atenuar la aplicación de reformas y cambios a favor de la población. Unos como otros apuntan, en lo esencial, a mantener esa dualidad de poderes, con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía en el oriente y los valles (ver: En Bolivia hay dos gobiernos).
No es casual, por ello, que el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), celebrado este martes en La Paz, haya calificado el referéndum revocatorio como "distraccionista".

HUELGA DE LA COB
"El Referéndum Revocatorio que se dará en el país, no es más que una distracción hacia el pueblo boliviano porque el gobierno (de Morales) no tiene ninguna intención de liquidar el poder de los ricachones, de esos oligarcas, y no tiene intención de superar la crisis en que se encuentra el país, donde hay hambre, miseria y desempleo (…) quieren hacer pelear entre los pobres", dijo tras la reunión el dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Jaime Solares.

El ampliado de los trabajadores determinó iniciar el 5 de junio una huelga general indefinida para obligar a Evo Morales a cumplir con la agenda de octubre (nacionalización real de todos los recursos naturales, fin del neoliberalismo y aumento de salarios) y para detener la conjura de la oligarquía, expropiando a los latifundistas.
De este modo, la reunión de la COB instruyó a la Central de Oruro postergar la huelga general que debía iniciarse este 20 de mayo, que había sido convocada para lograr la expropiación de todos los latifundios del oriente, la nacionalización de las agroempresas que trafican con el hambre del pueblo, la verdadera nacionalización del gas, el petróleo y las minas y el aumento general de sueldos y salarios.
"Para el 20 de este mes –había dicho Solares hace una semana—el pueblo debe prepararse para una huelga general indefinida con el bloqueo general de caminos, para que estos cuatro individuos (los 100 clanes familiares de la burguesía agrofinanciera, NdR) que se vayan de Santa Cruz. De aquí a 15 días debemos proveernos de todo, charque, chuño, harina para aguantar la huelga y desde aquí, estoy seguro que Potosí, La Paz, Cochabamba, Sucre, los pobres estamos dispuestos a todo, para acabar esta situación de tanta inclemencia de los ricachones de este país" (ver: Central Obrera: Ni Evo ni la oligarquía).

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CENTRAL OBRERA: NI EVO NI LA OLIGARQUÍA

Convocan a luchar por tierras para los indios, por gas, petróleo y minas para el Estado, y por salarios y trabajos dignos. Hay que expropiar ahora a los latifundistas y a las transnacionales, dicen en Oruro
Redacción de Econoticiasbolivia
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La Paz, abril 28, 2008.- Zafándose del control gubernamental, el XIV Congreso de la Central Obrera de Oruro, dominada por los mineros proletarios, postuló la vía revolucionaria para superar el tibio reformismo del gobierno indígena de Evo Morales y para aplastar la rebelión de la oligarquía separatista del oriente.
"Los trabajadores no queremos ni los Estatutos autonómicos separatistas de la oligarquía ni la Constitución Política del (gobernante Movimiento al Socialismo) MAS", proclamó el nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera, Jaime Solares, elegido por el cónclave laboral para retomar la lucha revolucionaria del 2003, recuperar la línea de independencia sindical frente al gobierno indigenista e impulsar una lucha frontal contra la burguesía, las transnacionales y el imperialismo.
El minero Solares, en su calidad de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), había dirigido los levantamientos populares que culminaron con el derrocamiento de los gobiernos neoliberales en el periodo 2003-2005, y una vez concluido su periodo como dirigente volvió a trabajar durante dos años como minero de base en la mina de estaño de Huanuni.

El congreso laboral de Oruro, que marca el resurgimiento de la lucha revolucionaria de los trabajadores, cuestionó al Gobierno de Morales por abandonar la agenda de 2003-2005 y por buscar una concertación y alianza con la oligarquía, en vez de combatirla y derrotarla.
"Los trabajadores no estamos ni con Evo Morales ni con los fascistas de la oligarquía, los trabajadores estamos por la revolución", dijo Solares al postular una "tercera vía" frente a la actual polarización que se da entre el gobierno de la izquierda indigenista y la extrema derecha que tiene el control político y económico de los valles y el oriente del país.
No más concertación con la derecha
Los sindicalistas cuestionaron la extrema "tolerancia y debilidad" del gobierno de Morales con los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca que organizan referéndums ilegales e inconstitucionales para legitimar el poder de facto que ejercen en sus regiones, doblegando al Gobierno central y asestando al presidente Morales su mayor derrota política de los últimos dos años (ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).
Vencida la resistencia gubernamental, para este domingo 4 de mayo está prevista la realización del referéndum en Santa Cruz bajo el patrocinio del prefecto Rubén Costas y del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, la cabeza visible de los 100 poderosos clanes familiares que controlan la tierra, el poder político, la economía y las principales organizaciones cívicas, sociales y sindicales en la región
(ver: La rebelión de los 100 clanes).
El Gobierno de Morales confía en que, una vez realizado el referéndum que intenta minimizar como una consulta sin poder decisorio, pueda sentarse en una mesa de negociaciones, con aval de la Iglesia Católica, para intentar alcanzar un gran acuerdo nacional y pacto social con los oligarcas sediciosos, en el marco del cumplimiento de la ley, del respeto a la propiedad privada y de la plena vigencia de los derechos humanos de la población y en especial de los indígenas.
Una parte de los oligarcas también aspira negociar con Morales, aunque desde una posición de fuerza, para congelar todas las reformas que intenten modificar la actual distribución de tierras, preservando todos los privilegios y el poder político y económico que ejerce la burguesía agroexportadora y financiera, cerrando de este modo el ciclo abierto en la insurrección popular del 2003.

