Jóvenes y Represión

Santiago, 18 de Octubre de 2006.

Estimados compañeros,

Quiero compartir con todos ustedes mi asombro y mi preocupación.
Lo primero, porque en las últimas semanas he observado cómo se han ido manifestando una serie de hechos que no pueden sino alertarnos acerca de la falta de libertad, pluralismo y participación en nuestra sociedad. Especialmente para nuestros jóvenes.
Lo segundo, porque no percibo una reacción fuerte ni clara de la población chilena ni de sus intelectuales, a estas acciones que –como el conocido poema de Brecht- es sabido que comienzan perjudicando a unos y finalmente terminan comprometiéndonos a todos.
Recordemos algunas de ellas: todos los eventos que rodearon las manifestaciones de septiembre. Más allá del episodio de la molotov que incendió parte de una ventana de La Moneda (que merece otro tipo de análisis que no haré en esta oportunidad), lo que resultó verdaderamente preocupante fue el presenciar allanamientos realizados de manera turbia en poblaciones de Santiago y en la casa oKupada. ¿Estamos en un Estado de Derecho? ¿Existen leyes que se aplican para todos iguales, presunción de inocencia, resguardo de derechos para los detenidos? ...
Memorias de los años grises de la dictadura acudían a mi mente, cuando escuchaba los relatos periodísticos y observaba los métodos de las policías involucradas, o cuando notaba falta de información respecto de los casos poblacionales, que fueron anunciados en la radio y luego pasaron al silencio…

¿Hay libertad de información? ¿Tenemos prensa independiente? ¿Hay transparencia informativa del gobierno y de las instituciones hacia los ciudadanos? (No deja de ser oportuno recordar la sanción internacional que acaba de recibir nuestro gobierno a este respecto).
Junto con eso, las restricciones a la marcha de profesores. Ya no sólo las manifestaciones ciudadanas tienen que tener un recorrido registrado y autorizado por la Intendencia… sino que ahora también se anunció que debían hacerse por calles periféricas y sin pasar por la Moneda. (Lo que se suma a la figura grotesca de una Plaza de la Ciudadanía que es enrejada cada vez que la ciudadanía desea expresarse). Pero además, la marcha se hizo con casi tantos carabineros como manifestantes en la calle; con revisión de mochilas de los participantes; sacando fotografías de ellos…

¿Tenemos libertad de reunión? ¿Tenemos libertad de opinión? ¿Tenemos libertad para manifestarnos y usar los espacios PÚBLICOS? ¿Tenemos libertad de pedir a las autoridades cuenta de sus actos y protestar en caso de que no nos escuchen?

Pero si hubiéramos escuchado con todavía más atención las noticias de esos días no debería habernos dejado de llamar la atención que se anunció públicamente el empadronamiento de "grupos subversivos" y que se fotografiaría a todos los participantes de manifestaciones públicas. Para muestra un botón… y se nombra en la prensa a numerosos y disímiles grupos como La Surda, Clase contra Clase, los OKupa, la CRA y otros grupos anarquistas, etc. En el fondo, un amplio rango de organizaciones y colectivos críticos, pero de un abanico de ideas que van desde la cercanía concertacionista hasta los más puntudos, y cuyo principal punto en común es que son GRUPOS DE JÓVENES.

¿Tenemos la seguridad de que no vamos a ser acusados por el sólo hecho de pensar distinto y agruparnos de acuerdo a ello? ¿Existe respeto a todos y todas independiente de nuestra edad, sexo, religión… como profesa la Constitución… y sobre todo para nuestros jóvenes?
En los últimos años nos hemos dejado envolver en discursos pro-seguridad que han ido confiriendo cierta legitimidad a estas acciones abiertamente antidemocráticas, y que han ido escalando durante los gobiernos de la Concertación.

Disciplinados por ya más de 30 años de acciones represivas y desconfiados de nuestros vecinos, dejamos que nos llenen de rejas, cámaras de vigilancia y puestos de vigilantes municipales o privados. Mantenidos por años bajo el discurso del avance de la delincuencia, pareciera que admitimos ya que existan organizaciones como la ANI y que estamos dispuestos a permitir el nacimiento del futuro Ministerio de Seguridad.

Nos hemos olvidado de pensar en los efectos que tiene una sociedad de desigualdad tan aguda como la nuestra, donde es evidente que no sólo se concentra el poder económico, sino el poder político: la capacidad de participar del poder, de opinar, de ser tomado en cuenta, de negociar, de fiscalizar.

Parece que renunciamos a hacernos cargo nosotros mismos de generar comunidades seguras, solidarias, pluralistas y participativas. Y que nos estamos dejando convencer de que este gobierno es un "gobierno ciudadano".

