Bolivia: convocatoria al referendúm no frena a la oligarquía
Enviado por Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín Solidario Ernesto Herrera (editor): germain5@chasque.net
El Congreso no frena la rebelión oligárquica
El Parlamento, dominado por el MAS, convoca a referéndum sobre la nueva Constitución e ilegaliza las consultas autonómicas separatistas. Desde las regiones llaman al desacato y siguen armando sus propios gobiernos
Redacción de Econoticiasbolivia
La Paz, 29-2-08
http://www.econoticiasbolivia.com/
Intentando frenar la subversión de la oligarquía separatista, con la que aún pretende concertar una gran alianza nacional aunque ahora desde una posición de más fuerza, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó esta mañana tres leyes que, por una parte, convocan para el domingo 4 de mayo a un referéndum nacional sobre su propuesta de nueva Constitución Política del Estado y que, por otro lado, ponen al margen de la ley las consultas autonómicas convocadas por los opositores.
De inmediato, los dirigentes cívicos, empresariales y regionales, alineados con las fuerzas de la oligarquía del oriente y los valles, rechazaron las medidas y ratificaron sus proyectos autonómicos orientados a consolidar el poder que ya de facto ejercen en cuatro de los nueve departamentos del país.
Usando a plenitud su mayoría parlamentaria, y en medio de presiones y golpes contra los opositores, la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) había aprobado al atardecer del jueves tres leyes: una modificatoria para llevar adelante simultáneamente dos referéndums (el domingo 4 de mayo), una segunda ley de convocatoria para la consulta constituyente (para definir si se aprueba o no la propuesta gubernamental de Constitución Política del Estado) y dirimitoria (para definir si los latifundios tienen una extensión de 5 mil o 10 mil hectáreas), y una tercera ley interpretativa referida a la convocatoria de referéndum departamental que anula los referéndums autonómicos regionales.
"Ahora el pueblo es quien debe definir con su voto si aprueba o rechaza la nueva Constitución Política del Estado", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, quien convocó otra vez a los opositores a llegar a un acuerdo para juntar las demandas populares con las exigencias empresariales.
En respuesta, el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz (de la ultraderechista Podemos), calificó las tres leyes de ilegales. “La nueva Carta Magna que pretende imponer el MAS no será acatada por la población”, dijo, mientras los los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez, ratificaron que proseguirán con sus referéndums autonómicos a pesar de lo definido por el Parlamento.
Costas dijo que la aprobación de los referéndums por el Congreso Nacional responde a "la desesperación del Gobierno por su fracaso en su intento totalitario. Tras lo sucedido, todo el país va a volcar sus ojos a los procesos de autonomía con más esperanzas".
“Es un atropello, es un golpe a la democracia”, agregó Ortiz, quién convocó a la “resistencia civil. Ya no estamos viviendo en democracia”.
Referéndum y autonomía
Este jueves, al fracasar la solicitud de tregua planteada por el gobierno y que sólo había servido para envalentonar más a la oligarquía, el plenario del Congreso Nacional sancionó dos referéndums para el 4 de mayo, el constituyente y el dirimidor, además de la ley interpretativa sobre la convocatoria de referéndum departamental.
En la Ley de Referéndum Dirimidor se establece la consulta para restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de un reducido número de latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años la mayor parte de ellos (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento).
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, un centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
De aprobarse la consulta popular, dejando en 5 mil o 10 mil hectáreas la extensión máxima del latifundio individual, la mayor parte de los clanes familiares mantendrán la propiedad de todas sus tierras, por lo que su poder y dominio sobre el territorio se mantendrá sin excesivas modificaciones.
Nueva Constitución
El proyecto de nueva Constitución, elaborada por el MAS, garantiza la vigencia de todas las formas de propiedad (tanto estatal como privada y comunitaria), el respeto a los inmensos latifundios productivos que son la fuente de la pobreza campesina y el minifundio, el respeto a la inversión extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la reelección de Morales.
En este texto constitucional no hay lugar para la revolución agraria ni para la estatización de la minería ni los hidrocarburos. La nueva Constitución apuntala, en el fondo, la perspectiva gubernamental de impulsar el capitalismo andino, en la visión de Morales de convertir a Bolivia en un socio confiable de las transnacionales. En la concepción gubernamental, la industria petrolera, minera, agroindustria, banca, servicios de telecomunicaciones, energía, industrias seguirán en manos de las grandes compañías privadas transnacionales, algunas de ellas con fuertes lazos con el capital boliviano
Ilegalidad de consultas autonómicas
Una tercera ley señala que el Congreso Nacional es la única instancia democrática facultada para convocar a referéndum departamental sobre los estatutos autonómicos, por lo que ratifica la ilegalidad con la que estaban operando los prefectos y organizaciones empresariales y cívicas del oriente y los valles.
La norma establece que mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular, será el Congreso quien llame a consultas departamentales.
La ley interpretativa sancionada, que cuenta de un solo artículo, señala en su artículo 1.- "Se interpreta el artículo 6to. parágrafo 3ro. de la Ley No. 2769 en sentido de que en tanto no existan gobiernos departamentales, entendiéndose a estos como gobiernos conformados por órganos ejecutivos y órganos deliberantes elegidos ambos por voto popular, en el marco de la autonomía departamental, el referéndum departamental será convocado exclusivamente por el Congreso Nacional".La conspiración no cesa
Desde las primeras horas de este viernes, las principales cadenas de televisión y radios difundían profusamente las declaraciones de la dirigencia cívica, política y empresarial ligada a la oligarquía que ratificaba su rechazo a las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por Evo Morales.
