ARGENTINA: 1. Benjamín Menéndez afrontará un juicio oral en Córdoba. 2. Cinco fusiladores sin coartada. 3. "Olor a muerte". 4. "Algo se preparaba"

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Miércoles, 12 de Marzo de 2008

El comandante del III Cuerpo de Ejército de la última dictadura militar, general Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete ex represores serán sometidos a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro de detención "La Perla".

Así lo resolvió hoy la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano, al clausurar la instrucción de la denominada "causa Brandalisis", por homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos, elevándola a la vez a la etapa de debate en audiencias.

También se sentarán en el banquillo los siguientes militares: el coronel retirado y jefe de Inteligencia del Ejército en Córdoba, Hermes Oscar Rodríguez, "Salame"; el jefe de "La Perla", Jorge Exequiel Acosta, "Sordo"; Luis Alberto Manzanelli, "El hombre del violín"; Carlos Alberto Vega "Vergara"; Carlos Alberto Díaz, "Hachebe"; Oreste Valentín Padován, "Chino".El agente civil de inteligencia del Ejército, Ricardo Alberto Ramón Lardone, "Fogo", también tendrá un asiento entre los acusados.

"Cachorro" Menéndez, de 82 años, practicaba una ideología ultranacionalista y católica, encabezando la denominada "ala dura" del régimen de las Juntas Militares, a tal punto que alentaba el enfrentamiento bélico con Chile, a fines de 1978, por el diferendo limítrofe a raíz del Canal de Beagle.En esta causa se investiga el secuestro en noviembre de 1977 de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Raúl Cardozo, y el traslado de ellos al campo de concentración "La Perla", que funcionaba en el dependencias del III Cuerpo de Ejército, donde recibieron torturas.

El 15 de diciembre, los cuatro fueron trasladados hasta la esquina de Colón (por entonces avenida Ejército Argentino) y Sagrada Familia de la capital cordobesa, donde los militares simularon un "enfrentamiento" con el que intentaron justificar el asesinato, en una práctica que los represores habían bautizado como "Operativos Ventilador".

Los cuerpos terminaron enterrados clandestinamente en fosas comunes del cementerio de San Vicente, hasta que en 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el de Palacios, cuyos restos fueron entregados, en noviembre del 2004, a sus hijas Soledad y Valeria que son querellantes con el patrocinio del abogado Claudio Orosz.

El letrado dijo que la decisión de la jueza Garzón de Lascano es "inapelable", por lo que en el transcurso de dos o tres días, cuando se termine de notificar a las partes, se sorteará a cuál de los dos tribunales orales federales de Córdoba le tocará hacerse cargo del juicio.

"Es el primer juicio a Menéndez en Córdoba. Lo importante también es que las víctimas están desaparecidas, salvo en el caso de Ilda Flora Palacios, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense del cementerio San Vicente", agregó.

Por Nora Veiras.

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El juez Sastre ratificó la prisión preventiva y procesó por homicidio a los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y al cabo Carlos Marandino. El contraalmirante Mayorga, "cómplice necesario". El penal de Marcos Paz, donde están alojados militares y policías represores, tendrá nuevos internos. El juez federal Hugo Sastre procesó a cinco marinos retirados por la Masacre de Trelew, en la que fueron fusilados diecinueve guerrilleros el 22 de agosto de 1972. A partir del encuadramiento de los crímenes como "delitos de lesa humanidad", les ratificó la prisión preventiva y dispuso embargos de más de dos millones de pesos a cada uno.

Los oficiales Luis Emilio Sosa, EmilioJorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y el suboficial Carlos Amadeo Marandino, fueron señalados como "probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado". El contraalmirante Horacio Alberto Mayorga, será juzgado como "cómplice necesario" por "haber dictado las normas generales" para el trato de los presos. En los considerandos del fallo, el juez destacó "la falta de colaboración y disposición a la que el Tribunal se ha visto sometido, por parte de la Armada Argentina durante los pasos de esta difícil investigación".

