Colombia: "Paras" y "Narcos": termitas que perforan el estado colombiano

Carlos Iaquinandi Castro


Serpal (Servicio de Prensa Alternativa)
Redacción, 6-8-2007
www.serpal.info

"Quienes han tenido el dinero y el poder han moldeado este país a su imagen y semejanza. A lo largo de nuestra historia han impedido las reforma que poco a poco y en paz nos hubieran transformado, y cuando surgieron líderes que trajeron la esperanza los asesinaron impunemente para preservar el viejo orden. La auténtica oposición siempre fue de algún modo estrangulada se permitió diagnosticar desgracias pero se prohibió enseñar las salidas."
Eduardo Gómez ( poeta colombiano )

El dinero y el crimen son las dos puntas utilizadas por paramilitares y narcotraficantes para perforar como termitas la estructura del estado colombiano. No hay prácticamente área, nivel o región que no esté infiltrada o bajo sospecha.

A pesar de los esfuerzos del presidente Alvaro Uribe por desmarcarse de las denuncias, procesos judiciales y detenciones de funcionarios de las últimas semanas, los hechos comienzan a desbordar sus intentos retóricos. No hay argumentos para explicar la existencia de una especie de oficina de reclutamiento de "fuerzas especiales" para el narcotraficante Diego Montoya, jefe del Cartel del norte del Valle, que utilizaba espacios, material y personal militar en actividad. La Fiscalía confirmó que uno de los "organizadores" era el mayor Juan Carlos Rodríguez, que en octubre del 2005 y gracias a una llamada anónima había sido detenido en una camioneta que transportaba 200 kilos de cocaína, armas con mira laser y 30 millones de pesos en efectivo. En diciembre de ese año fue condenado a 12 años de prisión. ¿ Y cómo es que ahora aparece dirigiendo esta infraestructura de uno de los narcos más buscados, conocido como "Don Diego" ? Pues muy sencillo, el INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, a mediados del año pasado había autorizado su reclusión domiciliaria, alegando sus responsabilidades familiares. Y esa detención debía cumplirla en casa de su madre, en el norte de Bogotá. Los periodistas del diario El Tiempo cuentan que cuando fueron allí a preguntar por el oficial le dijeron que "la señora vive sola y el mayor hace mucho tiempo que no va a visitarla". Se explica, el militar estaba muy ocupado con sus menesteres de reclutar tropa para su jefe "Don Diego". La Fiscalía investiga a una veintena de militares - activos y retirados - que formaban parte del equipo que dirigía el mayor Rodríguez. Entre esas personas, está Carolina Laverde, funcionaria del Departamento "Hojas de Vida" del Ejército, quien al parecer tenía la misión de buscar "candidatos" militares que se ajustaran a los perfiles que requería el capo del Cartel del Norte del Valle para ser incorporados a esa fuerza armada irregular conocida como "Los Machos". El cerebro de la operación sería Omar García Varela, conocido como "Capachivo", mano derecha de Diego Montoya. Esta fuerza integrada por militares y el conocimiento previo de información reservada, habrían sido decisivos para que el capo del narcotráfico consiguiera eludir varios operativos fallidos con los que se intentó capturarle en los últimos meses. Un alto oficial reveló que según datos disponibles, "Don Diego" salió de uno de los cercos tendidos en torno a una de sus fincas ocupando automóviles en el que viajaban personas que se identificaron como militares.

Otro apunte: el mayor es hijo del coronel Homero Rodríguez, que fuera director de la Cárcel de La Catedral cuando se fugó de allí Pablo Escobar, uno de los jefes de los carteles de la droga más famosos de Colombia.

