Chile: ¿Porqué el gobierno chileno le teme al periodismo de denuncia...?
Porque el gobierno chileno le teme al periodismo de denuncia... y mantiene cerrado "EL Clarin" diario mas popular en su tiempo en todo suramerica. EM.
Recibido de eugmunoz@telus.net
El Clarin: Por qué el gobierno chileno quiere mantener cerrado un periódico de izquierda (piensachile.com)
por John Dinges (Columbia Journalism Review)
Pay estuvo entre los cientos de chilenos a quienes se les ordenó entregarse a las nuevas autoridades militares. Muchos de los que obedecieron esta orden fueron ejecutados. Habiendo sobrevivido el trauma de España, Pey no estuvo tentado de entregarse voluntariamente. Se ocultó por varios días y eventualmente obtuvo asilo en la embajada de Venezuela. Se le permitió abandonar el país bajo protección de la embajada, pero se le retuvo su pasaporte, convirtiéndolo efectivamente en un apátrida. La "limpieza" política de los medios de comunicación chilenos fue completa. En total, doce publicaciones impresas fueron cerradas y cuarenta radio-estaciones silenciadas. El personal de los tres canales de televisión fue purgado y puesto bajo control militar. En medio de una gran publicidad, en 1975 la Empresa El Clarín fue oficialmente confiscada sin ninguna compensación, usando un decreto de la Junta diseñado para liquidar todas las propiedades pertenecientes a los partidos políticos y a los sindicatos. Las acciones de los militares que en aquel momento intentaron desacreditar a Pey como una simple herramienta del presidente marxista, han suministrado incluso, en otra cuota de ironía, alguna de la más poderosa evidencia a favor de la lucha de Pey contra el gobierno actual. Para justificar la confiscación, un funcionario del gobierno de Pinochet anunció públicamente que los documentos de propiedad de El Clarín habían sido descubiertos en la oficina privada de Víctor Pey. Los papeles, consignó el funcionario en una declaración escrita, mostraban que Pey, no Sainte Marie ni los tres otras personas cuyos nombres aparecían aún en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, era el verdadero propietario de El Clarín. Los documentos, encontrados en una caja fuerte, tenían las firmas de Sainte-Marie y de los otros, y mostraban que aquellos cuatro habían renunciado a sus títulos sobre todas las acciones de El Clarín, y que en efecto, era Pey el poseedor de los documentos. "Basados en esta evidencia ... el resultado es que fue Víctor Pey quien compró la Empresa Periodística El Clarín, haciendo pagos de 780. 000 dólares americanos [y] 500.000," declaró el funcionario.
Aquí es donde el asunto estaba en 1990. Con un gobierno democrático en el poder, Pey se movió para recuperar El Clarín. Al principio todo fue muy bien. Una orden judicial le devolvió los documentos de propiedad que habían sido preservados por el gobierno militar. Con los papeles en la mano, Pey inició el proceso de restitución que pensó inicialmente sería amistoso. Debería ser un proceso simple, dijo en aquel tiempo: "Me lo quitaron por decreto, pueden restituírmelo por decreto" Pey prometió que él no tenía intenciones de quedarse con el dinero. "He dicho que en el momento en que tenga suficientes recursos voy a publicar el diario El Clarín, que defenderá intereses que coinciden de algún modo con los intereses del actual gobierno de la Concertación" . Como una garantía de sus intenciones, Pey donó el 90 por ciento de la propiedad de El Clarín a la Fundación Salvador Allende de Madrid, una organización de derechos humanos sin fines de lucro fundada en España. El socio de Pey en el esfuerzo por recuperar El Clarín es una historia en sí mismo. El es Joan Garcés, el abogado español que diseñó la estrategia legal que resultó en el arresto de Pinochet en Londres en 1998. Garcés sirvió como consejero político de Allende hasta el Golpe, y es el presidente y co-fundador de la