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Tierra para los indios
Y esto es precisamente lo que no quiere la radical Central Obrera de Oruro, que postula, por el contrario, la profundización de las reformas para que el Estado expulse a las transnacionales y nacionalice el gas, el petróleo y las minas, anule los grandes latifundios, acabe con el neoliberalismo y mejore las condiciones de vida y de trabajo de la empobrecida población boliviana.
Para ello, el Congreso sindical enarboló las banderas para liquidar el poder económico y político de la oligarquía, con medidas que van mucho más allá del tibio reformismo gubernamental que tiene como límite la defensa de la propiedad y la inversión privadas.
Así, la Central Obrera plantea la inmediata "expropiación de la tierra de los latifundistas" y la "creación de milicias armadas para autodefensa frente a la represión estatal y el fascismo". Con ello, los trabajadores de Oruro apuntan a liquidar el poder de los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de 25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles de oriente y los valles, cinco veces más que la que poseen en conjunto dos millones de campesinos pobres. Estos clanes dirigen la revuelta contra Morales, manejan la economía, controlan la tierra y que, al levantar la bandera de la autonomía y ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo, han logrado captar el masivo apoyo de la población civil y las organizaciones cívicas, vecinales, sindicales y empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente en Cochabamba y Chuquisaca.

Banderas revolucionarias
Expropiando las tierras a los latifundistas y entregándola a los campesinos pobres, los sindicalistas creen que podrán mermar el poder de la oligarquía. Junto a ello, otro instrumento para lograr que los trabajadores en el oriente y los valles dejen de apoyar a la burguesía agroexportadora es la vigencia del salario mínimo vital con escala móvil que significaría que los empresarios eleven en siete u ocho veces el salario que pagan a sus obreros (en promedio el salario mensual vigente es de 100 dólares y lo que se necesita para sostener en condiciones dignas a una familia es de casi 800 dólares).
Estas medidas, sin embargo, no son aceptadas por el Gobierno de Morales y menos por la burguesía agrofinanciera, por lo que su exigencia significa una lucha contra las limitaciones del primero y los millonarios intereses de los otros.

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Unidad sindical
El congreso, celebrado la pasada semana, convocó "a la unidad de los trabajadores para luchar contra las oligarquías, partidos de derecha y empresas transnacionales" e "iniciar la lucha para el cumplimiento de las agendas de octubre del 2003, mayo y junio del 2005, buscar la abrogatoria del Decreto 21060 (que pone en vigencia el neoliberalismo) y las leyes neoliberales".
Los trabajadores resolvieron luchar por un incremento salarial de acuerdo al costo de vida e inflación, por una nueva Ley de Pensiones y luchar por la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos".
En el plano sindical, los trabajadores resolvieron fortalecer la unidad de la clase laboral en torno a la COB (a pesar que esta última está controlada parcialmente por el Gobierno), preservar la independencia política de los proletarios y sus organizaciones sindicales. Imponer el control social, rechazar el sindicalismo amarillo y consolidar el sindicalismo revolucionario de acuerdo a los estatutos de la COD, COB.

También se decidió impulsar la "formación política y sindical de los trabajadores para generar cambios y renovación cualitativa y revolucionaria que destierre el prorroguismo y dualidades que distorsionan el accionar del sindicalismo boliviano".
"Todo el país se está fijando que la dirección política es Oruro, que ha sido y es la vanguardia de la lucha sindical", dijo Pedro Montes, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), la central nacional que aún se mantiene bajo la orientación política del Gobierno de Morales, pero que ya siente el peso de los radicales de Oruro y sus banderas revolucionarias.
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