El "modelo" de Antioquia Pero cuanto más se escarba, más "agujeros" insólitos se encuentran en los procedimientos judiciales o de seguridad. En julio del año pasado, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá revocó la decisión de otorgar prisión domiciliaria al mayor Juan Carlos Rodríguez, dada la gravedad de los delitos cometidos y su potencial peligrosidad. El juzgado ordenó que fuera re-capturado; sin embargo, el INPEC no fue notificado de esa decisión. Para ese entonces, periodistas de "El Tiempo" publicaron que fuentes de inteligencia militar revelaron que Rodríguez había "arreglado" su libertad y que intentaba "comprar" la fuerza disponible del bloque Tolima de las AUC ( Autodefensas Unidas de Colombia) como se autodenominan los grupos paramilitares que se crearon hace años con fondos e iniciativa de ganaderos y terratenientes. Por cierto, también circulan estos dias videos donde aparece el presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia ( 1995-1997 ) confraternizando con miembros de los grupos de seguridad privada "Convivir", que fueron reiteradamente denunciados por organismos de derechos humanos por abusos y atropellos contra los campesinos. Algunos de aquellos "comisarios" fueron luego comandantes o lugartenientes de los paramilitares de las AUC. Los vínculos del presidente Uribe con estos sujetos no son casuales, forman parte de su estrategia de "mano dura" para terminar con la guerrilla de las FARC, una de las más antiguas del continente que continúa activa y controla o incide en diversas zonas del país.

Estas propuestas de Uribe calaron en una parte importante de la sociedad colombiana, desgastada por el prolongado conflicto interno y su secuela de hechos violentos. Y en abril del 2002 ganó con amplitud las elecciones presidenciales de su primer mandato, si bien se abstuvieron de votar más de la mitad de los colombianos habilitados para ello. Ahora, ese modelo de control social que Uribe impulsó en Antioquia, se extiende ahora a todo el territorio.

"Pasen y póngase cómodos"
Uribe reforzó los lazos de dependencia con el gobierno norteamericano, que a través del "Plan Colombia" comenzó a proporcionar importante asistencia en material militar, asesoramiento e inteligencia. Inicialmente presentado como una ayuda para combatir el narcotráfico, el paso de los meses confirmó que el Plan en realidad servía para dar los pertrechos, aviones y medios sofisticados que requería Uribe para su proyecto de "aniquilar" la guerrilla. Hay denuncias que afirman que la presencia militar norteamericana es significiativa y está asentada al menos en las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo. Diarios norteamericanos han publicado también que el gobierno colombiano habría ofrecido su territorio como alternativa a la Base áerea ecuatoriana de Manta, sobre el Pacífico, al conocer la intención del presidente Rafael Correa de no renovar la concesión que vence en el 2009, y que permite que sea utilizada por grandes aeronaves y personal militar de los Estados Unidos. Pero esa fuerte relación y dependencia de la administración Bush, se ha convertido en un arma de doble filo para el presidente Uribe. El fracaso de la invasión de Irak con su interminable secuela de muerte y destrucción, ha debilitado esta fase final del segundo mandato del actual presidente norteamericano. El cuestionamiento popular a su gestión vá en aumento. Ha perdido el control del Parlamento y los demócratas empiezan a cuestionar muchos de sus acuerdos internacionales. Entre ellos el TLC (Tratado de Libre Comercio ) obedientemente "negociado" por el gobierno de Colombia con Estados Unidos.También la renovación prespuestaria del Plan Colombia está bajo observación por los demócratas norteamericanos. El Congreso demora aprobar el acuerdo y las nuevas ayudas a pesar de los reiterados viajes de Uribe a Wahington. Allí tuvo que soportar molestos cuestionamientos a sus políticas de derechos humanos y a las detenciones de gobernadores, legisladores y otros funcionarios uribistas por vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. Los legisladores demócratas disponen de mucha información, incluyendo las explosivas declaraciones de un "comandante arrepentido" de los paramilitares, Salvatore Mancuso. Este rico ganadero afirmó que fue entrenado militarmente por el ejército y que utilizó su fuerza armada irregular para "hacer campaña" en favor de Uribe y sus candidatos en los procesos electorales, "convenciendo" a los electores de las zonas donde operaba. Mancuso está imputado del asesinato de decenas de campesinos y de haber ordenado varias matanzas de pobladores.

El ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos admitió estos dias la evidencia de que la infiltración de los narcos y las complicidades compradas de militares activos o en retiro alcanzó "los máximos niveles de la institución".