En la última carilla de la resolución de 44 páginas, el juez federal de Rawson, Chubut, dispone el traslado y alojamiento de Sosa, Paccagnini, Del Real y Mayorga al penal de Marcos Paz. Tras una minuciosa enumeración del testimonio de testigos y fusiladores, Sastre desarmó el relato oficial de la Armada que durante casi treinta y seis años justificó la masacre en un supuesto intento de fuga.

El 15 de agosto de 1972 se había producido la fuga de 25 presos de distintas organizaciones armadas del penal de Rawson. Los seis que integraban la conducción de ERP, Montoneros y FAR lograron abordar un avión de línea en el viejo aeropuerto de Trelew y llegaron a Santiago de Chile. Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna terminaron en Cuba. Los otros 19 llegaron cuando la nave ya estaba decolando, tomaron de rehenes a pasajeros que estaban en el aeropuerto. Intervinieron los militares apostados en la Base Naval Almirante Zar. El capitán Luis Sosa,a cargo de las tropas se puso al frente de las negociaciones, quienes se entregaron ante la presencia del entonces juez federal Alejandro Godoy y de un médico.

Sosa les había dado su "palabra de honor": serían llevados nuevamente al penal de Rawson. El compromiso se diluyó apenas los subieron a un micro de la Marina. Por orden superiores fueron llevados a la base naval. El 22 de agosto, Sosa acudió al lugar donde estaban los prisioneros "aproximadamente entre las 2.30 y las 3.30 horas, en compañía del teniente Bravo, Emilio Del Real, entre otros, y luego de que abrieran las puertas de las celdas se abrió fuego contra los detenidos", señaló el juez en la resolución.

"La versión que ha transmitido el imputado Sosa, sólo tiene asidero en sus propios dichos", advirtió el juez al desestimar la supuesta agresión que habría sufrido el oficial y que, en la versión oficial, había sido el detonante del fusilamiento.

"Ninguno de los imputados convocados por este tribunal, y que estuvieron presentes en el momento del hecho, hasta ahora ha manifestado que Sosa fue agredido -Del Real no declaró y Marandino le atribuyó a Sosa haber disparado una ametralladora PAM contra los detenidos.

En sus declaraciones Paccagnini (jefe de la Base Naval en aquel momento) y Mayorga (responsable máximo del área), repiten lo que Sosa les dijo, el primero por lo que éste le contó y el segundo por lo que el entonces Jefe de Base le expresó. así se desprende de sus respectivas declaraciones indagatorias. Esta hipótesis no es otra que la semilla que diera origen a la explicación oficial dada a conocer por la Armada Argentina y que sostuvo el gobierno de facto, a través del presidente Alejandro Agustín Lanusse en esa época", sintetizó el magistrado.

El Mayorga insistió en su declaración ante el juez en que el fusilamiento es "una falsedad propagandística" porque en ese caso no hubiera habido sobrevivientes. El contraalmirante fue procesado como partícipe necesario por haber sido el responsable de ordenar medidas de "máxima seguridad" al capitán Paccagnini.

"Se recurriría a las armas aún cuando hubieran tomado rehenes para facilitar el canje", dijo el alto oficial que llegó a denunciar que se habría pagado a algún suboficial para denostar a la Marina.

El único de los imputados que sigue prófugo es el teniente de navío retirado Roberto Bravo. Página/12 reveló que Bravo vive en Florida, Estados Unidos, es dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de ese país. A través de sus abogados, Bravo se mostró dispuesto a declarar en los Estados Unidos y repitió la versión oficial.

El cabo Marandino dijo en su declaración que dos oficiales en actividad de la Marina, Juan Martín Poggi y Angel Vázquez, lo citaron al Edificio Libertad en octubre pasado para ponerlo al tanto de su situación en la causa por la Masacre de Trelew. Ambos capitanes fueron interrogados por el juez Sastre y ratificaron que se reunían institucionalmente con todos los camaradas involucrados en "delitos de derechos humanos".

