Chile: A propósito del día del detenido desaparecido

“Desaparecer” es desvanecerse, cesar de existir, perderse. Pero las personas “desaparecidas” no se han
desvanecido simplemente. Alguien, en algún lugar, sabe lo que les ha pasado. Alguien es responsable.

Las desapariciones forzadas no son una cosa del pasado. Continúan en todo el mundo – en Argelia, Nepal, Rusia, Sri Lanka, la antigua Yugoeslavia – sólo por nombrar algunos países. Los Estados Unidos, a veces actuando en complicidad con otros gobiernos, ha llevado a cabo desapariciones forzadas de sospechosos de actos terroristas. Quienes cometen estos crímenes casi en todos los casos han actuado en completa impunidad.
Cada desaparición forzada implica una larga lista de violaciones de derechos humanos: el derecho a la seguridad y a la dignidad de las personas; el derecho a no ser objeto de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a condiciones humanas de detención; el derecho a una personalidad legal; así como el derecho a un juicio justo y a una vida en familia. De hecho, también afecta el derecho a la vida, ya que a menudo las persona desaparecidas son asesinadas.
El 30 de agosto de cada año es el Día Internacional de las personas detenidas desaparecidas. Recordamos a quienes han desaparecidos y a sus familiares, y renovamos nuestro compromiso de actuar para que las personas desaparecidas sean puestas en libertad o enfrenten un juicio justo si están acusados válidamente por un delito. También, para que los perpetradores de las desapariciones forzadas enfrenten la justicia.
Es el caso de Colombia, en donde 43 personas fueron secuestradas desde la comunidad de Pueblo Bello en el departamento de Antioquia en Enero 14 de 1990 por 60 paramilitares armados. Este hecho fue supuestamente realizado en represalia por el robo de ganado perteneciente a un comandante paramilitar. Las 43 personas fueron llevadas a una granja en donde se estima fueron asesinadas. En camino a esta granja, los paramilitares no fueron parados en un punto de control militar, a pesar de reportes de que gritos provenientes de los camiones podían ser escuchados.
Posterior a las exhumaciones, seis cuerpos fueron identificados como víctimas de los secuestros de Pueblo Bello. El paradero de las 37 víctimas restantes se desconoce. Algunos paramilitares han recibido sentencias de prisión por la muerte de las seis personas identificadas. Sin embargo, los perpetradores responsables por las desapariciones forzadas de las otras víctimas han quedado en la impunidad.
En Enero del año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que, el gobierno colombiano ha fallado en cuanto a su obligación de garantizar los derechos de la gente afectada. La Corte fue clara al mantener a su vez, la convicción de que las fuerzas armadas estuvieron implicadas en el caso. Concluyendo que, el estado era responsable de fomentar el desarrollo de estructuras paramilitares y por ende, de la creación de una situación de riesgo para las comunidad de Pueblo Bello.
En Diciembre 2006, la ONU adoptó un fuerte tratado de derechos humanos- la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de Desapariciones Forzadas. Esto apunta a prevenir desapariciones forzadas, estableciendo la verdad cuando este tipo de crimen ocurre, castigar a los perpetradores y proporcionar reparaciones a las víctimas y sus familias.
La comunidad internacional debe ahora asegurar que la Convención sea ratificada y efectivamente implementada en todo el mundo.
En Chile, el 30 de agosto, fue declarado “Día Nacional del Detenido Desaparecido”, por decisión de la presidenta Michelle Bachelet, en 2006. En su día, Amnistía Internacional saludó la decisión del Gobierno de Chile; pero recordó –y lo reafirma hoy- a las autoridades del Estado la importancia de anular la “ley de amnistía” y que facilite todos los medios necesarios para que la verdad y la justicia prevalezcan y la reparación sea apropiada y proporcional.