Fundación Salvador Allende. Luego de que pasaron varios años sin ningún progreso en su demanda en Chile, Pey y Garcés probaron otra táctica. En noviembre de 1997, Pey, un ciudadano español, y la Fundación, presentaron una demanda en contra el gobierno chileno en el Internacional Centre for Settlement of Investment Disputes (Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión) (ICSID), una organización arbitral, ubicada en el Banco Mundial, en Washington, D.C. La demanda pone al gobierno chileno en un doble aprieto. De un lado, no puede oponerse a la arbitración, a la cual está comprometido por un tratado con España, sin enviar una señal negativa a los inversores extranjeros interesados en la boyante economía chilena. En casos de confiscación el proceso de arbitración permite la restitución no sólo de la propiedad en sí, sino también de las ganancias no obtenidas. Así, la demanda de Pey fue inicialmente establecida en la estratosférica cantidad de 517 millones de dólares, aunque los tres jueces de la arbitración asignados al caso establecerán cualquier arreglo final. De otro lado, el gobierno chileno no se sintió libre de negociar un arreglo menor por medio de conversaciones directas con Pey por temor a la ira de los poderosos partidos derechistas
chilenos y su aliado, El Mercurio. Campanas de alarma sonaron dentro de la Concertación. De acuerdo con un ex funcionario de gobierno directamente involucrado, los líderes de la Concertación advirtieron al entonces presidente Ricardo Lagos que si el gobierno no daba una fiera batalla, empleando los mejores abogados internacionales, podría ser acusado de "algún tipo de connivencia con la Fundación Salvador Allende de España". En realidad tales acusaciones se materializaron muy pronto, no sólo desde la derecha sino también desde la Democracia Cristiana, el gran partido centrista que es el pilar de la coalición concertacionista. Los escritores de El Mercurio machacaron la historia, citando "rumores" de que el dinero para El Clarín iba en realidad a terminar en la tesorería del Partido Socialista chileno. Las advertencias pusieron en movimiento una contra-estrategia para evitar un arreglo con Pey y la Fundación. Esta consistió en pagarle una cantidad menor a otros demandantes en Chile, basados en la teoría legal de que una vez que el caso hubiera sido resuelto administrativamente en Chile, el proceso de arbitración en el Banco Mundial sería cerrado. En aquel momento, mediados del 1998, no había aspirantes rivales a la propiedad de El Clarín. Darío Sainte-Marie había muerto a
comienzos de los años ochenta. Su testamento, obtenido de archivos de gobierno sobre el caso entregados a mí, contiene una larga lista de cuentas bancarias y propiedades, pero ninguna mención de El Clarín. Otro hombre cuyo nombre aparecía en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Emilio González, también había muerto, y su testamento tampoco contenía ninguna demanda a la propiedad de El Clarín. Sin embargo, a los pocos meses de que Pey hubo presentado su demanda al organismo internacional de arbitración, los herederos de Sainte-Marie, González y dos otros hombres cuyos nombres aparecían en la carátula del registro, presentaron una demanda conjunta en Chile, y en tiempo record se les concedió un arreglo de 9 millones de dólares. (No es necesario decir, que ninguno de los recipientes manifestó la menor intención de publicar un periódico). La estrategia y las acciones del gobierno chileno son demasiado complejas para ser explicadas en detalle, pero sus elementos centrales fueron confirmados por dos funcionarios involucrados en el acuerdo, y por documentos de gobierno entregados a mí mediante una petición oficial, haciendo uso del equivalente chileno de El Acta [norteamericana] sobre Libertad de Información. En la forma más simple, he aquí lo que ocurrió: El comité gubernamental chileno para la Inversión Extranjera, que estaba luchando en contra del caso de arbitración de Pey en Washington, contrató un abogado para hacer el argumento legal, llamado "Un estudio en derecho", en contra de la demanda de propiedad de El Clarín por parte de Pey. El abogado hizo eso en un documento confidencial en el cual concluyó que sólo las personas cuyos nombres aparecen en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas eran los legítimos propietarios, y que puesto que Pey no registró los títulos y papeles de transferencia en su posesión, "una compra legalmente certificada" por Pey no puede ser demostrada. El mismo abogado se acercó entonces a por lo menos dos de las familias mencionadas en su reporte y las puso al tanto de los posibles beneficios financieros que recibirían si ellos se asociaban con él para presentar una demanda. De acuerdo con Roberto Mayorga, quien estaba a cargo del caso para el Comité de Inversiones Extranjeras y que contrató al abogado. "Lo que yo sé es que los herederos no estaban al tanto de que tenían derechos sobre El Clarín, y lo han sabido por medio del "Estudio en derecho" que se filtró y que concluye que ellos eran los poseedores de las acciones de la compañía propietaria del periódico". El dice que la acción del abogado al contactar a la