Página/12 informó sobre el funcionamiento de ese, conocido en la jerga, "Grupo de contención"y por decisión del Ministerio de Defensa todos los ocupados de esas tareas fueron pasados a retiro o a disponibilidad (ver aparte).

El fallo de Sastre señaló que "familiares de las víctimas sufrieron la persecución en los años sucesivos, como también sus abogados defensores, debiendo algunos exiliarse y otros siendo eliminados como el caso de la familia de Mariano Pujadas (uno de los presos fusilados)". El juez también destacó la actitud cómplice de la Armada que "a Bravo, Sosa, Del Real, Herrera y Marandino, se los cambió de destino en forma repentina (...) Y llama la atención que en el caso de los dos primeros y de Marandino, se los haya enviado a la Agregaduría Naval de la embajada argentina en los Estados Unidos, país en el que Bravo y Marandino hicieron su vida desde hace treinta y cinco años, regresando solamente Sosa (...) Llama la atención que Marandino, luego de obtener el retiro, haya sido contratado por la propia Agregaduría Naval, desempeñando funciones como chofer hasta hace aproximadamente dos años (...) Estos datos son indicativos de la protección brindada a los imputados, otorgándoles un manto de impunidad durante todos estos años".

Por Adriana Meyer.

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Duhalde recuerda que al llegar a Trelew se sentía que iba a haber un escarmiento. "Es una decisión histórica para la Justicia argentina." El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, calificó así la resolución del juez Hugo Sastre de procesar a los acusados por la Masacre de Trelew. El funcionario opinó que el fallo fue "profundo, riguroso, sólidamente razonado y fundado".

Desde Trelew, Duhalde rindió homenaje a los tres sobrevivientes "que no callaron y en las peores circunstancias sostuvieron la verdad de lo ocurrido hasta que fueron asesinados o desaparecidos, y también a los familiares de las víctimas que durante más de tres décadas exigieron justicia".

La relevancia del fallo consiste, según el secretario, en que dio por probado que la decisión de asesinar a los detenidos como política de escarmiento fue tomada por las más altas autoridades del Estado, encabezadas por Alejandro Agustín Lanusse. Y también en que calificó el hecho como crimen de lesa humanidad.

-¿Qué imagen le viene de aquellos días en Trelew y Rawson?

-La impotencia de ver que se acercaba el escarmiento, el final de la vida de ellos y no se podía hacer nada, terminamos presos noso-tros. Y sentimos que iba a ser brutal porque en el aire había olor a muerto. Todo era un anuncio, la ciudad estaba tomada, ocupada por las fuerzas conjuntas. Uno vivió la inutilidad de ser abogado, no había nada por hacer.

-¿Usted declaró como testigo en la causa?

-Sí, declaramos todos los abogados que participamos en aquella defensa, Mattarollo, González Gartland, y declaró también Solari Yrigoyen. Pero estamos empujando esta causa desde hace bastante tiempo, acompañando prueba quincenalmente, y además pedimos la captura del secretario de la Junta Militar, brigadier mayor Ezequiel Martínez, y del ministro de Defensa de la dictadura de Lanusse, Eduardo Aguirre Obarrio.

-¿Qué fue lo determinante para llegar a este resultado?

-Lo más importante fueron las declaraciones de los conscriptos, que estaban en aquel momento en la base, que hablaron y dieron detalles.

-¿A qué se debe que hayan aparecido ahora?

-A todo el clima nacional de juzgamiento, y allá también hubo movilización con la reinauguración del aeropuerto y el aniversario. Todo eso ha sido muy importante. Y un juez dispuesto a ir hacia adelante.

-Respecto de los marinos, ¿qué cree que pasó?

-Bueno, uno solo habló, que es Marandino. Aunque Sosa también, en la medida que dice 'yo no tiré' involucra a los otros. O cuando señala que la orden de no llevarlos de nuevo al penal la recibió de Lanusse, a través de los generales Betti y Mayorga. Todo eso va configurando que se resolvió en los niveles más altos. En ese sentido van las detenciones que pedimos.