Cabe la pregunta: ¿qué tiene de "ciudadano" este gobierno?
A pesar de los que todavía tienen ilusión de que este sea un gobierno distinto, es evidente en los hechos de que no existe en él un deseo fundamental de cambio. La Presidenta Bachelet hace uno y otro gesto por decir que ella es diferente: varios actos que recuerdan su vínculo con el espacio de defensa de los derechos humanos parecieran su forma de reclamar para sí la fuerza moral de esas luchas, y recordar las esperanzas que otrora tuvimos en la Concertación. Su discurso anti modelo económico, destacando el compromiso social de su gobierno, parecieran intentar convencernos de que "ahora sí" se harán los cambios necesarios y no se continuará sólo administrando la desigualdad.

Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. ¿Dónde están los ministros de este gobierno, de la Presidenta Bachelet?: no están en el cambio social, ni en la defensa de los derechos humanos. No están abriéndose a la participación ni al pluralismo. Están reuniéndose con los empresarios, administrando el sistema neoliberal; pensando en eliminar las indemnización por años de trabajo en los despidos; en "flexibilizar" el trabajo; en cómo reparar el sistema provisional de manera que no sea una carga para el Estado, porque los sueldos son tan bajos que no aseguran una previsión decente y los trabajos son tan precarios que no todos los trabajadores tienen cotizaciones suficientes; en quitar fueros y derechos maternales (lo más posible) para facilitar que la mujer trabaje y en reducir impuestos al lujo y a las empresas (más todavía) para facilitar la inversión y el crecimiento haciendo menos cara la "mano de obra"…

Están marginando y criminalizando a los jóvenes (en junio 2007 comienza a aplicarse la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil), empadronando sus organizaciones, desalojando colegios, deslegitimando a sus líderes, anunciando ceses de matrícula, término anticipado del año escolar y todas las sanciones disciplinarias posibles para los jóvenes secundarios… están recordándonos que es más importante la AUTORIDAD que la DEMOCRACIA.

¡Ya es grotesco escuchar a Labbé (ex militar pinochetista, alcalde de Providencia) hablando de la importancia de este concepto… pero peor aún es escuchar y ver la misma actitud en los ministros de un gobierno autoproclamado como "ciudadano"!.

Bajo la figura de la autoridad, se abusa del poder que se tiene sobre los jóvenes, especialmente escolares y de su condición dependiente de las voluntades del sistema escolar. Sabido es que se ha perseguido a los dirigentes pingüinos todo el año, desde que se produjeron las manifestaciones. Muchas sanciones solapadas y silenciosas se hacían en los colegios ya desde Mayo para reprimir a esta nueva generación que busca cambios: se ha escuchado a directores y profesores hablando no sólo de no renovar matrícula a estudiantes "problema" y potenciales futuros dirigentes, sino también de controlar los Centros de Alumnos, de reorganizar cursos, de intervenir con los orientadores o contratando asesorías externas… No se ha garantizado la libertad de estos jóvenes de expresarse ni su fuero como dirigentes, por lo que son vulnerables a toda clase de violencia desde el sistema hacia ellos.

Es paradojal que justo a estos jóvenes les hayamos estado enseñando, de acuerdo con los nuevos programas, el valor de la democracia, la participación y los derechos de l@s niñ@s. Su resistencia pacífica y conducta altiva es un ejemplo, aún frente a los desalojos realizados con cientos de carabineros. Sus reacciones de rabia no son sino el reflejo de las actitudes de los adultos hacia ellos (por no escuchar, no reconocer, no legitimar sus necesidades) y de la violencia presente en la propia sociedad en que viven.

E insisto, ¿por qué estamos acostumbrados a aceptar esta desproporcionada presencia policial, que es en sí misma un símbolo de una sociedad altamente represiva, agresiva y generadora de rabia?.

¿Por qué no se entablan procesos de diálogo sustantivos, con compromisos legislativos y decisiones ejecutivas? Como piden los chicos.

¿Por qué no podemos confiar en los jóvenes, empoderarlos, dialogar con ellos y aprovechar esta instancia para regenerar nuestra sociedad en los valores y PRÁCTICAS democráticas pensando sobre su propia realidad y comprometiéndoles/nos en esas soluciones?
Es evidente que los intereses del modelo son superiores a los valores, los derechos humanos, la democracia, nuestros propios hijos y al futuro del país.

Se habla mucho de las clases perdidas… pero nuestros secundarios están aprendiendo. Lamentablemente, junto con aprender de la organización social, lo que más han podido sacar en limpio de la experiencia es que para el sistema actual, para el mundo adulto, el debate es inaceptable. Que a los opositores hay que denigrarlos. Que la mejor manera de ser visto y escuchado es… con actos que causen conmoción pública: tomas, manifestaciones, paros… Y que lo importantes es ganar por la autoridad y la fuerza.

¿Cómo podemos después quejarnos por los saqueos, destrozos, rayados, insultos u otros actos de rabia?

Me pregunto y les pregunto, compañeros, si seremos capaces de revertir esta situación ¿o nos tendremos que conformar con vivir en un país cada vez menos democrático para mantener un sistema cada vez más desigual?.

Vanessa Goecke