Pero no es ese el único flanco que revela importantes grietas en la estructura de la seguridad estatal. Fuentes militares revelaron a la revista colombiana "Semana" que a mediados de julio en una operación contra un campamento de las FARC en la vereda Montañitas, en el departamento de Meta, encontraron en poder de uno de los guerrilleros información estratégica sobre las Fuerzas Armadas. Según esos datos, el Batallón Contraguerilla 17 incautó discos duros portátiles y memorias informáticas USB con información confidencial sobre la fuerza de tarea Omega, considerada la punta de lanza en la lucha contra los rebeldes. Esa unidad es el componente militar más importante de la estrategia del gobierno colombiano y está integrada por una fuerza especial de 20 mil hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sus objetivos están centrados en "aniquilar a los principales mandos de las FARC en los campamentos donde se oculten". Al parecer los datos en poder de las FARC incluían los desplazamientos tácticos programados por los militares y los nombres de los principales mandos responsables de las operaciones.

Uribe ignora el derecho de las víctimas y ampara a los paramilitares En las últimas semanas ha cobrado fuerza la iniciativa de crear medios permanentes para negociar un intercambio humanitario. Se trataría de la liberación de rehenes retenidos por la guerrilla, y de activistas o miembros de las FARC encarcelados por el gobierno. La "caminata por la paz" del profesor Moncayo que recorrió más de 700 kms. para reclamar apoyo a esa demanda, está sumando el apoyo de familiares de personas que éstán cautivas. El propio Moncayo tiene un hijo suboficial del ejército que está en poder de la guerrilla desde hace 10 años. El profesor fue recibido en Bogotá por miles de personas que mostraron su apoyo a la propuesta y su rechazo a la violencia. Anunció su intención de quedarse a vivir en una carpa en la Plaza Bolívar hasta que se concreten esos medios de negociación.

Por su parte, familiares de las víctimas de matanzas de las AUC, reclaman apoyo oficial ante los seguimientos, acoso telefónico y amenazas de muerte que reciben. Esta nueva categoría de vícimas no entró en los cálculos presupuestarios del gobierno y ahora la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación procura desesperadamente fondos para proteger la vida de estos familiares, "culpables" de haber iniciado acciones judiciales y de haber aportado pruebas sobre los sujetos que asesinaron a sus hijos, esposos o hermanos. Ejercer ese derecho les ha convertido, a su vez, en posibles víctimas de los paramilitares. La ironía es que los llamados "países donantes" de la comunidad internacional que acudieron al llamado del gobierno colombiano para otorgar ayudas económicas no eligieron ese rubro ( la defensa y protección de los familiares de las víctimas de los grupos de ultraderecha ) porque afirman que es una obligación del Estado colombiano. Pero el gobierno de Uribe ignoró ese problema y no asignó ninguna partida económica ni otros medios. Sin embargo, ha destinado un prespuesto de 200 mil millones de pesos anuales para la "reinserción" de los paramilitares que voluntariamente comunican que dejan de pertenecer a esos grupos ultraderechistas. En muchos casos, esa "reinserción" es más que dudosa, y a veces se ha convertido en una forma de infiltrarse en organismos estatales o incluso en equipos políticos ligados al "uribismo". El gobierno colombiano también estudia la posibilidad un proyecto de ley que posibilitaría que los "paras" puedan ser amnistiados, indultados o directamente puedan aspirar a cargos públicos. Esta iniciativa de Alvaro Uribe reconocería implícitamente "status político" para quienes tienen en su haber un accionar puramente delictivo y la responsabilidad de asesinatos por encargo. El disparate se explica únicamente en las históricas afinidades del presidente con los grupos ultraderechistas. La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo el pasado11 de julio que sale al cruce de tal posibilidad. El dictámen afirma que los paramilitares desmovilizados en el marco del Plan de Paz, deben ser juzgados por la pena de concierto para delinquir agravado. Los magistrados de la Sala Penal hicieron hincapié que la actividad criminal de los paramilitares no se puede encajar dentro de la calificación de delito político, ya que argumentar esto equivaldría a: “Suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta”. La Corte Suprema de Justicia dijo también que existe un conflicto interno en el país, figura jurídica que no es aceptada por el gobierno de Álvaro Uribe. También acusó que la molestia de Uribe ante la decisión del tribunal de negar el carácter de delincuentes políticos de los paramilitares, expone a los magistrados "a serios peligros y amenazas". Extraoficialmente se admite que este clarísimo fallo judicial implicó que los propios jueces sean los amenazados de muerte.