familia no fue ética, pero no ilegal bajo la ley chilena. A cambio de sus servicios legales el abogado y sus asociados recibieron 1.6 millones de dólares, como parte de la restitución pagada a las familias. El ministro de Bienes Nacionales de aquella época, Claudio Orrego, quien firmó el decreto administrativo por los 9 millones de dólares, también reconoció que el pago estaba vinculado a la arbitración en Washington de la demanda de Pey. "No quiero engañarlo", me dijo. "La idea fue que esto [los 9 millones de restitución a los herederos] de algún modo sancionaría el otro asunto pendiente" Dijo que el caso le fue presentado en su primer mes como ministro y que había "urgencia" de resolverlo rápidamente. "esta fue una estrategia que vino de antes de mi llegada", dijo. "Me acuerdo que el caso internacional fue invocado como uno de los factores de urgencia para poder resolver el asunto rápidamente". Al final, la táctica no funcionó. Los jueces de la arbitración del Banco Mundial se negaron a cerrar el caso. De modo que el gobierno chileno perdió 9 millones de dólares y la arbitración continuó arrastrándose por varios años más, hasta el año pasado, cuando pareció entrar en su fase final. Un borrador confidencial de la decisión de más de 100 páginas, que he leído, suministra
una fuerte indicación de que el Consejo se inclina hacia una resolución favorable a Pey. El documento declara que la venta de El Clarín a Pey fue, "sin duda la verdadera intención de las partes", y que los argumentos del gobierno chileno de que otros eran los verdaderos propietarios, "da pie, por decir lo menos, a abundantes dudas y preguntas." El Consejo de arbitraje condujo a lo que el juez que lo presidió dijo ser su última sesión en enero, y señaló que la próxima etapa será la decisión final. El juez parecía reproducir la súplica de Joan Garcés de que el tiempo se le está terminando a Pey, un hombre de noventa y dos años. "El tribunal ya ha establecido un calendario de trabajo", dijo el juez, "y somos conscientes de que es necesario terminar tan pronto como sea posible, porque este es un caso que ya ha durado demasiado, por una serie de razones que no serviría ningún propósito recordar". La decisión del tribunal de arbitraje, y el establecimiento del monto del arreglo, si es que lo hay, no está sujeta a apelación. El portavoz Ricardo Lagos Weber dijo que su gobierno aceptará la decisión cualquier que ella sea. "Chile tiene que cumplir sus acuerdos internacionales, sean éstos con el ICSID, o con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", me dijo. Si y cuando El Clarín aparezca nuevamente en las calles, tendrá que librar una dura batalla para sobrevivir en el homogéneo clima de los medios de comunicación chilenos. Otros tres periódicos han tratado y fallado, desde el retorno de la democracia, en su intento de quebrar la dominación de las dos empresas que publican El Mercurio y La Tercera, que controlan cerca del 90 por ciento de la circulación y la publicidad de los medios impresos. Ninguno de ellos consiguió atraer publicidad en la conservadora comunidad empresarial chilena. Otras tres revistas políticas semanales que habían sobrevivido, con fondos internacionales, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, colapsaron por falta de publicidad en los primeros años de la democracia. El gobierno ha proclamado una política de no intervención en cuanto a los medios de comunicación, pero en Chile el gobierno no ha sido nunca un actor pasivo en el escenario de los medios. En realidad, el gobierno aún es propietario del periódico La Nación, una reliquia que trabaja a pérdidas desde comienzos del siglo pasado cuando los medios de comunicación estatales estaban de moda en Latinoamérica. Y La Nación, con una minúscula circulación y con muy poca