Casi todos ellos convocaban a la “resistencia civil” y aseguraban que “los procesos autonómicos no se detendrán ni a bala”.
El Congreso no frena la rebelión oligárquica
El Parlamento, dominado por el MAS, convoca a referéndum sobre la nueva Constitución e ilegaliza las consultas autonómicas separatistas. Desde las regiones llaman al desacato y siguen armando sus propios gobiernos
Redacción de Econoticiasbolivia
La Paz, 29-2-08
http://www.econoticiasbolivia.com/
Intentando frenar la subversión de la oligarquía separatista, con la que aún pretende concertar una gran alianza nacional aunque ahora desde una posición de más fuerza, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó esta mañana tres leyes que, por una parte, convocan para el domingo 4 de mayo a un referéndum nacional sobre su propuesta de nueva Constitución Política del Estado y que, por otro lado, ponen al margen de la ley las consultas autonómicas convocadas por los opositores.
De inmediato, los dirigentes cívicos, empresariales y regionales, alineados con las fuerzas de la oligarquía del oriente y los valles, rechazaron las medidas y ratificaron sus proyectos autonómicos orientados a consolidar el poder que ya de facto ejercen en cuatro de los nueve departamentos del país.
Usando a plenitud su mayoría parlamentaria, y en medio de presiones y golpes contra los opositores, la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) había aprobado al atardecer del jueves tres leyes: una modificatoria para llevar adelante simultáneamente dos referéndums (el domingo 4 de mayo), una segunda ley de convocatoria para la consulta constituyente (para definir si se aprueba o no la propuesta gubernamental de Constitución Política del Estado) y dirimitoria (para definir si los latifundios tienen una extensión de 5 mil o 10 mil hectáreas), y una tercera ley interpretativa referida a la convocatoria de referéndum departamental que anula los referéndums autonómicos regionales.
"Ahora el pueblo es quien debe definir con su voto si aprueba o rechaza la nueva Constitución Política del Estado", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, quien convocó otra vez a los opositores a llegar a un acuerdo para juntar las demandas populares con las exigencias empresariales.
En respuesta, el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz (de la ultraderechista Podemos), calificó las tres leyes de ilegales. “La nueva Carta Magna que pretende imponer el MAS no será acatada por la población”, dijo, mientras los los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez, ratificaron que proseguirán con sus referéndums autonómicos a pesar de lo definido por el Parlamento.
Costas dijo que la aprobación de los referéndums por el Congreso Nacional responde a "la desesperación del Gobierno por su fracaso en su intento totalitario. Tras lo sucedido, todo el país va a volcar sus ojos a los procesos de autonomía con más esperanzas".
“Es un atropello, es un golpe a la democracia”, agregó Ortiz, quién convocó a la “resistencia civil. Ya no estamos viviendo en democracia”.
Referéndum y autonomía
Este jueves, al fracasar la solicitud de tregua planteada por el gobierno y que sólo había servido para envalentonar más a la oligarquía, el plenario del Congreso Nacional sancionó dos referéndums para el 4 de mayo, el constituyente y el dirimidor, además de la ley interpretativa sobre la convocatoria de referéndum departamental.
En la Ley de Referéndum Dirimidor se establece la consulta para restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de un reducido número de latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años la mayor parte de ellos (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento).
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, un centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
De aprobarse la consulta popular, dejando en 5 mil o 10 mil hectáreas la extensión máxima del latifundio individual, la mayor parte de los clanes familiares mantendrán la propiedad de todas sus tierras, por lo que su poder y dominio sobre el territorio se mantendrá sin excesivas modificaciones.
Nueva Constitución
El proyecto de nueva Constitución, elaborada por el MAS, garantiza la vigencia de todas las formas de propiedad (tanto estatal como privada y comunitaria), el respeto a los inmensos latifundios productivos que son la fuente de la pobreza campesina y el minifundio, el respeto a la inversión extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la reelección de Morales.
En este texto constitucional no hay lugar para la revolución agraria ni para la estatización de la minería ni los hidrocarburos. La nueva Constitución apuntala, en el fondo, la perspectiva gubernamental de impulsar el capitalismo andino, en la visión de Morales de convertir a Bolivia en un socio confiable de las transnacionales. En la concepción gubernamental, la industria petrolera, minera, agroindustria, banca, servicios de telecomunicaciones, energía, industrias seguirán en manos de las grandes compañías privadas transnacionales, algunas de ellas con fuertes lazos con el capital boliviano
Ilegalidad de consultas autonómicas
Una tercera ley señala que el Congreso Nacional es la única instancia democrática facultada para convocar a referéndum departamental sobre los estatutos autonómicos, por lo que ratifica la ilegalidad con la que estaban operando los prefectos y organizaciones empresariales y cívicas del oriente y los valles.
La norma establece que mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular, será el Congreso quien llame a consultas departamentales.
La ley interpretativa sancionada, que cuenta de un solo artículo, señala en su artículo 1.- "Se interpreta el artículo 6to. parágrafo 3ro. de la Ley No. 2769 en sentido de que en tanto no existan gobiernos departamentales, entendiéndose a estos como gobiernos conformados por órganos ejecutivos y órganos deliberantes elegidos ambos por voto popular, en el marco de la autonomía departamental, el referéndum departamental será convocado exclusivamente por el Congreso Nacional".La conspiración no cesa
Desde las primeras horas de este viernes, las principales cadenas de televisión y radios difundían profusamente las declaraciones de la dirigencia cívica, política y empresarial ligada a la oligarquía que ratificaba su rechazo a las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por Evo Morales.
Casi todos ellos convocaban a la “resistencia civil” y aseguraban que “los procesos autonómicos no se detendrán ni a bala”.
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