El peso de la verdad
La suma de todos estos sucesos, en particular el escándalo y los alcances de la "parapolítica" , demuestran el rumbo de catástrofe que llevan el presidente Uribe y la "democracia" colombiana. Puede ser que como ocurre con los demócratas norteamericanos, también los gobiernos europeos que con diversos matices han apoyado el Plan Colombia, sean más receptivos a las reiteradas denuncias sobre el largo historial de asesinatos de activistas o dirigentes sindicales, miembros de grupos de derechos humanos, abogados, periodistas, líderes campesinos o vecinales. Un historial acompañado por una impunidad casi constante, a pesar de las múltiples evidencias de implicación de organismos oficiales de seguridad, el ejército o los paramilitares pagados por los hacendados o las grandes empresas. La firma frutícola norteamericana Chiquita Brands fue recientemente condenada por financiar a los "paras" y dotarles de armamento. Ever Veloza, ex comandante paramilitar termina de confirmar que recibían financiación de las multinacionales bananeras para debilitar a los sindicatos del sector, varios de cuyos miembros fueron asesinados. por esos grupos de extrema derecha. "El compromiso que teníamos con las bananeras era obligar a los trabajadores a ir a las plantaciones y que no hicieran huelga. El que desobedecía la orden y no iba a trabajar, ya sabía lo que le pasaba" concluyó Veloza alias "HH", que dirigió durante 10 años el llamado "Bloque Bananero" de las AUC.

Estas nuevas afirmaciones corroboran las que formuló en mayo pasado Salvatore Mancuso, quien afirmó entonces que habían recibido dinero de las firmas norteamericanas Chiquita, Dole y Del Monte y de las colombianas Banacol, Uniban y Proban. La empresa transnacional Coca Cola ha sido reiteradamente denunciada por la represión violenta de toda actividad sindical y el asesinato de activistas y líderes gremiales. A esas denuncias de violencia y crimen se suman los múltiples informes sobre la situación de abandono e indefensión en la que se encuentran cientos de miles de campesinos, familias que tuvieron que abandonar sus tierras por encontrarse en zonas de conflicto y que en algunos casos llevan años en esa situación.

Pero no podemos confiar mucho en lo que harán los gobiernos europeos o los demócratas norteamericanos con respecto a la situación colombiana. La continuidad de la carnicería en Irak y Afganistán, las complicidades con la ocupación israelí del territorio palestino y el descarado intento de imponer allí un gobierno títere obediente de los países occidentales, no permite tener muchas expectativas. La única "sensibilidad" que se les advierte, es la de sostener los propios intereses geoestratégicos.

Lo que podemos hacer
El pueblo colombiano, al menos la parte de la sociedad que aspira a vivir realmente en democracia extirpando la corrupción y la violencia, necesita el apoyo de otros pueblos. De quienes son capaces de comprender sin filtros ni dobleces su angustia y sufrimientos. Una forma eficaz para dar ese apoyo es desmontar el discurso hipócrita que pretende ocultar los intereses que realmente está defendiendo el gobierno de Uribe. Denunciar la implicación de sectores del ejército en represiones y matanzas. De su connivencia con los paramilitares. Del tremendo poder corruptor de los grandes carteles del narcotráfico a través del dinero o la amenaza mortal. De la impunidad que preserva y alimenta la maquinaria asesina de sicarios. De las leyes que prepara el gobierno para reconocer como "fuerza política" a narcotraficantes y paramilitares para consolidar su impunidad. De la lucha de amplios sectores sociales por un acuerdo humanitario y por una salida negociada y con amplia participación ciudadana que termine con toda forma de violencia. Cada uno por los medios que tenga, individuales o colectivos, grandes o pequeños. Que la verdad y la solidaridad con el pueblo colombiano se cuele por todas las grietas del gigantesco montaje de silencio o manipulación.