credibilidad periodística a causa de su conexión con el gobierno, ha sido uno de los factores que ha impedido que cualquier nuevo periódico pueda sobrevivir financieramente. Ciertamente fue un factor en la falla más reciente del Diario Siete, que cerró en junio del 2006, aunque se había ganado un gran respeto, gracias a su sólido periodismo investigativo. "Sabíamos que no habría muchos avisos privados", dice la editora Mónica González. "Los empresarios en Chile son los ideológicamente más rígidos del continente". En cambio, de acuerdo con un plan de negocios confidencial y de tres fuentes internas, el éxito de Siete dependió de la promesa del entonces Presidente Ricardo Lagos de finalmente cerrar La Nación como diario, liberando así una gran cantidad de publicidad institucional y de gobierno para el Diario Siete. Cuando Lagos terminó su período en Marzo del 2006 sin haber cumplido la promesa, los respaldos financieros de Siete, muchos de ellos prominentes figuras políticas de la Concertación le quitaron su apoyo. El propietario de La Tercera invirtió una gran cantidad de recursos en el Diario Siete, en un frustrado intento de mantenerlo a flote a pesar del disminuido apoyo de sus inversores más políticos. Aquella inversión fue una de entre una serie de acciones del propietario de COPESA iniciadas para separarse de su identificación con la derecha chilena y atraer a lectores de centro y de izquierda. Mejorías en el diseño y la cobertura de La Tercera han tenido éxito en elevar el número de lectores del diario, virtualmente a la par con los de El Mercurio. En cuanto a Víctor Pey, está algo optimista, ahora que los jueces están escribiendo finalmente una decisión, y que muy pronto pudiera "salir humo blanco". Sin embargo, es incapaz de explicar, como muchos en Chile, la resistencia a su proyecto de reeditar El Clarín. "Tienes que introducir una cosa en tu pensamiento, y es que en Chile hay alguien en cuyo interés es mejor que El Clarín no aparezca", me dijo Pey. Si fuera sólo el dinero, para seguir esta línea de pensamiento, el curso lógico para el gobierno sería simplemente ofrecerle menos a Pey. Pero las acciones del gobierno especialmente al pagar a demandantes rivales en medio de la litigación con Pey, sugiere que están en acción motivos más complicados. La teoría que escuché más frecuentemente, de periodistas y operadores políticos, apunta al poder abrumador de El Mercurio y las fuerzas económicas con las que está aliado. Ellos están resignados a no ganar elecciones, así indica la teoría, pero han concertado un acuerdo con el gobierno de acuerdo con el cual el gobierno no interfiere en el poder periodístico y económico de El Mercurio, mientras éste mantenga una cobertura crítica, pero respetuosa, de la Concertación.
No dicho pero evidente en el tono tanto de El Mercurio como de La Tercera, es que hay un compromiso de abstenerse del tipo de salvajes campañas antizquierdistas que fueron instrumentales, en el pasado, en aguijonear a los militares a entrar en acción. Esta teoría hace sentido en algunos aspectos, pero no consigo aceptar una tan impecable explicación conspiratoria, además es difícil imaginar un retorno a la violencia política en un país que ha llegado a ser el modelo de estabilidad y prosperidad económica en la región. Con todo, no puedo ignorar la flagrante pusilanimidad mostrada por varios gobiernos de la Concertación cuando la derecha política ha subido la temperatura, como lo hizo cuando la demanda de El Clarín salió a la luz. Para los funcionarios de la Concertación El Clarín es el diablo no conocido, y una amenaza potencial a un confortable modus vivendi. No importa cuán favorables y profesionales sean las promesas de Pey en cuanto a la reencarnación de El Clarín , éste no es visto como una ventaja política, menos aun como un aliado de la coalición gobiernista. Le temen al periódico de extremos, a la hoja de escándalos que todos recuerdan haber amado u odiado. Quizás en la mente de los cautos políticos chilenos, quienes están más interesados en economía que en ideología en estos días, se alberga el temor de que la existencia de El Clarín, incluso su apoyo, producirá un indeseado recuerdo de los malos tiempos de polarización y grandilocuencia que una vez condujo a Chile a la tragedia.
