Chile - Justicia intentó arrestar a Ejecutivos salmoneros por realizar práctica ilegal contra huelga laboral

A pesar que el hechó no se ejecutó por que faltó solo la firma de la Jueza para que la policía procediera al arresto, la acción legal sigue su curso. La semana pasada la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de amparo de la compañía salmonera.
En la foto aparecen las trabajadoras y trabajadores de un centro de cultivo en la localidad de Compu, al norte de Quellón.
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Chiloé, 27 de diciembre de 2007. (Ecoceanos News)— En un hecho sin precedente, el Juzgado de Letras de Castro decretó una orden de arresto contra cuatro representantes de la empresa salmonera Holding & Trading, en medio de la huelga del sindicato de trabajadores que se realizó por cerca de un mes en protesta por las bajas remuneraciones y precarias condiciones laborales.
La acción legal se produce porque la empresa del ex senador Francisco Javier Errázuriz no respetó la orden judicial de no reemplazar las funciones de los huelguistas, práctica ilegal que ya había sido sancionada por la Inspección Provincial del Trabajo de Castro. Sin embargo, la detención de los ejecutivos no se llevó finalmente a efecto, pues el oficio no se firmó.
Pero la orden de arresto sigue su curso, lo que deberá ser resuelto por el tribunal a través de una sentencia definitiva. Esto luego que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazara el 19 de diciembre un recurso de amparo de la compañía salmonera contra la Jueza (s) Jacqueline Muñoz, quien decretó la orden judicial.
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SEGUIDILLA DE ILEGALIDADES
En entrevista con Ecoceanos News, el abogado de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro, Jaime Calderón, explicó que junto a la denuncia por práctica desleal efectuada el 26 de noviembre ante el Juzgado de Letras de Castro, se pidió la medida precautoria de retiro inmediato de los trabajadores que estaba ejerciendo funciones ilegales de reemplazo, lo que fue acogido por el tribunal. El 3 de diciembre los fiscalizadores de la Inspección concurrieron a los centros de cultivo con carabineros para hacer cumplir la medida.
Pero “el 5 de diciembre se verifica que la empresa salmonera continúa con el reemplazo ilegal de funciones de extracción de mortalidad, alimentación de peces y tripulación de embarcaciones, por lo tanto pedimos que se aplique el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil que establece el efecto que tiene desobedecer una orden judicial, que contempla arresto hasta de 2 meses”.
El abogado agrega que “el gerente de la empresa Holding & Trading Roberto Pradena envía correos electrónicos Nélson Gómez y Alexis Calbucan, jefe y asistente de centros de cultivo, señalándoles que debían reanudar las faenas de inmediato tal como lo venían haciendo”.
Es decir, “están confesando extrajudicialmente que el reemplazo ilegal de funciones lo estaban haciendo desde que empezó la huelga el 14 de noviembre, y que estaba todo conversado con la jueza (s), el Capitán de Puerto y el Gobernador Marítimo. Situación que es gravísima porque hacen creer que hay una contraorden del tribunal”, acota el jurista.
Jaime Calderón afirmó que “la empresa ha ido cada vez con conductas más graves. Primero pasa por sobre la ley, después desobedece órdenes judiciales, y finalmente despide el 11 de diciembre a cuatro trabajadores de la empresa que no están afiliados al sindicato, por tanto no participaron de la huelga. Estos trabajadores estuvieron realizando las funciones de los huelguista, y cuando saben de la orden judicial se niegan a ingresar a los centros de cultivos, porque no quieren hacerse cómplices en un desacato”.
Ante la insistencia de la empresa de Errázuriz de desmentir las infraccionalidades que se le imputan, el abogado explicó que “cuando recargas de trabajo a cuatro o cinco operarios que están haciendo la labor de 20 huelguistas, es reemplazo ilegal para la Dirección del Trabajo”.
También se incurre en esta práctica ilegal, “cuando le alteras el trabajo, le cambias la naturaleza de sus funciones, es decir cuando encuentras un buzo dando alimento a los peces, el mismo buzo al otro día tripulando embarcaciones, sin las autorizaciones de la Autoridad Marítima. Además, cuando la empresa externaliza el servicio de buceo, porque hay tres buzos en huelga”.
“Se puede aceptar entre comillas que los trabajadores lleguen con las manos vacías al final de la huelga, porque son las reglas del juego de esta negociación colectiva que tenemos en Chile. Es una legislación que necesitamos todavía sea reformada para que los trabajadores efectivamente puedan ejercer sus derechos (…) pero lo que no se puede aceptar es que la empresa pase por sobre la ley y después despida trabajadores que se niegan a trabajar por haber una orden judicial”.

Durante la audiencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la empresa planteo que dicha orden afectaba la libertad personal del gerente de la compañía Roberto Pradenas, el representante Carlos San Juan, más un jefe de centro y un asistente. Además, alegó que la Jueza había tenido presente solo los informes de fiscalización de la Inspección el Trabajo y las declaraciones de los presuntamente afectados, faltando la versión de la empresa.
Pero tal alegato no tiene sustento alguno puesto que “los fiscalizadores son ministros de fe y sus informes tienen presunción de veracidad, incluso para la prueba judicial, de acuerdo al Código del Trabajo”.
La Dirección del Trabajo se hizo parte del alegato por considerar que era conveniente hacer presente a los Ministros de la Corte todo el proceso en el marco la denuncia por “práctica desleal” en contra de la compañía salmonera.
El abogado Calderón llamó a la conciencia del tribunal respecto a que existe un conflicto entre derechos fundamentales de los trabajadores y derechos de propiedad porque la empresa alega que los salmones no pueden morir. “En este estado de derecho lo más importante son las personas, más que los salmones”.
Aunque el fin de la orden de arresto decretada en contra de los representantes de la empresa Holding & Trading era ser usada como última herramienta de presión durante la huelga de los trabajadores, la sentencia definitiva que deberá emitir el Juzgado de Letras de Castro al respecto sigue siendo considerada un punto importante para la batalla judicial.