-¿Hasta dónde se puede subir en esa cadena de mandos?

-Lo que pasa es que están todos muertos. Estos dos, Aguirre Obarrio y Martínez, son los más relevantes que quedan.

-¿Pensó que este escenario era posible?

-Siempre fui optimista, pero realmente estamos sorprendidos con lo que se ha podido avanzar. Es un hecho histórico porque la masacre de Trelew es un agujero negro, un hecho emblemático, una deuda enorme, uno de los secretos mejor guardados de la Marina, y el comienzo sistemático del Terrorismo de Estado.

Por Adriana Meyer.

PAGINA 12. ARGENTINA.

En agosto de 1972, Mattarollo viajó a Trelew para asistir a su defendida. Rodolfo Mattarollo fue uno de los abogados que viajó a Trelew entre la fuga y la masacre. Tenía 30 años, era defensor de presos políticos de distintas ideologías, en aquel caso lo fue de María Angélica Sabelli, una de las militantes fusiladas. Reabierta la causa declaró como testigo sobre las gestiones infructuosas que hicieron en aquel momento, que revelaban ya "la gestación de un crimen de lesa humanidad como anticipo del plan criminal que se aplicaría con la Junta Militar a partir de 1976", según recordó en diálogo con Página/12.

Mattarollo, ex subsecretario de Derechos Humanos, militaba en la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires.-

¿Qué pasó en aquel viaje?

-Intentamos entrar a la cárcel de Rawson para ver a los presos pero fue imposible, lo mismo pasó en la Base Almirante Zar. Viajamos en remises porque no había pasajes. Intentamos ver a nuestros defendidos, a María Angélica, de quien tengo un recuerdo imborrable, de su sonrisa, de su juventud. Era profesora de matemáticas, una de las víctimas asesinadas ese 22 de agosto. Intentamos hacer una conferencia de prensa, pero volaron con una bomba el estudio de un colega que nos lo había facilitado. Nos dimos cuenta de que teníamos que volvernos. Lo habían detenido a Mario Abel Amaya, luego asesinado bajo la dictadura, abogado radical, muy valiente. A nosotros también nos llevaron a una comisaría pero luego nos liberaron.

-¿Volvieron frustrados?

-Tuvimos la sensación de que algo se preparaba, lo denunciamos y, lamentablemente, lo anticipamos. Había un clima ominoso: un juez que no nos recibe, una cárcel imposible de acceder, una bomba en un estudio, un cuadro muy nefasto. Cuando llegamos a Buenos Aires nos encontramos con la noticia (de la masacre), y ponen otra bomba en la Asociación de Abogados, por eso dimos la conferencia de prensa en la calle.

-¿No había nada más que hacer?

-En Rawson y Trelew no. Acá sí. Había un clima tal de enfrentamiento con la dictadura, fueron tan burdas las explicaciones que dieron, diferentes y contradictorias, sobre lo ocurrido. Había una gran repulsa de vastos sectores, el sindicalismo clasista y combativo, los curas del Tercer Mundo, protestas en las universidades, periodismo de investigación e intelectuales que abrazaban la causa popular. Era una situación de conmoción que no nos permitió el desaliento.

-¿Qué fue lo determinante para llegar a estos procesamientos?

-Se está derribando el muro de la impunidad, después del Juicio a las Juntas, es el proceso más importante porque remonta a los orígenes del terrorismo de Estado. Trelew fue un ensayo de eso, y por eso constituye un crimen de lesa humanidad, porque anticipa un plan sistemático como el que se comprobó en el Juicio a la Juntas. Es el resultado del clima de lucha contra la impunidad. Pero para nosotros mismos fue inesperado. Es la realización de una larga aspiración de verdad y justicia, que ya parecía un capítulo cerrado. Para los familiares que sobreviven, como Alicia Bonet que vive en Francia, es una experiencia inimaginable que pudiera llegar este día.