Fundación Salvador Allende. Luego de que pasaron varios años sin ningún progreso en su demanda en Chile, Pey y Garcés probaron otra táctica. En noviembre de 1997, Pey, un ciudadano español, y la Fundación, presentaron una demanda en contra el gobierno chileno en el Internacional Centre for Settlement of Investment Disputes (Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión) (ICSID), una organización arbitral, ubicada en el Banco Mundial, en Washington, D.C. La demanda pone al gobierno chileno en un doble aprieto. De un lado, no puede oponerse a la arbitración, a la cual está comprometido por un tratado con España, sin enviar una señal negativa a los inversores extranjeros interesados en la boyante economía chilena. En casos de confiscación el proceso de arbitración permite la restitución no sólo de la propiedad en sí, sino también de las ganancias no obtenidas. Así, la demanda de Pey fue inicialmente establecida en la estratosférica cantidad de 517 millones de dólares, aunque los tres jueces de la arbitración asignados al caso establecerán cualquier arreglo final. De otro lado, el gobierno chileno no se sintió libre de negociar un arreglo menor por medio de conversaciones directas con Pey por temor a la ira de los poderosos partidos derechistas
chilenos y su aliado, El Mercurio. Campanas de alarma sonaron dentro de la Concertación. De acuerdo con un ex funcionario de gobierno directamente involucrado, los líderes de la Concertación advirtieron al entonces presidente Ricardo Lagos que si el gobierno no daba una fiera batalla, empleando los mejores abogados internacionales, podría ser acusado de "algún tipo de connivencia con la Fundación Salvador Allende de España". En realidad tales acusaciones se materializaron muy pronto, no sólo desde la derecha sino también desde la Democracia Cristiana, el gran partido centrista que es el pilar de la coalición concertacionista. Los escritores de El Mercurio machacaron la historia, citando "rumores" de que el dinero para El Clarín iba en realidad a terminar en la tesorería del Partido Socialista chileno. Las advertencias pusieron en movimiento una contra-estrategia para evitar un arreglo con Pey y la Fundación. Esta consistió en pagarle una cantidad menor a otros demandantes en Chile, basados en la teoría legal de que una vez que el caso hubiera sido resuelto administrativamente en Chile, el proceso de arbitración en el Banco Mundial sería cerrado. En aquel momento, mediados del 1998, no había aspirantes rivales a la propiedad de El Clarín. Darío Sainte-Marie había muerto a
comienzos de los años ochenta. Su testamento, obtenido de archivos de gobierno sobre el caso entregados a mí, contiene una larga lista de cuentas bancarias y propiedades, pero ninguna mención de El Clarín. Otro hombre cuyo nombre aparecía en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Emilio González, también había muerto, y su testamento tampoco contenía ninguna demanda a la propiedad de El Clarín. Sin embargo, a los pocos meses de que Pey hubo presentado su demanda al organismo internacional de arbitración, los herederos de Sainte-Marie, González y dos otros hombres cuyos nombres aparecían en la carátula del registro, presentaron una demanda conjunta en Chile, y en tiempo record se les concedió un arreglo de 9 millones de dólares. (No es necesario decir, que ninguno de los recipientes manifestó la menor intención de publicar un periódico). La estrategia y las acciones del gobierno chileno son demasiado complejas para ser explicadas en detalle, pero sus elementos centrales fueron confirmados por dos funcionarios involucrados en el acuerdo, y por documentos de gobierno entregados a mí mediante una petición oficial, haciendo uso del equivalente chileno de El Acta [norteamericana] sobre Libertad de Información. En la forma más simple, he aquí lo que ocurrió: El comité gubernamental chileno para la Inversión Extranjera, que estaba luchando en contra del caso de arbitración de Pey en Washington, contrató un abogado para hacer el argumento legal, llamado "Un estudio en derecho", en contra de la demanda de propiedad de El Clarín por parte de Pey. El abogado hizo eso en un documento confidencial en el cual concluyó que sólo las personas cuyos nombres aparecen en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas eran los legítimos propietarios, y que puesto que Pey no registró los títulos y papeles de transferencia en su posesión, "una compra legalmente certificada" por Pey no puede ser demostrada. El mismo abogado se acercó entonces a por lo menos dos de las familias mencionadas en su reporte y las puso al tanto de los posibles beneficios financieros que recibirían si ellos se asociaban con él para presentar una demanda. De acuerdo con Roberto Mayorga, quien estaba a cargo del caso para el Comité de Inversiones Extranjeras y que contrató al abogado. "Lo que yo sé es que los herederos no estaban al tanto de que tenían derechos sobre El Clarín, y lo han sabido por medio del "Estudio en derecho" que se filtró y que concluye que ellos eran los poseedores de las acciones de la compañía propietaria del periódico". El dice que la acción del abogado al contactar a la
