Argentina: conflicto agrario, otro camino para superar la crisis

Desde el 11 de marzo, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de aumentar las retenciones y hacerlas móviles en función de los precios internacionales, escaló un conflicto que ha concluido instalando una polarización política entre el gobierno y las entidades del campo. No es verdad que tengamos que aceptar a libro cerrado los argumentos y las propuestas de ambos sectores, como si no hubiera propuestas y medidas superadoras.
Detrás de las demandas de eliminación de las retenciones móviles, las entidades del campo han enarbolado un programa de liberalización del mercado exportador de alimentos, con el fin del acaparar el máximo posible de las rentas extraordinarias, mientras difunden el planteo ideológico que el Estado no debe meterse con los negocios privados.

Bajo la cobertura de un falso federalismo se promueve una plataforma de medidas afín a los intereses del agro-negocio y la Sociedad Rural, con el acompañamiento y la fuerza social de los pequeños productores que han quedado entrampados en un lock-out agrario que favorece a los grandes capitalistas del sector y apunta a crear las condiciones favorables a una restauración neoliberal.
Las clases propietarias y los grupos agrarios más concentrados no toleran siquiera una tibia e inconsecuente regulación estatal y distribución de renta, enarbolando sus intereses privados y su ganancia creciente por sobre la alimentación, el salario, la educación y la salud de todo el pueblo argentino. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir records año tras año, incluso a costa de desplazar de sus tierras ancestrales a los campesinos pobres del norte argentino y de las condiciones laborales precarias e irregulares de más de un millón de peones rurales.
La derecha cuestiona las retenciones móviles en tanto mecanismo regulador que permite divorciar los precios internacionales de los locales y amortiguar el impacto inflacionario de un encarecimiento de las exportaciones. El lock-out se ha transformado también en una trinchera política desde donde promueven regresivamente el retorno al período previo al 2001.
Los cacerolazos que hemos visto en la Capital y otros centros urbanos, pese a su heterogeneidad inicial, se han ido configurando en la antítesis de la rebelión del 2001, motorizados por sectores altos de la sociedad, muchos de ellos rentistas, y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.
La mayoría de los medios de comunicación, grandes grupos concentrados que detentan el poder comunicacional y el cuasi monopolio de la palabra y la imagen, han jugado un rol protagónico como aglutinantes de una derecha invertebrada, distorsionando la realidad, creando una atmósfera política artificial y una opinión popular ficticia.
La principal preocupación del gobierno frente al lock-out ha sido reafirmar su autoridad política frente a un desafío sectorial que rompe el equilibrio de alianzas que ha sostenido su gestión, desde el inicio se ha apoyado en el modelo sojero que ahora cuestiona. Recurrió a todas las variantes posibles: discursos agresivos y contemporizadores, amenazas y negociaciones y ha quedado políticamente debilitado. Incapacidad política y errores de implementación técnica unificaron el campo opositor y le hicieron perder aliados naturales.
Profundizó este esquema con el consiguiente desplazamiento de productores, afectando la soberanía alimentaria, fortaleciendo los “pools” de siembra y los grupos exportadores (Dreyfus, Cargill, Nidera, Bayer…), permitiendo la escandalosa apropiación diferencial entre los impuestos pagados por los productores y lo realmente ingresado a las arcas del Estado. No casualmente estos grupos económicos no han sido casi mencionados en la crisis actual ni por el gobierno ni por las entidades del campo.
El gobierno tampoco cambió la estructura tributaria regresiva, ni adoptó ninguna iniciativa para recuperar el patrimonio nacional rematado durante el menemismo.
A pesar de las fenomenales tasas de crecimiento del actual ciclo económico, de la fuerte creación de empleo y de la recuperación salarial, persisten la segmentación y la precarización en el mercado de trabajo, se conservan muchas de las peores leyes laborales de los ’90, e incluso de la dictadura como la de los peones rurales. Al no adoptar medidas para modificar efectivamente la distribución del ingreso la brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose.
La políticas en curso no pueden asegurar, ni tampoco se lo proponen, la reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario barato y ecológicamente sustentable, aunque se proyecta un “tren bala” que nos vuelve dependientes de tecnologías que no poseemos, que es inservible para el transporte de cargas y que solo podrá ser utilizado por una elite de pasajeros de altos ingresos.

Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que enajenó su renta petrolera y, a contrapelo de las tendencias latinoamericanas -Bolivia, Ecuador Venezuela-, no hay proyecto alguno para recuperarla, por el contrario asistimos a la profundización de la política menemista en materia de hidrocarburos. Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de servicios públicos y la generación y distribución de energía. Los grupos de medios de comunicación hoy denunciados por su papel en la crisis son los mismos que ayer fueron beneficiados con la renovación de las licencias, basados en la ley de radiodifusión de la época de la última dictadura militar.
Debajo de toda la parafernalia de acusaciones cruzadas se advierten divergencias al interior del bloque de las clases dominantes: mientras los sectores agro financieros tradicionales exigen darle prioridad a un proceso de acumulación basado en la exportación de bienes primarios y son indiferentes al consumo y el mercado interno, los sectores industriales, al contrario, aspiran a liderar dicho proceso con apoyo subordinado del sector agroindustrial.
Cómo se resuelva esta disputa no resulta ocioso ni indiferente para el movimiento obrero y las clases subalternas, como tampoco lo es la intervención estatal, aún a sabiendas que lo más probable sea un acuerdo donde el modelo primario-extractivo-exportador no será modificado sustancialmente, con las consecuencias sociales y ambientales y el tipo de desarrollo que lleva implícitas, lo que exige desarrollar por parte de todo el movimiento popular, un planteo de transformaciones profundas más allá de dichos acuerdos.
No puede haber neutralidad ante la amenaza de que la derecha logre parte de sus demandas y coloque sobre la agenda futura su programa de restauración neoliberal. Una liberalización de las exportaciones como demandan los ruralistas y los ideólogos del establishment dispararía los precios de los alimentos con el consiguiente efecto sobre los salarios reales de los trabajadores y las condiciones de vida y existencia de las clases populares.

Rechazamos enérgica y categóricamente su chantaje y defendemos el derecho del gobierno a implementar retenciones móviles y cupos de exportación. Pero sostenemos que el curso que ha tomado hasta el día de hoy lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y “pool” sojeros y a los grandes exportadores, mientras afecta a su propia base popular al mostrarse impotente para un control eficaz de la inflación.
Los abajo firmantes pretendemos contribuir a cambiar los ejes del debate y discutir soluciones populares efectivas para el agro.
Sin que sea una enumeración taxativa:

Creemos necesario afectar las ganancias de los grandes propietarios, los grupos exportadores, comercializadores y “pool” de siembra, que se quedan con el grueso de los beneficios. También comenzar a discutir la nacionalización de varios segmentos de estos sectores
Elaborar un plan agrario que permita organizar la producción de acuerdo a un programa racional que permita contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Que contemple una política de fomento a los pequeños campesinos y de garantía de sus tierras, así como medidas protectoras del ambiente y una política de estatización de los insumos de los productores medianos y pequeños y de impuestos diferenciados según el tamaño de sus exportaciones.
Regular el comercio exterior y los precios mediante una junta nacional de granos y carnes, adoptar una clara reforma fiscal desgravando las cargas tributarias al consumo, modificando las alícuotas del impuesto inmobiliario y a las ganancias.
Eliminación del IVA de los productos esenciales en el consumo popular y aplicación efectiva de la Ley de Abastecimiento.
Es imperioso derogar la ley de Videla del peón rural y garantizar el blanqueo de todos los trabajadores en negro, así como garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios para todos los trabajadores y del subsidio a los desocupados.

Con esta declaración apuntamos a que una tercera voz a favor de las mayorías populares comience a cobrar cuerpo frente a la crisis actual..

Foro de Debate para la Acción (FDPA)

Adhesiones a:
jorgesanmartino4@fibertel.com.ar
eduardo.lucita@gmail.com

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