familia no fue ética, pero no ilegal bajo la ley chilena. A cambio de sus servicios legales el abogado y sus asociados recibieron 1.6 millones de dólares, como parte de la restitución pagada a las familias. El ministro de Bienes Nacionales de aquella época, Claudio Orrego, quien firmó el decreto administrativo por los 9 millones de dólares, también reconoció que el pago estaba vinculado a la arbitración en Washington de la demanda de Pey. "No quiero engañarlo", me dijo. "La idea fue que esto [los 9 millones de restitución a los herederos] de algún modo sancionaría el otro asunto pendiente" Dijo que el caso le fue presentado en su primer mes como ministro y que había "urgencia" de resolverlo rápidamente. "esta fue una estrategia que vino de antes de mi llegada", dijo. "Me acuerdo que el caso internacional fue invocado como uno de los factores de urgencia para poder resolver el asunto rápidamente". Al final, la táctica no funcionó. Los jueces de la arbitración del Banco Mundial se negaron a cerrar el caso. De modo que el gobierno chileno perdió 9 millones de dólares y la arbitración continuó arrastrándose por varios años más, hasta el año pasado, cuando pareció entrar en su fase final. Un borrador confidencial de la decisión de más de 100 páginas, que he leído, suministra
una fuerte indicación de que el Consejo se inclina hacia una resolución favorable a Pey. El documento declara que la venta de El Clarín a Pey fue, "sin duda la verdadera intención de las partes", y que los argumentos del gobierno chileno de que otros eran los verdaderos propietarios, "da pie, por decir lo menos, a abundantes dudas y preguntas." El Consejo de arbitraje condujo a lo que el juez que lo presidió dijo ser su última sesión en enero, y señaló que la próxima etapa será la decisión final. El juez parecía reproducir la súplica de Joan Garcés de que el tiempo se le está terminando a Pey, un hombre de noventa y dos años. "El tribunal ya ha establecido un calendario de trabajo", dijo el juez, "y somos conscientes de que es necesario terminar tan pronto como sea posible, porque este es un caso que ya ha durado demasiado, por una serie de razones que no serviría ningún propósito recordar". La decisión del tribunal de arbitraje, y el establecimiento del monto del arreglo, si es que lo hay, no está sujeta a apelación. El portavoz Ricardo Lagos Weber dijo que su gobierno aceptará la decisión cualquier que ella sea. "Chile tiene que cumplir sus acuerdos internacionales, sean éstos con el ICSID, o con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", me dijo. Si y cuando El Clarín aparezca nuevamente en las calles, tendrá que librar una dura batalla para sobrevivir en el homogéneo clima de los medios de comunicación chilenos. Otros tres periódicos han tratado y fallado, desde el retorno de la democracia, en su intento de quebrar la dominación de las dos empresas que publican El Mercurio y La Tercera, que controlan cerca del 90 por ciento de la circulación y la publicidad de los medios impresos. Ninguno de ellos consiguió atraer publicidad en la conservadora comunidad empresarial chilena. Otras tres revistas políticas semanales que habían sobrevivido, con fondos internacionales, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, colapsaron por falta de publicidad en los primeros años de la democracia. El gobierno ha proclamado una política de no intervención en cuanto a los medios de comunicación, pero en Chile el gobierno no ha sido nunca un actor pasivo en el escenario de los medios. En realidad, el gobierno aún es propietario del periódico La Nación, una reliquia que trabaja a pérdidas desde comienzos del siglo pasado cuando los medios de comunicación estatales estaban de moda en Latinoamérica. Y La Nación, con una minúscula circulación y con muy poca credibilidad periodística a causa de su conexión con el gobierno, ha sido uno de los factores que ha impedido que cualquier nuevo periódico pueda sobrevivir financieramente. Ciertamente fue un factor en la falla más reciente del Diario Siete, que cerró en junio del 2006, aunque se había ganado un gran respeto, gracias a su sólido periodismo investigativo. "Sabíamos que no habría muchos avisos privados", dice la editora Mónica González. "Los empresarios en Chile son los ideológicamente más rígidos del continente". En cambio, de acuerdo con un plan de negocios confidencial y de tres fuentes internas, el éxito de Siete dependió de la promesa del entonces Presidente Ricardo Lagos de finalmente cerrar La Nación como diario, liberando así una gran cantidad de publicidad institucional y de gobierno para el Diario Siete. Cuando Lagos terminó su período en Marzo del 2006 sin haber cumplido la promesa, los respaldos financieros de Siete, muchos de ellos prominentes figuras políticas de la Concertación le quitaron su apoyo. El propietario de La Tercera invirtió una gran cantidad de recursos en el Diario Siete, en un frustrado intento de mantenerlo a flote a pesar del disminuido apoyo de sus inversores más políticos. Aquella inversión fue una de entre una serie de acciones del propietario de COPESA iniciadas para separarse de su identificación con la derecha chilena y atraer a lectores de centro y de izquierda. Mejorías en el diseño y la cobertura de La Tercera han tenido éxito en elevar el número de lectores del diario, virtualmente a la par con los de El Mercurio. En cuanto a Víctor Pey, está algo optimista, ahora que los jueces están escribiendo finalmente una decisión, y que muy pronto pudiera "salir humo blanco". Sin embargo, es incapaz de explicar, como muchos en Chile, la resistencia a su proyecto de reeditar El Clarín. "Tienes que introducir una cosa en tu pensamiento, y es que en Chile hay alguien en cuyo interés es mejor que El Clarín no aparezca", me dijo Pey. Si fuera sólo el dinero, para seguir esta línea de pensamiento, el curso lógico para el gobierno sería simplemente ofrecerle menos a Pey. Pero las acciones del gobierno especialmente al pagar a demandantes rivales en medio de la litigación con Pey, sugiere que están en acción motivos más complicados. La teoría que escuché más frecuentemente, de periodistas y operadores políticos, apunta al poder abrumador de El Mercurio y las fuerzas económicas con las que está aliado. Ellos están resignados a no ganar elecciones, así indica la teoría, pero han concertado un acuerdo con el gobierno de acuerdo con el cual el gobierno no interfiere en el poder periodístico y económico de El Mercurio, mientras éste mantenga una cobertura crítica, pero respetuosa, de la Concertación.
No dicho pero evidente en el tono tanto de El Mercurio como de La Tercera, es que hay un compromiso de abstenerse del tipo de salvajes campañas antizquierdistas que fueron instrumentales, en el pasado, en aguijonear a los militares a entrar en acción. Esta teoría hace sentido en algunos aspectos, pero no consigo aceptar una tan impecable explicación conspiratoria, además es difícil imaginar un retorno a la violencia política en un país que ha llegado a ser el modelo de estabilidad y prosperidad económica en la región. Con todo, no puedo ignorar la flagrante pusilanimidad mostrada por varios gobiernos de la Concertación cuando la derecha política ha subido la temperatura, como lo hizo cuando la demanda de El Clarín salió a la luz. Para los funcionarios de la Concertación El Clarín es el diablo no conocido, y una amenaza potencial a un confortable modus vivendi. No importa cuán favorables y profesionales sean las promesas de Pey en cuanto a la reencarnación de El Clarín , éste no es visto como una ventaja política, menos aun como un aliado de la coalición gobiernista. Le temen al periódico de extremos, a la hoja de escándalos que todos recuerdan haber amado u odiado. Quizás en la mente de los cautos políticos chilenos, quienes están más interesados en economía que en ideología en estos días, se alberga el temor de que la existencia de El Clarín, incluso su apoyo, producirá un indeseado recuerdo de los malos tiempos de polarización y grandilocuencia que una vez condujo a Chile a la tragedia.
(*) John Dinges es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, fue corresponsal en Chile en los años 70, y es autor recientemente del libro: The Condor Years: How Pinochet Brought Terrorism to Three Continents, publicado en Chile como "Operación Condor".
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